Transparencia Venezuela en el exilio, 13 de mayo de 2025. La inseguridad jurídica, los riesgos de expropiación, multas millonarias, la represión creciente, la extorsión galopante, la pérdida de mercado, entre otros factores, alejan la inversión en Venezuela. En este escenario ha ocurrido una masiva fuga de capitales y los empresarios prefieren emigrar o trasladar sus operaciones a otros países para evitar la persecución.

También hay un grupo de nuevos o antiguos empresarios han encontrado oportunidades de expansión en Venezuela, que son cercanos a la élite política por razones de parentesco o amistad y aprovechan sus conexiones con el alto gobierno. Son aquellos que promueven la normalización política y la campaña de “Venezuela se arregló”. Pero, ¿están invirtiendo su propio capital?

Es un terreno de juego bastante desequilibrado que se analiza en este nuevo especial de Transparencia Venezuela en el exilio que puede ser consultado aquí:

Transparencia Venezuela en el exilio, 07 de mayo 2025. En 2025 el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, solo ha participado en tres actividades públicas referidas a su cargo, a pesar de estar al frente del organismo electoral que organiza un complejo proceso electoral para escoger 569 cargos: 285 diputados de la Asamblea Nacional, 24 gobernadores de estados y 260 legisladores regionales.

Hasta el 29 de abril, cuando comenzó la campaña electoral, el funcionario compareció ante las cámaras para anunciar la convocatoria a las elecciones, su reprogramación del 27 de abril al 25 de mayo, y para extender el lapso de postulaciones. Otro rector, Conrado Pérez, brindó dos entrevistas en el canal Globovisión sobre el proceso regional, y su homóloga Aimé Nogal hizo tres publicaciones en su cuenta de Instagram personal. A escala institucional, el CNE publicó adicionalmente un comunicado el 21 de abril con el cierre del proceso de postulaciones.

En general se ha tratado de un proceso opaco, donde terceros actores han compartido información electoral incluyendo actores políticos, y se han incumplido actividades establecidas tanto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales como en el propio cronograma electoral específico para estos comicios.

Lee el informe completo aquí:

Transparencia Venezuela, 25 de abril de 2025. Zulia es un estado que limita nada menos que con la región colombiana del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, donde “hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca”, según lo confirmó en marzo de este año el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La purga de alcaldes impulsada desde el gobierno venezolano, la mayoría acusados de tráfico de drogas, pone el acento en lo que ha sido una denuncia reiterada: Zulia es una ruta clave de ingreso de la droga y un eje para el crimen organizado. Esto, justo en momentos en que Venezuela se prepara para unas elecciones regionales.

Por lo menos desde hace dos décadas la autodenominada Revolución Bolivariana ha ejercido un fuerte control sobre los municipios Almirante Padilla y Miranda, cabeceras del tránsito marítimo del narcotráfico y una de sus vías expeditas hacia el Caribe. Es una suerte de válvula geográfica para los cargamentos de droga que circulan desde la Bahía El Tablazo, en la salida del Lago de Maracaibo, hacia el golfo de Venezuela y el mar Caribe.

Cargamentos de drogas que vienen de la zona fronteriza con Colombia al suroeste del estado, así como una parte de los envíos desde la Guajira colombiana, pasan a través de los caños de manglares del territorio insular que comparten los municipios Almirante Padilla y Miranda.

Otras vías se despliegan desde el sur del lago en una combinación de trayectos terrestres y lacustres hasta la costa oriental en Sabaneta de Palma, en el municipio Miranda, desde donde los cargamentos pueden ser preparados para su tránsito por rutas como la del Paso La Cañonera, una trocha de agua en el manglar al oeste de la isla Barbosa, donde en la época colonial los españoles situaron una batería de cañones para la defensa de la barra del lago. No es casual que el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello haya señalado específicamente ese paso al anunciar la doble incautación de cargamentos de cocaína que suman más de 7 toneladas, en operaciones ejecutadas el 14 y el 21 de marzo de este año.

La ventaja para los criminales de transportar las cargas de drogas por esas rutas es la escasa vigilancia en las costas del golfo entre Zulia y Falcón. Evitan, además, el tránsito por mar abierto desde la Guajira venezolana, que está más expuesto a interceptaciones de las fuerzas navales y guardias costera de Colombia y Venezuela; y también se acorta la distancia hasta los puertos de transbordo en el occidente falconiano.

Los carteles internacionales utilizan embarcaciones pesqueras que salen de la Bahía El Tablazo. Para ello las bandas criminales locales aliadas se encargan de la vigilancia y la extorsión a los pescadores artesanales de la zona.

