Priorizar la reconstrucción de la democracia en Venezuela para combatir la corrupción estructural

Transparencia Venezuela, 12 de enero de 2026. Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que terminó con su captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados ante un tribunal de Nueva York para ser imputados por conspiración para el narcoterrorismo y por introducir cocaína en Estados Unidos, así como otros delitos relacionados con armas.

Durante esas horas, el Departamento de Justicia publicó una ampliación de la imputación contra quien gobernó Venezuela durante 12 años, en la cual, para sorpresa de muchos, las referencias al Cartel de Los Soles no solo han casi desaparecido, sino que ya no se califica a este grupo como una “organización criminal conformada por altos funcionarios”, sino como un “sistema clientelar”.

Apenas en noviembre de 2025 el Departamento de Estado calificó al Cartel de Los Soles como una “organización terrorista extranjera” e insistió en su cabecilla era Nicolás Maduro.

No obstante, este giro no implica que los señalamientos contra el ahora detenido se hayan suavizado.

“El acusado participó, perpetuó y protegió una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”, se lee en el documento de 25 páginas de extensión que firmaron el fiscal Jay Clayton y un jurado, cuya identidad se reservó por razones de seguridad.

“Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”, se remata en el escrito.

¿Por qué Estados Unidos hace semejantes acusaciones? ¿Qué motivos tiene? A continuación, se enumeran 6 razones:

1.Venta de pasaportes y traslado seguro de los pagos de la droga

Clayton acusa a Maduro de haber “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado” para enviar las grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, para lo cual ha amparado y protegido a narcotraficantes.

“Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los planes utilizados por los lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela”, se lee en el escrito, en el que se sostiene que estas acciones habrían ocurrido entre 2006 y 2008.

En 2017, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que se denunciaba que pasaportes venezolanos eran vendidos en embajadas y consulados de Medio Oriente, y que algunos de sus compradores habrían sido miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá.

«En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares», dijo un exfuncionario venezolano de esa legación a la cadena, quien fue forzado a renunciar luego de denunciar la situación ante su superior.

«No les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa», agregó.

En su momento el Gobierno no solo negó las acusaciones, sino que optó por prohibir las transmisiones de CNN en Venezuela como represalia.

La Fiscalía estadounidense también acusa a Maduro de ordenar a los embajadores que ayudaran a los traficantes a realizar sus negocios.

“Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero de la droga de México a Venezuela Maduro Moros facilitaba el traslado de aviones privados bajo protección diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero de la droga. El avión regresaba a Venezuela bajo protección diplomática”, se lee en el escrito.

2. Haciendo caja para seguir en el poder

La Fiscalía estadounidense afirma que Maduro y su entorno no solamente habrían recurrido al narcotráfico para enriquecerse personalmente, sino también para otros fines.

“Estos políticos utilizaban los pagos de la cocaína para mantener y aumentar su poder político”, se lee en el escrito.

En la imputación se asegura que Maduro habría establecido nexos con las guerrillas colombianas (FARC y ELN) y también con carteles mexicanos como el de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán y Los Zetas. Y, por último, con la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua.

A todos estos grupos, los imputados y otros colaboradores “les proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a EE.UU.”, a cambio de grandes sumas de dinero.

En 2007, la entonces diputada Cilia Flores habría recibido “cientos de miles de dólares” a cambio de organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres.

“El narcotraficante posteriormente acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente US$ 100.000 por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, una parte de la cual se pagó posteriormente a Cilia Flores de Maduro. Alrededor de 2015, Reverol Torres fue acusado de delitos relacionados con narcóticos en el Distrito Este de Nueva York y se encuentra prófugo”, se lee en el escrito.

3. Un negocio familiar

A diferencia de la primera imputación contra Maduro presentada en 2020, en esta nueva no solo se señala al gobernante y a miembros o exmiembros de su gobierno, sino también a parte de su familia.

Así además de su esposa, Cilia Flores, también se acusa de estar implicado en actividades criminales a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien se presenta con los alias de “Nicolasito” y “El Príncipe”.

¿Por qué el hijo? La Fiscalía de Estados Unidos asegura que en 2020 el parlamentario oficialista “asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC” y que durante el encuentro “discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”.

4. Los colectivos como escoltas

Además de las fuerzas militares, la pareja Maduro-Flores habría empleado civiles armados para proteger los cargamentos de drogas, asegura la Fiscalía de Estados Unidos.

“Maduro Moros y Flores de Maduro mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”, se lee en la imputación.

“Maduro Moros y Flores de Maduro también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de alguna otra manera perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas, Venezuela”, se remata.

5. Casos relacionados con aviones

El caso del vuelo 385 de Air France sería para la Fiscalía de Estados Unidos una prueba de la participación de Maduro y otras autoridades venezolanas en el tráfico de drogas.

