De Estados Unidos a Cuba: la ruta de los aviones pagados por Venezuela para evadir sanciones
Desde 2023, el gobierno de Nicolás Maduro ha ampliado significativamente la capacidad de movilización del régimen cubano. Según fuentes del sector aeronáutico internacional y reportes de inteligencia estadounidense, el mandatario venezolano ha traspasado a Cuba al menos dos aeronaves en transacciones opacas
Transparencia Venezuela, 11 de junio 2025. Dos jets de lujo son los preferidos del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en sus viajes dentro y fuera de la isla. Valoradas en total, en más de 15 millones de dólares, esas aeronaves son usadas por el mandatario comunista en su agenda internacional.
Uno de los aviones, un Dassault Falcon 900EX con matrícula T7-77R, lo llevó en abril de este año a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Honduras. El otro, un Raytheon Hawker 800XPi, bajo siglas de registro YV-654T, fue el que usó para asistir a la toma de posesión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a fines de septiembre de 2024.
Ambas aeronaves coinciden en sus confortables condiciones y la gran autonomía de vuelo que tienen, también en la identidad de su verdadero propietario: el gobierno de Nicolás Maduro. Además, tienen en común la cadena de secretos que los sacaron fraudulentamente de Estados Unidos en 2023, los asignaron al Servicio Concentrado de Transporte Aéreo (SATA) de la vicepresidencia ejecutiva de Venezuela y finalmente los pusieron a las órdenes del gobierno de Cuba.
Según investigaciones judiciales y periodísticas, la flotilla de jets al servicio de la élite cubana se empezó a conformar desde la era de Hugo Chávez con la entrega de un Falcon 900X siglas YV-2053 que pertenecía a Pdvsa, una práctica que desde entonces ha estado envuelta en un manto de opacidad y maniobras financieras sospechosas.
Una flotilla compartida
Desde 2023 el gobierno de Nicolás Maduro ha ampliado significativamente la capacidad de movilización del régimen cubano. Según fuentes del sector aeronáutico internacional y reportes de inteligencia estadounidense, el traspaso a Cuba de las dos aeronaves no respondió a una transacción comercial transparente, sino a acuerdos bilaterales que no son públicos ni están sometidos a rendición de cuentas.
Con siglas aéreas de Venezuela, el Raytheon Hawker 800XPi YV-654T le ha permitido a Miguel Díaz-Canel, y a su comitiva oficial, moverse hasta ahora sin los inconvenientes de sanciones o embargos por parte de Estados Unidos, pues esa aeronave no fue adquirida por Pdvsa y de ese modo no está expuesta al seguimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto es, además, una ventaja para el mantenimiento y las reparaciones del avión fuera de Cuba.
Por el otro lado, el Dassault Falcon 900EX con siglas T7-77PR ni siquiera fue matriculado en Venezuela, sino que junto al resto de las más recientes adquisiciones de la flota ejecutiva del gobierno de Maduro se registró en San Marino, un país que ofrece altos niveles de confidencialidad y laxitud regulatoria para la aeronáutica civil.
Aeronaves adquiridas por Venezuela y cedidas a Cuba
A la sombra del T7-ESPRT
La lupa internacional sobre la flotilla de jets lujosos del gobierno de Maduro se posó sobre un Falcon 900EX con siglas T7-ESPRT. En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el decomiso del avión en República Dominicana. El comunicado oficial señaló lo siguiente:
«Personas afiliadas a Maduro presuntamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave Dassault Falcon 900EX (…). La aeronave fue luego exportada ilegalmente de Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023”.
Ese avión, con un precio de venta por encima de 13 millones de dólares, salió de Estados Unidos sin los debidos permisos y fue utilizado durante un año y medio por el gobierno venezolano para vuelos oficiales y estratégicos, incluyendo el traslado del propio Nicolás Maduro a países aliados en África y Asia. No estaba registrado como un avión con siglas de Venezuela, aunque operaba como parte de la flotilla del SATA.
