¿Qué pasó con el proceso de renovación del TSJ en el que una rectora del CNE, exfiscales y exjueces destituidos o sancionados figuraban entre los 561 aspirantes?
Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2026. El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se inició antes de los devastadores terremotos parece ser que mutó a un tema de la agenda de la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el actual, Parlamento que se reunirán a partir del 1ro de agosto.
Pero, ¿quiénes son los 561 postulados para ser magistrados?
Muchos son desconocidos para Transparencia Venezuela, pero otros llaman la atención por sus previas actuaciones, sus vínculos partidistas o sus relaciones familiares.
Una revisión de la lista de los 561 candidatos muestra que figuran abogados que ya integraron el TSJ, siete de los cuales incluso obtuvieron la jubilación. En este grupo está el magistrado emérito Juan José Mendoza, quien fue miembro de la Sala Constitucional desde 2010 hasta 2022 y es considerado cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Otra que aspira a volver al máximo juzgado es Marjorie Calderón, quien formó parte de los llamados “magistrados exprés”, ese grupo de miembros del TSJ que el Parlamento nombró en diciembre de 2014, días antes de que la oposición asumiera la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2015. Calderón saltó a la palestra por haber condenado, durante su tiempo como jueza penal en Maracay, a los policías metropolitanos por los sucesos del 11 de abril de 2002 que derivaron en la salida momentánea del poder del entonces presidente Hugo Chávez.
El abogado Luis Ortiz Hernández, quien integró la Sala de Casación Civil, es otro de los candidatos y llegó al TSJ en 2004, cuando el oficialismo amplió el TSJ a 32 magistrados, y se jubiló en 2014. A principios de 2016 fue uno de los dos jubilados que denunció públicamente que recibió presiones para retirarse y así facilitar el nombramientos de los llamados “magistrados exprés”.
Entre los aspirantes también hay actuales suplentes como Michel Adriana Velásquez Grillet, exesposa del sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Marica Flores; Grisell López, Eneida Pérez Moreno, Juan Carlos Cuenca, Luis Emilio Rondón, Emilio Ramos, Janette Trinidad Córdoba, Anabel del Carmen Hernández, Eulalia Coromoto Guerrero y Jacqueline Sosa Mariño.
Del CNE y los cuarteles
Como ha venido ocurriendo en los últimos años, varios funcionarios de otros poderes y militares aspiran ser magistrados del TSJ. En el primer grupo destaca Aime Nogal Méndez.
Nogal Méndez es rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2023 y llegó a ese cargo apoyada por el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), aunque sus nexos originales datan del chavismo, pues formó parte del equipo del entonces fundador de Podemos, Ismael García. Sin embargo, se ha alineado con el chavismo. Así que como rectora avaló el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, aunque el CNE fue incapaz de presentar pruebas sustentaran el triunfo de Maduro.
Nogal Méndez quiere seguir los pasos de Francisco Carrasquero, Tania D’Amelio y Luis Emilio Rondón, pasando del CNE al TSJ.
Entre los militares resalta el mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien, antes de presidir la Corte Marcial entre 2021 y 2024, fue fiscal militar y responsable de procesar en juzgados castrenses a cientos de civiles que participaron en la ola de protestas antigubernamentales de 2017, recordó el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Mundaray también identificó a otro juez militar: el capitán de navío Ramón Clemente Pires, que tuvo en sus manos el caso contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, fallecido bajo custodia del Estado.
Hay exjueces y exfiscales que fueron removidos de sus puestos en medio de serios cuestionamientos o que han sido sancionados por gobiernos extranjeros, acusados de cometer violaciones de derechos humanos, como lo es el caso de Katherine Harrington.
Harrington ha sido fiscal del Ministerio Público, viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal en la administración de Maduro, vicefiscal designada por el TSJ y, más recientemente, ocupó la presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas durante la ola de represión a las protestas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Se le ha vinculado sentimentalmente con el actual ministro de Defensa, Gustavo González López; por lo tanto, es vista como una figura cercana al ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Otros nombres rodeados de polémica son los de Zinnia Briceño Monasterios, Gilberto Landaeta, Joel Altuve y Dinorah Bustamante.
Briceño Monasterios, quien fue presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas y miembro de la Corte de Apelaciones, fue acusada por los abogados de la jueza María Lourdes Afiuni de ordenar a los jueces penales de la capital que rechazaran sus recursos en favor de su defendida y de amenazarlos, hechos que quedaron registrados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Gilberto Landaeta, quien ya se postuló para Fiscal General, fue uno de los fiscales encargados de investigar el asesinato del fiscal Danilo Anderson y que fue destituido por la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
José Altuve, en su cuenta de X (antigua Twitter), se presenta como “abogado, militar, juez, revolucionario y chavista. Leales siempre, traidores nunca”.
Dinorah Bustamante, por su parte, fue la fiscal que acusó al entonces diputado Juan Requesens y al secretario de la Asamblea Nacional de 2015, Roberto Marrero, por el supuesto atentado con drones contra Maduro. El exdirector de la Fiscalía, Zair Mundaray denunció que la aspirante a magistrada vive en una propiedad que le fue confiscada a uno de los implicados en el caso.
El parentesco es su credencial
El nepotismo también se ha colado en las postulaciones. Así, al menos dos parientes del diputado Pedro Carreño figuran entre los candidatos. Se trata de su hermano, Julio Ramón Carreño Escobar, y de su sobrina, Carolina García Carreño, actualmente es diputada al Parlamento nacional.
En Transparencia Venezuela consideramos que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe realizarlo la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones libres, transparentes y justas, que inicie el proceso de transición. Será entonces cuando se pueda exigir un proceso abierto, se realicen evaluaciones de credenciales y se diseñen mecanismos de participación que permitan confiar en el proceso.
