Los negocios crudos de Carretero y el misterio del petróleo cubano
Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos $2600 millones entre mayo y septiembre de 2025. La petrolera venezolana envió, además, nueve barcos a Cuba para aliviar la crisis energética de la isla, pero su destino es incierto.
Transparencia Venezuela
Iván Ruiz (CLIP)
Roberto Deniz (Armando.info)
Rolando Rodríguez (La Prensa)
José Luis Reyes (Diario de Cuba)
Pablo Díaz Espí (Diario de Cuba)
Annarella Grimal (Diario Cuba)
Mirta Fernández Laffitte (Diario Cuba)
Transparencia Venezuela, 28 de julio de 2026. El entorno de Nicolás Maduro hizo negocios millonarios con el crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hasta los meses previos a su captura y antes del bloqueo naval de Estados Unidos en el Caribe. Sociedades registradas en China, Singapur y Hong Kong relacionadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano casi monopolizaron la comercialización del crudo estatal durante el año 2025.
Una investigación de Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba descubrió que al menos tres compañías de papel— Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading—despacharon 47 millones de barriles de crudo desde puertos venezolanos entre mayo y septiembre de 2025, según datos internos de la petrolera estatal. Los despachos de estas sociedades cotizaron aproximadamente US$2600 millones, de acuerdo con el cálculo de esta alianza, basado en los precios internacionales del crudo.
Los nombres de Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores, el sobrino de Maduro, no aparecen formalmente en los documentos oficiales de Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading, ya que estas compañías de maletín eran manejadas por prestanombres, según indicaron tres fuentes dentro de Pdvsa. Asimismo, el diario estadounidense The New York Times había publicado en mayo de 2026 que, aunque los responsables de Hangzhou Energy se encontraban formalmente en China, Malpica Flores y Carretero la representaron en reuniones de Pdvsa.
Desde la llegada de Maduro al poder, en 2013, Carretero se convirtió en un personaje clave en Caracas. El presidente venezolano le entregó decenas de contratos multimillonarios que incluyeron desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez hasta la implementación del Carnet de la Patria, una suerte de identificación alternativa a la cédula de identidad que ampliaba el control del régimen sobre la ciudadanía a cambio de subsidios. El negocio mayor llegó años después con la venta del petróleo de Pdvsa, cuando las sociedades de Carretero se volvieron imprescindibles para eludir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.
Este equipo accedió a documentos internos de Pdvsa que permitieron reconstruir la ruta de la venta de crudo entre mayo y septiembre de 2025. Esa información incluye el nombre de las empresas que lo comercializaron, las fechas de esos recorridos marítimos y los destinos de los cargamentos.
Los registros de despacho de crudo revisados muestran que casi todos los movimientos de petróleo que hicieron estas tres sociedades tuvieron a Malasia como destino principal, pero también que otros embarques llegaron al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del auxilio permanente que la Revolución Bolivariana tenía con el régimen de los Castro, cortado en seco luego de la captura de Maduro el 3 de enero pasado y el consiguiente tutelaje en materia petrolera que ejerce la administración Trump sobre Venezuela.
El nexo de Ramón Carretero con el régimen cubano, así como su relación con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido en la isla como El Cangrejo, fue revelado CLIP, Transparencia Venezuela y Armando.Info en diciembre pasado. La bitácora de la aeronave en la que Carretero se accidentó en el aeropuerto de Maiquetía el 24 de septiembre de 2025 confirmó que El Cangrejo también voló en esa aeronave. Pero la influencia de Carretero en la isla es tal que Edwin Pitty Madrid, el embajador panameño en La Habana desde noviembre de 2024, representó como abogado a empresas del propio Ramón Carretero en Caracas, así como a compañías del grupo familiar en Panamá.
Mezcla Malasia
Los documentos revelan que Malasia fue el lugar principal de trasbordo desde que Estados Unidos sancionó a Pdvsa en enero de 2019. Desde ese momento, China desplazó a Estados Unidos como principal destino del petróleo venezolano con un promedio de 283.000 barriles diarios. Como el crudo llegaba a través de Malasia, las exportaciones declaradas desde Malasia hacia China registraron un aumento ficticio del 400%, según datos de la aduana china publicados por Transparencia Venezuela.
¿Cómo funcionaba el mecanismo? Los buques fletados por empresas estatales chinas cargaban millones de barriles de crudo venezolano y ponían rumbo a aguas malayas, donde realizaban trasbordos para borrar el rastro de origen. Una vez completada esa escala, el petróleo venezolano era reetiquetado como mezcla malasia antes de ingresar a puertos chinos sin activar alertas aduaneras. Singapur, que aparece como el único destino para las operaciones de fueloil, también fue señalado por los especialistas como otro de los hubs asiáticos para reetiquetar el combustible de Pdvsa.
Los despachos de crudo analizados para esta investigación también revelan que para casi la mitad de estos envíos realizados durante 2025 por las sociedades offshore vinculadas a Carretero se utilizaron buques de “flotas oscuras”. Se trata de barcos furtivos, es decir, aquellas embarcaciones que desactivan o manipulan sus sistemas de navegación para ocultar sus movimientos. En total fueron 70 operaciones con 23 de estos buques, que incluyen los envíos de crudo más numerosos.
