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Datos actualizados de los recursos para atender la tragedia del doble terremoto
Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. A menos de dos meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, la plataforma de veeduría ciudadana Ruta de la Ayuda (rutadeayuda.org), de Transparencia Venezuela, documenta 147 compromisos de ayuda humanitaria desde el exterior por más de USD1.300 millones provenientes de 65 países y 72 organizaciones internacionales, 21 empresas y 10 individuos.
Hasta ahora conocemos pocos ejemplos de rendición de cuentas de la recepción, manejo y ejecución de esos recursos. En nuestra página puede conocer algunos esfuerzos en este sentido.
Tampoco es mucho lo que se ha informado sobre el destino y gestión de los recursos ofrecidos por los diversos donantes. A continuación presentamos los datos que si se han hecho públicos, sobre los montos más importantes.
1. OCHA: La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas ha publicado los montos y orígenes de las donaciones privadas que esa entidad está conduciendo en favor de las víctimas de los terremotos. Sin embargo, la información que tiene disponible en su website no ha cambiado desde al menos el 25 de julio.
2. Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela: La CAF anunció el 26 de junio la apertura del Fondo con un aporte semilla propio de USD 1 millón y en su vocería ofreció ese fondo para recibir donaciones ofreciendo su capacidad de gestión. El 10 de agosto, el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) anunció su aporte de otro millón. Afirman que la CAF asumirá el 100% de los costos administrativos y que el Fondo contará con mecanismos de trazabilidad y rendición de cuentas. La página oficial del Fondo en caf.com no publica un listado de donantes, los montos de cada uno, información de los programas, los contratos y proveedores y el desagregado de los gastos ocurridos hasta la fecha.
3. FMI: el Gobierno de Delcy Rodríguez accedió a USD 346 millones de Derechos Especiales de Giro —recursos propios del país, no donación externa—, cifra superior a los USD 200 millones anunciados inicialmente en junio.
4. Programa Mundial de Alimentos (PMA): Esta agencia de Naciones Unidas hizo un llamamiento internacional de donaciones por USD 50 millones, pero tras conocerse la extensión de la tragedia causada por los terremotos elevó la solicitud a USD 80 millones el 16 de julio, aumentando la cobertura de beneficios de 100 mil a 500 mil personas afectadas por tres meses. Para el 23 de julio, el PMA informaba a través de su reporte de situación que había asegurado USD 26,7 millones. En el mismo comunicado indicó que parte de la ayuda se canalizaría a través de la modalidad de transferencias monetarias directas en las áreas donde las víctimas tuvieran acceso a la adquisición de productos básicos. Fuentes periodísticas independientes han reportado que este tipo de ayuda se ha concretado en la entrega de tarjetas de débito de billeteras digitales. Las otras modalidades de la ejecución de esta asistencia humanitarias se manifiestan en entrega directa de comida caliente y canastas familiares para las víctimas de la tragedia. En el siguiente reporte, fechado el 10 de agosto, el PMA aseguraba haber atendido a 165 mil personas con canastas de alimentos y que entregó un primer lote de vouchers o tarjetas preparadas con un monto global de USD 940.000 a 12.475 pobladores de Naiguatá, estado La Guaira.
5. Organización Panamericana de la Salud ofreció USD 24 millones, pero siguen contabilizados como “anunciados” más de un mes después, sin información pública sobre su ejecución real.
6. Programa Mundial de Alimentos (PMA) pasó de USD 50 millones a USD 80 millones entre el 30 de junio y el 24 de julio, después de que la organización reportara haber atendido a 100.000 personas y advirtiera que necesita financiamiento adicional para llegar a las 500.000 previstas en los próximos meses.
7. Disasters Emergency Committee (DEC) del Reino Unido, que agrupa a 15 organizaciones humanitarias británicas, ya había recaudado más de £15 millones (unos USD 18 millones) para el 14 de julio, sin que ese monto se haya actualizado públicamente desde entonces.
