Transparencia Venezuela, 19 de octubre. MADRID– El expresidente de la metalúrgica española Duro Felguera, Juan Carlos Torres, se declaró culpable este lunes ante la Audiencia Nacional, en la primera jornada del juicio por el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanas para la construcción de una central termoeléctrica destinada a abastecer a la Gran Caracas, valorada en 1.500 millones de dólares.

Torres dijo hoy, en la primera audiencia pública por el juicio, que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Aunque aún no se conocen los detalles del acuerdo, el expresidente de la compañía deberá pagar una multa de 4.800 euros. En un principio, el fiscal había pedido para él penas de 9 años y medio de cárcel más una multa de 160 millones de euros.

El acuerdo de Torres es importante en el desarrollo del proceso que continuará esta semana en la Audiencia Nacional de España porque reconoce la existencia de la maniobra. Durante la primera jornada del proceso, las defensas de los acusados pidieron la anulación del juicio por supuestas irregularidades en la instrucción del caso.

A pesar de la confesión de Torres, los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa rechazaron haber recibido sobornos para entregar la obra pública a la empresa española. “Soy inocente”, dijo Villalobos a viva voz, apenas comenzó la audiencia pública, a las 10 de la mañana de España.

Pero otra declaración también complica la situación de Villalobos. Inmediatamente después, Jesús Barrios Melean, acusado de ser testaferro de Villalobos, se declaró culpable de los hechos, mediante una videollamada desde Estados Unidos.

Las defensas tuvieron oportunidad este lunes de plantear supuestas nulidades en el expediente, la estrategia para desestimar una investigación judicial que ya cuenta con abundante prueba. Intervinieron los abogados de Villalobos y su mujer, y también de Javier Alvarado Ochoa y su esposa, entre otros.

Los letrados plantearon que el registro en la sede de Duro Felguera debe anularse porque las pruebas partieron de un pendrive entregado de manera anónima a la fiscalía y, agregaron, ese material no tuvo la custodia adecuada.

Dijeron, además, que la acusación no precisa la participación de cada acusado ni en qué consiste el lavado de dinero.
Anticorrupción pidió 8 años y 9 meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros para Villalobos -también imputado en la macrocausa de PDVSA y en el “caso Leire Díez”. La multa requerida por la fiscalía representa un porcentaje simbólico del supuesto soborno que habría percibido Villalobos por habilitar el contrato público, fijado en el auto judicial del juez Ismael Moreno en 105 millones de dólares.

La fiscalía también solicitó una multa de 1,6 millones de euros y 3 meses de cárcel para Alvarado Ochoa. Las audiencias continuarán este miércoles.

La acusación

En julio de 2023, el juez español de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y a cuatro empresas por el caso Duro Felguera. A los investigados les atribuyó presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por hechos que se remontan a 2009.

Venezuela atravesaba en aquel momento una grave crisis energética que derivó en restricciones del servicio y en la declaración de una emergencia eléctrica. Para paliarla, la administración venezolana decidió construir la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, destinada a abastecer a la Gran Caracas.
El magistrado sostiene que el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, logró que la obra se adjudicara a la empresa española Duro Felguera. A cambio, la compañía se habría comprometido a entregar dinero a funcionarios venezolanos que influyeron en la decisión.

Para ejecutar el proyecto, Duro Felguera actuó mediante la unión temporal de empresas (UTE) Termocentro. Según el instructor, esa UTE firmó contratos con entidades y personas de Venezuela cuyo verdadero fin era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos, con el objetivo de favorecer los intereses de la empresa.

Para el juez, ese trato de favor, obtenido presuntamente mediante sobornos, fue lo que permitió que Duro Felguera se quedara con el contrato de Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.

Transparencia Venezuela, 16 de octubre de 2026. El 14 de octubre de 2026, el vicepresidente de Planificación y ministro Ricardo Menéndez entregó al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Especial de Endeudamiento para 2027.

Menéndez anunció que el presupuesto buscará recuperar ingresos, servicios e infraestructuras, también impulsar la economía productiva y mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo puede la ciudadanía saber si esos objetivos se cumplirán y cómo se utilizará el dinero público si no se conocen los documentos que los sustentan?

