Comisión permanente de Pueblos Indígenas
Encargada del estudio y desarrollo de la legislación concerniente a los pueblos indígenas, la protección de los derechos, garantías y deberes que la Constitución de la República y las leyes les reconocen, y la promoción y organización de la participación en el ámbito de su competencia.
Noticias de la comisión
Las millonarias adendas con Etesa que beneficiaron a Iverco, Neminca y Carretero
Fachada de la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá (ETESA) La Prensa
Los contratos millonarios de Etesa con dos empresas, sus sucesivas adendas y los vínculos entre sus representantes legales y antiguos funcionarios de la estatal dibujan un entramado de relaciones que va mucho más allá de la contratación pública.
*Transparencia Venezuela en solidaridad con el periodista Rolando Rodríguez, su familia y el diario La Prensa, se suma a la iniciativa de 33 medios de comunicación y organizaciones de más de 15 países que han decidido replicar y difundir la investigación en la que trabajaba este destacado comunicador cuando su residencia, en la ciudad de Panamá, fue objeto de un atentado con explosivos la madrugada del sábado 14 de noviembre, lo que puso en riesgo la vida de su esposa, Nadia.
Reiteramos nuestro rechazo al atentado y nuestro respaldo a la labor de Rolando Rodríguez.
Rolando Rodríguez B.
[email protected]
Transparencia Venezuela, 17 de noviembre de 2026. Detrás de cientos de millones de dólares en contratos con la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), hay sociedades, consorcios, abogados y empresarios cuyos vínculos se entrecruzan en una trama que también alcanza a un antiguo funcionario de la entidad.
Dos empresas -una venezolana y otra panameña- han visto crecer sus contratos mediante adendas que elevaron sustancialmente las cifras originales. Pero, más allá del dinero, hay una red de relaciones que incluye a Roberto Carretero, el empresario incluido en 2025 en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; al abogado Líctor Reyna, y al también jurista Ewaldo Pitti, antiguo socio de Reyna y director de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025.
Ambos, además, tienen algo en común: han sido llamados con el título de Gran Maestro de la Gran Logia de Panamá.
Pero sus relaciones en la masonería se cruzan con los lazos que tejieron en corporaciones panameñas. Un cliente ha acaparado atención, especialmente de Lictor Reyna. Se trata de una sociedad que ha resultado clave para Roberto Carretero. Una que supuestamente ha pasado por varios dueños… y un solo abogado: Líctor Reyna. Se trata de Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), que, en consorcios con la empresa venezolana Neminca, mantiene varios importantes contratos con la estatal Etesa.
Cientos de millones
Lo que manejan estas dos empresas en Etesa no es insignificante. Son contrataciones que quitan la respiración.
Por ejemplo, está el contrato GG-077-2022, adjudicado en 2022 al Consorcio Panamá II –integrado por Iverco y Neminca– para aumentar la capacidad de una línea de transmisión eléctrica, proyecto conocido como Línea de Transmisión II (Veladero – San Bartolo – Llano Sánchez – El Coco – Panamá II).
El contrato original de Etesa con Iverco y Neminca era de 35.9 millones de dólares, pero Etesa le sumó tres modificaciones contractuales que cuadruplicaron el monto original de la inversión.
La primera, aprobada por la Contraloría General de la República en octubre de 2024, fue de 8.8 millones de dólares. La segunda, refrendada por la mencionada institución en noviembre de 2025, fue de 14.9 millones de dólares. Y la tercera, refrendada en mayo de este año, fue de 95 millones de dólares.
Las dos últimas adendas fueron por trabajos adicionales. Y así, este contrato pasó de 35.9 millones a 154.6 millones de dólares, es decir, 118.7 millones de dólares de diferencia o un aumento del 331% sobre el monto original.
Las tres modificaciones a este contrato fueron aprobadas bajo la actual administración del presidente panameño, José Raúl Mulino, de la que depende Etesa.