El barco Iria, con bandera de Islas Comoras y clasificado como furtivo, aparece como buque madre en al menos seis operaciones de Hangzhou Energy hacia Malasia, con un volumen que superaba los 1,3 millones de barriles. Es decir, ese viaje se habría realizado fuera de los radares de las autoridades marítimas internacionales para dificultar cualquier seguimiento de la carga.
El buque Malak, por su parte, fue clasificado como sancionado y fue el vehículo contratado por Shineful Energy para trasladar 540 mil barriles de fuel oil hacia el puerto de Matanzas, en Cuba, según los reportes de Pdvsa obtenidos para esta investigación, confirmando que las sociedades controladas por Carretero Napolitano también despacharon combustible venezolano para el régimen cubano.
De los documentos de Pdvsa también se desprende el modus operandi de las sociedades ligadas al empresario panameño. El 2 de agosto de 2025 el buque Halima cargó primero 1.1 millones de barriles de crudo Merey 16 a nombre de Cubametales, una empresa estatal controlada Gaesa, el holding estatal en manos de militares cubanos. Luego, el 4 de agosto, ese mismo tanquero cargó 1 millón más de barriles de Merey 16, pero esta vez el consignatario de la carga era Forever Energy Trade, una de las sociedades controladas por Ramón Carretero.
Una de las fuentes de Pdvsa explicó que esto se debía a que el mismo buque debía parar primero en el puerto de Matanzas, en Cuba, descargar allí parte del combustible, para luego seguir hasta Malasia, donde el crudo venezolano se terminaba comercializando en criptomonedas para dificultar más cualquier seguimiento de la operación. Sin embargo, a lo interno de Pdvsa no consta que en esas operaciones los barcos hayan descargado primero en Cuba, según la planificación de la petrolera estatal.
En diciembre del año pasado la captura en alta mar por parte de fuerzas militares estadounidenses del buque Skipper volvió a iluminar la figura de Carretero como intermediario central del triángulo que conforman sus operaciones en Venezuela, Cuba y Panamá. Este buque, que trasegaba crudo venezolano y falseaba su señal satelital para evitar su detección, también cargaba petróleo contratado conjuntamente por Cubametales y Shineful Energy, la sociedad controlada por Carretero.
El Skipper había partido de Venezuela el 4 de diciembre con una carga de hidrocarburos, con destino a Matanzas. Pero, según una investigación de The New York Times a partir de datos de la firma de inteligencia de mercado Kpler, el barco transfirió parte de su carga en alta mar, en una operación de barco a barco, al Neptune 6 (también llamada Songa). Luego siguió rumbo a Asia. El Skipper estaba sancionado por Estados Unidos desde 2022 por sus presuntos vínculos previos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El vínculo entre el Gobierno venezolano y Hangzhou Energy empezó en 2021, cuando esta sociedad comenzó a comercializar crudo de Pdvsa, pese a no contar con historial previo en el sector. The New York Times publicó que el Estado venezolano fue perjudicado por las condiciones pactadas con Hangzhou, que podía abonar el petróleo en bolívares, pero que luego cobraba por ese crudo en moneda internacional sacando rédito sobre la brecha cambiaria. En ese esquema ocurrieron otras distorsiones que provocaron la pérdida de millones de dólares al Estado, que entregaba buques cargados de crudo, pero nunca recibía los pagos correspondientes por la venta del combustible. Eso provocó en 2023 la caída del entonces todopoderoso Tareck El Aissami como ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carretero y a Malpica Flores el 11 de diciembre de 2025. Malpica ya había sido incluido en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense) en 2022, aunque fue retirado transitoriamente durante la administración de Joe Biden, cuando ese gobierno buscaba negociar con el régimen de Maduro una salida democrática para Venezuela. Las sanciones se extendieron a los hermanos de Carretero a final de diciembre y a varios integrantes de la familia Malpica Flores, todos parientes de la exprimera dama, Cilia Flores.
Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores y también sancionada, aparece en la trama que hizo negocios con el Estado venezolano junto a Carretero. Juntos con su entonces pareja, Juan Carlos López Tovar, construyeron una relación con Carretero que fue mutuamente beneficiosa. Carretero y sus hermanos —con larga trayectoria previa de negocios con Cuba— obtuvieron contratos estatales en Venezuela y, casi en simultáneo, López Tovar e Iriamni Malpica Flores recibieron al menos US$ 5,8 millones provenientes de sus empresas. La investigación estableció que López Tovar recibió esos pagos en 2014 y derivó una parte de esos fondos a las cuentas de su pareja.
Esta alianza intentó contactar a Carretero, pero el empresario no respondió el correo electrónico con un cuestionario sobre su relación con Pdvsa y Cuba.
Los apagones cubanos
El verano de 2025 fue especialmente duro en Cuba. A las altas temperaturas se sumaron apagones extremos y una epidemia combinada de dengue y Chikunguña que dejó miles de contagios y una cifra indeterminada de muertos. En julio de ese año, con temperaturas que superaron los 32°C, la isla vivió récords de déficit de generación eléctrica que provocaron cortes eléctricos en más del 60% de los hogares durante los horarios de mayor demanda.
