Sistema penitenciario de Lara: Tierra de nadie para la reglas Mandela
“Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen
su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos.
Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes… y no podrá invocarse
ninguna circunstancia como justificación en contrario”.
Reglas Mandela. Principios Generales. Regla 1.
Las denuncias sobre las condiciones del sistema penitenciario en Venezuela son constantes, graves, dramáticas y forman ya parte del portafolio de los problemas más hondos que afectan a la sociedad venezolana.
Cada vez con más insistencia, diversas organizaciones de la sociedad civil en nuestro país realizan esfuerzos para visibilizar y denunciar las distintas aristas que expresan la crítica situación de las personas internas en distintos centros de reclusión, sea en recintos temporales o de permanencia más definitiva, de acuerdo a la sentencia recibida.
Un aporte fundamental de la comunidad internacional en esta dirección ha sido la publicación y revisión de las llamadas “Reglas Mandela”, un cuerpo de “reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, orientadas a dar a conocer y hacer valer los derechos de reclusos, así como los de sus familiares, para sean tratados como seres humanos dignos de respeto.
Transparencia Venezuela hizo un análisis a ciertos aspectos del sistema penitenciario del estado Lara a la luz de algunos de estos postulados, con la finalidad de darles significación en la realidad concreta de los presos en nuestra entidad federal.
Es un milagro que los presos estén vivos
De acuerdo al Informe 2016 del Observatorio Venezolano de Prisiones, este año cerró con 54.738 personas privadas de libertad. Sus cifras reflejan que durante 2016 hubo 173 muertos, así como 268 heridos en los penales venezolanos. Además señalan que 70% de los presos tiene entre 18 y 30 años, mientras que más del 40% de los recintos registra una sobre población “en condición de urgencia”, dado el nivel de hacinamiento, estimado en 54%.
La organización no gubernamental “Una Ventana a la Libertad”, en su Informe 2017 sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela, indica que los centros ubicados en la Gran Caracas y los estados Miranda, Vargas, Carabobo y Lara no poseen condiciones para que se respeten los derechos humanos de los privados de libertad, mientras que en los estados Falcón, Zulia, Táchira y Monagas existe una “condición media” de respeto a tales derechos.
La misma organización afirma que en los 198 centros de detención preventiva monitoreados, hay 14.525 privados de libertad y su capacidad instalada es de 5.910, lo que representa un hacinamiento de 250.8%. La peligrosidad de estos espacios se expresa en que, según el mismo informe, al menos 62 presos murieron en los centros de detención preventiva de Venezuela.
Como expresión de la misma situación de deterioro, el 96% de los centros de reclusión no posee comedor, el 100% no cuenta con servicio de lavandería, 93%no posee áreas recreativas, 86.8% no cuenta con áreas de visita, 62% nodispone de servicios higiénicos, 64% no posee servicio de agua potable, 52% no ofrece servicio de recolección de basura y 98% no cuenta con servicio médico.
La situación de riesgo de enfermedad y muerte de estas personas es enorme, dada la precariedad de los servicios mínimos que se requieren para garantizar apenas la vida. La precariedad alimentaria, la falta de agua apta para el consumo humano, el amontonamiento de reclusos sin posibilidad de espacio mínimo y privacidad vitales, así como la casi inexistencia de servicios médicos, hace que recaiga sobre las familias (cada vez en situación de precariedad creciente), la casi total responsabilidad de suministrarles lo que el Estado ha dejado de garantizar, incumpliendo así sus deberes fundamentales con los privados de libertad.
Por eso, un familiar afirmó para Transparencia Venezuela: “Es un milagro que nuestros presos estén vivos”.
Lara no es la excepción
En este contexto, el estado Lara no es la excepción. La Región Centrooccidental tiene 8.244 reclusos, ocupando el segundo lugar después de la región central. El Centro Penitenciario Fénix, ubicado en Barquisimeto, está entre los cinco más violentos del país, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones.