Contratos adjudicados por Etesa a consorcios integrados por Iverco y Neminca.
Un año después, nuevamente ambas empresas –Iverco y Neminca– obtuvieron de Etesa un segundo contrato –el número GG-037-2023–, a través del Consorcio LT1 Veladero-Panamá. Esta contratación era para aumentar la capacidad, el suministro, el montaje y la modernización de la línea de transmisión de alta tensión de 230 kV, que recorre e interconecta subestaciones del interior del país hasta la provincia de Panamá.
Originalmente, el contrato era de 96.8 millones de dólares, pero –al igual que el contrato anterior– se le sumaron dos modificaciones. La primera, de 20.2 millones de dólares, aprobada por la Contraloría en vísperas de la Navidad de 2024, y la segunda, de 56 millones de dólares, refrendada en noviembre de 2025. Así, este contrato, que empezó en 96.8 millones, terminó en 173 millones de dólares, un aumento de 76.2 millones o del 79%.
Y, una vez más, ambas adendas fueron refrendadas bajo la actual administración de Mulino.
Hay un tercer contrato, adjudicado a otro consorcio, también integrado por Iverco y Neminca. Se trata del GG-019-2025, por 99.2 millones de dólares, refrendado el 1 de agosto de 2025 –sin adendas por el momento– y adjudicado por Etesa. Y, una vez más, en la presidencia de Mulino.
Si se miran estas modificaciones contractuales por periodo gubernamental, 29 millones de dólares se aprobaron bajo la gestión del anterior contralor, Gerardo Solís, y el resto –166 millones de dólares– bajo la gestión del actual contralor, Anel Flores.
En resumen, Iverco y Neminca tienen contratos con Etesa que originalmente sumaban 231.9 millones de dólares. Pero, tras las generosas adendas, se sumaron otros 194.9 millones de dólares, un aumento del 84% respecto a la inversión global primaria. Es decir, en esos contratos, Iverco y Neminca manejan, en total, 426.8 millones de dólares. Y en ambas empresas, el abogado Líctor Reyna es el agente residente, mientras que Pitti –su exsocio y hermano en la masonería– era el abogado de Etesa.
Tanto poder podía acumular Pitti en Etesa que, de hecho, el gerente de esta empresa estatal, Roy Morales, le concedió en mayo de 2025 –y por una semana– poder para “firmar todos los documentos que sean necesarios dentro de los procesos de selección de contratista y procedimientos excepcionales de contratación o cualquier otra modalidad de contratación contenida en las leyes, así como también los contratos, adendas y órdenes de compra”. Sí… contratos y adendas.
Los ‘dueños’ de Iverco
¿De quién es Iverco?
En la entrega anterior (titulada “Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos”), vimos dos nombres que se disputaban la propiedad de la empresa: José del Carmen Ureña González y Roberto Carretero. En indagatorias rendidas por Carretero al Ministerio Público –en un caso en el que el empresario fue procesado tras venderle instrumentos musicales al gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014)–, confesó que Iverco y otras 12 empresas que participaron en la venta al PAN le pertenecían a él.
En 2022, menos de dos años después de asegurar que era el propietario de Iverco, José del Carmen Ureña González presentó una nota a Etesa –bajo juramento– en la que aseguraba que él era el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco.
La Prensa solicitó aclarar esta situación a Roberto Carretero, pero no respondió un cuestionario que se le envió la semana pasada. Contestó su abogada, Marcela Araúz, para advertir que el medio no podía usar lo que su cliente dijo para defenderse de las acusaciones en los procesos en los que había sido investigado.
Pero resulta que Iverco llegó a tener, incluso otro supuesto dueño mientras Carretero aseguraba que también era su dueño.
Iverco, Medicpro y World Brands: cronología de directivas y agentes residentes.
