Transparencia Venezuela, 30 de septiembre de 2026. La intensidad de los intercambios económicos y diplomáticos de Venezuela con China y Rusia fue decayendo al tiempo que se manifestaba la caída en la producción petrolera de Pdvsa, el incumplimiento de pagos de préstamos y el fracaso financiero de varios proyectos conjuntos, especialmente en las empresas mixtas petroleras y agrícolas, de armamento y camiones con Rusia; de equipos telefónicos, electrodomésticos y autobuses con China, entre otros.

Es así como a partir del año 2017 dejaron de fluir fondos estatales desde China y Rusia y las Comisiones de Alto Nivel con ambos países entran en un periodo de enfriamiento.
Pero, la imposición de sanciones financieras y petroleras sobre Venezuela, la pandemia del Covid-19 y la privatización encubierta de activos en sectores estratégicos venezolanos, reconfiguraron las relaciones de tal manera que a través de mecanismos distintos las autoridades de gobierno de los tres países mantuvieron la cooperación. Dos publicaciones de Transparencia Venezuela de 2025 reseñaron la cooperación financiera económica y productiva de Venezuela con China y Rusia desde 2022.

Los acontecimientos del 3 de enero de 2026 en Venezuela marcan un antes y un después en las relaciones con Rusia y China. El comercio de crudo y el estatus de las empresas petroleras de ambos países en Venezuela han sido tema de interés para los medios especializados en energía y aún más después del anuncio del convenio entre Washington y Caracas, en el que se otorga la concesión de 17 campos petroleros, y que presuntamente incluye yacimientos que están asignados a las petroleras China Concord Resources, China National Petroleum Corporation, Sinopec y a la rusa Petromost – Ruszarubezhneft. Según medios especializados Reuters y Bloomberg, justamente estas últimas empresas eran hasta enero las concesionarias de las mayores reservas de crudo.

Hasta 2025, Rusia y China mantenían el siguiente entramado empresarial:

Transparencia Venezuela, 25 de septiembre de 2026. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, la crisis entre Estados Unidos y Venezuela volvió a evidenciar la dimensión informativa de la relación de Caracas con Moscú, Pekín y Teherán.

En este informe se entiende por “alineación mediática” la convergencia sistemática de marcos narrativos, fuentes oficiales y amplificación cruzada entre plataformas estatales o alineadas con gobiernos aliados, con el fin de reforzar posiciones geopolíticas compartidas.

El último trimestre de 2025 mostró una convergencia discursiva clara entre Caracas, Moscú, Pekín y Teherán, aunque con distintos niveles de intensidad y compromiso. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, ninguno de sus aliados clave –Rusia, China, Irán–, reaccionó más que en el plano diplomático y la condena internacional, a pesar de que esas tres naciones han sido clave en las capacidades de defensa militar de Venezuela.

Informativamente, la alineación sí fue completa. En vez de “captura” se habló de “secuestro”. Se etiquetó a Maduro como “prisionero de guerra”, se exaltó “la violación del derecho internacional”, se calificó como “un cuento de hadas” las acusaciones sobre narcoterrorismo y se repitió que la oposición era una “aliada del imperio”. Un discurso que atravesó plataformas estatales como Venezolana de Televisión (VTV), y otras cercanas al aparato estatal como Agencia Venezuela News o La Iguana TV y se expandió a medios rusos, chinos e iraníes, como parte de una red identificada de 44 medios que configuran una operación de amplificación de alcance de narrativas.

Esa reacción inicial con marcos casi idénticos en enero fue mutando durante el primer semestre del año de la solidaridad militante a la gestión de daños: Rusia denunció que EEUU “expulsa” a sus empresas del petróleo venezolano, China blindó sus “intereses legítimos” mientras las redes chinas convertían el caso en plantilla para Taiwán, e Irán prácticamente desapareció del tema al entrar en su propia guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El giro pro-Washington del Gobierno de Delcy Rodríguez (restablecimiento de relaciones en marzo, apertura petrolera, sustitución del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y del canciller Yván Gil) no produjo una ruptura mediática visible: TeleSUR y VTV siguieron replicando/lavando contenido ruso y chino, mientras los funcionarios venezolanos defendían su “derecho soberano” a mantener lazos con los tres aliados en vez de repudiarlos.

Transparencia Venezuela 18 de septiembre de 2026.– Desde Transparencia Venezuela nos complace que el tribunal especial cuarto en funciones de Control de Caracas haya acordado el cierre de la causa contra Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, quien fue arbitrariamente sometido a un proceso judicial sin sustento legal con el único fin de criminalizar su labor en defensa de los derechos de los venezolanos, especialmente de la libertad de expresión.

Correa fue acusado injustamente y sin ningún fundamento legal de delitos muy graves como financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales, asociación, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

Espacio Público difundió la boleta de notificación del sobreseimiento firmada por la juez con competencia en casos asociados a terrorismo, Yuly Sierra Goyo, documento en el que se lee que “el hecho objeto del proceso no le puede ser atribuido…” al activista.

La medida se tomó a partir de la solicitud hecha ante el tribunal por fiscales del Ministerio Público, un organismo que ha sido parte esencial del aparato represor en Venezuela.