El 21 de julio, la estatal Unión Eléctrica reportó 2.045MW de déficit energético, un récord histórico hasta esa fecha. La marca anterior se había registrado apenas seis días antes. La demanda máxima nacional, según cifras oficiales, estaba cerca de los 3.400MW. Las autoridades habían prometido que los cortes no superarían las cuatro horas diarias, pero en muchos casos superaron las 12.
Cuba depende del combustible venezolano para generar energía. El petróleo, de hecho, ha sido el eje comercial que sustentó la relación política entre Caracas y La Habana en las últimas décadas. La documentación revisada para esta investigación indica que los envíos de crudo nunca cesaron, incluso en meses en que las sanciones de Estados Unidos se hicieron cada vez más estrictas para Venezuela y Cuba.
En los documentos internos de Pdvsa obtenidos para esta investigación se confirma que mientras Cuba hacía frente al inédito déficit de generación eléctrica, entre mayo y septiembre de 2025, fueron enviados al menos ocho de esos cargamentos de combustible desde Venezuela hacia la isla a nombre de la estatal Cubametales. Los barcos trasladaron crudo y fueloil por un valor aproximado de US$429 millones de dólares, usando como referencia el precio promedio del Merey 16 en 2025.
Así, entre los días 1 y 3 de mayo, la embarcación Keta cargó 1.6 millones de barriles de crudo Merey valorado en $92,9 millones en la Terminal Jose, de Venezuela, y desembarcó en el puerto de Matanzas, Cuba. El 26 del mismo mes, ese tanquero hizo otra carga por unos US$63 millones con idéntico punto de arribo.
En los meses siguientes, varios cargamentos de crudo Merey aparecen despachados hacia la costa norte cubana. El 24 de septiembre lo hizo el buque Songa (luego rebautizado como Neptune 6), que vuelve a aparecer en los registros de las estaciones de carga petrolera venezolanas el 30 de junio y el 28 de agosto, pero esta vez con cargas de fuel oil.
¿Cuándo ingresó ese combustible venezolano a Cuba? Las plataformas de rastreo marítimo Marine Traffic y Vesselfinder, consultadas para esta investigación, muestran que el puerto de Matanzas, donde está ubicada la base de supertanqueros y que es el principal destino de los cargamentos de hidrocarburos de Cuba, recibió un total de 96 visitas de barcos entre enero y octubre de 2025, pero entre ellas no aparecen ninguno de los buques antes mencionados.
Pie: Visitas de barcos al puerto de Matanzas entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2025. (Fuente: Global Fishing Watch/ Captura de pantalla)
Tampoco en La Habana, donde atracan buques petroquímicos con cargas destinadas a la refinería de petróleo Ñico López, cuentan con reportes de arribos de las embarcaciones citadas en los documentos de Pdvsa. Cienfuegos, donde está otra importante refinería cubana, recibió 111 buques en ese tramo del año, pero esos tanqueros tampoco dejaron datos oficiales allí.
El registro de arribos de barcos de combustible a Cuba en 2025 que posee el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, consultado para esta investigación, tampoco incluye estos buques provenientes de Venezuela. Los expertos académicos registraron seis cargas de combustible de Pdvsa entre junio y septiembre de 2025, pero ninguna de ellas está entre las nueve reportadas por la petrolera venezolana con destino a Matanzas en igual periodo del año. El destino de estos embarques es un misterio.
El tanquero Malak también aparece en los documentos de Pdvsa con destino a Cuba y como consignatario de la carga la sociedad Shineful Energy, una de las vinculadas a Carretero. La plataforma de rastreo marítimo Global Fishing Watch muestra al Malak, con bandera de Islas Comoras, realizando 11 visitas a puertos de Venezuela, entre el 21 de abril y el 21 de diciembre de 2025, que incluyen paradas reportadas en José, Cardón, Amuay, El Palito, Punta Guaranao y Puerto Miranda. Sin embargo, no muestra que alguno de sus trayectos fuera a Cuba, de acuerdo a esta base de datos. La última señal registrada del Malak corresponde a diciembre de 2025.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, admitió durante una entrevista en abril que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla había sufrido la falta de apoyo, especialmente a través del crudo, que llegaba desde Caracas. Esto terminó por desatar una crisis en la economía local.
Díaz-Canel, además, evitó informar cuánto petróleo ingresaba desde Pdvsa: “No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos y, además, nosotros no hemos renunciado al derecho que tenemos como cualquier otro país en el mundo a importar combustible y a que otros países puedan exportarle combustible a Cuba”, dijo.
En diciembre del año pasado, cuando embarcaciones militares estadounidenses interceptaron y confiscaron el buque Skipper, las autoridades cubanas denunciaron enérgicamente la medida, catalogándola de “piratería y terrorismo marítimo”, y señalaron que la acción agravaba seriamente la crisis energética y los apagones en la Isla.
Los barcos que cargaron en Venezuela, pero que no llegaron a Matanzas durante el verano de 2025, podrían haber servido de alivio para los insoportables apagones que sufrieron los cubanos durante esos meses. Queda por saber cuántos más tomaron rumbos desconocidos, mientras La Habana culpaba a la escasez de combustible por la crisis eléctrica.
Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario panameño Carretero Napolitano con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Es una investigación realizada por Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela) y Diario de Cuba.
Camino para recuperar la democracia, la libertad y el Estado de derecho
Exigencias ciudadanas para la transición democrática en Venezuela
Transparencia Venezuela, 27 de julio de 2026. La sociedad civil venezolana presentó, a través de QuieroElegir.org, una propuesta para construir una transición democrática basada en una ruta electoral verificable y con garantías para todos los venezolanos.
Entre los principales planteamientos destacan:
• Elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo máximo de un año.
• Un nuevo CNE independiente y confiable.
• Garantías para la participación política y el fin de las inhabilitaciones arbitrarias.
• Registro Electoral abierto y voto para los venezolanos en el exterior.
• Observación internacional, auditorías y resultados verificables.
• Transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de seguimiento de los acuerdos.
A continuación, el texto del documento:
Haz clic aquí para descargar.
DOCUMENTO DE POSICIÓN
Camino para recuperar la democracia, la libertad y el estado de derecho
Exigencias ciudadanas para la transición democrática en Venezuela
Quiero Elegir | Julio 2026
1. Propósito
Desde la sociedad civil venezolana reconocemos la urgencia de iniciar una transición orientada a restablecer la legitimidad de las instituciones y su responsabilidad ante la ciudadanía. Este proceso debe asegurar el ejercicio de los derechos humanos, recuperar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población y abordar la impunidad mediante mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
A un mes de los terremotos del 24 de junio, la recuperación del país se suma a una crisis estructural que se ha prolongado durante más de una década. La reconstrucción requiere autoridades con legitimidad de origen, capacidad institucional y controles sobre el ejercicio del poder. Las decisiones sobre las prioridades, la asignación de recursos y su ejecución deben responder a criterios públicos y estar sujetas a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Desde Quiero Elegir proponemos que la negociación establezca como prioridad una hoja de ruta hacia la celebración conjunta de elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional en el menor plazo posible. Esta ruta debe definir las condiciones, responsabilidades y etapas necesarias para asegurar la participación de electores, candidaturas y partidos políticos en un entorno que garantice la competencia, las libertades públicas y el acceso a información plural.
La renovación del Consejo Nacional Electoral constituye una condición central de esta ruta. La nueva autoridad debe contar con independencia, capacidad de decisión y una composición que genere confianza entre los actores políticos y la ciudadanía. Su designación debe producirse con tiempo suficiente para organizar el proceso, actualizar el Registro Electoral, ejecutar las auditorías y asegurar que la voluntad expresada en las urnas pueda ser verificada.
La negociación en curso reúne a representantes del gobierno interino a través de la Asamblea Nacional de 2026, representantes de la oposición vinculados con la Asamblea Nacional de 2015 y al Gobierno de Estados Unidos como actor de acompañamiento. Reconocemos que la construcción de acuerdos requiere espacios de confidencialidad para acercar posiciones. Al mismo tiempo, las experiencias anteriores muestran la necesidad de informar sobre el propósito y los avances generales del proceso, establecer mecanismos independientes de verificación y rendir cuentas sobre los compromisos finalmente alcanzados.
El propósito de este documento es aportar criterios políticos y técnicos para que la negociación contribuya a restituir la soberanía popular y conduzca a la elección de autoridades con legitimidad y capacidad para impulsar la reinstitucionalización del país. Las propuestas presentadas buscan servir como referencia para el grupo negociador y facilitar la construcción de una ruta que garantice el derecho a elegir y ser elegido.
Desde Quiero Elegir entendemos que una salida electoral tendrá sentido si crea condiciones reales para participar y competir, y si garantiza que la decisión expresada en las urnas será respetada. Las propuestas y líneas rojas desarrolladas a continuación buscan orientar ese proceso y contribuir a que la elección abra una transición política con respaldo ciudadano.
2. Una oportunidad que debe convertirse en una ruta para la transición
Transparencia y verificación de los acuerdos
El anuncio de conversaciones entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2026, previstas a partir del 1 de agosto, abre una oportunidad política. La información disponible todavía es limitada y no permite conocer con precisión el alcance de la agenda ni la forma en que se implementarán sus resultados. Esta fase inicial debe servir para definir el objetivo del proceso y establecer cómo se informará a la ciudadanía sobre su desarrollo.
La Asamblea Nacional de 2015 debe comunicar públicamente la ruta electoral que aspira a construir. La prioridad inmediata consiste en acordar las condiciones necesarias para una elección que permita iniciar la transición. El diseño del sistema electoral definitivo corresponderá a una etapa posterior de reinstitucionalización. Distinguir ambos momentos evita que la discusión sobre reformas futuras desplace la respuesta al conflicto de legitimidad que enfrenta el país.
Reconocemos que la negociación requiere espacios de reserva para acercar posiciones y facilitar acuerdos. Esta reserva puede proteger las deliberaciones sin impedir que se informe sobre los objetivos, los avances generales y los compromisos formalmente alcanzados. La legitimidad electoral de la Asamblea Nacional de 2015 implica una responsabilidad de rendición de cuentas ante la población que representa.
