DOCUMENTO DE POSICIÓN

Camino para recuperar la democracia, la libertad y el estado de derecho

Exigencias ciudadanas para la transición democrática en Venezuela

Quiero Elegir | Julio 2026

1. Propósito

Desde la sociedad civil venezolana reconocemos la urgencia de iniciar una transición orientada a restablecer la legitimidad de las instituciones y su responsabilidad ante la ciudadanía. Este proceso debe asegurar el ejercicio de los derechos humanos, recuperar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población y abordar la impunidad mediante mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

A un mes de los terremotos del 24 de junio, la recuperación del país se suma a una crisis estructural que se ha prolongado durante más de una década. La reconstrucción requiere autoridades con legitimidad de origen, capacidad institucional y controles sobre el ejercicio del poder. Las decisiones sobre las prioridades, la asignación de recursos y su ejecución deben responder a criterios públicos y estar sujetas a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Desde Quiero Elegir proponemos que la negociación establezca como prioridad una hoja de ruta hacia la celebración conjunta de elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional en el menor plazo posible. Esta ruta debe definir las condiciones, responsabilidades y etapas necesarias para asegurar la participación de electores, candidaturas y partidos políticos en un entorno que garantice la competencia, las libertades públicas y el acceso a información plural.

La renovación del Consejo Nacional Electoral constituye una condición central de esta ruta. La nueva autoridad debe contar con independencia, capacidad de decisión y una composición que genere confianza entre los actores políticos y la ciudadanía. Su designación debe producirse con tiempo suficiente para organizar el proceso, actualizar el Registro Electoral, ejecutar las auditorías y asegurar que la voluntad expresada en las urnas pueda ser verificada.

La negociación en curso reúne a representantes del gobierno interino a través de la Asamblea Nacional de 2026, representantes de la oposición vinculados con la Asamblea Nacional de 2015 y al Gobierno de Estados Unidos como actor de acompañamiento. Reconocemos que la construcción de acuerdos requiere espacios de confidencialidad para acercar posiciones. Al mismo tiempo, las experiencias anteriores muestran la necesidad de informar sobre el propósito y los avances generales del proceso, establecer mecanismos independientes de verificación y rendir cuentas sobre los compromisos finalmente alcanzados.

El propósito de este documento es aportar criterios políticos y técnicos para que la negociación contribuya a restituir la soberanía popular y conduzca a la elección de autoridades con legitimidad y capacidad para impulsar la reinstitucionalización del país. Las propuestas presentadas buscan servir como referencia para el grupo negociador y facilitar la construcción de una ruta que garantice el derecho a elegir y ser elegido.

Desde Quiero Elegir entendemos que una salida electoral tendrá sentido si crea condiciones reales para participar y competir, y si garantiza que la decisión expresada en las urnas será respetada. Las propuestas y líneas rojas desarrolladas a continuación buscan orientar ese proceso y contribuir a que la elección abra una transición política con respaldo ciudadano.

2. Una oportunidad que debe convertirse en una ruta para la transición

Transparencia y verificación de los acuerdos

El anuncio de conversaciones entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2026, previstas a partir del 1 de agosto, abre una oportunidad política. La información disponible todavía es limitada y no permite conocer con precisión el alcance de la agenda ni la forma en que se implementarán sus resultados. Esta fase inicial debe servir para definir el objetivo del proceso y establecer cómo se informará a la ciudadanía sobre su desarrollo.

La Asamblea Nacional de 2015 debe comunicar públicamente la ruta electoral que aspira a construir. La prioridad inmediata consiste en acordar las condiciones necesarias para una elección que permita iniciar la transición. El diseño del sistema electoral definitivo corresponderá a una etapa posterior de reinstitucionalización. Distinguir ambos momentos evita que la discusión sobre reformas futuras desplace la respuesta al conflicto de legitimidad que enfrenta el país.

Reconocemos que la negociación requiere espacios de reserva para acercar posiciones y facilitar acuerdos. Esta reserva puede proteger las deliberaciones sin impedir que se informe sobre los objetivos, los avances generales y los compromisos formalmente alcanzados. La legitimidad electoral de la Asamblea Nacional de 2015 implica una responsabilidad de rendición de cuentas ante la población que representa.

