El nepotismo, la opacidad y el conflicto de intereses son la norma en la Contraloría General de la República bajo la administración de Manuel Galindo, quien mantiene a su hija, Mayra Alejandra Galindo León, en un cargo que le permite manejar recursos “sin límite de cantidad” y repartir contratos a dedo.

La gestión de Galindo, responsable de ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos de la Nación, es prácticamente inauditable por la falta de transparencia en la asignación de contratos, y por el hecho de que la estructura de la Contraloría General de la República está minada por sus familiares y allegados.

Galindo León ocupa la presidencia de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sersacon), donde tiene la potestad de “acordar erogaciones, aprobar gastos, firmar contratos o convenios, autorizar y adquirir compromisos financieros, efectuar pagos y movilizar fondos sin límite de cantidad, cuando la Gerencia de Administración o la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación se lo someta para su consideración y aprobación”, según la Gaceta Oficial número 41.176 del 20 de junio de 2017.

Su padre, el contralor general de la República, le delegó también a Galindo León “las decisiones relacionadas con la adjudicación, declaratoria de desierta o contratación directa en todas las modalidades de selección de contratistas; así como el inicio, la suspensión o terminación del procedimiento de contratistas”.

Aunque está al frente del Sersacon desde 2015, Galindo León aparece en el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como una trabajadora activa de la Asamblea Nacional, donde su padre se desempeñó como consultor jurídico durante la gestión de la exdiputada y primera dama de la República, Cilia Flores.

La familia Galindo le puso la mano a la comisión de contrataciones del Sersacon en 2015. Por allí pasaron Haydelin Yajaira Villegas León, sobrina de Galindo, y Marinely Trinidad Gervazzi Cañizález, novia de Mauricio Eduardo Galindo Bermúdez, nieto del alto funcionario. Gervazzi Cañizález fue, además, directiva suplente del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Fundación Gumersindo Torres” (Cofae).

La estrecha relación que existe entre Manuel Galindo y Cilia Flores es un hecho absolutamente público. Y también se extiende a sus parientes. La hija del contralor general de la República le cedió un puesto en la junta directiva del Sersacon a Numidia Rocío Flores, prima de la llamada “primera combatiente”. Numidia Flores fue jefa de Recursos Humanos del Poder Legislativo.

Otro caso de conflicto de intereses lo presentó Megardelieth Sarai de Santiago Restrepo, quien en 2015 ocupaba un puesto en la junta directiva de Sersacon –encabezada por Galindo León- e igualmente tenía una silla en la comisión de contrataciones del organismo.

De acuerdo con la información publicada en la web de la Contraloría General de la República, en 2017 Sersacon sólo ha realizado dos concursos abiertos y uno cerrado. Todos declarados desiertos. Igualmente, la página del organismo sugiere que en la Contraloría se han realizado 26 concursos abiertos; pero, en clara violación al ordenamiento jurídico, no aparecen registrados a qué ente se adjudicaron esos contratos y su compromiso de responsabilidad social. Por menos de esto la Contraloría General de la República ha declarado responsabilidad administrativa y señalado debilidades de control interno.

“Para hablar de nepotismo hay que tener la suficiente capacidad para diferenciar el nepotismo negativo del nepotismo positivo, tendrías que remontarte por allá por el siglo XVIII, desde la monarquía del siglo XVIII para acá”, declaró hace un año el contralor general de la República, Manuel Galindo, en una entrevista ofrecida a Venevisión.

Sin embargo, no hace falta retroceder tanto en el tiempo. La desviación de la monarquía del siglo XVIII se reproduce en el socialismo del siglo XXI. De hecho, el responsable de ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos en el régimen chavista, incurre en la falta que le achaca al Ancien Régime.

Fuente: supremainjusticia.org