Transparencia Venezuela en el exilio, 23 de abril de 2025. Hace poco fue aprobado, con 9 años de retraso, el Reglamento de Brigadas Mineras que solo viene a ratificar las políticas de explotación irracional del oro en Venezuela y a profundizar el secretismo en torno a esta actividad de la que solo se benefician unos cuantos cleptócratas, justo cuando los precios por onza de ese mineral han subido más del 25 % en lo que va de 2025 a nivel mundial, una tendencia que se espera que se mantenga en los próximos años.

Ese reglamento establece supuestos cambios para que todo quede igual. Es barniz de legalidad que, además de tardío, pretende establecer un registro de las brigadas mineras existentes y las que estén por crearse, pero no establece la obligación de publicar la lista de identificación o las áreas de trabajo de cada brigada ni de los reportes de su producción, de sus licencias ambientales y sociales. Tampoco se ordena la articulación del trabajo de estas brigadas con los órganos de la Fuerza Armada Nacional que tienen competencia en esta materia (Anexo Análisis sobre el Reglamento de las Brigadas Mineras).

Los ¿errores? del Estado, que es un mal administrador de nuestras riquezas minerales, hacen que el escenario de posibles ganancias para el país frente al alza de los precios del oro represente solo pérdidas para los venezolanos, a quienes no llegarán esos recursos adicionales para mejorar, por ejemplo, los servicios públicos, la infraestructura o los paupérrimos salarios.

El 16 de abril de 2025 el oro alcanzó los 3333,29 dólares por onza, marcando un hito sin precedentes en los mercados financieros, con un alza de más del 25 % en los primeros meses de 2025, situándolo como el activo refugio por excelencia ante un entorno global de alta volatilidad. Las acciones de las mineras de oro han superado incluso al propio metal, con Agnico Eagle Mines subiendo un 35%, Newmont un 29% y Barrick Gold un 21% en lo que va de este año.

Esta escalada es resultado de varios factores que confluyen en un escenario de incertidumbre y reconfiguración económica, entre ellos- y uno de los principales- está el regreso de Estados Unidos a políticas comerciales proteccionistas. “Con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, se han reintroducido aranceles del 10 % que afectan a múltiples sectores. Estas medidas no solo distorsionan el comercio global, sino que generan desconfianza entre los inversores, quienes vuelven la mirada hacia activos tradicionales como el oro”, señalan algunos analistas.

Se predice que seguirá el aumento en el valor del oro en 2025 a 3.357 dólares por onza troy y los pronósticos más positivos sugieren un crecimiento hasta 3.720,38 dólares. Según estimaciones más conservadoras, el precio del activo puede llegar a 3.077,76 dólares para fin de año. El pronóstico general de las agencias de análisis para 2027-2030 es positivo. Los expertos esperan que el precio del metal aumente entre 4.988,99 y 5.194 dólares para 2030.

A continuación, presentamos algunas de las razones por las que los venezolanos deberíamos estar preocupados frente a la explotación irracional de este mineral y al incremento del valor del oro en los próximos años:

1. El precio del oro. Justo cuando los precios del oro han subido más del 25 % en 2025, con tendencia a mantenerse altos varios años, el gobierno continúa afianzando el secretismo y sus políticas de explotación irracional del oro con un nuevo reglamento, de la que solo se benefician unos cuantos cleptócratas.
2. Las pérdidas de oportunidad.  Un Reglamento de Brigadas Mineras con nueve años de retraso, que pretende establecer un registro de estas brigadas, pero no obliga a publicar la lista de identificación o las áreas de trabajo de cada una, ni sus reportes de su producción.

Tampoco aumenta el valor de nuestras exportaciones ni se acumulan reservas, debilitando la economía y, además, perdemos mercados que serían favorables para Venezuela.

3. Los pronósticos sobre el precio para 2025 y 2026. El 16 de abril de 2025 el oro alcanzó los 3.333,29 dólares por onza, un hito en los mercados financieros, debido entre otros, a las políticas arancelarias de EEUU que generando desconfianza en los inversores vuelven la mirada hacia activos como el oro, según analistas.
4. El impacto en los ciudadanos. Cada hectárea mal aprovechada representa menos oportunidades para mejorar la educación, la salud, los servicios públicos, inversión en infraestructuras porque la renta minera, es decir, el ingreso en el tesoro nacional, no es proporcional al oro realmente extraído.