Para Transparencia Venezuela hacer seguimiento a estos flujos no es un ejercicio de desconfianza hacia quienes ayudan, por el contrario, es la práctica para generar la mayor confianza en el manejo de la ayuda y las instituciones responsables. Es la condición para que la ayuda llegue de forma efectiva a quienes la necesitan, bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas que los organismos internacionales reconocen. Rutadeayuda.org actualiza este registro de forma continua y pone los datos a disposición de periodistas, investigadores y ciudadanos que quieran verificar por sí mismos el estado de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Insistimos: La opacidad nunca es neutral: profundiza el daño a las víctimas.
Delcy copia los decretos de emergencia de Maduro: No resolvieron ninguna emergencia, pero sirvieron para el control político y la corrupción
Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. Transparencia Venezuela alerta sobre el decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional que dictó la presidenta interina Delcy Rodríguez y que fue avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 8 de agosto, que declaró la constitucionalidad del Decreto N.º 5.414, por 60 días, lo máximo permitido por la Constitución venezolana.
En este nuevo reporte, titulado “Delcy copia los decretos de emergencia de Maduro: No resolvieron ninguna emergencia, pero sirvieron para el control político y la corrupción”, se detalla cómo la encargada del Gobierno en Venezuela ha recurrido a la misma práctica de Nicolás Maduro, quien usó de manera prolongada los decretos de emergencia económica y llegó a gobernar bajo este régimen de excepción durante cinco años, entre 2016 y 2021, retomando luego este mecanismo en 2025, lo que facilitó la corrupción y el control político, centralizando competencias presupuestarias y legislativas, al tiempo que despojaba a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales.
Lee y descarga el reporte aquí
La séptima renovación del Tribunal Supremo de Justicia bajo escrutinio público
Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es mucho más que el máximo juzgado del país. De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución de 1999 también es el responsable de “la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas”.
También “le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial”, agrega la norma antes citada. Lo anterior deja claro que el TSJ no solo es un tribunal cuyas decisiones no admiten apelación ante otra instancia, sino que también es un poderoso organismo con competencias administrativas y financieras, bajo cuya égida hay miles de funcionarios, que en los últimos años también ha usurpado funciones legislativas al designar a los rectores de Consejo Nacional Electoral, lo que ha sido un factor determinante a la hora de elegir a las autoridades nacionales, regionales y locales.
Aunque la Constitución venezolana establece salvaguardas para garantizar la independencia del organismo, estas han sido ignoradas a lo largo de los seis procesos de “restructuración” que ha sufrido el TSJ durante los últimos 30 años, incluido el proceso anunciado en 2026, que se inició de manera sobrevenida el pasado 21 de abril, cuando la Asamblea Nacional nombrada en 2025 designó a la llamada comisión preliminar de diputados, instancia de la que posteriormente surgió el Comité de Postulaciones Judiciales.
La principal medida prevista en el texto constitucional para evitar la cooptación del TSJ por parte de una tendencia política residía en la adscripción y conformación del Comité de Postulaciones. De acuerdo con el artículo 270 constitucional, esa instancia “es un órgano asesor del Poder Ciudadano” y estará integrada “por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley”.
Sin embargo, las sucesivas leyes del TSJ dictadas en los últimos años han colocado al comité evaluador bajo el control del Parlamento y además han previsto que la mayoría de sus miembros sean diputados, en lugar de académicos, juristas y otros miembros de la sociedad civil.
Lo anterior ha permitido que, en las últimas dos décadas, familiares de miembros del Gobierno, exministros, diputados, oficiales de la Fuerza Armada y reconocidos militantes del partido en el poder, así como algunos integrantes de la llamada oposición reconocida por el Ejecutivo, han terminado vistiendo toga y portando mazo para dictar sentencias.
