Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. Transparencia Venezuela alerta sobre el decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional que dictó la presidenta interina Delcy Rodríguez y que fue avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 8 de agosto, que declaró la constitucionalidad del Decreto N.º 5.414, por 60 días, lo máximo permitido por la Constitución venezolana.

En este nuevo reporte, titulado “Delcy copia los decretos de emergencia de Maduro: No resolvieron ninguna emergencia, pero sirvieron para el control político y la corrupción”, se detalla cómo la encargada del Gobierno en Venezuela ha recurrido a la misma práctica de Nicolás Maduro, quien usó de manera prolongada los decretos de emergencia económica y llegó a gobernar bajo este régimen de excepción durante cinco años, entre 2016 y 2021, retomando luego este mecanismo en 2025, lo que facilitó la corrupción y el control político, centralizando competencias presupuestarias y legislativas, al tiempo que despojaba a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales.

Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es mucho más que el máximo juzgado del país. De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución de 1999 también es el responsable de “la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas”.

También “le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial”, agrega la norma antes citada. Lo anterior deja claro que el TSJ no solo es un tribunal cuyas decisiones no admiten apelación ante otra instancia, sino que también es un poderoso organismo con competencias administrativas y financieras, bajo cuya égida hay miles de funcionarios, que en los últimos años también ha usurpado funciones legislativas al designar a los rectores de Consejo Nacional Electoral, lo que ha sido un factor determinante a la hora de elegir a las autoridades nacionales, regionales y locales.

Aunque la Constitución venezolana establece salvaguardas para garantizar la independencia del organismo, estas han sido ignoradas a lo largo de los seis procesos de “restructuración” que ha sufrido el TSJ durante los últimos 30 años, incluido el proceso anunciado en 2026, que se inició de manera sobrevenida el pasado 21 de abril, cuando la Asamblea Nacional nombrada en 2025 designó a la llamada comisión preliminar de diputados, instancia de la que posteriormente surgió el Comité de Postulaciones Judiciales.

La principal medida prevista en el texto constitucional para evitar la cooptación del TSJ por parte de una tendencia política residía en la adscripción y conformación del Comité de Postulaciones. De acuerdo con el artículo 270 constitucional, esa instancia “es un órgano asesor del Poder Ciudadano” y estará integrada “por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley”.

Sin embargo, las sucesivas leyes del TSJ dictadas en los últimos años han colocado al comité evaluador bajo el control del Parlamento y además han previsto que la mayoría de sus miembros sean diputados, en lugar de académicos, juristas y otros miembros de la sociedad civil.

Lo anterior ha permitido que, en las últimas dos décadas, familiares de miembros del Gobierno, exministros, diputados, oficiales de la Fuerza Armada y reconocidos militantes del partido en el poder, así como algunos integrantes de la llamada oposición reconocida por el Ejecutivo, han terminado vistiendo toga y portando mazo para dictar sentencias.

¿Cuál ha sido la consecuencia de ignorar el mandato constitucional? Desde 2004, organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido varios pronunciamientos y sentencias en los que denuncian que la justicia venezolana está controlada por el Gobierno. Esto explicaría situaciones como el hecho de que el Estado no haya perdido un caso relevante desde 2003, que los ciudadanos no encuentren en la justicia protección efectiva para sus derechos y que el Parlamento electo en 2015, controlado entonces por la oposición, fuera totalmente anulado por el TSJ.

Y, como si lo anterior no fuera suficiente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas ha acusado al TSJ de ser “cómplice de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país” que actualmente investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto sin contar la cantidad de magistrados sancionados por atentar contra los principios democráticos, incluyendo a quienes han sido presidentes de esa instancia.

Un nuevo proceso de renovación del TSJ bajo la lupa ciudadana

Visto que la Mesa de diálogo dejó sin efecto el proceso de renovación del TSJ que empezó en abril pasado, al que se habían presentado 561 aspirantes al cargo de magistrado, y considerando que ahora se elegirán los magistrados de todas las salas del TSJ, Transparencia Venezuela presenta información relevante sobre 29 de esos postulados, en caso de que se vuelvan a presentar como candidatos en el nuevo proceso:

Transparencia Venezuela, 10 de agosto de 2026. A más de un año de seguimiento sistemático a los buques petroleros en aguas territoriales de Venezuela, recordamos algunos hitos que incidieron en los hallazgos:

• • • la suspensión de licencias a un grupo de socios de Pdvsa durante junio y julio de 2025. Estos socios habían iniciado la recuperación de la producción petrolera desde finales de 2023, luego de años de caída y estancamiento;

    • el otorgamiento de una licencia específica y condicionada a la empresa Chevron en agosto de 2025 que le permitió reanudar operaciones;

    • la creciente presencia de fuerzas navales de Estados Unidos en el Caribe a partir de agosto de 2025;

    • la incautación de 9 buques por parte de fuerzas navales de Estados Unidos entre el 10 de diciembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026;

    • la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero, su traslado a Estados Unidos y el inicio de su juicio en New York;

    • el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte del Gobierno de Estados Unidos;

    • la emisión de 15 licencias por parte de la OFAC que flexibilizaron las sanciones impuestas a la actividad petrolera, con más amplitud que en ocasiones previas;

    • el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026.

A partir de este contexto el comercio del petróleo venezolano ha tenido cambios importantes. Por ejemplo, el total de buques observados tuvo un mínimo en julio de 2025 -mes de sanciones estrictas- y alcanzó un máximo en mayo de 2026, coincidiendo con el pico de exportación impulsado por las licencias de marzo de este año y la disponibilidad de inventarios.