Estas acciones del Estado hacen que las posibles ganancias frente al alza de los precios del oro representen pérdidas para los venezolanos, a quienes no llegarán esos recursos para mejorar los servicios públicos, la infraestructura o los paupérrimos salarios

5. Incremento de los valores de las acciones de las empresas mineras. Los grupos que participan en la extracción ilegal del oro resultan beneficiados de la evasión de permisos, controles, vigilancia y supervisión de la extracción, sin pago de regalías e impuestos.
6. El pasivo ambiental Es un costo muy alto para la actual y próxima generación de venezolanos, que tendrán menos oro y un desastre ambiental creciente por la contaminación del agua y la desertificación a causa de la explotación minera con enfoque irracional.

Transparencia Venezuela en el exilio, abril 2025. La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender las licencias a la actividad petrolera de la estadounidense Chevron y de las empresas europeas aliadas con Pdvsa, así como la imposición de un régimen arancelario a todo el que negocie con petróleo venezolano, plantea nuevas interrogantes sobre las relaciones comerciales entre China y Venezuela.

El contexto geopolítico actual es diferente al de 2019, cuando entraron en vigor las sanciones estadounidenses a Pdvsa. La deuda de Venezuela con China y Rusia era mayor que ahora; Rusia no estaba en guerra ni sus empresas petroleras y de transporte estaban sujetas a sanciones; la ofensiva comercial de Estados Unidos estaba focalizada, era de menor intensidad y no se había instrumentalizado para sancionar.

Además, las relaciones económicas entre Venezuela, Rusia y China, recién iniciaban el periodo de enfriamiento que aún persiste; el régimen de Venezuela no tenía experiencia en evasión de sanciones petroleras; la red cleptócrata interna no había enfrentado reacomodos como el ocurrido luego de la colosal trama de corrupción Pdvsa-cripto, donde se perdieron $16.690 millones y la coalición del gobierno perdió, con la ¿prisión? de Tarek El Aissami, uno de sus ejes. A esto se agrega que la crisis política que existía no era tan grande como la generada luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024 y el recrudecimiento de la represión; tampoco los niveles de rechazo al régimen eran de la dimensión que ahora tiene. 

Algunos de estos elementos implican obstáculos a la evasión de las sanciones, pero es preciso considerar que en la actualidad China es el comprador de más de 50% del petróleo exportado por Venezuela, liderazgo que ostenta desde 2019, aunque los reportes estadísticos de la aduana de China no reflejaron importaciones de crudo venezolano durante los años 2020 y 2021 y a partir de 2022 aparecen compras de sustancias bituminosas o asfalto y no de petróleo.

Por otro lado, la guerra de aranceles abierta de la administración Trump contra China y en menor medida contra históricos aliados comerciales, tendrá respuestas desde Asia que podrían desenmascarar sus actividades de compra y refinación de crudo sancionado.

Investigaciones de medios han documentado cómo las empresas China Concord Petroleum Co., Hangzhou Energy y China Aerospace Science and Industry Corp (Casic), brazo comercial de una empresa de defensa, han prestado servicios logísticos de transporte de petróleo sancionado de Venezuela, haciendo transbordos en altamar, renombrando el crudo Merey a Singma, Mal, Miri o Kimanis y con ello cambiando el origen a Malasia.

Cabe acotar que Casic recibió supertanqueros que PetroChina embargó a Pdvsa luego de la quiebra de la empresa conjunta CV Shipping y una disputa legal, de tal manera que Casic comercializa el petróleo venezolano con buques que antes pertenecieron a Pdvsa.

Pequeñas refinerías chinas conocidas como “Teteras”, ubicadas estratégicamente en la provincia de Shandong y la costa oriental de China, son las compradoras de petróleo sancionado de Irán, Rusia y Venezuela; transacciones que se realizan en moneda de China (renminbi) o criptomoneda y que permiten el aprovechamiento de grandes descuentos respecto al mercado de petróleo no sancionado, sin comprometer a las grandes refinerías estatales de alcance multinacional, como China National Petroleum Corporation (CNPC),  China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) o PetroChina Co Ltd.

El uso de renminbi en las transacciones permite amortizar la deuda de Venezuela, mientras que las criptomonedas han servido de refugio para comercializadores que buscan escapar de instancias de control de cualquier tipo.  

Este contexto permite pronosticar que China seguirá siendo un actor importante en la comercialización y refinación del crudo venezolano, con un elevado poder para imponer condiciones sobre los precios, las cantidades a comprar y las formas de pago, en un mercado en el que Rusia e Irán también necesitan colocar sus productos y en el que difícilmente Pdvsa pueda mantener niveles de producción sin la participación de empresas occidentales.