En Lara hay 29 centros de detención preventiva que están distribuidas de la siguiente forma: 19 de la Policía Regional (Polilara), uno de la Policía Municipal de Iribarren (capital del estado), cinco que son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos de la Guardia Nacional (GNB). Hasta diciembre de 2017 en todos estos centros preventivos había 1181 privados de libertad (Informe 2017, Una Ventana a la Libertad).
A centros de reclusión de Lara es difícil entrar. Las personas que fueron contactadas por Transparencia Venezuela insisten en resaltar que existen los mismos problemas que en el resto del país. Las terribles condiciones hacen que haya revueltas, huelgas, protestas, cuya consecuencia más inmediata es el castigo a los reos y, generalmente, la falta de respuesta oficial.
¿No es suficiente estar preso?
La Regla Mandela No. 3 postula:
“La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación”.
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo planteado en esta normativa.
Familiares y miembros de organizaciones de apoyo entrevistados por el Capítulo Lara de Transparencia Venezuela comentan que cuando alguien de la familia cae preso, la familia también entra en una especie de cárcel, pues el sufrimiento y las privaciones las sufren y sienten de distintas maneras.
“Cuando los trasladan es terrible, porque pierden todo. Se los llevan sin nada y hasta casi sin ropa y nosotros tenemos que comprar todo de nuevo y llevárselos. Imagínate, una colchoneta ya cuesta más de 6 millones de bolívares y también todo lo demás hay que reponerlo: ropa, enseres para comida y bebida. Pero, además, se vuelve muy caro ir a verlos. Aquí hay gente que han traslado a El Dorado, y sus mamás gastan casi 10 millones de bolívares en moverse. A nosotros nadie nos informa nada, ni por qué se los llevan, ni dónde, ni si van a regresar o los van a dejar en el nuevo sitio. Nos enteramos de lo que pasó cuando llegamos a la visita”.
Si el traslado es un castigo, también lo son el maltrato físico y verbal, las requisas, la suspensión de visitas, las restricciones a la alimentación, el cobro de extorsión, las revisiones a familiares, destrucción de pertenencias, los castigos colectivos, el aislamiento. Una sanción consiste en pasar a la persona a las llamadas “celdas de adaptación”, que en realidad son celdas de castigo y las llaman ´celdas con candados´. Son espacios muy pequeños, oscuros, húmedos y calurosos, donde también hay hacinamiento. Los presos hasta tienen que dormir parados.
Los familiares reportan que esto sucede con mucha frecuencia y que están siempre con el alma en vilo, sobre todo cuando saben que ha habido alguna protesta, huelga o acto de indisciplina, porque saben que la represalia no se hará esperar.
En el Centro Penitenciario Fénix (inaugurado en octubre de 2013, culminada parcialmente) cambiaron las reglas para los privados de libertad. Si la visita es masculina debe tener el mismo apellido; cuando la mujer familiar tiene la menstruación no puede ir a la visita; si no tiene el mismo apellido del recluso, tampoco puede ir y por ello, hay familiares que se han quejado de que hay adolescentes que no los dejan ver a su papá porque no dejan entrar hombres a las visitas: el papá quiere ver a sus hijos y no se lo permiten.
Algunos nos comentan que hay “días de paquetería”, lo cual significa que no les permiten entregar los paquetes durante la visita sino en el día previsto para ello. Para muchos no coincide con la visita, entonces la persona tiene que volver, lo que provoca más gasto y se agudiza con la falta de dinero en efectivo.
Un informante refiere que “esta semana a las familiares (mujeres) que visitaron el Fénix les hicieron una requisa muy fuerte. Las desnudaron, las hicieron agacharse, les pedían que se abrieran los labios vaginales y les pegaban unas linternas para ver si ellas llevaban drogas o armas a sus familiares recluidos en ese centro”.
“¡Cuántos derechos violados! ¿No es suficiente estar preso?, se preguntan los familiares. ¿Es necesario que sufran tantos castigos?
¿Hasta cuándo meten gente?
