Transparencia Venezuela, 24 de marzo de 2026. La forzada salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, tras la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero, no ha implicado el fin de las violaciones de derechos humanos en el país. Por el contrario, “las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”.

Así lo denunciaron el alto comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, y presentaron a las autoridades interinas una hoja de ruta para “desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la opresión de la disidencia política”, que incluye el combate a la opacidad reinante en la administración pública.

“(Las autoridades) deben demostrar una mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la actualización oral sobre la situación de Venezuela que ofreció al Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo.

Türk también reclamó mayor “transparencia” en la aplicación de la polémica Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Esto, tras recordar que su despacho “no ha tenido éxito” a la hora de obtener una lista oficial de personas que han sido liberadas incondicionalmente en aplicación del texto y así corroborar la cifra de 7.700 personas presentada por la presidenta encargada   Delcy Rodríguez.

Puro maquillaje

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el informe presentado el 12 de marzo, aseguró que los cambios que se han producido en el país tras los sucesos del 3 de enero están lejos de ser profundos.

“La maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales (…) permanece intacta”, se lee en el reporte.

Y por ello, la Misión de la ONU demandó que “las instituciones estatales que desempeñaron un papel clave en la represión”, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sean reformadas.

De la misma manera, abogó para que sean “derogadas o reformadas sustancialmente” la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, así como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, por ser “los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política”.

Türk no solo respaldó las exigencias, sino que demandó “otras medidas importantes”, como “las reparaciones, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de que no se repitan las violaciones graves de los derechos humanos”.

Perdiendo el miedo

Pese a que ambas instancias de la ONU denunciaron que la represión ha continuado luego de los sucesos de enero —como lo prueba la detención temporal de 14 periodistas durante la juramentación de Delcy Rodríguez y de 27 personas por supuestamente celebrar la captura de Maduro—, también aseguraron que hay señales que indican que el miedo sembrado en la sociedad venezolana se está perdiendo.

“El número de personas y casos que se solicita registrar e investigar va en aumento significativo y ha duplicado, o incluso triplicado, las labores de la Misión”, se lee en el reporte.

“La Misión continúa recabando información de víctimas directas, sus familiares, informantes y otros actores que relatan hechos y violaciones recientes, pero también de años anteriores. Hoy, más que nunca, se requiere afrontar y asumir esta labor de investigación”, se agrega.

Por su parte, Türk pidió a las autoridades venezolanas no solo establecer canales de comunicación con la Misión, sino también dar marcha atrás en su decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Transparencia Venezuela, 24 de marzo de 2026. Conoce Tramparencia.com auditoría con 100% de desconfianza

Transparencia Venezuela 18 de marzo de 2026. Las debilidades de la Fiscalía General de la República en Venezuela no son puntuales ni recientes: son estructurales, acumuladas durante años y ampliamente documentadas por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos. El Ministerio Público ha sido caracterizado como una estructura que criminaliza, persigue y viola los derechos de todos los venezolanos, es visto como cómplice de la gran corrupción transnacional y garante de la impunidad. Es una de las instituciones instrumentalizadas para proteger la dictadura y se reconfiguró para hacerlo con gran efectividad. La Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino muchas veces como instrumento del poder.

Esta acción criminal de la Fiscalía no es obra solo del fiscal general, se sostiene en un complejo entramado de leyes, normas, procedimientos y equipos que están alineados con el resto del sistema de justicia y que responden a los intereses del poder autoritario.

Ante el interés que ha despertado en muchas organizaciones venezolanas la elección de un fiscal general, desde Transparencia Venezuela insistimos en la importancia de considerar la necesidad de cambios en la estructura de la Fiscalía General de la República y no solo de la persona del fiscal.

En el listado de postulados publicado por la Asamblea Nacional vemos algunos nombres de reconocida trayectoria ética y profesional, y es meritorio que estén dispuestos a asumir esta gran tarea. Sin embargo, el reto de combatir la captura institucional previa, las redes de corrupción activas y la baja confianza pública debería comenzar con un nuevo diseño de la institución que tenga como propósito superar:

1. La falta de independencia frente al poder político.

2. La alta provisionalidad y falta de carrera en el Ministerio Público.

3. La concentración excesiva de poder en el cargo de fiscal general.

4. El uso político del sistema penal.

5. La impunidad estructural.

6. La falta de transparencia y rendición de cuentas.

7. La debilidad técnica y organizativa.

8. La desconfianza ciudadana y subregistro del delito.

Y para que el nuevo modelo de Fiscalía se implemente y tenga capacidad de ejecución se requieren dos condiciones:

1. Autonomía financiera, es decir, recursos para todo el sistema de justicia. Los recursos para los órganos del Poder Judicial no han llegado a 1,5% del presupuesto nacional en las últimas décadas.

2. Independencia política, funcional, relaciones de respeto y acatamiento ante – y sobre- el resto de los organismos de justicia, policiales, investigación, de prisiones, y los otros poderes del Estado.

Esta nueva estructura institucional le corresponde diseñarla a todo el país, bajo la dirección de un Poder Legislativo legítimo. Una Asamblea Nacional que realmente crea, sin ambages, en la democracia, la transparencia, la alternancia política y el respeto al derecho ajeno.

La Fiscalía General de la República tiene un papel fundamental en la Venezuela democrática e íntegra por la que trabajamos: acabar con la impunidad y recuperar el Estado de derecho y el debido proceso. Para ello tendrá que investigar y procesar a los miembros de la red de gran corrupción y de economías ilícitas; de las organizaciones criminales; a los violadores de derechos y torturadores; a los grupos de extorsión; y demás responsables de la destrucción de Venezuela. Pero muchos están aún en el poder.

