Transparencia Venezuela, 30 de septiembre de 2026. La intensidad de los intercambios económicos y diplomáticos de Venezuela con China y Rusia fue decayendo al tiempo que se manifestaba la caída en la producción petrolera de Pdvsa, el incumplimiento de pagos de préstamos y el fracaso financiero de varios proyectos conjuntos, especialmente en las empresas mixtas petroleras y agrícolas, de armamento y camiones con Rusia; de equipos telefónicos, electrodomésticos y autobuses con China, entre otros.

Es así como a partir del año 2017 dejaron de fluir fondos estatales desde China y Rusia y las Comisiones de Alto Nivel con ambos países entran en un periodo de enfriamiento.
Pero, la imposición de sanciones financieras y petroleras sobre Venezuela, la pandemia del Covid-19 y la privatización encubierta de activos en sectores estratégicos venezolanos, reconfiguraron las relaciones de tal manera que a través de mecanismos distintos las autoridades de gobierno de los tres países mantuvieron la cooperación. Dos publicaciones de Transparencia Venezuela de 2025 reseñaron la cooperación financiera económica y productiva de Venezuela con China y Rusia desde 2022.

Los acontecimientos del 3 de enero de 2026 en Venezuela marcan un antes y un después en las relaciones con Rusia y China. El comercio de crudo y el estatus de las empresas petroleras de ambos países en Venezuela han sido tema de interés para los medios especializados en energía y aún más después del anuncio del convenio entre Washington y Caracas, en el que se otorga la concesión de 17 campos petroleros, y que presuntamente incluye yacimientos que están asignados a las petroleras China Concord Resources, China National Petroleum Corporation, Sinopec y a la rusa Petromost – Ruszarubezhneft. Según medios especializados Reuters y Bloomberg, justamente estas últimas empresas eran hasta enero las concesionarias de las mayores reservas de crudo.

Hasta 2025, Rusia y China mantenían el siguiente entramado empresarial:

Transparencia Venezuela, 25 de septiembre de 2026. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, la crisis entre Estados Unidos y Venezuela volvió a evidenciar la dimensión informativa de la relación de Caracas con Moscú, Pekín y Teherán.

En este informe se entiende por “alineación mediática” la convergencia sistemática de marcos narrativos, fuentes oficiales y amplificación cruzada entre plataformas estatales o alineadas con gobiernos aliados, con el fin de reforzar posiciones geopolíticas compartidas.

El último trimestre de 2025 mostró una convergencia discursiva clara entre Caracas, Moscú, Pekín y Teherán, aunque con distintos niveles de intensidad y compromiso. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, ninguno de sus aliados clave –Rusia, China, Irán–, reaccionó más que en el plano diplomático y la condena internacional, a pesar de que esas tres naciones han sido clave en las capacidades de defensa militar de Venezuela.

Informativamente, la alineación sí fue completa. En vez de “captura” se habló de “secuestro”. Se etiquetó a Maduro como “prisionero de guerra”, se exaltó “la violación del derecho internacional”, se calificó como “un cuento de hadas” las acusaciones sobre narcoterrorismo y se repitió que la oposición era una “aliada del imperio”. Un discurso que atravesó plataformas estatales como Venezolana de Televisión (VTV), y otras cercanas al aparato estatal como Agencia Venezuela News o La Iguana TV y se expandió a medios rusos, chinos e iraníes, como parte de una red identificada de 44 medios que configuran una operación de amplificación de alcance de narrativas.

Esa reacción inicial con marcos casi idénticos en enero fue mutando durante el primer semestre del año de la solidaridad militante a la gestión de daños: Rusia denunció que EEUU “expulsa” a sus empresas del petróleo venezolano, China blindó sus “intereses legítimos” mientras las redes chinas convertían el caso en plantilla para Taiwán, e Irán prácticamente desapareció del tema al entrar en su propia guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El giro pro-Washington del Gobierno de Delcy Rodríguez (restablecimiento de relaciones en marzo, apertura petrolera, sustitución del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y del canciller Yván Gil) no produjo una ruptura mediática visible: TeleSUR y VTV siguieron replicando/lavando contenido ruso y chino, mientras los funcionarios venezolanos defendían su “derecho soberano” a mantener lazos con los tres aliados en vez de repudiarlos.

Transparencia Venezuela 18 de septiembre de 2026.– Desde Transparencia Venezuela nos complace que el tribunal especial cuarto en funciones de Control de Caracas haya acordado el cierre de la causa contra Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, quien fue arbitrariamente sometido a un proceso judicial sin sustento legal con el único fin de criminalizar su labor en defensa de los derechos de los venezolanos, especialmente de la libertad de expresión.

Correa fue acusado injustamente y sin ningún fundamento legal de delitos muy graves como financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales, asociación, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

Espacio Público difundió la boleta de notificación del sobreseimiento firmada por la juez con competencia en casos asociados a terrorismo, Yuly Sierra Goyo, documento en el que se lee que “el hecho objeto del proceso no le puede ser atribuido…” al activista.