Las Reglas Mandela No. 12 y 13 refieren a la densidad y distribución de la población reclusa en los espacios disponible e indican que:
“(…) cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupado por un solo recluso. Cuando se utilicen dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para relacionarse entre sí en esas condiciones.
Una vez más encontramos un enorme déficit en el cumplimiento de estas normas.
Se entiende como hacinamiento la acumulación o amontonamiento de personas en el sistema carcelario, considerado excesivo en relación con la capacidad máxima de los establecimientos penitenciarios. En todos los centros de reclusión de Lara hay denuncias sobre hacinamiento. El Pastor Orangel Peraza, quien trabaja con el ministerio responsable de este tema en la Iglesia de las Buenas Nuevas, en Barquisimeto, afirma que en una celda construida para 20 personas puede haber 50 ó 60 reclusos. Sostiene que en las comisarias de la Gobernación y la policía municipal del municipio Iribarren (Barquisimeto) las celdas son muy pequeñas, de alrededor de 4 x 6 metros, y que cada una tiene entre 12 y 14 personas.
El 9 de enero de 2018 el diario El Impulso, en su versión digital, reportó que según la organización “Una Ventana a la Libertad” en Lara hay 179 personas en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana y que, después del Distrito Capital, es la entidad federal con mayor número de reclusos en este tipo de centros entre MIranda, Carabobo, Falcón, Bolívar, Aragua, Portuguesa, Zulia, Cojedes, Táchira, Barinas, Nueva Esparta y Monagas: “El hacinamiento continúa y la crisis sigue igualita”, apunta.
Un familiar nos informa que en las comisarías “duermen en hamacas, en el piso, como sea”. Agrega que “el que no tiene familia está abandonado de todo y sólo le quedará Dios”.
“Me pregunto: ¿Cómo puede haber presos en la comisaria de la policía municipal, si es una policía preventiva? Los que están en comisarías y en la PTJ son procesados, no enjuiciados. El colapso está en los tribunales. El juez dice dónde va el privado de libertad, pero esa orden no se cumple. ¿Por qué el juez no hace seguimiento a su propia orden? El privado de libertad no tiene paz en toda su vida, aunque salga. En cada ocasión su prontuario lo persigue, hasta que muere”.
Beatriz Vento, representante del Observatorio de Prisiones, dijo a Transparencia Venezuela que las comisarias no son adecuadas para tener penados, y que deben estar separados los sentenciados de procesados. También deben estar divididos por tipos de delitos. “Los que no están imputados, los que tienen alguna discapacidad, están todos juntos”.
Por tanto, el hacinamiento no es sólo un asunto de números o de sobrepoblación, sino de justicia y protección a los detenidos. Así lo señalan las Reglas Mandela en su normativa No. 11:
“Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles”.
Continúa Beatriz Vento:
“En una comisaría nos han dicho que están conscientes de la inconveniencia de ingresar más personas, pero que si se los mandan, tienen que recibirlos. Les hemos comentado que hay responsabilidades en caso que algo ocurra, y que ellos pueden ser señalados por lo que allí pueda suceder, porque son custodios de esa población. Aunque dicen conocer ese riesgo, reiteran que no pueden negarse”.
El 27 de enero de este año, el mayor Wilmer Pifano, director de la Policía Municipal de Iribarren comentó para el diario “El Impulso” con gran preocupación: “Esto es un centro de prevención, donde los detenidos deben permanecer 72 horas, pero eso es en papel, la realidad es otra. En mi primera gestión se hacían traslados semanalmente, como debe ser…”.
También manifiesta que desconoce lo que está ocurriendo con los traslado, pues a pesar que ha enviado distintas comunicaciones al Ministerio Público y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, desde el año 2016 no se hacen efectivos los traslados.
La madre de un preso, a quien llaman ´una veterana´ por el tiempo que tiene ya su hijo en el “David Viloria” de Barquisimeto (mejor conocido como cárcel de Uribana), conversa con Transparencia.