Para cumplir esa responsabilidad, proponemos establecer un canal regular de comunicación entre sus representantes y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la construcción de la ruta electoral. Este espacio permitiría compartir información, presentar propuestas y advertir riesgos sin sustituir las funciones de las partes negociadoras.
La sociedad civil puede aportar conocimiento derivado de su trabajo de documentación, defensa de derechos y seguimiento electoral. Su participación ayuda a vincular los acuerdos con las demandas ciudadanas y permite evaluar su implementación de manera independiente. Este seguimiento adquiere especial relevancia frente al cumplimiento prácticamente inexistente de los más de diez acuerdos políticos suscritos durante los últimos años.
Los compromisos asumidos en 2024 tampoco se tradujeron en garantías efectivas. Después del 28 de julio no se publicaron resultados verificables, la voluntad ciudadana no fue reconocida y la defensa del voto fue respondida con persecución y represalias. Esta experiencia confirma que la firma de un acuerdo resulta insuficiente cuando su ejecución depende únicamente de la voluntad posterior de las partes.
La nueva negociación debe incorporar desde el inicio mecanismos de implementación y verificación. Los compromisos requieren responsables identificados, plazos, indicadores y procedimientos de respuesta ante incumplimientos. La ciudadanía debe poder conocer el grado de avance de lo acordado y contar con información que permita valorar si el proceso está produciendo las condiciones necesarias para volver a elegir.
3. La reconstrucción del país también debe ser democrática
Centralidad en la gente y en instituciones democráticas. Los terremotos del 24 de junio dejaron una huella clara de la crisis que atraviesa el país; es necesario reconocer el gran número de personas fallecidas, familias separadas, comunidades desplazadas y daños profundos en la vidas de millones de venezolanos. Cualquier discusión sobre el futuro político de Venezuela debe comenzar por reconocer ese dolor y acompañar a quienes intentan reconstruir sus vidas y generar rutas claras para que el cambio político se concrete de formas pacíficas.
Es comprensible que, en medio de la emergencia, la atención inmediata concentre los esfuerzos públicos. Pero reconstruir no puede significar regresar al país anterior a la tragedia. Venezuela ya enfrentaba instituciones debilitadas, servicios deteriorados, una emergencia humanitaria compleja y una profunda desconfianza ciudadana; recuperar solo la infraestructura conservaría las vulnerabilidades que limitaron la capacidad de respuesta ante el desastre.
La reconstrucción plantea una pregunta de fondo, quién decidirá el futuro del país y bajo cuál sistema y bajo cuáles controles. En los próximos meses se tomarán decisiones sobre el uso de los recursos y las prioridades de recuperación. Las personas afectadas deben poder organizarse, incidir en esas decisiones y exigir cuentas sobre su implementación.
Incorporar las demandas ciudadanas permite que la recuperación responda a las comunidades y contribuya al cambio político necesario para superar las condiciones que agravaron los efectos de la tragedia. Las personas no pueden ser vistas únicamente como destinatarias de asistencia: también son ciudadanía, llamada a decidir quién conducirá la reconstrucción y con cuáles prioridades.
4. La elección que Venezuela necesita
Venezuela no está ante la organización de una elección ordinaria dentro de un sistema institucional funcional. El conflicto político permanece abierto, y las autoridades que deberían arbitrarlo, tanto electorales como de justicia, han participado en la intervención de partidos, la inhabilitación de candidaturas, la limitación del voto a millones de venezolanos y el cierre de los mecanismos de control.
Las próximas elecciones deben ser el punto de partida de la transición y organizarse mediante reglas extraordinarias, temporales y acordadas. La primera etapa debe comprender las elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional, celebradas de manera conjunta.
La elección presidencial permitirá decidir quién conducirá el Poder Ejecutivo. La elección parlamentaria permitirá conformar una Asamblea Nacional con legitimidad popular para renovar los poderes públicos, actualizar el marco jurídico y sostener las reformas institucionales.
Las elecciones regionales y municipales deben celebrarse posteriormente. Convocarlas de forma anticipada podría fragmentar la demanda ciudadana y aplazar la resolución del conflicto nacional. Realizarlas después permitirá que la renovación de los poderes regionales y locales ocurra dentro de un sistema electoral reinstitucionalizado, y con una institucionalidad que garantice la restitución de sus derechos, recursos, atribuciones y competencias.
La construcción de un calendario electoral debe ser consecuencia del cumplimiento de las condiciones acordadas para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
5. Propuestas para una hoja de ruta electoral verificable
5.1. Adoptar un acuerdo político con capacidad de implementación
El acuerdo debe incorporar la secuencia electoral definida, las condiciones previas, las fases de implementación y las instituciones responsables. Cada compromiso debe contar con un plazo, un indicador de cumplimiento y una fuente de verificación.
El acuerdo debe distinguir tres planos: las condiciones necesarias para avanzar hacia una primera elección de transición, las garantías que deberán aplicarse durante el proceso, y las reformas prioritarias que corresponderán a las autoridades electorales electas. Lo inmediato es construir una ruta con cronograma que permita celebrar esa elección con legitimidad y garantías, reconociendo que constituye el inicio de un proceso más amplio de reinstitucionalización democrática. Para sostener esa ruta deben acordarse, además, procedimientos que permitan atender retrasos, diferencias de interpretación e incumplimientos.