Para cumplir esa responsabilidad, proponemos establecer un canal regular de comunicación entre sus representantes y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la construcción de la ruta electoral. Este espacio permitiría compartir información, presentar propuestas y advertir riesgos sin sustituir las funciones de las partes negociadoras.

La sociedad civil puede aportar conocimiento derivado de su trabajo de documentación, defensa de derechos y seguimiento electoral. Su participación ayuda a vincular los acuerdos con las demandas ciudadanas y permite evaluar su implementación de manera independiente. Este seguimiento adquiere especial relevancia frente al cumplimiento prácticamente inexistente de los más de diez acuerdos políticos suscritos durante los últimos años.

Los compromisos asumidos en 2024 tampoco se tradujeron en garantías efectivas. Después del 28 de julio no se publicaron resultados verificables, la voluntad ciudadana no fue reconocida y la defensa del voto fue respondida con persecución y represalias. Esta experiencia confirma que la firma de un acuerdo resulta insuficiente cuando su ejecución depende únicamente de la voluntad posterior de las partes.

La nueva negociación debe incorporar desde el inicio mecanismos de implementación y verificación. Los compromisos requieren responsables identificados, plazos, indicadores y procedimientos de respuesta ante incumplimientos. La ciudadanía debe poder conocer el grado de avance de lo acordado y contar con información que permita valorar si el proceso está produciendo las condiciones necesarias para volver a elegir.

3. La reconstrucción del país también debe ser democrática

Centralidad en la gente y en instituciones democráticas. Los terremotos del 24 de junio dejaron una huella clara de la crisis que atraviesa el país; es necesario reconocer el gran número de personas fallecidas, familias separadas, comunidades desplazadas y daños profundos en la vidas de millones de venezolanos. Cualquier discusión sobre el futuro político de Venezuela debe comenzar por reconocer ese dolor y acompañar a quienes intentan reconstruir sus vidas y generar rutas claras para que el cambio político se concrete de formas pacíficas.

Es comprensible que, en medio de la emergencia, la atención inmediata concentre los esfuerzos públicos. Pero reconstruir no puede significar regresar al país anterior a la tragedia. Venezuela ya enfrentaba instituciones debilitadas, servicios deteriorados, una emergencia humanitaria compleja y una profunda desconfianza ciudadana; recuperar solo la infraestructura conservaría las vulnerabilidades que limitaron la capacidad de respuesta ante el desastre.

La reconstrucción plantea una pregunta de fondo, quién decidirá el futuro del país y bajo cuál sistema y bajo cuáles controles. En los próximos meses se tomarán decisiones sobre el uso de los recursos y las prioridades de recuperación. Las personas afectadas deben poder organizarse, incidir en esas decisiones y exigir cuentas sobre su implementación.

Incorporar las demandas ciudadanas permite que la recuperación responda a las comunidades y contribuya al cambio político necesario para superar las condiciones que agravaron los efectos de la tragedia. Las personas no pueden ser vistas únicamente como destinatarias de asistencia: también son ciudadanía, llamada a decidir quién conducirá la reconstrucción y con cuáles prioridades.

4. La elección que Venezuela necesita

Venezuela no está ante la organización de una elección ordinaria dentro de un sistema institucional funcional. El conflicto político permanece abierto, y las autoridades que deberían arbitrarlo, tanto electorales como de justicia, han participado en la intervención de partidos, la inhabilitación de candidaturas, la limitación del voto a millones de venezolanos y el cierre de los mecanismos de control.

Las próximas elecciones deben ser el punto de partida de la transición y organizarse mediante reglas extraordinarias, temporales y acordadas. La primera etapa debe comprender las elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional, celebradas de manera conjunta.

La elección presidencial permitirá decidir quién conducirá el Poder Ejecutivo. La elección parlamentaria permitirá conformar una Asamblea Nacional con legitimidad popular para renovar los poderes públicos, actualizar el marco jurídico y sostener las reformas institucionales.

Las elecciones regionales y municipales deben celebrarse posteriormente. Convocarlas de forma anticipada podría fragmentar la demanda ciudadana y aplazar la resolución del conflicto nacional. Realizarlas después permitirá que la renovación de los poderes regionales y locales ocurra dentro de un sistema electoral reinstitucionalizado, y con una institucionalidad que garantice la restitución de sus derechos, recursos, atribuciones y competencias.