¿Cuál ha sido la consecuencia de ignorar el mandato constitucional? Desde 2004, organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido varios pronunciamientos y sentencias en los que denuncian que la justicia venezolana está controlada por el Gobierno. Esto explicaría situaciones como el hecho de que el Estado no haya perdido un caso relevante desde 2003, que los ciudadanos no encuentren en la justicia protección efectiva para sus derechos y que el Parlamento electo en 2015, controlado entonces por la oposición, fuera totalmente anulado por el TSJ.
Y, como si lo anterior no fuera suficiente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas ha acusado al TSJ de ser “cómplice de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país” que actualmente investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto sin contar la cantidad de magistrados sancionados por atentar contra los principios democráticos, incluyendo a quienes han sido presidentes de esa instancia.
Un nuevo proceso de renovación del TSJ bajo la lupa ciudadana
Visto que la Mesa de diálogo dejó sin efecto el proceso de renovación del TSJ que empezó en abril pasado, al que se habían presentado 561 aspirantes al cargo de magistrado, y considerando que ahora se elegirán los magistrados de todas las salas del TSJ, Transparencia Venezuela presenta información relevante sobre 29 de esos postulados, en caso de que se vuelvan a presentar como candidatos en el nuevo proceso:
* ¿Cuántos magistrados serán electos? La reforma aprobada en mayo de 2026 por la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez elevó a 32 el número de magistrados del TSJ, pero en la actualidad ese juzgado tiene solo 20 jueces titulares ¿Qué pasará con el número de magistrados a elegir?
Lee y descarga el informe aquí
Se formaliza el negocio petrolero, pero Pdvsa mantiene flota irregular
En julio de 2026 se identificaron 46 buques sancionados y furtivos, la mayor cantidad observada en los últimos 13 meses, lo que deja varias interrogantes en medio de la opacidad que se mantiene inalterable en nuestra principal industria.
Transparencia Venezuela, 10 de agosto de 2026. A más de un año de seguimiento sistemático a los buques petroleros en aguas territoriales de Venezuela, recordamos algunos hitos que incidieron en los hallazgos:
la suspensión de licencias a un grupo de socios de Pdvsa durante junio y julio de 2025. Estos socios habían iniciado la recuperación de la producción petrolera desde finales de 2023, luego de años de caída y estancamiento;
el otorgamiento de una licencia específica y condicionada a la empresa Chevron en agosto de 2025 que le permitió reanudar operaciones;
la creciente presencia de fuerzas navales de Estados Unidos en el Caribe a partir de agosto de 2025;
la incautación de 9 buques por parte de fuerzas navales de Estados Unidos entre el 10 de diciembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026;
la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero, su traslado a Estados Unidos y el inicio de su juicio en New York;
el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte del Gobierno de Estados Unidos;
la emisión de 15 licencias por parte de la OFAC que flexibilizaron las sanciones impuestas a la actividad petrolera, con más amplitud que en ocasiones previas;
el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026.
A partir de este contexto el comercio del petróleo venezolano ha tenido cambios importantes. Por ejemplo, el total de buques observados tuvo un mínimo en julio de 2025 -mes de sanciones estrictas- y alcanzó un máximo en mayo de 2026, coincidiendo con el pico de exportación impulsado por las licencias de marzo de este año y la disponibilidad de inventarios.
La disminución del número de buques observada en junio de 2026 pudo haber estado asociada a los sismos que ocasionaron retrasos en las operaciones portuarias de Pdvsa. No obstante, en julio la actividad se recuperó, registrándose la mayor presencia de buques internacionales del período analizado, con 138 embarcaciones, frente a 130 en junio. Esta cifra representa un incremento del 115% con respecto a diciembre de 2025, mes en el que comenzaron las incautaciones. Asimismo, continúa el ingreso de nuevos tanqueros a los puertos petroleros de Venezuela: en mayo se identificaron 40 embarcaciones no observadas desde el inicio del monitoreo, en junio arribaron 20 nuevas y en julio otras 28.