“¿Qué pasa cuando una madre llega a un centro penitenciario? Una experiencia grande es cuando detienen a un joven y lo privan de libertad supuestamente por 45 días, que suelen convertirse en años. Mi hijo fue preso en 2007 y fue a Uribana a un recinto con pranes, luceros, había de todo y era peligroso, pero uno los podía ver los fines de semana y hablar con ellos todos los días. Le llevaba su comida semanal o compraban y uno cancelaba. Después de la intervención del penal en el año 2012, a raíz de una masacre en la que murieron 62 personas, todo cambió. Murió mucha gente, pero no se habla de la cantidad que quedaron con discapacidad, ciegos, mutilados o en sillas de ruedas y el Estado no los protege, ni se nombran, no hay estadísticas. Por la restructuración, ellos fueron trasladados a diferentes penales, y así el problema va de un sitio a otro. Sigue la misma rutina, pagando las causas, llevando comida, ropa, medicinas y el gran problema es los tribunales”.
No se abocan a los casos, difieren audiencias, pasan años procesados sin sentencia, la boleta no llega, el juez no se pronuncia. Ese es el caminar de todos los días. En el desespero porque no los atienden, acuden a un defensor público porque ya no hay dinero. Pierden casas, enseres del hogar, pagando el abogado y no se define nada. El muchacho desesperado asume los hechos creyendo que así logrará su libertad, pero queda como culpable.
La ´veterana´ sigue contando desde la experiencia de su hijo:
“El laberinto se hace más largo y pasan a depender del Ministerio Penitenciario. Intentan estudiar algo, tratan de trabajar, de hacer deporte, de firmar el libro de trabajo en el penal donde están para que cuando llegue el Plan Cayapa los tomen en consideración, pero no es así. Ahí lo que vale es lo que dice el equipo multidisciplinario, que no se fija sino en el delito y no ve si la persona ha estudiado, trabajado, si tiene un proyecto de vida. Siempre hay una excusa para no dejarlo volver al hogar y a su vida. En los penales ya no hay especialistas que los apoyen, no hay una preparación psicológica adecuada. No hay oportunidad y están condenados”.
Sin embargo, diversas organizaciones se dedican a apoyar a las personas privadas de libertad, como el mencionado Ministerio de la Iglesia Las Buenas Nuevas. El Pastor Peraza indicó que está trabajando con las comisarías porque los centros penitenciarios David Viloria y Fénix son herméticos y se les hace muy difícil entrar. Trabajan con comisarías ubicadas en el oeste, particularmente con las comisarías de La Carucieña, Los Cerrajones y Andrés Eloy Blanco. Las visitan una o dos veces al mes, llevan alimentos, jornadas médico-odontológicas, les cortan el cabello y llevan un mensaje de paz.
Este Ministerio de la Iglesia les ofrece a los presos un programa para que identifiquen el estado en el que se encuentran y revisen su espiritualidad. El Pastor señaló que a los reclusos les agrada su visita porque sienten que alguien los escucha y no son señalados.
Por último, Peraza hizo énfasis que en las comisarías hay oficiales de policía dispuestos a colaborar y que los contactan, que hacen un esfuerzo para facilitar la entrada de su ministerio a los centros de reclusión, porque la presencia de ellos apacigua a los privados de libertad.
“Tenemos hambre y ni siquiera podemos buscar en la basura”
La Regla Mandela No. 22 postula:
“Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.
Una vez más, se viola flagrantemente esta normativa relativa a los derechos de los reclusos.
Aunque las denuncias sobre la deficiente alimentación a los privados de libertad son de vieja data, la situación de escasez general de alimentos que sufre Venezuela ha afectado severamente la disponibilidad en los centros de reclusión. Al punto que ha llevado a que las familias, e incluso sectores organizados de las comunidades, a asumir parte de esta responsabilidad.
