Transparencia Venezuela, 11 de febrero de 2026. “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. El mandato del artículo 26 de la Constitución de 1999 ha vuelto a quedar en entredicho en los últimos días con los casos del exministro de Industrias y Producción Nacional, Álex Saab Morán, y del empresario Raúl Gorrín.

El 4 de febrero circularon versiones que señalaban que Saab y Gorrín habían sido detenidos en horas de la madrugada de ese día en sus residencias en el este de Caracas. Medios internacionales como la emisora colombiana Radio Caracol aseguraron que la captura de Saab habría sido realizada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en una operación conjunta con el FBI de Estados Unidos.

La agencia de noticias Reuters se hizo eco de la versión, aunque publicó que el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negaba la detención. “Simplemente no es cierto”, declaró el defensor.

Y para añadir más confusión, las autoridades no han confirmado la noticia. “Soy diputado; esto no está dentro de mis competencias, y no tengo ni la autoridad ni la información sobre lo que usted pregunta”, declaró ese mismo día el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando unos periodistas le consultaron sobre los rumores.

Sin embargo, la intervención más confusa fue la del fiscal general Tarek William Saab. El jueves 5 de febrero, el titular del Ministerio Público aseguró a la radio colombiana La FM que “es falsa” la información sobre las aprehensiones, pero minutos después llamó al mismo medio para corregir su declaración inicial y afirmar ahora que “desconoce el tema”, reportó la emisora en su sitio web.

Hasta el momento ni las autoridades ni las familias o empresas de los señalados han aclarado la situación.

Una práctica recurrente

La opacidad reinante con relación a la suerte de Saab y de Gorrín no es algo novedoso en la justicia venezolana. Para muestra, dos ejemplos:

Tareck El Aissami. En abril de 2024, el Ministerio Público anunció que imputaría al exvicepresidente y exministro de Petróleos, Tareck El Aissami, por traición a la patria, legitimación de capitales y otros tres delitos.

El anuncio se produjo más de un año después de que El Aissami renunciara a sus puestos en el Gobierno, una vez que estalló el llamado escándalo de Pdvsa Cripto, y durante todo ese tiempo el fiscal Saab y otros funcionarios evitaron aclarar la suerte del exfuncionario, del que se dijo que estaba privado de libertad en su residencia en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. En cambio, sí reportaron sobre las 61 detenciones de funcionarios y empresarios presuntamente implicados en esta trama de corrupción.

«La investigación será la que arrojará (si tuvo responsabilidad administrativa en la corrupción descubierta), pues «responsabilidad política (sí) la tuvo» y «por eso salió», llegó a decir el entonces ministro de Comercio y hoy diputado Jesús Faría.

Bárbara César Siero. En abril de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despejó otro misterio que tenía casi tres meses instalado en su seno: la suerte de la entonces magistrada Bárbara César Siero, quien para la época era vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del máximo juzgado.

César Siero dejó de acudir a su despacho y a eventos como el acto de apertura de actividades judiciales de 2024. Esto, luego de que sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, fueran detenidos a finales de 2023 por su presunta vinculación con unas tramas conspirativas que las autoridades aseguraron haber neutralizado entre mayo y diciembre de ese año.

Pese a que la ausencia de la funcionaria implicó la parálisis de la Sala, no se convocó su suplente hasta que la instancia anunció que César Siero ya no era magistrada, reportó en su momento SupremaInjusticia.org.

Pero la opacidad no solo ha sido aplicada por las autoridades para evitar referirse a temas incómodos, sino también como estrategia contra sus adversarios.

Así, durante la represión que siguió a las protestas que se produjeron en Venezuela tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de 2024, cientos de personas fueron detenidas sin que se les  permitiera contactar a sus familiares y abogados, y sin que se respetara el plazo de 48 horas estipulado en el artículo 44 de la Constitución Nacional para presentarlos ante un tribunal, denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas.

Muy solicitados en el norte

Saab y Gorrín están en la mira de las autoridades estadounidenses desde hace tiempo.

Saab, quien es colombiano de nacimiento, estuvo encerrado en una prisión estadounidense por cargos relacionados con lavado de dinero y corrupción por sus negocios con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2023 fue devuelto a Caracas a cambio de la liberación de unos estadounidenses que estaban detenidos en el país.

Por su parte, Gorrín, quien es propietario de Globovisión, figura en varias investigaciones sobre corrupción que se adelantan en Estados Unidos, algunas relacionadas con el pago de sobornos y comisiones y otras sobre legitimación de capitales.

Raúl Gorrín actualmente es prófugo de la justicia estadounidense por el esquema de sobornos en el que también participaron dos extesoreros de Venezuela— Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén— condenados en Estados Unidos.

Transparencia Venezuela, 9 de febrero de 2026. Reconstruir la capacidad del Estado venezolano para organizar, administrar y arbitrar la competencia política bajo parámetros electorales de confianza, verificabilidad y aceptación de resultados se convierte en una tarea indispensable para la transición en Venezuela, especialmente si los procesos electorales se entienden como el mecanismo para la relegitimación de los cargos de elección popular, la reinstitucionalización de los poderes públicos y la resolución de las disputas por el poder.

Después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, las elecciones municipales y regionales y los comicios parlamentarios de 2025, la credibilidad, autonomía y neutralidad de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó severamente erosionada, lo que impide que futuras elecciones funcionen como un mecanismo legítimo para resolver conflictos de poder en medio de un proceso de transición política.

No obstante, el deterioro de las garantías y condiciones electorales no es atribuible exclusivamente a los actuales rectores del organismo comicial. El menoscabo en las condiciones del ciclo electoral venezolano ha sido un proceso sostenido durante las últimas dos décadas.

La actuación de las diferentes directivas que a partir de 1999 han precedido al organismo electoral generalmente han estado impactadas por las decisiones e intromisión de otros poderes. Esta dinámica demuestra que es indispensable revertir la politización en la composición del árbitro y crear condiciones verificables de autonomía para las decisiones técnicas y legales reforzando la independencia del Poder Electoral y evitando la captura institucional del organismo, los nombramientos discrecionales y la rotación basada en lealtades políticas.

La independencia real requiere un rediseño de la gobernanza interna: delimitación de competencias de órganos subalternos, protocolos que restrinjan sustituciones irregulares y extralimitaciones, y una carrera técnica que reduzca la discrecionalidad política en nombramientos en áreas operativas.

En términos constitucionales, este esfuerzo se alinea con la obligación de garantizar confiabilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia de los procesos y cumplir con el mandato de despartidización y descentralización de la administración electoral. En este sentido resulta indispensable la redacción de un Estatuto Electoral Especial que pueda normar la actuación de un CNE ad hoc para una etapa de transición política.