La medida se tomó a partir de la solicitud hecha ante el tribunal por fiscales del Ministerio Público, un organismo que ha sido parte esencial del aparato represor en Venezuela.

Transparencia Venezuela, 15 de septiembre de 2025. El movimiento ciudadano Quiero Elegir activó actividades en todo el país, creando espacios para que los ciudadanos expresaran su posición ante la necesidad de elecciones en Venezuela para impulsar la transición con la reconstrucción del Estado democrático, libre y transparente.

Durante la jornada se realizó, en 12 estados en simultaneo, una dinámica simbólica de elecciones en la que se invitó a los ciudadanos a escribir su deseo o petición electoral —como la elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), elecciones presidenciales y parlamentarias, cronograma electoral entre otras propuestas — “votos” que luego eran introducidos en una urna electoral de #QuieroElegir.

Transparencia Venezuela, 11 de septiembre de 2026. A más de dos meses de los devastadores terremotos del 24 de junio, saber cómo se ha ejecutado la ayuda humanitaria internacional que Venezuela ha recibido no es fácil. Por un lado, el sistema internacional de ayuda humanitaria no está diseñado para responder preguntas específicas sobre la trazabilidad de la asistencia comprometida por gobiernos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Y por el otro, está intacta la opacidad gubernamental, la misma impide tener datos claros y confiables de las consecuencias del desastre en La Guaira y otras regiones afectadas.

Se sabe que Estados Unidos ha dispuesto 386 millones de dólares y que el Financial Tracking Service de la ONU registra 330 millones de financiamiento humanitario a raíz de los terremotos, pero estos montos se solapan porque la ayuda estadounidense se conduce en gran medida a través de una serie de agencias de la ONU que también reportan la ayuda por su lado. De hecho, una parte de la asistencia humanitaria de Estados Unidos en este caso se canaliza por medio de Unicef, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Por esta razón se puede tener un registro incorrecto de los montos comprometidos. Y esto es solo una parte de lo que no está abierto a la veeduría ciudadana, sumado al hecho de que la desagregación de los gastos ejecutados de la ayuda es difícilmente trazable.

44% de ayuda sin destino conocido

La única forma de corroborar que la asistencia que proviene del exterior no sea desviada, retenida o mal distribuida es que las propias entidades internacionales que la envían dispongan de sistemas ágiles de monitoreo y de rendición de cuentas.

Hasta el 24 de agosto de 2026, La Guaira y el Distrito Capital concentraron 81% de las medidas de asistencia registradas con localización expresa de la ejecución prometida, y solo dos municipios —Vargas y Libertador— reúnen tres de cada cuatro. Pero del total de 201 acciones anunciadas— por el Gobierno Nacional, alcaldías, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y empresas —al menos en 44% de ellas no se indica hacia dónde se va la ayuda humanitaria.

El otro problema es el grado de ejecución. De las 43 medidas del Distrito Capital con estatus conocido, 27 —el 63%— seguían en ejecución y apenas 11 aparecen como cumplidas al momento de este análisis. Y al cruzar los datos de estatus de las medidas y los de cobertura territorial, la ayuda que se anunció sin indicar a dónde se llevaría tiene apenas 32% de ejecución. Aunque la ayuda destinada a resolver el grave problema de vivienda para los damnificados ocupa ahora el primer lugar entre las medidas de emergencia, con 48 anuncios, el registro revela que de las 47 que tienen estatus conocido solamente 9—el 19%— reportan ejecución.

Un registro que nadie está obligado a cumplir

Aunque en Ruta de la Ayuda se ha seguido la pista de los compromisos de asistencia humanitaria de 48 gobiernos, solo 21 de ellos han reportado su ayuda al FTS (Financial Tracking Service o FTS, en inglés) de Naciones Unidas. Hay nueve Estados donantes cuyos aportes no aparecieron en ninguna cobertura de prensa y que, sin embargo, están registrados en el sistema coordinado desde la OCHA. Otra dificultad para el monitoreo cívico es que la página del FTS dedicada a Venezuela no distingue claramente los datos de la ayuda para atender la tragedia por los terremotos, de la que ya forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria coordinado por la OCHA desde el año 2019.

Para el momento del lanzamiento de Ruta de la Ayuda, el 10 de julio, los aportes internacionales eran USD 694 millones, y al 25 de agosto el registro suma USD 1.344 millones en compromisos con cifra declarada: casi el doble en menos de dos meses.

El FTS de la OCHA se actualiza mensualmente, pero la ayuda se distribuye a diario. Una veeduría ciudadana eficaz para alertar sobre problemas de cobertura, tiempo de respuesta y ejecución transparente de los compromisos de asistencia humanitaria requiere de mecanismos expeditos para verificar cuánta ayuda se ejecuta, dónde y cuán oportuna ha sido.