Un mecanismo de seguimiento con participación de las partes, asistencia técnica internacional y presencia de organizaciones ciudadanas especializadas permitiría evaluar los avances. Sus informes deben ser públicos y sustentarse en indicadores conocidos. Queremos que esta nueva fase tenga transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Los miembros de este proceso le deben rendir cuentas a los ciudadanos.
5.2. Aprobar un Estatuto, Decreto o Norma Electoral Especial
La transición requiere reglas temporales que corrijan, para esta primera elección, las disposiciones y prácticas que hoy favorecen la arbitrariedad, la exclusión y la opacidad. El Estatuto Electoral Especial debe derivarse del acuerdo político, contar con respaldo ciudadano y tener desarrollo jurídico suficiente para obligar a las instituciones responsables.
Este instrumento debe regular la elección de la autoridad electoral transitoria, el cronograma, el Registro Electoral, las postulaciones, las campañas, el financiamiento, el acceso a medios, las auditorías, la observación, la solución de controversias y la publicación de resultados.
Su vigencia debe limitarse al primer ciclo electoral de la transición. Esta delimitación permite responder a las condiciones del país sin crear una excepcionalidad indefinida.
5.3. Designar una nueva autoridad electoral
La sustitución del actual CNE es una condición habilitante para recuperar la confianza. La renovación debe abarcar a sus autoridades y revisar las estructuras técnicas y territoriales responsables de ejecutar las elecciones.
La selección debe responder a criterios públicos de independencia, idoneidad y trayectoria. Las decisiones del nuevo organismo deben ser colegiadas, motivadas y publicadas. Su presupuesto, contrataciones, cronogramas y resoluciones deben estar disponibles para el control político y ciudadano.
Debe establecerse una autoridad transitoria para administrar el primer ciclo electoral, y reconocer posteriormente la competencia de la nueva Asamblea Nacional para designar al CNE definitivo. Esta fórmula permitiría organizar las elecciones con una autoridad confiable y preservar las atribuciones de las instituciones electas.
5.4. Establecer garantías independientes de justicia electoral
La renovación del CNE será insuficiente si las controversias continúan bajo el control de instituciones que han restringido la participación política. La hoja de ruta debe incluir una instancia independiente para interpretar las reglas y resolver disputas de forma oportuna.
Este mecanismo puede adoptar la forma de una Sala Electoral transitoria, una renovación acordada de la instancia judicial competente, o un órgano especial de resolución de controversias. Cualquier modalidad deberá garantizar independencia, debido proceso, decisiones motivadas, plazos breves y acceso efectivo.
Durante la transición debe prevalecer la interpretación más favorable a la participación: ante interpretaciones posibles distintas, debe aplicarse la que proteja la voluntad del electorado.
5.5. Recuperar el Registro Electoral
El Registro Electoral define quién puede votar y dónde puede hacerlo. Antes del doble terremoto, múltiples estudios denunciaban que millones de personas permanecen fuera del padrón o inscritas en lugares donde ya no residen, una situación que afecta especialmente a jóvenes, personas migrantes y comunidades desplazadas, y esta situación se ha profundizado tras los terremotos especialmente en las siete ciudades que resultaron mas afectadas. La apertura y actualización del registro debe responder a esta realidad y evitar que los desplazamientos se conviertan en una nueva causa de exclusión.
Deben habilitarse puntos permanentes en los 335 municipios del país, complementados con operativos móviles en las zonas con mayores dificultades de acceso. La ubicación, los horarios y los requisitos deben publicarse con antelación y mantenerse de forma regular.
Las jornadas de inscripción y actualización deben coordinarse con los mecanismos de cedulación y recuperación de documentos. También se necesitan procedimientos sencillos para cambiar la residencia electoral, y criterios públicos para reorganizar los centros de votación afectados por los terremotos.
El uso de la tecnología disponible para la inscripción en el registro o el cambio de residencia permitiría superar la limitación que representa la falta de cedulación en el exterior, o la dificultad de movilizarse hasta los centros de inscripción.
El padrón debe someterse a auditorías independientes, con participación de organizaciones políticas y actores especializados. La revisión debe permitir identificar errores, movimientos no autorizados y problemas de consistencia. Sus metodologías y resultados deben publicarse.
5.6. Garantizar la participación de venezolanos en el exterior
La participación de los venezolanos y venezolanas en el exterior debe formar parte del acuerdo desde su inicio. Una apertura tardía del Registro Electoral, o la aplicación de requisitos discrecionales, dejaría fuera a una parte importante de la población. Debe implementarse el sistema que garantice la mayor facilidad posible para los venezolanos en el exterior.
Deben eliminarse los requisitos restrictivos de residencia legal y habilitar mecanismos accesibles de inscripción y actualización en consulados, embajadas y puntos acordados con los países receptores. Los procedimientos deben considerar las distintas situaciones documentales de la población migrante.
La votación en el exterior requiere suficientes centros, personal capacitado, observación independiente, resguardo del material, escrutinio público y transmisión verificable de resultados. La población venezolana fuera del país forma parte del electorado y debe participar en condiciones de igualdad.