Como ocurre desde hace una década, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento no están disponibles en ningún portal. La experiencia de años anteriores apunta a que, una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.

Menéndez e Infante destacaron que los proyectos fueron entregados antes del 15 de octubre, conforme al artículo 312 de la Constitución. Sin embargo, la obligación de presentar las leyes ante la Asamblea Nacional no sustituye el deber de informar a la ciudadanía. El artículo 12 de la Ley contra la Corrupción ordena publicar los proyectos de presupuesto y endeudamiento antes de presentarlos al Parlamento; su artículo 8 establece el carácter público de la información presupuestaria y de la administración del patrimonio público. También es obligatorio publicar la Ley. Ninguna ley puede ser secreta.

La opacidad fiscal no es nueva: desde 2009 dejaron de publicarse las estadísticas fiscales y desde 2016 no se divulga el presupuesto nacional. Mientras tanto, en 2026 se anuncian acuerdos e inversiones en sectores estratégicos, nuevas oportunidades de explotación petrolera y minera y una posible normalización de las relaciones económicas con Estados Unidos. Sin embargo, nada sabemos de los ingresos obtenidos por las concesiones, licencias, contratos, exportaciones de empresas del Estado, recaudación interna ni de la utilización de estos recursos. Si se abren oportunidades para captar recursos y reactivar la economía, ¿por qué se mantiene cerrada la información sobre el dinero público?

La transparencia presupuestaria no es un trámite burocrático: es saber cuánto dinero tiene el Estado, a qué se destina y si se traduce en agua, electricidad, reconstrucción luego del doble terremoto, salud, educación e infraestructura.
¿Cuál es la excusa ahora?

El derecho de acceso a la información señala: toda información en poder del Estado es propiedad de los ciudadanos. Es un derecho que aún está pendiente.

Desde Transparencia Venezuela exigimos la publicación de los proyectos de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027, de la Ley Especial de Endeudamiento 2027, los documentos complementarios y toda la información relativa a la administración del patrimonio público del país.

Transparencia Venezuela, 13 de octubre de 2026. Transparencia Venezuela verificó a través de datos de la aduana de Estados Unidos que la empresa estatal venezolana CVG Venalum exportó por primera vez a Estados Unidos, después de la imposición de sanciones en 2019, 15.036 toneladas de aluminio primario en lingotes de pureza superior al 99%, cuyo valor es de 52.476.000 dólares, incluidos fletes y seguro (valor CIF).

La operación no fue informada por el Gobierno venezolano, sino por autoridades estadounidense en una publicación en redes sociales, donde no se especificaron los detalles de la negociación.

La carga arribó al puerto de Nueva Orleans, Luisiana el 29 de septiembre de 2026, desde el puerto Matanzas de Puerto Cabello, estado Carabobo. La empresa receptora fue Avondale Terminal Service LLC.

La concejal general del distrito Jefferson Parish, Jennifer Van Vrancken, hizo una publicación en sus redes por el arribo del cargamento, en la que señaló que en el lugar estuvo presente el secretario de Interior del Gobierno de Donald Trump, Doug Burgum.

Van Vrancken consideró el hecho un hito para la industria de Estados Unidos.

Nos preguntamos:

¿A dónde va este dinero? ¿Al Fondo de Depósito de Gobierno Extranjero creado por Trump o a CVG Venalum?

Transparencia Venezuela, 30 de septiembre de 2026. La intensidad de los intercambios económicos y diplomáticos de Venezuela con China y Rusia fue decayendo al tiempo que se manifestaba la caída en la producción petrolera de Pdvsa, el incumplimiento de pagos de préstamos y el fracaso financiero de varios proyectos conjuntos, especialmente en las empresas mixtas petroleras y agrícolas, de armamento y camiones con Rusia; de equipos telefónicos, electrodomésticos y autobuses con China, entre otros.

Es así como a partir del año 2017 dejaron de fluir fondos estatales desde China y Rusia y las Comisiones de Alto Nivel con ambos países entran en un periodo de enfriamiento.
Pero, la imposición de sanciones financieras y petroleras sobre Venezuela, la pandemia del Covid-19 y la privatización encubierta de activos en sectores estratégicos venezolanos, reconfiguraron las relaciones de tal manera que a través de mecanismos distintos las autoridades de gobierno de los tres países mantuvieron la cooperación. Dos publicaciones de Transparencia Venezuela de 2025 reseñaron la cooperación financiera económica y productiva de Venezuela con China y Rusia desde 2022.