Al respecto, el Informe 2017 de “Una Ventana a la Libertad” señala: “El acceso a la alimentación de los reos está garantizada, de forma diaria y, en la mayoría de los casos la misma es suministrada por los familiares de los presos, quienes acuden las mañanas de los días pautados por los cuerpos de seguridad para hacer el denominado ´pase de comida´, que consiste en la entrega a policías de la comida envasada e identificada con los nombres de los presos. Cabe acotar que la alimentación por parte de los cuerpos de seguridad para los privados no existe.”
Un miembro de una organización de ayuda afirma: “En Semana Santa se hizo una donación de alimentos en una comisaría. Esa gente no sabe cuándo van a comer”.
Las comisarías no tienen la infraestructura porque son centros donde las personas no deberían pasar más de 48 horas. En los penales también pasan trabajo. Hay uno en el que están aislados de sus familias. A esos les dan una o dos comidas malas, pero a la mayoría los familiares les llevan la comida. Antes vendían en el penal, ahora no. Esto lo confirma el abogado Carlos Nieto Palma, el 09 de enero de 2018, cuando denunció para el diario El Impulso que Una Ventana a la Libertad ha monitoreado múltiples casos de presos con desnutrición: “En Venezuela los privados de libertad se están muriendo de hambre, porque estos cuerpos policiales no tienen sustento para darle comida a los reclusos, pues son lugares transitorios donde la gente debería estar solo 48 horas y no permanecer allí”. El abogado se refería a los presos en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana. En Lara hay 179 presos en estos recintos.
Una comisaría, ubicada en el oeste de Barquisimeto, suele ser muy receptiva con la labor de apoyo que reciben ocasionalmente de varias organizaciones. A partir de este trabajo, estas organizaciones detectaron que de 18 personas que están allí recluidas, 8 presos presentan desnutrición, para quienes lograron libertad por medida humanitaria. Uno de ellos estaba tan delicado en su cuadro de desnutrición, que se había desmayado por haber pasado varios días sin comer. Lograron llevar un equipo médico que los evaluó y encontraron que uno de los reclusos pesaba 38 kilos. Diariamente se les suministra el almuerzo a los 18 reclusos.
Los familiares denuncian la acelerada pérdida de peso de los presos, a pesar de los esfuerzos que ellos hacen en medio de la escasez que también afecta su medio familiar. La situación de los que no tienen familia es simplemente espantosa. Prácticamente comen de lo que otros presos les dan, de la caridad de algunos miembros de organizaciones y comunidades o, simplemente, no comen.
La gravedad de la situación se evidencia en tres casos fatales, señalados en el Informe 2016 del Observatorio de Prisiones , ocurridos en el estado Lara: Ada Yaquelinda Jiménez, Hernández, de 39 años, falleció en el Centro Penitenciario Fénix el 15 de abril de 2016 de un infarto asociado a denuncias de desnutrición y por exceso de ejercicios físicos exigidos en penal. José Luis González Rodríguez y Anderson José Giménez Torres, ambos de 21 años apenas, murieron en el Centro de Coordinación Policial de Fundalara y en la Comandancia de la Policía Municipal de Iribarren, respectivamente, por paro respiratorio, pero habían presentado previamente cuadros de deshidratación.
El Pastor Peraza afirmó que en la comisaría de Andrés Eloy Blanco, hace 45 días, falleció una persona que presentaba un cuadro de desnutrición crónica. También mencionó otro caso en que se encontró a un recluso tomando sol y ellos le llevaron comida. Cuando lo invitaron a acercarse para darle de comer, el recluso les dijo que no podía porque no tenía fuerza para caminar.
El caso más triste es las mujeres internas
La situación de las mujeres en los centros penitenciarios de Lara es muy grave. No es sólo el hambre, la falta de asistencia médica, el hacinamiento, que son problemas que también sufre el resto de la población reclusa del país.
Es, además, su alejamiento de la familia y, especialmente, de sus hijos. Sus particulares necesidades de privacidad e higiene, los requerimientos especiales de aquellas que están embarazada, las necesidades derivadas de su salud sexual y reproductiva, las condiciones necesarias para el amamantamiento, cuidado y / o visitas de sus hijos. Todas sin atención, se enfrentan a su situación de reclusión en las peores condiciones posibles.