Aunque las exportaciones petroleras de julio descendieron ligeramente a 1,16 millones de b/d, la producción ha tenido una senda creciente y se espera que continúe en los últimos meses de 2026 aunque a menor ritmo. En julio los envíos a Estados Unidos aumentaron a 780.000 b/d, la mayor cantidad desde 2019.
En la etapa de flexibilización de sanciones la cantidad de buques con bandera de las Islas Marshall es similar a la de Panamá, seguidos con distancia por los buques abanderados en Malta. En cambio, durante los meses de julio a diciembre de 2025 predominaron las banderas de Panamá. Recordamos que los buques interceptados por Estados Unidos entre diciembre 2025 y febrero 2026 tenían banderas falsas, así que en el caso de los buques sancionados y furtivos no hay certeza sobre la legitimidad de sus banderas.
Buques sancionados y furtivos en junio y julio de 2026
En julio se identificaron 46 buques sancionados y furtivos, de los cuales 14 se encontraban sujetos a sanciones y 32 fueron clasificados como furtivos. Esta constituye la mayor cantidad registrada desde junio de 2025, pero este dato coincide con la menor presencia de buques con señales AIS apagadas; solo 5 buques oscuros, que a su vez contrastan con los 12 detectados en los meses de mayo y junio de 2026 y los 31 identificados en diciembre de 2025. La flexibilización de sanciones y la vigilancia del tráfico marítimo en Venezuela habrían motivado el encendido de señales AIS de los buques irregulares, sin consecuencias.
Buques irregulares
Dado el aumento de las exportaciones legales, es esclarecedor observar a través del gráfico 2 el comportamiento de los buques lícitos respecto al total de buques irregulares (sancionados, furtivos y oscuros): hubo 32 buques en julio de 2025 que pasaron a 105 en julio de 2026.
Cantidad de tanqueros
En los últimos cuatro meses ha ocurrido una estabilización de la presencia de los buques permitidos y la disminución de las operaciones de trasiego STS: en junio 3 y en julio 2.
También se observa que a pesar del aumento de los buques lícitos los tanqueros irregulares se mantienen.
¿Por qué permanecieron buques irregulares en aguas venezolanas después del 3 de enero?
Una comunicación filtrada por una fuente dentro de la estatal Pdvsa arroja luces sobre algunas hipótesis planteadas en reportes previos y sobre la interrogante propuesta. La comunicación suscrita por Anabel Pereira Fernández en su condición de vicepresidenta (E) de Comercio y Suministro Internacional de Pdvsa, dirigida al vicealmirante José Rafael González Torrealba, director general de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación – Ochina-, informa que Pdvsa cuenta con 22 tanqueros propios, 17 están inoperativos y 5 operativos: el Soldier está sancionado, los buques Colon, Anita y Rio Orinoco son considerados furtivos y el Negra Hipólita no tiene restricciones.
La comunicación señala también que Pdvsa controla 56 buques abanderados por otros países, de este grupo 6 operan junto a la estatal cubana Cubametales, sancionada por la OFAC desde 2019. Los 56 buques están operativos y sólo 16 de ellos (28%) no son furtivos ni sancionados.
Las alianzas con países expertos en evasión de sanciones como Irán, Rusia y Cuba, facilitó la incorporación de buques irregulares a la petrolera venezolana: 18 furtivos, 8 sancionados y 14 sancionados y furtivos con bandera internacional. Al añadir un sancionado y 3 furtivos de la flota propia de Pdvsa son 44 irregulares, es decir, 72% de la flota petrolera operativa controlada por Venezuela es irregular. Estos tanqueros se han aprovechado tanto para el comercio internacional con prácticas de trasiego, señales apagadas, reetiquetado del crudo y spoofing, como para las labores de cabotaje entre los puertos petroleros de Venezuela con señales apagadas en muchos casos, tal como fue advertido en el reporte de febrero y marzo.