Los acontecimientos del 3 de enero de 2026 en Venezuela marcan un antes y un después en las relaciones con Rusia y China. El comercio de crudo y el estatus de las empresas petroleras de ambos países en Venezuela han sido tema de interés para los medios especializados en energía y aún más después del anuncio del convenio entre Washington y Caracas, en el que se otorga la concesión de 17 campos petroleros, y que presuntamente incluye yacimientos que están asignados a las petroleras China Concord Resources, China National Petroleum Corporation, Sinopec y a la rusa Petromost – Ruszarubezhneft. Según medios especializados Reuters y Bloomberg, justamente estas últimas empresas eran hasta enero las concesionarias de las mayores reservas de crudo.

Hasta 2025, Rusia y China mantenían el siguiente entramado empresarial:

Transparencia Venezuela, 25 de septiembre de 2026. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, la crisis entre Estados Unidos y Venezuela volvió a evidenciar la dimensión informativa de la relación de Caracas con Moscú, Pekín y Teherán.

En este informe se entiende por “alineación mediática” la convergencia sistemática de marcos narrativos, fuentes oficiales y amplificación cruzada entre plataformas estatales o alineadas con gobiernos aliados, con el fin de reforzar posiciones geopolíticas compartidas.

El último trimestre de 2025 mostró una convergencia discursiva clara entre Caracas, Moscú, Pekín y Teherán, aunque con distintos niveles de intensidad y compromiso. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, ninguno de sus aliados clave –Rusia, China, Irán–, reaccionó más que en el plano diplomático y la condena internacional, a pesar de que esas tres naciones han sido clave en las capacidades de defensa militar de Venezuela.

Informativamente, la alineación sí fue completa. En vez de “captura” se habló de “secuestro”. Se etiquetó a Maduro como “prisionero de guerra”, se exaltó “la violación del derecho internacional”, se calificó como “un cuento de hadas” las acusaciones sobre narcoterrorismo y se repitió que la oposición era una “aliada del imperio”. Un discurso que atravesó plataformas estatales como Venezolana de Televisión (VTV), y otras cercanas al aparato estatal como Agencia Venezuela News o La Iguana TV y se expandió a medios rusos, chinos e iraníes, como parte de una red identificada de 44 medios que configuran una operación de amplificación de alcance de narrativas.

Esa reacción inicial con marcos casi idénticos en enero fue mutando durante el primer semestre del año de la solidaridad militante a la gestión de daños: Rusia denunció que EEUU “expulsa” a sus empresas del petróleo venezolano, China blindó sus “intereses legítimos” mientras las redes chinas convertían el caso en plantilla para Taiwán, e Irán prácticamente desapareció del tema al entrar en su propia guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El giro pro-Washington del Gobierno de Delcy Rodríguez (restablecimiento de relaciones en marzo, apertura petrolera, sustitución del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y del canciller Yván Gil) no produjo una ruptura mediática visible: TeleSUR y VTV siguieron replicando/lavando contenido ruso y chino, mientras los funcionarios venezolanos defendían su “derecho soberano” a mantener lazos con los tres aliados en vez de repudiarlos.

Transparencia Venezuela 18 de septiembre de 2026.– Desde Transparencia Venezuela nos complace que el tribunal especial cuarto en funciones de Control de Caracas haya acordado el cierre de la causa contra Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, quien fue arbitrariamente sometido a un proceso judicial sin sustento legal con el único fin de criminalizar su labor en defensa de los derechos de los venezolanos, especialmente de la libertad de expresión.

Correa fue acusado injustamente y sin ningún fundamento legal de delitos muy graves como financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales, asociación, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

Espacio Público difundió la boleta de notificación del sobreseimiento firmada por la juez con competencia en casos asociados a terrorismo, Yuly Sierra Goyo, documento en el que se lee que “el hecho objeto del proceso no le puede ser atribuido…” al activista.

La medida se tomó a partir de la solicitud hecha ante el tribunal por fiscales del Ministerio Público, un organismo que ha sido parte esencial del aparato represor en Venezuela.