Transparencia Venezuela, 9 de noviembre de 2026. Transparencia Venezuela entregó a la presidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas dos cartas solicitando información sobre los 61 contratos petroleros que habría suscrito la nación, y otros 44 que se estarían negociando, así como la lista de los bienes en manos del Estado que serían puestos a la venta o devueltos a sus antiguos propietarios, dos asuntos que mencionó a finales del mes de octubre la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una alocución.

Una tercera misiva centrada específicamente en los contratos petroleros está dirigida al presidente de Pdvsa, Héctor Obregón Pérez, pero en la estatal no aceptaron recibirla. En la oficina de Correspondencia de la petrolera tomaron una foto a la carta, que luego enviaron por Whatsapp para pedir autorización, y finalmente fue devuelto el documento porque la petición “no procedía”, sin ofrecer más detalles.

En Pdvsa desconocen que la Ley Orgánica de Administración Pública obliga a los funcionarios a recibir y responder las solicitudes (art. 9) y dispone que la Administración debe actuar bajo principios de transparencia, participación y rendición de cuentas en el art. 10, en consonancia con artículos de la Constitución. También la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos prevé el derecho ciudadano de petición a la administración pública (art.2) y el deber de los funcionarios de tramitar los asuntos que les corresponden (art. 3) en un plazo máximo de 20 días siguientes a la recepción de la solicitud (art. 5).

Hay que insistir en que los acuerdos petroleros son de interés nacional porque se trata de la negociación de la explotación de minerales propiedad de todos los venezolanos. De igual manera, el listado de bienes para la venta o “devolución” contiene información sobre parte del patrimonio del Estado y, por lo tanto, en ambos casos los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad deben ser cumplidos por las autoridades que actúan en representación de los venezolanos.

A continuación, el contenido de las misivas en las que se hace la solicitud de información:

Transparencia Venezuela, 6 de noviembre de 2026. En Venezuela, la transición de un Estado que gira alrededor de la corrupción a la democracia requerirá no solo un cambio de liderazgo, sino la construcción de un nuevo sistema institucional para lo cual Transparencia Venezuela presenta a discusión pública una propuesta de Justicia Especial Anticorrupción (JEA): venezolana, temporal, con garantías internacionales, para desmontar las redes de gran corrupción y recuperar el patrimonio público.

Es una propuesta trabajada por expertos que se plantea como un subsistema del sistema de justicia de Venezuela para perseguir estructuras delictivas trasnacionales y no hechos aislados, y su éxito se mide primero por la recuperación patrimonial, es decir, por dejar sin recursos a esas redes.

¿Cómo funcionaría la JEA? ¿Qué delitos abarcaría? ¿Cómo se relacionaría con otras instituciones?

Transparencia Venezuela, 19 de octubre. MADRID– El expresidente de la metalúrgica española Duro Felguera, Juan Carlos Torres, se declaró culpable este lunes ante la Audiencia Nacional, en la primera jornada del juicio por el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanas para la construcción de una central termoeléctrica destinada a abastecer a la Gran Caracas, valorada en 1.500 millones de dólares.

Torres dijo hoy, en la primera audiencia pública por el juicio, que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Aunque aún no se conocen los detalles del acuerdo, el expresidente de la compañía deberá pagar una multa de 4.800 euros. En un principio, el fiscal había pedido para él penas de 9 años y medio de cárcel más una multa de 160 millones de euros.

El acuerdo de Torres es importante en el desarrollo del proceso que continuará esta semana en la Audiencia Nacional de España porque reconoce la existencia de la maniobra. Durante la primera jornada del proceso, las defensas de los acusados pidieron la anulación del juicio por supuestas irregularidades en la instrucción del caso.

A pesar de la confesión de Torres, los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa rechazaron haber recibido sobornos para entregar la obra pública a la empresa española. “Soy inocente”, dijo Villalobos a viva voz, apenas comenzó la audiencia pública, a las 10 de la mañana de España.

Pero otra declaración también complica la situación de Villalobos. Inmediatamente después, Jesús Barrios Melean, acusado de ser testaferro de Villalobos, se declaró culpable de los hechos, mediante una videollamada desde Estados Unidos.

Las defensas tuvieron oportunidad este lunes de plantear supuestas nulidades en el expediente, la estrategia para desestimar una investigación judicial que ya cuenta con abundante prueba. Intervinieron los abogados de Villalobos y su mujer, y también de Javier Alvarado Ochoa y su esposa, entre otros.