Las licencias petroleras que permiten la comercialización a empresas socias de Pdvsa en la producción, por ejemplo, Chevron y Repsol, y a otras empresas de trading como Vitol, Trafigura, Atlantic Trading and Market, Valero Marketing and Supply, Maersk Oil Trading, entre otras, no ha sido suficiente para que Pdvsa abandone los negocios con la flota controlada de 40 buques irregulares, distintos a los 5 propios que están operativos. Es poco probable que se requieran 61 buques solo para cabotaje interno.
Partiendo de estos hallazgos y la falta de información oficial nos preguntamos:
¿Pdvsa está comercializando directamente el petróleo obtenido con socios sin licencia?
¿Cómo se reporta en la contabilidad de Pdvsa este comercio a través de buques irregulares?
De los 43 buques sancionados y furtivos vistos en junio de este año 28 (65%) están en la lista de la flota controlada por Pdvsa, y de los 46 irregulares vistos en julio 27 (58%) son controlados por Pdvsa.
Varios tanqueros sancionados y furtivos que integran la flota controlada de Pdvsa se destinaron al cabotaje y almacenamiento flotante. Los buques sancionados se han estado concentrando mayoritariamente en los puertos petroleros y petroquímicos del occidente: Amuay, Cardón, Bajo Grande, Cabimas y Puerto Miranda.
Más producción y exportación petrolera no son suficientes si no existe rendición de cuentas sobre las condiciones en que ocurren ni sobre los recursos que generan.
La recuperación de la industria y que genere efectos positivos al país exige reglas claras y transparentes en las negociaciones con inversionistas y empresas de comercio.
¿Es mucho pedirle al Gobierno Interino?
Los cuadros 3 y 4 muestran los buques sancionados y furtivos de junio y julio, los resaltados en amarillo forman parte de la flota controlada por Pdvsa.
En junio de 2026 se identificaron 29 empresas operadoras de los buques sancionados y furtivos y en julio 34; Asia Charm Ltd FZE de Emiratos Árabes Unidos es la principal empresa marítima operadora con 10 buques en ambos meses. Panamá lidera con 17 y 15 buques, seguida por Islas Comoras con 5 y Guinea con 4.
Descargue el PDF del reporte de flota de Julio de 2026 aquí
El Tribunal Supremo de Justicia que necesita Venezuela
¿Qué pasó con el proceso de renovación del TSJ en el que una rectora del CNE, exfiscales y exjueces destituidos o sancionados figuraban entre los 561 aspirantes?
Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2026. El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se inició antes de los devastadores terremotos parece ser que mutó a un tema de la agenda de la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el actual, Parlamento que se reunirán a partir del 1ro de agosto.
Pero, ¿quiénes son los 561 postulados para ser magistrados?
Muchos son desconocidos para Transparencia Venezuela, pero otros llaman la atención por sus previas actuaciones, sus vínculos partidistas o sus relaciones familiares.
Una revisión de la lista de los 561 candidatos muestra que figuran abogados que ya integraron el TSJ, siete de los cuales incluso obtuvieron la jubilación. En este grupo está el magistrado emérito Juan José Mendoza, quien fue miembro de la Sala Constitucional desde 2010 hasta 2022 y es considerado cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Otra que aspira a volver al máximo juzgado es Marjorie Calderón, quien formó parte de los llamados “magistrados exprés”, ese grupo de miembros del TSJ que el Parlamento nombró en diciembre de 2014, días antes de que la oposición asumiera la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2015. Calderón saltó a la palestra por haber condenado, durante su tiempo como jueza penal en Maracay, a los policías metropolitanos por los sucesos del 11 de abril de 2002 que derivaron en la salida momentánea del poder del entonces presidente Hugo Chávez.
El abogado Luis Ortiz Hernández, quien integró la Sala de Casación Civil, es otro de los candidatos y llegó al TSJ en 2004, cuando el oficialismo amplió el TSJ a 32 magistrados, y se jubiló en 2014. A principios de 2016 fue uno de los dos jubilados que denunció públicamente que recibió presiones para retirarse y así facilitar el nombramientos de los llamados “magistrados exprés”.