Existen instrumentos específicos para el abordaje de estas situaciones, como Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (conocidas como Reglas de Bangkok). En ellas se insiste en múltiples medidas dirigidas a garantizar respeto, confidencialidad, privacidad y protección a la dignidad de las mujeres privadas de libertad, además de la garantía de todos los servicios que el Estado debe proveer.
Por otra parte, la Regla Mandela No. 20 sentencia que:
“ (… ) en los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después.
Además se plantean disposiciones especiales para niños que se haya decidido que permanezcan con sus madres, guardería, servicios especiales entre otros.
El sistema penitenciario de Lara niega terca y sostenidamente estas garantías a más de 300 internas del Centro Penitenciario Fénix y a las 29 recluidas en la comisaría de Fundalara.
La punzada del hambre perfora sus estómagos y les produce dolor, malestares y náuseas. La madre de una reclusa nos cuenta que su hija le dice que “el hambre duele”, y que a ella le duele igual porque muchas veces no tiene qué llevarle.
En una entrevista publicada por el diario La Prensa, elaborada por la periodista Jennifer Orozco, se asegura que no se están alimentando como deben. “Les dan una arepa sola a diario. Supuestamente les dan frutas y verduras, pero sólo por cucharadas. Como no han tenido visitas, no les hemos podido traer el almuerzo que comen una vez al mes”.
El ocio que se impone cada día, es otra pesada carga para ellas. “Decían que las sacaran de las celdas a pintar, a reparar algo, que les dieran materiales para hacer otro baño, lo que sea con tal de ocuparse”.
En esa misma entrevista pedían la sustitución de la directora del Centro Penitenciario Fénix por el supuesto trato inhumano que reciben las presas que allí están recluidas.
A un grupo de ellas le dicen “Las Rebeldes”, según relata un familiar para Transparencia Venezuela a quien llamaremos Yadira.
“Las llaman así, porque siempre protestan por las malas condiciones en las que están. Cuando lo hacen, el castigo es que las trasladan y las meten en las ´celdas de adaptación ´que en realidad son de castigo. No les permiten visitas ni por tanto insumos, toallas sanitarias, y comida. A veces cuando tienen la menstruación utilizan sus propias franelas como toallas sanitarias”.
Yadira, conmovida y molesta a la vez, continúa su relato del horror:
“El caso más triste son ellas. Cuando hay traslados y requisas las pelan. Les violan todos los derechos. Hasta les rapan el cabello. En el Fénix se ha visto que las han ´peloneado´, les han cortado su pelo a las muchachas“.
Las mujeres en las cárceles son las personas más maltratadas que hay. A “Las Rebeldes” las llevaron el año pasado, les pegaron, las castigaron, y una mamá dice que a su hija le han metido corriente. Se las llevan a San Juan de Los Morros o a Caracas y les dan un castigo que es aislarlas de sus familias. Luego las llevan otra vez al sitio original, pero a las celdas de castigo y sin visitas. Imagínese que hay unos familiares que hace casi un año que no ven a sus hijas porque van de celda en celda de castigo. Los martes les llevan sus cosas pero no las ven. Es horrible”.
En las requisas les quitan cigarrillos, ´chucherías´ y cualquier otra cosa que a juicio de la carcelera, esté prohibido en el penal y las obligan a hacer formación y “orden cerrado”. Las privadas de libertad de Lara tienen más de una cárcel.
No puede haber rehabilitación si la reclusión se convierte en un sitio de castigo y violación de derechos. El sistema penitenciario de Lara está en deuda con las personas privadas de libertad, sus familias y la sociedad larense. Dignificar los espacios, procesos, sistemas y modos de abordaje de las personas privadas de libertad, es fundamental porque constituye una forma de medición de la calidad de la democracia, de sus instituciones y de la efectividad del Estado para cumplir con sus obligaciones en esta materia.
“No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata
a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado
a los más marginados: sus presos”.
Nelson Mandela
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