5.7. Restituir la competencia política
Un proceso competitivo requiere partidos autónomos, candidaturas habilitadas y capacidad real de organización. La hoja de ruta debe contemplar la restitución de tarjetas, símbolos y autoridades partidistas a sus dirigencias legítimas, así como la revisión de las intervenciones judiciales utilizadas para controlar organizaciones políticas.
También deben revisarse las inhabilitaciones impuestas sin sentencia judicial firme. Las reglas de postulación deben ser públicas, estables y aplicarse en condiciones de igualdad.
El acceso a medios, el financiamiento y la publicidad institucional deben ser transparentes y regularse para reducir las ventajas derivadas del control estatal. Los recursos públicos, los programas sociales y los fondos de reconstrucción deben mantenerse separados de la actividad partidista. La actividad pública de los actores del gobierno, propaganda, eventos, inauguraciones, entrega pública de beneficios, debe restringirse durante los períodos de campaña.
5.8. Restituir las condiciones para participar
El ejercicio del voto depende de la posibilidad de informarse, organizarse y expresarse sin miedo. La hoja de ruta debe garantizar las libertades de expresión, asociación y reunión, así como condiciones para el trabajo de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones políticas y observadores electorales.
La liberación de las personas detenidas por razones políticas, el cese de la persecución y las garantías frente a nuevas represalias deben formar parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia la elección. Esto requiere derogar las leyes que restringen la participación, revisar las prácticas utilizadas para cerrar el espacio cívico y eliminar los mecanismos de vigilancia digital empleados para monitorear, intimidar o perseguir a quienes ejercen actividades políticas, periodísticas o ciudadanas.
El cumplimiento de estas medidas debe comprobarse mediante hechos verificables. La hoja de ruta también debe prever procedimientos de documentación y respuesta ante nuevas detenciones, restricciones o actos de vigilancia, de manera que las garantías acordadas puedan aplicarse durante todo el proceso.
5.9. Garantizar auditorías, observación y resultados verificables
La observación nacional e internacional debe acompañar todas las fases del ciclo electoral. Su mandato debe incluir el funcionamiento del CNE, el Registro Electoral, las postulaciones, la campaña, el uso de recursos públicos, la votación, la totalización y la resolución de controversias.
La observación nacional también requiere condiciones legales para desarrollarse con independencia. La hoja de ruta debe incorporar la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico y limitan el funcionamiento de las organizaciones que documentan y observan los procesos electorales. Estas organizaciones deben poder actuar sin amenazas, controles discrecionales ni represalias, acceder a la información necesaria y publicar sus conclusiones de manera autónoma.
Las organizaciones nacionales deben recibir acreditación oportuna y acceso suficiente para desarrollar su trabajo. La observación internacional debe desplegarse con tiempo suficiente para evaluar las condiciones previas.
El CNE debe publicar resultados completos y desagregados por mesa, en formatos que permitan su verificación. Las actas deben contar con mecanismos de autenticación y estar disponibles para partidos, observadores y ciudadanía. La proclamación debe sustentarse en información íntegra y auditable.
6. Líneas rojas para preservar el sentido democrático del acuerdo
La negociación requiere flexibilidad para construir soluciones viables entre actores con intereses distintos. Esa flexibilidad debe convivir con criterios que preserven el propósito electoral del proceso y ofrezcan confianza a la ciudadanía. Consideramos irrenunciables las siguientes líneas rojas:
- Un plazo definido para la primera elección. Se propone celebrar la primera elección de la transición en un plazo máximo de un año contado desde el 1 de agosto de 2026. Durante la primera quincena de octubre de 2026 quedarían definidos el cronograma electoral, el mecanismo de renovación del CNE, la instancia de justicia electoral y el acompañamiento internacional mediante misiones de largo alcance. Alcanzar estos acuerdos antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos contribuiría a consolidar la ruta frente a posibles cambios en el contexto internacional.
- La renovación del CNE como condición central. El cronograma incorporaría el proceso de selección y designación de la nueva autoridad electoral. La secuencia específica puede formar parte de la negociación, siempre que permita al nuevo CNE asumir con tiempo suficiente para organizar la elección, ejecutar las auditorías y generar confianza, el CNE deberá nombrarse a más tardar tres meses luego de iniciado el proceso de negociación el 1 de agosto de 2026.
- Una norma especial para la primera elección. El primer ciclo electoral de la transición se regiría por un estatuto o norma de aplicación temporal. Este instrumento permitiría acordar reglas sobre la autoridad electoral, el cronograma, las postulaciones, las auditorías, la observación, la resolución de controversias y la publicación de resultados, deberá aprobarse a más tardar el 30 de octubre de 2026.
- Observación desde las primeras fases. La ruta incluiría una invitación temprana a misiones internacionales de largo alcance y garantías para la actuación de las organizaciones nacionales. Este acompañamiento permitiría observar la implementación de los acuerdos y no únicamente la jornada electoral.
- Elecciones que respondan al conflicto nacional. Las elecciones presidenciales y parlamentarias constituirían la primera etapa de la transición. Las regionales y municipales podrían celebrarse posteriormente o integrarse en una elección conjunta, siempre que su incorporación preserve la prioridad de renovar los poderes nacionales.