En los papeles que presentó Iverco en una licitación en 2018 (la número 2018-0-03-0-06-LV-029844), a la que concurrió en consorcio con la empresa Pinellas, S.A., José del Carmen Ureña González indicó que el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco no era él, sino Ismael Gutiérrez. Ureña actuaba entonces como representante legal de Iverco y no en calidad de dueño, como aseguró serlo bajo juramento años después, en 2022.
En 2015, otro presidente de Iverco –Luis Petrou Santos– presentó una carta al Ministerio de Educación en otro proceso de licitación –el número 2015-2-03-0-08-LV-004569– en la que aseguraba que el beneficiario final de Iverco era también Gutiérrez.
Ese mismo año, en una carta dirigida al estatal Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Capital Bank emitió una carta de referencia a favor de Iverco en la que el entonces gerente de Banca Comercial, Eduardo Cano, comunicó que “Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco)… forma parte de un grupo económico muy apreciado del Banco desde el mes de septiembre de 2011”.
Nota de Inversionistas de Construcción, S.A. en la que consta el nombre de Ismael Gutiérrez como beneficiario final del 100% de las acciones.
De ese grupo supuestamente sería parte Ismael Gutiérrez, aunque para entonces Iverco era propiedad de Roberto Carretero, quien, a diferencia de Gutiérrez, sí formaba parte de un grupo económico: Los Carretero.
Negocio poético
A pesar de los problemas legales que tenían las sociedades de Roberto Carretero por su intervención en el sonado caso del PAN, este se las arregló para seguir con sus ventas al Gobierno, tanto durante la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) como durante la de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Una de esas empresas con problemas logró ser beneficiada con una compra directa a inicios del gobierno de Cortizo. La empresa fue Eco Caribe, S.A., propiedad de Carretero. El 18 de octubre de 2019, a solo cuatro meses de haber tomado posesión, los ministros del Consejo Económico Nacional (CENA) le dieron el visto bueno para que la empresa firmara con el Ministerio de la Presidencia –por entonces a cargo del vicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo– un contrato directo para comprarle 9,861 bicicletas que serían repartidas por distintas juntas comunales en la Navidad de ese año.
El dinero –989 mil 845 dólares– salió del Fondo de Obras de Interés Social del Ministerio de la Presidencia. El negocio con Carretero estaba fundamentado en un informe que, más que técnico, era poético: “El beneficio fundamental y principal de que un niño utilice su bicicleta para disfrutar del mundo que le rodea fuera de casa, para exprimir [sic] la ciudad, el campo, los árboles y todo el universo más allá de la zona de confort”.
Extracto del informe del Ministerio de la Presidencia, a favor de adquirir bicicletas a Eco Caribe, S.A.
El romanticismo en el que se basó la compra tenía, empero, un componente nada tierno. Según ese informe, una de las razones para contratar a Eco Caribe era que, entre las tres empresas que presentaron ofertas, la de Carretero tenía el precio más bajo.
Lo que no dice el informe es que Carretero no ofertó una vez, sino dos: una, a través de Eco Caribe, y la segunda, a través de Medicpro, Inc., una sociedad vinculada a su grupo societario, según él mismo admitió. No puso el mismo precio: participó con otra de sus empresas solo para simular un concurso. Como se dijo: Ni un gramo de ternura.
Entre 2002 y 2011, esta sociedad tuvo como secretario a Roberto Carretero, mientras que su primo, Félix Falabella Napolitano, fue su presidente. Luis Petrou Santos –el que fue presidente de Iverco– hizo trámites relativos a esta empresa en el Registro Público, mientras que su agente residente –una vez más– es Reyna Abogados, que se negó a responder un cuestionario que este medio le envió la semana pasada.
Esta historia no ha terminado…
Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos
Fachada de Sky Business
Transparencia Venezuela en solidaridad con el periodista Rolando Rodríguez, su familia y el diario La Prensa, se suma a la iniciativa de 33 medios de comunicación y organizaciones de más de 15 países que han decidido replicar y difundir la investigación en la que trabajaba este destacado comunicador cuando su residencia, en la ciudad de Panamá, fue objeto de un atentado con explosivos la madrugada del sábado 14 de noviembre, lo que puso en riesgo la vida de su esposa, Nadia.