Maniobras para esquivar sanciones
La matriculación de un avión en San Marino facilita que no sea de dominio público la identidad del propietario o verdadero beneficiario económico de su uso. El registro en ese país no implica una investigación previa para evitar que empresas constituidas en paraísos fiscales sean titulares y garantiza la flexibilidad para cambiar de operadores sin que puedan ser rastreados.
La razón detrás de este esquema, según fuentes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, es evadir controles de exportación y sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a funcionarios del gobierno venezolano.
Tal como ocurrió en el caso del Falcon T7-ESPRT, decomisado por autoridades estadounidenses en República Dominicana a principios de septiembre de 2024, las dos aeronaves cedidas a Cuba son de origen estadounidense y su compra probablemente siguió el mismo esquema de la operación encubierta develada en aquel caso. Ambos aparatos fueron adquiridos en 2023, por lo que estaban en vigor las restricciones y sanciones contra los más altos funcionarios del círculo de Maduro. El Estado venezolano no podía realizar la adquisición y tuvo que optar por la participación de intermediarios.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la venta del T7-ESPRT involucró a empresas ubicadas en Miami, Florida, y empresas de maletín en San Vicente y las Granadinas, con fondos transferidos desde Malasia. Este tipo de maniobra no solo es de uso común para ocultar el origen y destino final de las aeronaves, sino para desviar cualquier rastro formal que vincule la transacción con el gobierno sancionado que hace la compra.
Tomando en cuenta los registros públicos de los primeros movimientos de los dos jets de lujo cedidos a Cuba, su adquisición y salida de Estados Unidos también pudo haberse producido en abril de 2023, igual que el T7-ESPRT. Particularmente el T7-77R, al que primero fue asignado el registro YV-659T y se adjudicó al SATA, aparece por primera vez sin sus siglas estadounidenses originales en diciembre de 2023 volando desde Santiago de Cuba a Santo Domingo, República Dominicana. Cuando en ese avión llegó Díaz-Canel a Tegucigalpa, a la más reciente reunión de la Celac, en la cola del aparato de fabricación francesa ya estaba estampada la nueva matrícula de San Marino. Ese vuelo salió de Caracas el 8 de abril de 2025.
Y en los primeros días de abril, pero de 2023, el Hawker 800XPi de nueva matrícula YV-654T –previamente marcado con siglas de Estados Unidos N64XP– hacía su debut en el espacio aéreo venezolano procedente de Panamá, antes de ser dedicado exclusivamente a las rutas políticas del gobierno de Cuba. Díaz-Canel lo estrenó para ir con su comitiva oficial a Ciudad de México el pasado 29 de septiembre.
El uso de intermediarios
El modus operandi que se deduce del caso del Dassault Falcon venezolano decomisado en República Dominicana es una práctica que se repite. En 2024, Estados Unidos presentó cargos contra George Clemente Semerene Quintero, exjefe de logística de Pdvsa, y otros empresarios venezolanos y europeos, por la adquisición ilegal de repuestos de aviónica mediante sociedades en Costa Rica y España, en violación directa de las sanciones estadounidenses. Finalmente condenaron a Semerene a 30 meses de prisión.
Varios medios de periodismo de investigación concurren en la hipótesis de que el también venezolano José Vicente Amparan Cróquer pudiera estar involucrado en la intermediación para la compra de los jets de Maduro y Díaz-Canel. Amparan es uno de los señalados judicialmente por el caso Money Flight y hay varias causas en su contra en Estados Unidos y España por complicidad para el lavado de dinero de la corrupción venezolana.
Al mismo tiempo, se ha mencionado su nombre en relación con la empresa Six G Aviation LLC, basada en el sur de Florida, que pudo haber tenido parte en la negociación de una o varias de las aeronaves de la flotilla, según han revelado confidencialmente las fuentes oficiales de la investigación judicial sobre el Falcon T7-ESPRT.
El Falcon 900EX con siglas T7-ESPRT fue decomisado en 2024 por EE UU. EFE
Autoridades permisivas
De acuerdo con el portal de información aeronáutica internacional LAAS Data, son algo más de 200 los casos de aeronaves originalmente matriculadas en Estados Unidos que ahora poseen un registro en San Marino bajo total confidencialidad. Otro de los países que utilizan regularmente este esquema para evadir sanciones es Irán, que en abril de 2025 lo volvió a hacer con la ayuda de Indonesia al matricular en la pequeña república europea un avión de pasajeros Avro RJ100.