Los letrados plantearon que el registro en la sede de Duro Felguera debe anularse porque las pruebas partieron de un pendrive entregado de manera anónima a la fiscalía y, agregaron, ese material no tuvo la custodia adecuada.

Dijeron, además, que la acusación no precisa la participación de cada acusado ni en qué consiste el lavado de dinero.
Anticorrupción pidió 8 años y 9 meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros para Villalobos -también imputado en la macrocausa de PDVSA y en el “caso Leire Díez”. La multa requerida por la fiscalía representa un porcentaje simbólico del supuesto soborno que habría percibido Villalobos por habilitar el contrato público, fijado en el auto judicial del juez Ismael Moreno en 105 millones de dólares.

La fiscalía también solicitó una multa de 1,6 millones de euros y 3 meses de cárcel para Alvarado Ochoa. Las audiencias continuarán este miércoles.

La acusación

En julio de 2023, el juez español de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y a cuatro empresas por el caso Duro Felguera. A los investigados les atribuyó presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por hechos que se remontan a 2009.

Venezuela atravesaba en aquel momento una grave crisis energética que derivó en restricciones del servicio y en la declaración de una emergencia eléctrica. Para paliarla, la administración venezolana decidió construir la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, destinada a abastecer a la Gran Caracas.
El magistrado sostiene que el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, logró que la obra se adjudicara a la empresa española Duro Felguera. A cambio, la compañía se habría comprometido a entregar dinero a funcionarios venezolanos que influyeron en la decisión.

Para ejecutar el proyecto, Duro Felguera actuó mediante la unión temporal de empresas (UTE) Termocentro. Según el instructor, esa UTE firmó contratos con entidades y personas de Venezuela cuyo verdadero fin era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos, con el objetivo de favorecer los intereses de la empresa.

Para el juez, ese trato de favor, obtenido presuntamente mediante sobornos, fue lo que permitió que Duro Felguera se quedara con el contrato de Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.

Transparencia Venezuela, 16 de octubre de 2026. El 14 de octubre de 2026, el vicepresidente de Planificación y ministro Ricardo Menéndez entregó al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Especial de Endeudamiento para 2027.

Menéndez anunció que el presupuesto buscará recuperar ingresos, servicios e infraestructuras, también impulsar la economía productiva y mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo puede la ciudadanía saber si esos objetivos se cumplirán y cómo se utilizará el dinero público si no se conocen los documentos que los sustentan?

Como ocurre desde hace una década, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento no están disponibles en ningún portal. La experiencia de años anteriores apunta a que, una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.

Menéndez e Infante destacaron que los proyectos fueron entregados antes del 15 de octubre, conforme al artículo 312 de la Constitución. Sin embargo, la obligación de presentar las leyes ante la Asamblea Nacional no sustituye el deber de informar a la ciudadanía. El artículo 12 de la Ley contra la Corrupción ordena publicar los proyectos de presupuesto y endeudamiento antes de presentarlos al Parlamento; su artículo 8 establece el carácter público de la información presupuestaria y de la administración del patrimonio público. También es obligatorio publicar la Ley. Ninguna ley puede ser secreta.

La opacidad fiscal no es nueva: desde 2009 dejaron de publicarse las estadísticas fiscales y desde 2016 no se divulga el presupuesto nacional. Mientras tanto, en 2026 se anuncian acuerdos e inversiones en sectores estratégicos, nuevas oportunidades de explotación petrolera y minera y una posible normalización de las relaciones económicas con Estados Unidos. Sin embargo, nada sabemos de los ingresos obtenidos por las concesiones, licencias, contratos, exportaciones de empresas del Estado, recaudación interna ni de la utilización de estos recursos. Si se abren oportunidades para captar recursos y reactivar la economía, ¿por qué se mantiene cerrada la información sobre el dinero público?

La transparencia presupuestaria no es un trámite burocrático: es saber cuánto dinero tiene el Estado, a qué se destina y si se traduce en agua, electricidad, reconstrucción luego del doble terremoto, salud, educación e infraestructura.
¿Cuál es la excusa ahora?

El derecho de acceso a la información señala: toda información en poder del Estado es propiedad de los ciudadanos. Es un derecho que aún está pendiente.

Desde Transparencia Venezuela exigimos la publicación de los proyectos de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027, de la Ley Especial de Endeudamiento 2027, los documentos complementarios y toda la información relativa a la administración del patrimonio público del país.