Reiteramos nuestro rechazo al atentado y nuestro respaldo a la labor de Rolando Rodríguez.
Transparencia Venezuela, 16 de noviembre de 2026.
Por: Rolando Rodríguez (La Prensa)
¿Qué tienen en común la construcción y modernización de torres y líneas de electricidad con la venta de instrumentos musicales al Estado? A primera vista nada. Pero detrás de ambos negocios están los mismos personajes, algunos de los cuales tienen un oscuro pasado. Y ahora están de vuelta, detrás de contratos que representan cientos de millones de dólares.
Para entender la complejidad de esta historia hay que retroceder hasta la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando un puñado de empresas recibía contratos de todo tipo del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN) y cuando empezaba a investigarse en Brasil la célebre Operación Lava Jato , que en Panamá derivó en el “caso Odebrecht”.
En ambos procesos apareció, Roberto Carretero Napolitano, uno de los tres hermanos panameños que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton el año pasado. Los otros dos son Ramón y Vicente Carretero Napolitano. En el caso Odebrecht, Roberto Carretero –y su hermano Ramón– fue investigados por el Ministerio Público por su rol en la sociedad Jiu Shun International Co. Ltd., constituida en Islas Vírgenes Británicas.
Confesión 1
Aunque ambos aparecían como dueños de Jiu Shun, en el año 2008 Roberto Carretero cedió a su hermano –y socio– sus acciones de la offshore, mediante un contrato que tramitó el abogado Lictor Reyna, quien la había constituido en 2005.
A las cuentas bancarias de Jiu Shun arribaron millones de dólares de sociedades de cartón pertenecientes a la Caja 2 de Odebrecht, poseedora de una intrincada red de empresas fantasmas –nacionales y extranjeras– usadas para pagar coimas a funcionarios locales y extranjeros.
En septiembre de 2020, el Ministerio Público le formuló cargos a Roberto y Ramón Carretero, y en octubre de ese año, según la vista fiscal del caso, ambos tuvieron oportunidad de hacer sus descargos. Roberto, ante los fiscales del caso, se declaró inocente de lavado de activos y eventualmente obtuvo un sobreseimiento provisional solicitado por los propios fiscales.
Pero durante su indagatoria, Roberto Carretero confesó hechos que hoy revisten importancia. Afirmó que él era propietario de otras sociedades, según plasma la vista fiscal del caso Odebrecht, elaborada el 9 de abril de 2021. Específicamente, señaló como suyas las sociedades “Inversionista La Construcción” (cuyo nombre real es Inversionistas de Construcción, S.A.) y World Brands International.
Confesión 2
Ahora hay que revisar el otro caso, en el que también fue acusado Roberto Carretero: la venta de instrumentos musicales al PAN, destinados a escuelas del Ministerio de Educación (Meduca). En este caso, Carretero, tras un proceso judicial de varios años, fue sobreseído por los tribunales de justicia.
El PAN –bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli (q.e.p.d.) en el gobierno de Martinelli– invitó a 13 empresas a participar en la compra de instrumentos musicales para las bandas colegiales. Todas las empresas invitadas resultaron ser de un solo dueño: Roberto Carretero, quien lo admitió cuando le pusieron las pruebas enfrente. Sí, todas eran de él: Knight, Corp., Suministros del Pacífico, Corp., Proveedora General de Abastos, S.A., Proyectos Ideales, S.A., Importaciones Generales del Istmo, S.A., Eco Caribe, S.A., Global Spec, Corp., Inversiones de Construcción, S.A., Digimart International, Corp., Pan American Construction, Corp., Cloney Trading, Inc., Nulato Commercial, Inc. y Country Max, S.A. Lo admitió a los fiscales, pero dijo que no cometió delito alguno.
