Transparencia Venezuela, 20 de agosto de 2026. Las organizaciones y personas defensoras y activistas de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento consideramos que el diálogo político facilitado por los Estados Unidos puede abrir una salida a la crisis venezolana si devuelve a la ciudadanía la posibilidad de participar, decidir y si contribuye a reconstruir instituciones capaces de respetar esa decisión.

Su valor no dependerá únicamente de alcanzar acuerdos, sino de que sus compromisos se traduzcan en cambios concretos y verificables que allanen el camino hacia la institucionalidad democrática.

La conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral son resultados concretos que pueden producirse en los próximos meses. No vemos razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre. Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible.

La Mesa de Negociación necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana. En una fase de estabilización, nuevas instituciones conformadas por personas idóneas y mediante mecanismos transparentes constituirían una señal concreta de que el diálogo puede generar cambios y abrir una ruta hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela. También permitirían comenzar a recuperar un activo que no puede subestimarse: la confianza de la ciudadanía. Después de años de promesas incumplidas, incertidumbre y frustraciones acumuladas, esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad; necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar.

Estos son asuntos que exigen una decisión política urgente que conecte con la difícil realidad de los venezolanos dentro y fuera del país. El sentimiento de frustración ha crecido de manera significativa en Venezuela frente a la situación actual y a la gestión del interinato. El tema electoral ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas. Postergar la renovación del CNE puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional.

Por el contrario, activar la agenda electoral junto con la anunciada renovación del TSJ, puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza tanto dentro de Venezuela como entre los actores internacionales que acompañan este proceso.

Venezuela lleva casi tres décadas esperando un cambio y atravesando penurias que continúan afectando la vida cotidiana de millones de personas. La sociedad venezolana ha demostrado paciencia, convicción de cambio y apuesta por la institucionalidad. Exigir un cambio democrático y una ruta clara y oportuna para alcanzarlo no es ser maximalistas: es responder a una demanda legítima y urgente de los venezolanos.

Reconstruir el país también significa reconstruir la democracia

Después de la tragedia venezolana, será necesario reconstruir infraestructura, servicios e instituciones, pero también reconstruir la relación entre ciudadanía, instituciones y poder.

Ambas tareas requieren participación, transparencia y rendición de cuentas. Por eso, la transición no puede limitarse a organizar una elección: debe crear las condiciones para que los ciudadanos puedan participar, competir, informarse, organizarse y ejercer sus derechos sin miedo.

Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección. Continúa hasta que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024, sea materializada a través de un nuevo proceso electoral que conduzca a la reinstitucionalización democrática, al ejercicio de las libertades y el respeto de los derechos humanos. No es posible hablar de transición democrática mientras organizarse, protestar, informar, defender derechos o participar políticamente siga teniendo costos represivos.

Unas elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales, libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro. Siempre hemos apoyado el diálogo y las soluciones pacíficas; precisamente por ello creemos que la negociación debe conducir a una salida que permita a los venezolanos volver a elegir.

Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2026. Lograr que un tribunal venezolano cierre una investigación por sobreseimiento es una práctica a la que están recurriendo algunos poderosos que son señalados en casos de gran corrupción, que tienen su origen en Venezuela y generalmente en la petrolera Pdvsa. Son dictámenes que luego sirven para argumentar su inocencia en sistemas de justicia, como por ejemplo en España, porque no se habría comprobado el origen ilícito de sus fortunas, es decir, no habría delito precedente.

La justicia se representa como una mujer con los ojos vendados para simbolizar su imparcialidad. Pero aún en 2026, hay fallos recientes que dejan dudas. Uno de esos es la decisión a favor de familiares y aliados de Francisco Convit Guruceaga, a los que el Ministerio Público venezolano señaló por sus negocios presuntamente turbios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El pasado 14 de mayo la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada sobreseyó el proceso seguido contra Ana Graciela Convit Guruceaga, por “atipicidad objetiva absoluta”, según se lee en parte del fallo redactado por el juez Rafael Osío, que publicó en sus redes sociales el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Es decir, la Sala de la Corte de Apelaciones consideró que los hechos imputados a Ana Graciela Convit Guruceaga— hermana de uno de los “bolichicos”, Francisco Convit Guruceaga, directivo de la empresa Derwick y socio de Alejandro Betancourt López— no constituían delito, aunque no explica el por qué. A pesar de que el contenido íntegro del fallo no ha sido difundido, fuentes judiciales confirmaron que el caso cerrado estaba relacionado con la trama Pdvsa-Cripto, en la que funcionarios y empresarios comercializaron crudo venezolano, pero el dinero jamás ingresó a las cuentas de Pdvsa.