Entre los aspirantes también hay actuales suplentes como Michel Adriana Velásquez Grillet, exesposa del sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Marica Flores; Grisell López, Eneida Pérez Moreno, Juan Carlos Cuenca, Luis Emilio Rondón, Emilio Ramos, Janette Trinidad Córdoba, Anabel del Carmen Hernández, Eulalia Coromoto Guerrero y Jacqueline Sosa Mariño.
Del CNE y los cuarteles
Como ha venido ocurriendo en los últimos años, varios funcionarios de otros poderes y militares aspiran ser magistrados del TSJ. En el primer grupo destaca Aime Nogal Méndez.
Nogal Méndez es rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2023 y llegó a ese cargo apoyada por el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), aunque sus nexos originales datan del chavismo, pues formó parte del equipo del entonces fundador de Podemos, Ismael García. Sin embargo, se ha alineado con el chavismo. Así que como rectora avaló el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, aunque el CNE fue incapaz de presentar pruebas sustentaran el triunfo de Maduro.
Nogal Méndez quiere seguir los pasos de Francisco Carrasquero, Tania D’Amelio y Luis Emilio Rondón, pasando del CNE al TSJ.
Entre los militares resalta el mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien, antes de presidir la Corte Marcial entre 2021 y 2024, fue fiscal militar y responsable de procesar en juzgados castrenses a cientos de civiles que participaron en la ola de protestas antigubernamentales de 2017, recordó el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Mundaray también identificó a otro juez militar: el capitán de navío Ramón Clemente Pires, que tuvo en sus manos el caso contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, fallecido bajo custodia del Estado.
Hay exjueces y exfiscales que fueron removidos de sus puestos en medio de serios cuestionamientos o que han sido sancionados por gobiernos extranjeros, acusados de cometer violaciones de derechos humanos, como lo es el caso de Katherine Harrington.
Harrington ha sido fiscal del Ministerio Público, viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal en la administración de Maduro, vicefiscal designada por el TSJ y, más recientemente, ocupó la presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas durante la ola de represión a las protestas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Se le ha vinculado sentimentalmente con el actual ministro de Defensa, Gustavo González López; por lo tanto, es vista como una figura cercana al ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Otros nombres rodeados de polémica son los de Zinnia Briceño Monasterios, Gilberto Landaeta, Joel Altuve y Dinorah Bustamante.
Briceño Monasterios, quien fue presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas y miembro de la Corte de Apelaciones, fue acusada por los abogados de la jueza María Lourdes Afiuni de ordenar a los jueces penales de la capital que rechazaran sus recursos en favor de su defendida y de amenazarlos, hechos que quedaron registrados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Gilberto Landaeta, quien ya se postuló para Fiscal General, fue uno de los fiscales encargados de investigar el asesinato del fiscal Danilo Anderson y que fue destituido por la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
José Altuve, en su cuenta de X (antigua Twitter), se presenta como “abogado, militar, juez, revolucionario y chavista. Leales siempre, traidores nunca”.
Dinorah Bustamante, por su parte, fue la fiscal que acusó al entonces diputado Juan Requesens y al secretario de la Asamblea Nacional de 2015, Roberto Marrero, por el supuesto atentado con drones contra Maduro. El exdirector de la Fiscalía, Zair Mundaray denunció que la aspirante a magistrada vive en una propiedad que le fue confiscada a uno de los implicados en el caso.
El parentesco es su credencial
El nepotismo también se ha colado en las postulaciones. Así, al menos dos parientes del diputado Pedro Carreño figuran entre los candidatos. Se trata de su hermano, Julio Ramón Carreño Escobar, y de su sobrina, Carolina García Carreño, actualmente es diputada al Parlamento nacional.
En Transparencia Venezuela consideramos que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe realizarlo la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones libres, transparentes y justas, que inicie el proceso de transición. Será entonces cuando se pueda exigir un proceso abierto, se realicen evaluaciones de credenciales y se diseñen mecanismos de participación que permitan confiar en el proceso.