Nótese que entre esas sociedades estaba –una vez más– Inversionistas de Construcción, S.A., aunque, como en el caso anterior, su nombre estaba mal escrito. Dato relevante: 10 de esas sociedades eran clientes de los abogados –hoy exsocios– Lictor Reyna y Ewaldo Pitti o de sus bufetes Reyna Abogados o Reyna Pitti & Gordillo. Pitti, aunque ya no es parte de estas firmas, sigue en contacto con Reyna a través de fraternidades masónicas de las que ambos son miembros, aunque niega cualquier relación profesional con Reyna desde hace, al menos, 10 años.
Ewaldo Pitti (Izq.) y Líctor Reyna (Der.)
Según Pitti, “las relaciones profesionales pasadas no constituyen, por sí solas, fundamento para atribuir influencia en una adjudicación [de contratos con Etesa [la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.] ni para explicar las decisiones adoptadas por personas distintas a mí”.
Los instrumentos musicales que proporcionó Carretero, por cierto, eran de fabricación china, que peritos del Meduca calificaron de pésima calidad.
Exsocio… y ‘hermano’
El abogado Pitti no se alejó mucho de sus antiguos clientes. Trabajó un año en la estatal Etesa, donde fue director de Asesoría Legal desde julio de 2024 hasta julio de 2025. Bajo el actual gobierno de José Raúl Mulino, Etesa mudó su sede a la avenida Balboa, al P.H. Sky Business Center, perteneciente a Sky Business Center Group, Corp., una sociedad presidida por Vicente Carretero hasta diciembre pasado, cuando renunció, tras ser incluido por Estados Unidos en la Lista Clinton, junto con sus hermanos Ramón y Roberto.
El nombramiento de Pitti en ese cargo no era poca cosa. Siendo director de Legal en Etesa, tendría opinión sobre el manejo y la administración de contratos multimillonarios con la sociedad Inversionistas de Construcción (Iverco) –la que le vendía instrumentos musicales al PAN– y su socia Neminca. Ambas empresas tienen como agente residente al bufete de Lictor Reyna, su antiguo socio.
Captura de la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá.
Neminca es una empresa venezolana, subcontratista de obras en hoteles en Venezuela en los que intervino Landscape Vision Corporation (Lanvicorp), empresa de Ramón Carretero, contratada por el gobierno del expresidente Nicolás Maduro. Pero Pitti también llegó a constituir sociedades que están en manos de Roberto Carretero, como Proveedora General de Abastos y Digimart International, ambas mencionadas en el proceso judicial del caso PAN y que este empresario reconoció como suyas.
Y en Etesa, Pitti ocupó un cargo estratégico para una de sus contratistas más importantes: Iverco, precisamente, la misma que Roberto Carretero reconoció como suya en los juicios de Odebrecht y el PAN. Pero también aclaró que las adendas, “dependiendo de la cuantía y naturaleza de la modificación contractual, requieren [para su aprobación] la intervención de otras instancias, como el Consejo Económico Nacional (CENA), además del refrendo de la Contraloría General de la República. Incluso, los traslados de partidas presupuestarias relacionados con estos compromisos fueron sometidos a consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional”.
Lo que no cuadra
Pero hay algo que no encaja en Iverco. Fue constituida en 2009 por Reyna y Rubén Gordillo, socios en el bufete Reyna, Pitti & Gordillo. En 2012, cambió de agente residente, rol que asumió el abogado Danilo Caballero. En 2014 fue nombrado un nuevo presidente: Luis Petrou Santos, pero en 2017 este renunció. Lo reemplazó José del Carmen Ureña González, mientras se mantenían en sus cargos Myriam D’amill (secretaria) y Rubén Gordillo (tesorero).
