Créditos de la foto: (AP Foto/Juan Pablo Arraez)
Transparencia Venezuela, 11 de septiembre de 2026. A más de dos meses de los devastadores terremotos del 24 de junio, saber cómo se ha ejecutado la ayuda humanitaria internacional que Venezuela ha recibido no es fácil. Por un lado, el sistema internacional de ayuda humanitaria no está diseñado para responder preguntas específicas sobre la trazabilidad de la asistencia comprometida por gobiernos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Y por el otro, está intacta la opacidad gubernamental, la misma impide tener datos claros y confiables de las consecuencias del desastre en La Guaira y otras regiones afectadas.
Se sabe que Estados Unidos ha dispuesto 386 millones de dólares y que el Financial Tracking Service de la ONU registra 330 millones de financiamiento humanitario a raíz de los terremotos, pero estos montos se solapan porque la ayuda estadounidense se conduce en gran medida a través de una serie de agencias de la ONU que también reportan la ayuda por su lado. De hecho, una parte de la asistencia humanitaria de Estados Unidos en este caso se canaliza por medio de Unicef, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Por esta razón se puede tener un registro incorrecto de los montos comprometidos. Y esto es solo una parte de lo que no está abierto a la veeduría ciudadana, sumado al hecho de que la desagregación de los gastos ejecutados de la ayuda es difícilmente trazable.
44% de ayuda sin destino conocido
La única forma de corroborar que la asistencia que proviene del exterior no sea desviada, retenida o mal distribuida es que las propias entidades internacionales que la envían dispongan de sistemas ágiles de monitoreo y de rendición de cuentas.
Hasta el 24 de agosto de 2026, La Guaira y el Distrito Capital concentraron 81% de las medidas de asistencia registradas con localización expresa de la ejecución prometida, y solo dos municipios —Vargas y Libertador— reúnen tres de cada cuatro. Pero del total de 201 acciones anunciadas— por el Gobierno Nacional, alcaldías, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y empresas —al menos en 44% de ellas no se indica hacia dónde se va la ayuda humanitaria.
El otro problema es el grado de ejecución. De las 43 medidas del Distrito Capital con estatus conocido, 27 —el 63%— seguían en ejecución y apenas 11 aparecen como cumplidas al momento de este análisis. Y al cruzar los datos de estatus de las medidas y los de cobertura territorial, la ayuda que se anunció sin indicar a dónde se llevaría tiene apenas 32% de ejecución. Aunque la ayuda destinada a resolver el grave problema de vivienda para los damnificados ocupa ahora el primer lugar entre las medidas de emergencia, con 48 anuncios, el registro revela que de las 47 que tienen estatus conocido solamente 9—el 19%— reportan ejecución.
Un registro que nadie está obligado a cumplir
Aunque en Ruta de la Ayuda se ha seguido la pista de los compromisos de asistencia humanitaria de 48 gobiernos, solo 21 de ellos han reportado su ayuda al FTS (Financial Tracking Service o FTS, en inglés) de Naciones Unidas. Hay nueve Estados donantes cuyos aportes no aparecieron en ninguna cobertura de prensa y que, sin embargo, están registrados en el sistema coordinado desde la OCHA. Otra dificultad para el monitoreo cívico es que la página del FTS dedicada a Venezuela no distingue claramente los datos de la ayuda para atender la tragedia por los terremotos, de la que ya forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria coordinado por la OCHA desde el año 2019.
Para el momento del lanzamiento de Ruta de la Ayuda, el 10 de julio, los aportes internacionales eran USD 694 millones, y al 25 de agosto el registro suma USD 1.344 millones en compromisos con cifra declarada: casi el doble en menos de dos meses.
El FTS de la OCHA se actualiza mensualmente, pero la ayuda se distribuye a diario. Una veeduría ciudadana eficaz para alertar sobre problemas de cobertura, tiempo de respuesta y ejecución transparente de los compromisos de asistencia humanitaria requiere de mecanismos expeditos para verificar cuánta ayuda se ejecuta, dónde y cuán oportuna ha sido.