La construcción de un calendario electoral debe ser consecuencia del cumplimiento de las condiciones acordadas para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

5. Propuestas para una hoja de ruta electoral verificable

5.1. Adoptar un acuerdo político con capacidad de implementación

El acuerdo debe incorporar la secuencia electoral definida, las condiciones previas, las fases de implementación y las instituciones responsables. Cada compromiso debe contar con un plazo, un indicador de cumplimiento y una fuente de verificación.

El acuerdo debe distinguir tres planos: las condiciones necesarias para avanzar hacia una primera elección de transición, las garantías que deberán aplicarse durante el proceso, y las reformas prioritarias que corresponderán a las autoridades electorales electas. Lo inmediato es construir una ruta con cronograma que permita celebrar esa elección con legitimidad y garantías, reconociendo que constituye el inicio de un proceso más amplio de reinstitucionalización democrática. Para sostener esa ruta deben acordarse, además, procedimientos que permitan atender retrasos, diferencias de interpretación e incumplimientos.

Un mecanismo de seguimiento con participación de las partes, asistencia técnica internacional y presencia de organizaciones ciudadanas especializadas permitiría evaluar los avances. Sus informes deben ser públicos y sustentarse en indicadores conocidos. Queremos que esta nueva fase tenga transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Los miembros de este proceso le deben rendir cuentas a los ciudadanos.

5.2. Aprobar un Estatuto, Decreto o Norma Electoral Especial

La transición requiere reglas temporales que corrijan, para esta primera elección, las disposiciones y prácticas que hoy favorecen la arbitrariedad, la exclusión y la opacidad. El Estatuto Electoral Especial debe derivarse del acuerdo político, contar con respaldo ciudadano y tener desarrollo jurídico suficiente para obligar a las instituciones responsables.

Este instrumento debe regular la elección de la autoridad electoral transitoria, el cronograma, el Registro Electoral, las postulaciones, las campañas, el financiamiento, el acceso a medios, las auditorías, la observación, la solución de controversias y la publicación de resultados.

Su vigencia debe limitarse al primer ciclo electoral de la transición. Esta delimitación permite responder a las condiciones del país sin crear una excepcionalidad indefinida.

5.3. Designar una nueva autoridad electoral

La sustitución del actual CNE es una condición habilitante para recuperar la confianza. La renovación debe abarcar a sus autoridades y revisar las estructuras técnicas y territoriales responsables de ejecutar las elecciones.

La selección debe responder a criterios públicos de independencia, idoneidad y trayectoria. Las decisiones del nuevo organismo deben ser colegiadas, motivadas y publicadas. Su presupuesto, contrataciones, cronogramas y resoluciones deben estar disponibles para el control político y ciudadano.

Debe establecerse una autoridad transitoria para administrar el primer ciclo electoral, y reconocer posteriormente la competencia de la nueva Asamblea Nacional para designar al CNE definitivo. Esta fórmula permitiría organizar las elecciones con una autoridad confiable y preservar las atribuciones de las instituciones electas.

5.4. Establecer garantías independientes de justicia electoral

La renovación del CNE será insuficiente si las controversias continúan bajo el control de instituciones que han restringido la participación política. La hoja de ruta debe incluir una instancia independiente para interpretar las reglas y resolver disputas de forma oportuna.

Este mecanismo puede adoptar la forma de una Sala Electoral transitoria, una renovación acordada de la instancia judicial competente, o un órgano especial de resolución de controversias. Cualquier modalidad deberá garantizar independencia, debido proceso, decisiones motivadas, plazos breves y acceso efectivo.

Durante la transición debe prevalecer la interpretación más favorable a la participación: ante interpretaciones posibles distintas, debe aplicarse la que proteja la voluntad del electorado.