Semanas después, la defensa de los Convit solicitó a la misma sala que el sobreseimiento fuera extendido a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Mario Iliopoulos. El tribunal de apelaciones atendió a la petición, según los documentos difundidos por Mundaray.

Las consecuencias

Las sentencias le habrían costado al juez Rafael Osio su detención por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de acuerdo con lo informado por medio El Pitazo.

Fuentes judiciales confirmaron a Transparencia Venezuela que, además del ponente del caso, fueron detenidos el magistrado Orlando Carvajal, el otro miembro de la Corte de Apelaciones que votó a favor de los dictámenes, así como el abogado Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Carmen Marisela Castro.

El defensor del clan Convit y exfiscal del Ministerio Público, Daniel Hernández Sarmiento, también habría sido detenido. “Esta es la segunda vez que termina preso por esta gente”, precisó uno de los informantes, quien recordó que, a finales de 2025, el profesional del derecho terminó tras las rejas como sospechoso de haber realizado los pagos a los funcionarios del Sebin que facilitaron la evasión de Francisco Convit desde El Helicoide.

Por su parte, el magistrado Heriberto Antonio Peña fue removido de su cargo, a pesar de haber salvado su voto. Peña también estuvo en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) en tiempos de Joselit Ramírez, detenido por el mismo caso Pdvsa-Cripto, y es suplente de la Sala Penal del TSJ.

Se desconoce si han sido presentados ante algún tribunal.

¿Se anulará el sobreseimiento?

Los vicios detectados en el caso del clan Convit saltan a la vista.

La primera anomalía se detecta al leer el primer párrafo del fallo número 338-26, que Mundaray publicó parcialmente, y en el cual se lee que el poder utilizado por el abogado de Ana Graciela Convit, Daniel Hernández Sarmiento, proviene de una “Notaría Pública de Florida, Estados Unidos”; es decir que la imputada no se encuentra en Venezuela y, por lo tanto, no está a derecho.

En virtud de esta situación, la Corte de Apelaciones ha debido desechar la petición de Hernández Sarmiento, quien por cierto fue fiscal del Ministerio Público, tal y como hizo en un primer momento el tribunal de primera instancia que recibió primero la petición.

¿La razón? En Venezuela los juicios en ausencia están proscritos, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso”. Esa norma ha servido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para construir a lo largo de estos cinco lustros una jurisprudencia, según la cual los acusados e imputados deben comparecer ante los tribunales para ejercer sus derechos y no pueden delegar su representación en sus abogados, si no acuden personalmente sus procesos se paralizan automáticamente.

En Venezuela no está en absoluto permitido el enjuiciamiento en ausencia, todo proceso penal se suspende “cuando el imputado o acusado evada la estadía a derecho”, declaró la Sala Constitucional número 710 de julio de 2010.

Y tres años después el TSJ reiteró ese criterio, en su sentencia número 1091 de 2013, en la cual advirtió que ante la ausencia de los imputados o acusados los procesos penales se paralizan, “razón por la cual los jueces están impedidos para resolver o decidir peticiones de las partes”.

Esta fue la razón por la que el juez de la Corte de Apelaciones Heriberto Antonio Peña salvó su voto. ¿Entonces porque lo destituyeron?

A espaldas de los fiscales y de los venezolanos

Las decisiones que cerraron las causas abiertas contra los cinco imputados se adoptaron de oficio, de acuerdo con lo que se desprende de los extractos que han salido a la luz; es decir que los fiscales del Ministerio Público no fueron convocados a una audiencia oral y pública donde pudieran exponer sus argumentos en contra.

Asimismo, el contenido de los dictámenes no ha sido publicado en el sitio web del Poder Judicial, tal y como constató Transparencia Venezuela, pese a que han transcurrido meses desde el primer fallo.

Sobre el clan Convit

Francisco Convit Guruceaga, empresario venezolano, está vinculado a Derwick Associates, compañía que recibió miles de millones de dólares en contratos del Estado para mejorar el sistema eléctrico durante la crisis de 2009, varios de los proyectos jamás se ejecutaron. Es fugitivo de Estados Unidos por el caso Money Flight, en el que otros señalados se declararon culpables. Hace un año, el 25 de agosto, se escapó del Sebin en Caracas.

Ana Graciela Convit Guruceaga es su hermana.

Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. A menos de dos meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, la plataforma de veeduría ciudadana Ruta de la Ayuda (rutadeayuda.org), de Transparencia Venezuela, documenta 147 compromisos de ayuda humanitaria desde el exterior por más de USD1.300 millones provenientes de 65 países y 72 organizaciones internacionales, 21 empresas y 10 individuos.