En agosto de 2022, Ureña, además de presidente, pasó a ocupar los cargos de secretario y tesorero –que ostenta hasta ahora–, mientras Lictor Reyna aparecía junto a su firma como uno de los que inscribió el documento en el Registro Público. Meses después, en enero de 2023, entraron nuevos directores a la sociedad –empleados de Reyna Abogados– y, al mismo tiempo, su firma fue designada agente residente de Iverco. Lo que no encaja es que, en 2020, Roberto Carretero afirmara a los fiscales que Iverco le pertenecía, mientras que Ureña, en una nota con su firma –fechada el 16 de mayo de 2022 y entregada a Etesa como parte de un proceso de licitación–, afirmaba que Iverco también era suya.
Ureña aseguró –bajo juramento– que él es el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco. Es decir, Iverco, según esa declaración jurada, tiene un solo dueño, y no es Roberto Carretero, aunque menos de dos años antes este empresario afirmaba a los fiscales que Iverco era de su propiedad.
La Prensa, en un cuestionario enviado la semana pasada, le preguntó a Carretero cuándo vendió o traspasó Iverco o si esta seguía siendo suya. No respondió. En su lugar, su abogada, Marcela Araúz, envió una carta al medio en la que advertía que cualquier publicación que se hiciera referente a los procesos antes señalados “afectaría injustificadamente su derecho a la honra, al buen nombre y a la propia imagen, garantías reconocidas por la Constitución”.
Y en un chat con este medio, la abogada agregó que “ni para bien ni para mal puedes por ley referirte a ello”, es decir, que para este reportaje no se podía citar el contenido de sus confesiones en los procesos judiciales en los que estuvo involucrado su cliente Roberto Carretero. (Lea su carta completa aquí).
Otro vínculo
En cuanto al presidente de Iverco, bajo su gestión como representante legal de la empresa, este hizo gestiones de cobro ante la Contraloría General de la República a nombre de esa sociedad, pero, misteriosamente, algunas de estas gestiones de cobro aparecieron en manuscritos de Luis Acevedo Ureña, un abogado exsocio del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo (2019-2024).
Los Scafid apuntados por Luis Acevedo.
Eran números de Scafid (Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos) de la Contraloría para cobrar por obras realizadas. Acevedo nunca quiso responder a La Prensa por qué tenía esos números ni sobre las cifras que estaban anotadas a mano a su lado. Igualmente, en esos manuscritos había números de Scafid de la sociedad Pan American Construction, Corp.–también creada por Reyna– y que tuvo como agente residente a Evelyn Vargas Reynaga, abogada de los exconvictos hijos del expresidente Martinelli.
Lea aquí la nota “Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros”.
Pan American Construction –al igual que Iverco– también es de Roberto Carretero, según él mismo admitió en octubre de 2020. Y también fue investigada en el caso de la venta de instrumentos musicales al PAN. Aunque teóricamente ambas empresas eran de dueños distintos, las gestiones de cobro en las que habría ayudado Acevedo ante la Contraloría se hicieron de forma simultánea. Por ejemplo, las dos gestiones de Iverco fueron refrendadas el 22 de junio de 2020, mientras que la de Pan American Construction se hizo en la misma fecha y casi a la misma hora. Las tres fueron refrendadas con minutos de diferencia. ¿Distintos dueños, gestiones simultáneas? ¿Coincidencia?
Contradicciones
La Contraloría, precisamente, ha tenido un rol importante en los contratos que mantiene Iverco con Etesa, junto con su socia venezolana Neminca. La institución ha refrendado importantes y cuantiosas adendas para los consorcios de los que forman parte ambas empresas.
Pero semanas atrás, el contralor Anel Flores se quejó de las adendas en los contratos con el Estado, en una circular que hizo llegar a numerosas entidades gubernamentales, incluidas empresas públicas. Flores reprochaba que “constantemente, las administraciones de las distintas entidades someten a la consideración del refrendo de la Contraloría General adendas, órdenes de cambio, prórrogas y ajustes que alteran precio, plazo o alcance del contrato adjudicado […] que incrementan los costos e impiden al Estado entregar los bienes y resultados que esperan los ciudadanos”.