5.5. Recuperar el Registro Electoral

El Registro Electoral define quién puede votar y dónde puede hacerlo. Antes del doble terremoto, múltiples estudios denunciaban que millones de personas permanecen fuera del padrón o inscritas en lugares donde ya no residen, una situación que afecta especialmente a jóvenes, personas migrantes y comunidades desplazadas, y esta situación se ha profundizado tras los terremotos especialmente en las siete ciudades que resultaron mas afectadas. La apertura y actualización del registro debe responder a esta realidad y evitar que los desplazamientos se conviertan en una nueva causa de exclusión.

Deben habilitarse puntos permanentes en los 335 municipios del país, complementados con operativos móviles en las zonas con mayores dificultades de acceso. La ubicación, los horarios y los requisitos deben publicarse con antelación y mantenerse de forma regular.

Las jornadas de inscripción y actualización deben coordinarse con los mecanismos de cedulación y recuperación de documentos. También se necesitan procedimientos sencillos para cambiar la residencia electoral, y criterios públicos para reorganizar los centros de votación afectados por los terremotos.

El uso de la tecnología disponible para la inscripción en el registro o el cambio de residencia permitiría superar la limitación que representa la falta de cedulación en el exterior, o la dificultad de movilizarse hasta los centros de inscripción.

El padrón debe someterse a auditorías independientes, con participación de organizaciones políticas y actores especializados. La revisión debe permitir identificar errores, movimientos no autorizados y problemas de consistencia. Sus metodologías y resultados deben publicarse.

5.6. Garantizar la participación de venezolanos en el exterior

La participación de los venezolanos y venezolanas en el exterior debe formar parte del acuerdo desde su inicio. Una apertura tardía del Registro Electoral, o la aplicación de requisitos discrecionales, dejaría fuera a una parte importante de la población. Debe implementarse el sistema que garantice la mayor facilidad posible para los venezolanos en el exterior.

Deben eliminarse los requisitos restrictivos de residencia legal y habilitar mecanismos accesibles de inscripción y actualización en consulados, embajadas y puntos acordados con los países receptores. Los procedimientos deben considerar las distintas situaciones documentales de la población migrante.

La votación en el exterior requiere suficientes centros, personal capacitado, observación independiente, resguardo del material, escrutinio público y transmisión verificable de resultados. La población venezolana fuera del país forma parte del electorado y debe participar en condiciones de igualdad.

5.7. Restituir la competencia política

Un proceso competitivo requiere partidos autónomos, candidaturas habilitadas y capacidad real de organización. La hoja de ruta debe contemplar la restitución de tarjetas, símbolos y autoridades partidistas a sus dirigencias legítimas, así como la revisión de las intervenciones judiciales utilizadas para controlar organizaciones políticas.

También deben revisarse las inhabilitaciones impuestas sin sentencia judicial firme. Las reglas de postulación deben ser públicas, estables y aplicarse en condiciones de igualdad.

El acceso a medios, el financiamiento y la publicidad institucional deben ser transparentes y regularse para reducir las ventajas derivadas del control estatal. Los recursos públicos, los programas sociales y los fondos de reconstrucción deben mantenerse separados de la actividad partidista. La actividad pública de los actores del gobierno, propaganda, eventos, inauguraciones, entrega pública de beneficios, debe restringirse durante los períodos de campaña.

5.8. Restituir las condiciones para participar

El ejercicio del voto depende de la posibilidad de informarse, organizarse y expresarse sin miedo. La hoja de ruta debe garantizar las libertades de expresión, asociación y reunión, así como condiciones para el trabajo de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones políticas y observadores electorales.

La liberación de las personas detenidas por razones políticas, el cese de la persecución y las garantías frente a nuevas represalias deben formar parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia la elección. Esto requiere derogar las leyes que restringen la participación, revisar las prácticas utilizadas para cerrar el espacio cívico y eliminar los mecanismos de vigilancia digital empleados para monitorear, intimidar o perseguir a quienes ejercen actividades políticas, periodísticas o ciudadanas.

El cumplimiento de estas medidas debe comprobarse mediante hechos verificables. La hoja de ruta también debe prever procedimientos de documentación y respuesta ante nuevas detenciones, restricciones o actos de vigilancia, de manera que las garantías acordadas puedan aplicarse durante todo el proceso.

