Transparencia Venezuela, 19 de octubre. MADRID– El expresidente de la metalúrgica española Duro Felguera, Juan Carlos Torres, se declaró culpable este lunes ante la Audiencia Nacional, en la primera jornada del juicio por el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanas para la construcción de una central termoeléctrica destinada a abastecer a la Gran Caracas, valorada en 1.500 millones de dólares.
Torres dijo hoy, en la primera audiencia pública por el juicio, que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Aunque aún no se conocen los detalles del acuerdo, el expresidente de la compañía deberá pagar una multa de 4.800 euros. En un principio, el fiscal había pedido para él penas de 9 años y medio de cárcel más una multa de 160 millones de euros.
El acuerdo de Torres es importante en el desarrollo del proceso que continuará esta semana en la Audiencia Nacional de España porque reconoce la existencia de la maniobra. Durante la primera jornada del proceso, las defensas de los acusados pidieron la anulación del juicio por supuestas irregularidades en la instrucción del caso.
A pesar de la confesión de Torres, los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa rechazaron haber recibido sobornos para entregar la obra pública a la empresa española. “Soy inocente”, dijo Villalobos a viva voz, apenas comenzó la audiencia pública, a las 10 de la mañana de España.
Pero otra declaración también complica la situación de Villalobos. Inmediatamente después, Jesús Barrios Melean, acusado de ser testaferro de Villalobos, se declaró culpable de los hechos, mediante una videollamada desde Estados Unidos.
Las defensas tuvieron oportunidad este lunes de plantear supuestas nulidades en el expediente, la estrategia para desestimar una investigación judicial que ya cuenta con abundante prueba. Intervinieron los abogados de Villalobos y su mujer, y también de Javier Alvarado Ochoa y su esposa, entre otros.
Los letrados plantearon que el registro en la sede de Duro Felguera debe anularse porque las pruebas partieron de un pendrive entregado de manera anónima a la fiscalía y, agregaron, ese material no tuvo la custodia adecuada.
Dijeron, además, que la acusación no precisa la participación de cada acusado ni en qué consiste el lavado de dinero.
Anticorrupción pidió 8 años y 9 meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros para Villalobos -también imputado en la macrocausa de PDVSA y en el “caso Leire Díez”. La multa requerida por la fiscalía representa un porcentaje simbólico del supuesto soborno que habría percibido Villalobos por habilitar el contrato público, fijado en el auto judicial del juez Ismael Moreno en 105 millones de dólares.
La fiscalía también solicitó una multa de 1,6 millones de euros y 3 meses de cárcel para Alvarado Ochoa. Las audiencias continuarán este miércoles.
La acusación
En julio de 2023, el juez español de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y a cuatro empresas por el caso Duro Felguera. A los investigados les atribuyó presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por hechos que se remontan a 2009.
Venezuela atravesaba en aquel momento una grave crisis energética que derivó en restricciones del servicio y en la declaración de una emergencia eléctrica. Para paliarla, la administración venezolana decidió construir la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, destinada a abastecer a la Gran Caracas.
El magistrado sostiene que el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, logró que la obra se adjudicara a la empresa española Duro Felguera. A cambio, la compañía se habría comprometido a entregar dinero a funcionarios venezolanos que influyeron en la decisión.
Para ejecutar el proyecto, Duro Felguera actuó mediante la unión temporal de empresas (UTE) Termocentro. Según el instructor, esa UTE firmó contratos con entidades y personas de Venezuela cuyo verdadero fin era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos, con el objetivo de favorecer los intereses de la empresa.
Para el juez, ese trato de favor, obtenido presuntamente mediante sobornos, fue lo que permitió que Duro Felguera se quedara con el contrato de Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