Por ello, advertía –luego de aprobar decenas de millones de dólares en adendas a favor de Iverco y Neminca– que la Contraloría “se abstendrá del refrendo de las adendas que se presenten en perjuicio del interés público y presentará las denuncias ante las autoridades competentes contra los servidores públicos y contratistas que ocasionen costos y tiempo adicional a las contrataciones públicas”.
La advertencia no solo llega tarde, sino que contradice la actuación del propio funcionario en los contratos de Iverco y Neminca con la estatal Etesa.
Atentado en Panamá: incendian la casa del periodista Rolando Rodríguez de La Prensa
Residencia del periodista Rolando Rodríguez tras el atentado. Foto: Rolando Rodríguez.
El periodista participó en la reciente investigación transfronteriza en la que participó Transparencia Venezuela, “Negocios de Familia”, que hurgó sobre las actividades de los empresarios panameños, los hermanos Carretero, con el régimen de Nicolás Maduro y con el gobierno de Cuba.
Transparencia Venezuela, 14 de noviembre de 2026. El periodista panameño Rolando Rodríguez sufrió un atentado en su casa del distrito de San Miguelito. Un hombre, que quedó registrado en cámara, se acercó hasta su propiedad y, en minutos, se vio la llamarada que destruyó dos autos que estaban en el garaje y que afectó a una parte de su vivienda. Los hechos sucedieron cerca de las 2:30 de la madrugada. Afortunadamente, Rodríguez y su familia no sufrieron lesión alguna en el incendio, que tuvo que ser extinguido por los bomberos.
Se trata del primer atentado de este tipo en Panamá, específicamente contra un periodista, según dijeron colegas en ese país.
Una cámara de seguridad de un domicilio cercano registró el momento en que un hombre caminaba frente a la casa del reportero e investigador cargando una mochila sobre su pecho. Pocos segundos después, el reflejo de las llamas aparece en las imágenes.
Rodríguez es un experimentado periodista de investigación panameño que ha publicado relevantes investigaciones en los últimos años que han puesto a rendir cuentas a distintos presidentes, ministros y otros altos funcionarios de su país.
Desde La Prensa, el periodista integra la alianza periodística que desarrolló la investigación transnacional Negocios de Familias, que expuso los negocios entre los empresarios de la familia Carretero y el régimen de Nicolás Maduro. Las últimas entregas de esta investigación, publicada entre junio y julio pasados, desnudaron los vínculos de los Carretero con el gobierno de Cuba. La alianza está integrada, además, por Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Diario de Cuba y Armando.info.
Rodríguez estaba trabajando esta semana en una nueva entrega de esa investigación, esta vez sobre los negocios en Panamá de Roberto Carretero, hermano de Ramón Carretero. Después de hacer el llamado por el derecho a réplica, el diario La Prensa recibió este viernes una carta firmada por la abogada del empresario para aclarar que dicha publicación afectaría la honra de su cliente.
Después de la primera publicación de Negocios de Familias, en mayo de 2025, Ramón Carretero querelló a Armando.Info en Panamá. Vicente Carretero, además, querelló el mes pasado a Rolando Rodríguez y al diario La Prensa, luego de publicar la última historia sobre esta investigación.
Leyes en la que trabaja la comisión
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Proyecto de Ley de Educación Intercultural Bilingüe.
- Proyecto de “Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema de Justicia Nacional”
- Proyecto de “Ley Orgánica para la Elección de los Representantes Indígena”
Integrantes
Subcomisiones
Subcomisión de Legislación Indígena
- Dip. Ezequiel Pérez Roa (Coordinador)
- Dip. Gladys Guaipo
Subcomisión de Participación, Garantías, Deberes y Derechos de los Indígenas:
- Dip. José Antonio España (Coordinador)
- Dip. Amado Heredia
- Dip. Virgilio Ferrer