5.9. Garantizar auditorías, observación y resultados verificables

La observación nacional e internacional debe acompañar todas las fases del ciclo electoral. Su mandato debe incluir el funcionamiento del CNE, el Registro Electoral, las postulaciones, la campaña, el uso de recursos públicos, la votación, la totalización y la resolución de controversias.

La observación nacional también requiere condiciones legales para desarrollarse con independencia. La hoja de ruta debe incorporar la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico y limitan el funcionamiento de las organizaciones que documentan y observan los procesos electorales. Estas organizaciones deben poder actuar sin amenazas, controles discrecionales ni represalias, acceder a la información necesaria y publicar sus conclusiones de manera autónoma.

Las organizaciones nacionales deben recibir acreditación oportuna y acceso suficiente para desarrollar su trabajo. La observación internacional debe desplegarse con tiempo suficiente para evaluar las condiciones previas.

El CNE debe publicar resultados completos y desagregados por mesa, en formatos que permitan su verificación. Las actas deben contar con mecanismos de autenticación y estar disponibles para partidos, observadores y ciudadanía. La proclamación debe sustentarse en información íntegra y auditable.

6. Líneas rojas para preservar el sentido democrático del acuerdo

La negociación requiere flexibilidad para construir soluciones viables entre actores con intereses distintos. Esa flexibilidad debe convivir con criterios que preserven el propósito electoral del proceso y ofrezcan confianza a la ciudadanía. Consideramos irrenunciables las siguientes líneas rojas:

1. Un plazo definido para la primera elección. Se propone celebrar la primera elección de la transición en un plazo máximo de un año contado desde el 1 de agosto de 2026. Durante la primera quincena de octubre de 2026 quedarían definidos el cronograma electoral, el mecanismo de renovación del CNE, la instancia de justicia electoral y el acompañamiento internacional mediante misiones de largo alcance. Alcanzar estos acuerdos antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos contribuiría a consolidar la ruta frente a posibles cambios en el contexto internacional.
2. La renovación del CNE como condición central. El cronograma incorporaría el proceso de selección y designación de la nueva autoridad electoral. La secuencia específica puede formar parte de la negociación, siempre que permita al nuevo CNE asumir con tiempo suficiente para organizar la elección, ejecutar las auditorías y generar confianza, el CNE deberá nombrarse a más tardar tres meses luego de iniciado el proceso de negociación el 1 de agosto de 2026.
3. Una norma especial para la primera elección. El primer ciclo electoral de la transición se regiría por un estatuto o norma de aplicación temporal. Este instrumento permitiría acordar reglas sobre la autoridad electoral, el cronograma, las postulaciones, las auditorías, la observación, la resolución de controversias y la publicación de resultados, deberá aprobarse a más tardar el 30 de octubre de 2026.
4. Observación desde las primeras fases. La ruta incluiría una invitación temprana a misiones internacionales de largo alcance y garantías para la actuación de las organizaciones nacionales. Este acompañamiento permitiría observar la implementación de los acuerdos y no únicamente la jornada electoral.
5. Elecciones que respondan al conflicto nacional. Las elecciones presidenciales y parlamentarias constituirían la primera etapa de la transición. Las regionales y municipales podrían celebrarse posteriormente o integrarse en una elección conjunta, siempre que su incorporación preserve la prioridad de renovar los poderes nacionales.
6. Compromisos verificables. Cada acuerdo incorporaría responsables, plazos, indicadores y fuentes de verificación. Un mecanismo independiente de seguimiento permitiría evaluar los avances y activar respuestas ante retrasos o incumplimientos.
7. Una instancia independiente de justicia electoral. La arquitectura de transición contaría con un mecanismo imparcial para interpretar las reglas y resolver controversias. Su definición temprana ofrecería garantías a la ciudadanía, las candidaturas y las organizaciones políticas.
8. Un Registro Electoral abierto y auditado. La inscripción y actualización dentro y fuera del país formarían parte del cronograma desde sus primeras etapas. El proceso culminaría antes del cierre del padrón para permitir su auditoría, la presentación de reclamos y la corrección de irregularidades.
9. Restitución de la competencia política. La devolución de partidos, autoridades y tarjetas, junto con la revisión de las inhabilitaciones, permitiría que las organizaciones preparen sus candidaturas y participen en condiciones de igualdad.
10. Condiciones para participar sin miedo. La ruta incorporaría la liberación de las personas detenidas por razones políticas, garantías frente a nuevas represalias, la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico y la eliminación de los mecanismos de vigilancia digital utilizados para perseguir la actividad política, periodística o ciudadana.
11. Resultados completos y verificables. El acuerdo reconocería la publicación de las actas y de los resultados desagregados por mesa como una obligación central de la autoridad electoral. Esta información permitiría comprobar que la proclamación corresponda con la voluntad expresada en las urnas.
12. Separación entre reconstrucción y competencia partidista. La asistencia humanitaria, los programas sociales y los recursos destinados a la recuperación permanecerían sujetos a criterios públicos y ajenos a la movilización electoral. Las necesidades generadas por los terremotos no pueden convertirse en instrumentos de presión política.
13. Una ruta organizada por fases. El avance hacia cada nueva etapa estaría vinculado con la verificación de los compromisos anteriores. Esta secuencia permitiría corregir retrasos y preservar las garantías antes de llegar a la elección.