¿Podrá un(a) fiscal en el contexto actual castigar a quienes saquearon y siguen saqueando a Venezuela y criminalizaron a todo el que disentía?

¿El resto de las instituciones va a respetar las decisiones que tome la o el fiscal contra los perpetradores de la gran corrupción y los responsables de crímenes de lesa humanidad?

¿Contará con recursos financieros y profesionales?

En los procesos de transición las cosas no necesariamente ocurren con criterios técnicos, pero ¿estamos ya en un proceso de transición o solo vivimos el reacomodo del mismo poder autoritario?

Transparencia Venezuela, 16 de marzo de 2026. En Transparencia Venezuela nos complace el interés que muestran capitales y empresas de diversas regiones del mundo en Venezuela, a pesar de la falta de seguridad jurídica, la ausencia de contrapesos al poder, la inestabilidad cambiaria, las recientes expropiaciones, una elevada presión fiscal y la situación de cesación de pagos selectivos frente a una deuda de más de 170.000 millones de dólares.

Los sectores de hidrocarburos y minería, objetos de gran atractivo, necesitan no solo grandes inversiones, conocimiento, tecnología, y experiencia. Es urgente que se mitiguen los severos impactos de la explotación minera y petrolera indiscriminada, opaca, en condiciones desiguales de competencia, plagada de actores ilícitos y sin controles sociales y ambientales.

No nos conformamos con pequeñas mejoras que parecen de gran impacto luego de décadas de deterioro. Ahora tenemos la oportunidad de construir un país con sólidas instituciones que permitan mejoras sostenibles y crecientes en las condiciones de vida de los venezolanos.

Todas las empresas mencionadas en las negociaciones, difundidas en los medios de comunicación, fueron registradas en países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas normativas, recomendaciones y estándares internacionales orientan a los gobiernos, las empresas privadas y empresas propiedad del Estado, en actuaciones corporativas responsables[i]; cumplimiento de la debida diligencia[ii]; así como cumplimiento de la debida diligencia en las cadenas de suministro de minerales zonas de conflicto y riesgo[iii].

Asimismo, la OCDE hace seguimiento al cumplimiento de principios de inversión responsable y apoya a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Transparencia Venezuela, 13 de marzo de 2026. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desechar la denuncia de Nicolás Maduro contra a Estados Unidos por las sanciones, impuestas desde 2014 a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por atentar contra la democracia o violar derechos humanos, deja una duda al aire: ¿Como presidenta encargada, Delcy Rodríguez insistirá en continuar con la acusación? 

Aunque la Fiscalía de la CPI haya considerado que “no existe una base razonable para iniciar una investigación” contra las autoridades estadounidenses, en el caso conocido como Venezuela II, esto no implica necesariamente el fin del asunto porque el Gobierno venezolano dispone de 90 días para solicitar la revisión a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).

¿Delcy Rodríguez ordenará que se ejerza el recurso de apelación? ¿o este es el fin de los intentos de Maduro por sentar en el banquillo de los acusados a Estados Unidos por las sanciones?

“Aunque se acepta que la imposición y aplicación de las sanciones estadounidenses puede haber exacerbado la grave situación humanitaria existente, según la información disponible, esto no es suficiente por sí solo para demostrar, a efectos del derecho penal, que exista un nexo causal suficiente entre la adopción de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela y los presuntos delitos, y que estos se llevaron a cabo con la intención necesaria”, se lee en el escrito de tres páginas emitido por la Fiscalía de la CPI.

La acusación contra EE.UU. habla hasta de “exterminio”

Venezuela acusó a Washington de incurrir en los delitos de asesinatos, exterminio, deportaciones, persecución y otros actos inhumanos “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente (…) al menos desde el año 2014”.

Al presentar la denuncia el 13 de febrero de 2020, el entonces canciller Jorge Arreaza aseguró que «nuestro gobierno se ampara en el derecho internacional» y aseveró que las sanciones eran “una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos por año”.

El tema de las sanciones es complejo y había sido aprovechado por el Gobierno venezolano para explicar la grave crisis económica y de servicios públicos que enfrenta el país. Maduro llegó a cifrar en más de 900 las medidas sancionatorias, a las que calificó de “misiles contra la economía venezolana”.

Sin embargo, insistentemente el mismo Nicolás Maduro y otros personeros oficiales obviaron aclarar que la mayoría de esas medidas fueron tomadas contra individualidades (funcionarios, exfuncionarios, empresarios y sus familiares).

Funcionarios de Naciones Unidas como el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, han cuestionado las sanciones. Sin embargo, la ONU comenzó a reconocer que Venezuela enfrentaba una crisis humanitaria en 2016, antes de que muchas de las sanciones fueran impuestas.

No hay que confundir con el caso de delitos cometidos en las protestas

La decisión de la Fiscalía de la CPI de desechar el llamado caso Venezuela II no afecta las investigaciones que este despacho viene conduciendo por los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios civiles y militares en el país desde 2014, se lee en el último párrafo del escrito. Ese expediente se denomina Venezuela I.

En noviembre de 2021, el entonces fiscal Karim Khan anunció que iniciaría una averiguación para hallar a los responsables de los delitos de persecución, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. Sin embargo, tras más de un lustro, hasta el momento se desconoce el estado de las indagaciones.

Los escándalos de conflicto de intereses y abusos en los que se ha visto envuelto Khan y que lo obligaron a separarse  del  caso de Venezuela  a finales del año pasado parece que han  incidido en la marcha de las pesquisas.