Pero San Marino no es el único paraíso para el registro aeronáutico. También Aruba, Islas Caimán, Liberia y Vanuatu ofrecen matriculaciones con supervisión mínima y un alto grado de confidencialidad.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han alertado sobre las transacciones fraudulentas para el uso de jets privados por parte de regímenes autoritarios para eludir sanciones, coordinar operaciones internacionales de inteligencia o transportar activos sin control aduanero.
Pero las dudas sobre los procesos burocráticos de certificación de la propiedad de aeronaves también han tenido lugar en el propio gobierno federal de Estados Unidos. La Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO) de ese país condujo una investigación de la que resultó la detección de debilidades en el modo como la Agencia Federal de Aviación controla el registro de aviones. “Para registrar aeronaves civiles en la Administración Federal de Aviación (FAA), los solicitantes pueden proporcionar información opaca sobre los propietarios efectivos –personas que en última instancia poseen y controlan la aeronave–, lo que da lugar a riesgos penales y de seguridad nacional por fraude y abuso en el registro de aeronaves. Además, la FAA confía generalmente en la autocertificación de la elegibilidad de los solicitantes de registro y no verifica la información clave”, concluyó en 2020 la GAO.
Una trama que no parece tener fin
Periodistas de investigación de Armando.info y el OCCRP han documentado cómo en Venezuela se ha adquirido flotas de aviones a través de operaciones que mezclan recursos públicos con acuerdos financieros no transparentes. Un caso emblemático fue la adquisición de ocho aviones chinos por más de 350 millones de dólares, cuya negociación estuvo llena de irregularidades y de una compleja red de transferencias de dinero de un país a otro.
El caso del Boeing 747 de Emtrasur, que en 2022 la iraní Mahan Air vendió clandestinamente a Venezuela, es otro antecedente clave para entender los mecanismos fraudulentos de negociación, exportación y registro de aeronaves para eludir sanciones internacionales.
Lo que emerge de estas revelaciones es una compleja red transnacional que no se limita a Caracas y La Habana. Operadores en Rusia, Irán, China, España, Malasia, Liberia, Aruba e Islas Caimán han sido mencionados como facilitadores secundarios o jurisdicciones permisivas en el proceso de adquisición y operación de aviones destinados al uso de la alianza Cuba-Venezuela.
Se sabe que los intermediarios, individuos o compañías, suelen operar desde paraísos regulatorios donde el acceso a registros societarios es limitado o nulo, lo que impide conocer a los verdaderos dueños de las aeronaves. Como advirtió la OFAC, estos vacíos son aprovechados por los engranajes de la Gran Corrupción y los regímenes autoritarios para mover activos estratégicos sin supervisión a escala internacional.
Maduro en Zulia
El 11 de junio, Nicolás Maduro llegó Maracaibo a la juramentación de Luis Caldera como el nuevo gobernador de la entidad en un avión T7-102X, otra aeronave de lujo con matrícula de San Marino, que habrían comprado con dinero público en sustitución del Falcón que confiscaron en República Dominicana. Para lujos de Maduro sí hay dinero.
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El fútbol venezolano entre un poderoso «ahijado» y varios padrinos
Jorge Giménez, un joven «delfín» muy cercano a Delcy Rodríguez y a negocios de Pdvsa y los CLAP, lleva las riendas de la Federación Venezuela de Fútbol que busca la inédita clasificación al Mundial masculino, en el contexto de una liga local poco competitiva y varios clubes apadrinados por figuras poderosas y también temibles
Transparencia Venezuela en el exilio, 25 de mayo de 2025. Una era geológica pareció terminar para el fútbol venezolano el 27 de mayo de 2015: en el ensoñador entorno de Zúrich, una redada de la policía local —a solicitud del FBI estadounidense— terminó con la espectacular detención de Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, en pleno congreso internacional de la FIFA en la ciudad suiza. Esquivel, que había estado en el cargo durante una eternidad deportiva de 28 años, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece preso en 2025: el escándalo de corrupción, que tuvo su origen en la Copa América organizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2007, terminó sin resultados conocidos en Venezuela, a pesar de que la fiscalía general encabezada entonces por Luisa Ortega Díaz ordenó congelar cuentas e incautar bienes del ex mandamás del balompié nacional.