- Compromisos verificables. Cada acuerdo incorporaría responsables, plazos, indicadores y fuentes de verificación. Un mecanismo independiente de seguimiento permitiría evaluar los avances y activar respuestas ante retrasos o incumplimientos.
- Una instancia independiente de justicia electoral. La arquitectura de transición contaría con un mecanismo imparcial para interpretar las reglas y resolver controversias. Su definición temprana ofrecería garantías a la ciudadanía, las candidaturas y las organizaciones políticas.
- Un Registro Electoral abierto y auditado. La inscripción y actualización dentro y fuera del país formarían parte del cronograma desde sus primeras etapas. El proceso culminaría antes del cierre del padrón para permitir su auditoría, la presentación de reclamos y la corrección de irregularidades.
- Restitución de la competencia política. La devolución de partidos, autoridades y tarjetas, junto con la revisión de las inhabilitaciones, permitiría que las organizaciones preparen sus candidaturas y participen en condiciones de igualdad.
- Condiciones para participar sin miedo. La ruta incorporaría la liberación de las personas detenidas por razones políticas, garantías frente a nuevas represalias, la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico y la eliminación de los mecanismos de vigilancia digital utilizados para perseguir la actividad política, periodística o ciudadana.
- Resultados completos y verificables. El acuerdo reconocería la publicación de las actas y de los resultados desagregados por mesa como una obligación central de la autoridad electoral. Esta información permitiría comprobar que la proclamación corresponda con la voluntad expresada en las urnas.
- Separación entre reconstrucción y competencia partidista. La asistencia humanitaria, los programas sociales y los recursos destinados a la recuperación permanecerían sujetos a criterios públicos y ajenos a la movilización electoral. Las necesidades generadas por los terremotos no pueden convertirse en instrumentos de presión política.
- Una ruta organizada por fases. El avance hacia cada nueva etapa estaría vinculado con la verificación de los compromisos anteriores. Esta secuencia permitiría corregir retrasos y preservar las garantías antes de llegar a la elección.
7. Recomendaciones para los miembros de Asamblea Nacional de 2015 que participarán en la negociación
La Asamblea Nacional de 2015 tiene la oportunidad de convertir su legitimidad en una capacidad efectiva para orientar la salida electoral al conflicto. Para ello es importante construir una posición política compartida que defina el resultado esperado y los principios que deben preservarse durante la negociación. El componente técnico debe ponerse al servicio de esa posición y ofrecer criterios para valorar los avance hacía la elección de transición y al proceso posterior de reinstitucionalización.
La negociación también requiere una estrategia de articulación. La coordinación entre las fuerzas democráticas y la creación de canales de interlocución con la sociedad civil permitirán incorporar conocimiento técnico, recoger demandas ciudadanas y fortalecer la vigilancia sobre los compromisos. La conducción corresponde a las partes negociadoras; la legitimidad y la sostenibilidad de la ruta dependerán de su conexión con la población.
El acompañamiento internacional puede respaldar la implementación de los acuerdos y aportar garantías durante el proceso. Su contribución será especialmente relevante para el diseño del Estatuto Electoral Especial, la renovación institucional, las auditorías y el mecanismo de verificación. Este apoyo puede fortalecer las capacidades venezolanas y aumentar los costos políticos del incumplimiento, sin sustituir la responsabilidad de quienes conducen la negociación.
El proceso también debe producir una secuencia política viable. Cada fase debe crear las condiciones necesarias para avanzar hacia la siguiente, e incorporar procedimientos que permitan corregir retrasos o incumplimientos. Más que acumular compromisos, el objetivo es construir una ruta capaz de transformar las condiciones electorales y sostener la recuperación de las instituciones.
8. Consideraciones finales
La negociación puede abrir una salida al conflicto si devuelve a la ciudadanía la posibilidad de decidir y crea instituciones capaces de respetar esa decisión. Su valor no dependerá únicamente de alcanzar un acuerdo, sino de que sus compromisos se traduzcan en cambios verificables.
Después de la tragedia, Venezuela necesita reconstruir su infraestructura y también la relación entre ciudadanía, instituciones y poder. Ambas tareas requieren participación, transparencia y rendición de cuentas. El país no necesita regresar al punto anterior, sino avanzar hacia una institucionalidad capaz de proteger a las personas, procesar sus diferencias y responder a la voluntad expresada mediante el voto.
Quiero Elegir reafirma su compromiso con la democratización de Venezuela. Acompañaremos la construcción de estas condiciones, vigilaremos el cumplimiento de los acuerdos, y seguiremos abriendo espacios para que la ciudadanía pueda organizarse y participar. Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección: continúa hasta que cada persona pueda votar con libertad, verificar su decisión y confiar en que será respetada.
Después de años en los que elegir ha sido una demanda, Venezuela tiene la oportunidad de convertirlo de nuevo en una garantía. Seguiremos siendo porfiados con la democracia, porque sabemos que el futuro del país no puede decidirse sin su gente. Queremos volver a elegir, pero también queremos que elegir vuelva a significar que la voz de la ciudadanía tiene el poder de cambiar a Venezuela.
Versión 16/07/2026