7. Recomendaciones para los miembros de Asamblea Nacional de 2015 que participarán en la negociación

La Asamblea Nacional de 2015 tiene la oportunidad de convertir su legitimidad en una capacidad efectiva para orientar la salida electoral al conflicto. Para ello es importante construir una posición política compartida que defina el resultado esperado y los principios que deben preservarse durante la negociación. El componente técnico debe ponerse al servicio de esa posición y ofrecer criterios para valorar los avance hacía la elección de transición y al proceso posterior de reinstitucionalización.

La negociación también requiere una estrategia de articulación. La coordinación entre las fuerzas democráticas y la creación de canales de interlocución con la sociedad civil permitirán incorporar conocimiento técnico, recoger demandas ciudadanas y fortalecer la vigilancia sobre los compromisos. La conducción corresponde a las partes negociadoras; la legitimidad y la sostenibilidad de la ruta dependerán de su conexión con la población.

El acompañamiento internacional puede respaldar la implementación de los acuerdos y aportar garantías durante el proceso. Su contribución será especialmente relevante para el diseño del Estatuto Electoral Especial, la renovación institucional, las auditorías y el mecanismo de verificación. Este apoyo puede fortalecer las capacidades venezolanas y aumentar los costos políticos del incumplimiento, sin sustituir la responsabilidad de quienes conducen la negociación.

El proceso también debe producir una secuencia política viable. Cada fase debe crear las condiciones necesarias para avanzar hacia la siguiente, e incorporar procedimientos que permitan corregir retrasos o incumplimientos. Más que acumular compromisos, el objetivo es construir una ruta capaz de transformar las condiciones electorales y sostener la recuperación de las instituciones.

8. Consideraciones finales

La negociación puede abrir una salida al conflicto si devuelve a la ciudadanía la posibilidad de decidir y crea instituciones capaces de respetar esa decisión. Su valor no dependerá únicamente de alcanzar un acuerdo, sino de que sus compromisos se traduzcan en cambios verificables.

Después de la tragedia, Venezuela necesita reconstruir su infraestructura y también la relación entre ciudadanía, instituciones y poder. Ambas tareas requieren participación, transparencia y rendición de cuentas. El país no necesita regresar al punto anterior, sino avanzar hacia una institucionalidad capaz de proteger a las personas, procesar sus diferencias y responder a la voluntad expresada mediante el voto.

Quiero Elegir reafirma su compromiso con la democratización de Venezuela. Acompañaremos la construcción de estas condiciones, vigilaremos el cumplimiento de los acuerdos, y seguiremos abriendo espacios para que la ciudadanía pueda organizarse y participar. Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección: continúa hasta que cada persona pueda votar con libertad, verificar su decisión y confiar en que será respetada.

Después de años en los que elegir ha sido una demanda, Venezuela tiene la oportunidad de convertirlo de nuevo en una garantía. Seguiremos siendo porfiados con la democracia, porque sabemos que el futuro del país no puede decidirse sin su gente. Queremos volver a elegir, pero también queremos que elegir vuelva a significar que la voz de la ciudadanía tiene el poder de cambiar a Venezuela.

Versión 16/07/2026