Lo que entonces se desconocía es que la salida de Esquivel desembocaría en otra era en la que los límites entre la FVF —que en teoría debe ser un organismo políticamente independiente, según el mandato de la FIFA— y el gobierno de Venezuela son aún más difusos. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Federación desde 2021 es a su vez el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el vicepresidente de organización del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), mientras que Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación, es conocido por su estrecha relación con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y ministra de Petróleo.
«En enero de 2020, cuando apenas era accionista y directivo de un equipo de provincias, el Deportivo Lara, club con el que saltó a la esfera pública en 2016, fue pasajero de otro vuelo, este polémico: el del avión que hizo escala en el aeropuerto de Barajas, que sirve a Madrid, provocando así el incidente que la prensa española bautizó como el Delcygate», señala una semblanza del portal Armando Info que vincula a Giménez con negocios relacionados tanto con Pdvsa como con los alimentos CLAP.
En noviembre de 2023, el diario El Nacional de Caracas reseñó que Giménez debía 1.200 millones de dólares a la estatal petrolera por crudo comercializado entre el año 2022 y 2023. Las fuentes consultadas para esta investigación describen al directivo (de solo 37 años de edad para 2025) como una ficha importante del gobierno central. «Giménez apareció como un empresario nuevo que quería apostar por el fútbol local con el Deportivo Lara, y así es que comienzan todos, aparecen de la noche a la mañana, personas que tienen el soporte económico para tomar un equipo y comienzan a ser parte del fútbol con una experiencia ganada simplemente por tener ese soporte económico y el poder de la influencia en el sentido político, pero realmente no son conocidos del fútbol».
Desde 2021 la FVF es presidida por Jorge Giménez y Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Foto FVF
Giménez también quedó retratado en un expediente presentado por la Guardia Civil Española ante la Audiencia Nacional relacionado con el caso de Víctor De Aldama, un empresario español investigado por corrupción y crimen organizado. La investigación de las autoridades españolas también incluye al asesor del gobierno de Pedro Sánchez, el también empresario Koldo García, y al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien recibió a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020, pese a que la vicepresidenta no podía ingresar a territorio de la Unión Europea (UE) por estar sancionada.
«Te recuerdo que por mucho que conocieras a la jefa, ese negocio que hicimos fue porque lo puse yo encima de la mesa, tú conseguiste que se realizara», le escribió De Aldama un mensaje privado a Giménez, en alusión a Delcy Rodríguez, lo que nuevamente pone en entredicho la hipotética independencia de la FVF ante los gobiernos de turno. La relación entre De Aldama y Giménez se remonta al menos hasta 2019, cuando firmaron un convenio de colaboración entre el Zamora CF (un club español que actualmente milita en la tercera categoría del fútbol de ese país) y el citado Deportivo Lara.
La salida de Esquivel, entre tanto, no terminó con los escándalos de corrupción en la FVF. En 2022, FIFA anunció la inhabilitación de cinco exdirectivos, entre ellos Laureano González, que presidió la Federación en el intervalo entre Esquivel y Giménez. La FIFA informó que González fue encontrado culpable «de mala gestión de los fondos» de la FVF y del ente rector del fútbol mundial, «incluso mediante un sistema de facturación ficticio», y le castigó con una multa de 410.363 dólares. En enero de 2025 las sanciones se extendieron a Manuel Álvarez, exsecretario de la FVF, nuevamente por presunta corrupción. «La conducta de Álvarez permitió la apropiación indebida y mal uso» del dinero entregado por FIFA para proyectos de desarrollo del fútbol en Venezuela, indicó un comunicado sin ahondar en detalles. No se conocen públicamente diligencias de la fiscalía general de Tarek William Saab sobre estos nuevos escándalos.
Directivos de clubes con mucha influencia
Los comienzos de la liga de fútbol profesional de Venezuela se remontan a 1957, lo que la convierte en una de las instituciones deportivas más antiguas del país, al menos entre las tres disciplinas más populares (balompié, béisbol y baloncesto). Esto no la ha librado de problemas recurrentes: clubes de escasa solidez, que —con contadas excepciones— aparecen y se desvanecen en el transcurso de los años. Impagos de los sueldos de los jugadores y personal técnico. Cambios constantes de las condiciones y formatos del torneo. Escasa competitividad en torneos internacionales: en 2024, por ejemplo, cuatro equipos venezolanos apenas lograron 6% de los puntos posibles en las Copas Libertadores y Sudamericana. Y dependencia de caudillos políticos regionales o nacionales, que con frecuencia encuentran en el deporte una manera de lavarse la cara y también posibles negocios turbios.
La red de negocios de Jorge Giménez va mucho más allá del fútbol. Entre las empresas a las que ha estado vinculado se cuentan agropecuarias, constructoras y hasta una cadena de automercados constituida en diciembre de 2020 que cuenta con más de 12 sedes en el Área Metropolitana Caracas y que está registrada bajo el nombre de Loma Cadena de Tiendas, C.A, según las investigaciones de Transparencia Venezuela en el Exilio. Giménez aparece vinculado también a la empresa TZ Group Foundation, registrada en Panamá y a FVF Operaciones Globales SL, en España.
El patrón se repite en los equipos del fútbol profesional de Venezuela, por ejemplo, el Deportivo Táchira (campeón absoluto de la temporada 2024 y dueño de 11 coronas, solo detrás del Caracas FC). Su propietario jurídico, desde el año 2016, es el Grupo JHS, conglomerado empresarial dedicado a brindar servicios logísticos, aduaneros y al desarrollo de la producción alimentaria en el país. El hombre detrás del grupo desde el año 2013 es Jorge Alfredo Silva Cardona, exsargento de la Guardia Nacional Bolivariana y exfuncionario del Seniat, quien es relacionado nada menos que con los hermanos Diosdado y José David Cabello Rondón. El primero de ellos, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y jefe del temido aparato de represión del gobierno de Maduro. Silva también es conocido en redes sociales como el novio y luego esposo de una Miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez.
Silva Cardona es un exsargento de la GNB que trabajó como técnico en el Seniat. Foto @sthefanygutierrez1
Silva ha estado vinculado con decenas de empresas registradas en Venezuela, Panamá y Colombia. Estas compañías no solo se mantienen en el sector alimentario, de logística y aduanas, sino que se extienden al sector de energía y metalurgia.
De acuerdo a los datos encontrados por Transparencia Venezuela, Silva aparece vinculado a tres empresas vigentes en Panamá: Deportivo Táchira S.A; A&B Energía Internacional y A&B Ferrotrans Internacional S.A. Sobre esta última, en su página web indican que se dedican a la «compra, transporte, distribución y comercialización de minerales, los cuales son utilizados en procesos de sinterización, peletización y reducción a nivel mundial».
En el territorio venezolano registró empresas con nombres similares: A&B Energía C.A y A&B Ferrotrans C.A, a las que se suman A&B Oil and Gas, C.A y A&B Investments, C.A. Se trata de empresas creadas entre 2023 y 2024 que ya participan en proyectos de envergadura como la producción y exportación del mineral de hierro en Ciudad Piar, estado Bolívar y la creación de empresas mixtas para explotar campos de petróleo.
Otros equipos que aparecen vinculados a personalidades políticas son Estudiantes de Mérida y UCV Fútbol Club. El primero de ellos tiene como presidente y representante legal a Raúl Carreño, sobrino del diputado por el PSUV, Pedro Carreño. Raúl trabajó para el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional al menos hasta el año 2018, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Además, es secretario de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional de 2021- 2026. Su participación en los negocios va más allá, ha sido directivo de las empresas Aquatica Park, C.A, Representaciones Ahoy 17172011, C.A. Proyectos Industriales Constru Pro, C.A y Proyectos y Desarrollos Delta, C.A.
Raúl Carreño, presidente de Estudiantes de Mérida es secretario de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Fotos @raulcarre
En el caso del club profesional de fútbol de la UCV, que lleva ese nombre, pero en realidad carece de vinculación administrativa con las autoridades académicas de la Universidad Central de Venezuela, el vínculo es con Alexander Granko Arteaga, coronel (GNB) sancionado por Estados Unidos por presunta violación de derechos humanos y uno de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar más temidos en Venezuela.
Las muestras de la relación del coronel con el UCV-FC no son pocas. En la ficha del equipo en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela se asegura que la dueña de 33% de las acciones es Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira, quien es la esposa de Granko Arteaga y además ha conformado una estructura empresarial con su mamá y su hermana que se extiende desde el estado Carabobo hasta Estados Unidos. El restante 67% de las acciones está a nombre de Juan Manuel Useche Oropeza, vinculado con más de una decena de empresas de los sectores agroalimentario, construcción e importación y distribución de motocicletas.
El UCV-FC es además una de las organizaciones patrocinadas por llamado Team Espartanos Venezuela, presidido por el propio Granko Arteaga y emblema de la Dgcim. En 2024 se hizo propaganda electoral por Maduro en uno de los juegos del equipo que luce los colores ucevistas. Los escándalos se extendieron a la Copa Libertadores de 2025: la UCV jugó la fase preliminar contra Corinthians de Brasil y lució en su uniforme un símbolo de casco de gladiador romano que identifica tanto al Team Espartanos.
El UCV-FC es patrocinado por el Team Espartanos, distintivo de la Dgcim de Granko Arteaga. Fotos @ucvfcoficial y UNES Zulia
Un juego arreglado
Poner a figuras aliadas al poder ha sido un modus operandi del chavismo, que ha logrado controlar el sistema electoral no solo de toda Venezuela, sino también en las instituciones del deporte. Las elecciones de la FVF, por ejemplo, son indirectas: el presidente del organismo es elegido con votos de los clubes profesionales y las asociaciones de cada estado del país. «Adelantaron un año las elecciones y las realizaron de forma clandestina, sin avisar a nadie. Primero realizaron elecciones en las asociaciones, porque ahí comienza todo», explicaron fuentes consultadas. Sostienen que los presidentes de las asociaciones de fútbol son elegidos en secreto, con reuniones nocturnas de algunos clubes, excluyendo a otros. «Los demás no pueden actuar normalmente porque no se les informa. Ahí comienza la verdadera corrupción en el fútbol», añadieron estas fuentes.
«Usted será el primer presidente en llevar a Venezuela a un Mundial (adulto masculino de fútbol) en 2026», prometió Giménez al propio Nicolás Maduro en un evento celebrado en el Parque Naciones Unidas de Caracas, en diciembre de 2023, reportó el perfil de Armando Info. Giménez también vaticinó la reelección de Maduro en la elección de 2024 —que ciertamente se materializó de facto, por la vía de un presunto fraude, según veedores internacionales— y lo calificó como «padrino» de la Vinotinto.
Es cierto que, para mayo de 2025, Venezuela mantiene opciones matemáticas de ir al Mundial Norteamérica de 2026, gracias a un formato ampliado que permitirá la inédita clasificación de 48 países: con el séptimo puesto actual, la Vinotinto iría a una serie de repechaje por dos cupos mundialistas junto a equipos de Asia, África, Oceanía y Centro y Norteamérica. Pero lo cierto es que, hasta el sol de hoy, el país (actualmente en el puesto 47 del ránking internacional) es la única selección de Suramérica que jamás ha escuchado su Himno Nacional en un Mundial adulto masculino. Las hazañas y gritos de gol del fútbol venezolano tienen que ver más con individualidades aisladas que con un auténtico trabajo federativo y un torneo local cuya estructura sigue estando muy lejos de estándares competitivos y sostenibles.
Observador Parlamentario
Monitoreamos las actividades y el desempeño de la Asamblea Nacional así como de los 167 diputados electos para el periodo 2016-2020, impulsando los cambios y exigencias necesarias para generar mayor transparencia, efectividad y cambios institucionales que permitan proteger lo público contra los corruptos.
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