El 11 de septiembre de 2013, dentro de un avión procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, la policía gala consiguió 30 maletas de cocaína, más de 1,3 toneladas.

“Tras la incautación, Maduro Moros logró una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les indicó a Cabello Rondón y Carvajal Barrios que no debían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, debían utilizar otras rutas y puntos de tráfico de drogas bien establecidos para el envío de cocaína”, se lee en la imputación.

Las autoridades consideran que las detenciones que se produjeron poco después en Venezuela fueron una cortina de humo para “desviar la atención” de los responsables de la operación.

A lo anterior hay que sumarle la sospecha de que aviones oficiales fueron empleados también para transportar drogas dentro del país.

“Entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas”, se lee en el escrito.

6. El Tren de Aragua

Aunque las autoridades venezolanas consideran disuelta la megabanda del Tren de Aragua, desde Washington insisten en que el grupo no solo no está liquidado, sino que se ha expandido por América con el apoyo de Caracas.

En su imputación, el fiscal Clayton incluye al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales con las que la pareja Maduro-Flores habría mantenido vínculos.

“Alrededor de 2019, el líder de Tren, Héctor Guerrero Flores (alias ‘El Niño Guerrero’), habló sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano. En múltiples llamadas, Guerrero Flores se ofreció a escoltar cargamentos de droga, explicando que Guerrero Flores y el Tren controlaban las costas del estado Aragua”, se asegura en el documento.

El próximo 17 de marzo está prevista la nueva comparecencia de Maduro y su esposa ante el juez Alvin Hellerstein.

Transparencia Venezuela 9 de enero de 2026. Las exigencias en materia petrolera de Estados Unidos a las autoridades venezolanas, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, requieren que se atiendan las debilidades institucionales de nuestro país para que la necesaria inversión y ampliación de socios se den en el marco de condiciones claras, transparentes, competitivas, equitativas y, fundamentalmente, sin cláusulas de confidencialidad, con criterios en los que prevalezca la decisión de los venezolanos.

En 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Venezuela requería, para un plan mínimo de recuperación económica de un año, la cantidad de USD 39.325 millones, una cifra que con toda seguridad se ha elevado.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Rice University’s Baker Institute, ha señalado que Venezuela tiene el potencial de multiplicar por cuatro o por cinco la producción actual de petróleo. Sin embargo, eso requiere más de una década de inversión constante de un monto que excede los USD 100.000 millones.

Bienvenidos los capitales constructivos

Aunque no se conoce aún la dirección que tomará la nueva situación a partir de la captura de Nicolás Maduro, Transparencia Venezuela recuerda las condiciones necesarias para que las inversiones tengan efectos constructivos:

1. Definir con claridad las condiciones y los procesos para la inversión extranjera y nacional, garantizando competitividad, trato equitativo, estabilidad en las reglas, respeto de los derechos de propiedad, capacidad para convertir y transferir divisas dentro y fuera del país, transferencia tecnológica, protección frente al incumplimiento de contratos, transparencia, simplificación y celeridad en todos los trámites que deben realizarse.

2. Crear y publicar un Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, que incluya todos los elementos de la inversión: identificación del beneficiario final (beneficial ownership), sector, proyectos, montos, origen de los fondos, propósitos, socios, declaración de intereses, participación pública o privada, contratos, lapsos de realización, etc.

3. Garantizar contrataciones públicas competitivas y divulgación completa de contratos, licencias y titularidad beneficiaria, alineados con los estándares de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas en el caso del sector minero (EITI por sus siglas en inglés) y la Alianza de Contratación Abierta. Prohibir sin excepciones las cláusulas de confidencialidad en toda contratación pública.

4. Transparentar todos los acuerdos y compromisos en vigor suscritos por el Estado venezolano con gobiernos foráneos, inversionistas privados extranjeros o nacionales.

5. Reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera (Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de Nº 41.310 del 29 de diciembre de 2017): eliminar restricciones, desincentivos, trámites excesivos, control de la responsabilidad social y el monopolio del Estado sobre sectores estratégicos.

6. Definir criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las empresas en sintonía con los estándares internacionales como la Iniciativa Global de Reportes (GRI), el Consejo de Estándares de Divulgación Climática y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

7. Separar claramente las responsabilidades del Estado venezolano como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.

8. Mejorar la gobernanza de las empresas propiedad del Estado que garanticen la racionalidad de la propiedad pública de la empresa, el rol del Estado como propietario, prácticas de integridad, la divulgación de sus relaciones con partes interesadas, la autonomía de injerencias partidistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de sus autoridades.

9. Derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece la concentración de poder en el presidente/a y actuaciones secretas, lo que elimina la separación de poderes y las garantías de transparencia y rendición de cuentas.

Riesgos frente a la entrada de capitales

Frente a las necesidades de inversión y ampliación de socios en las relaciones económicas internacionales de Venezuela es necesario recordar que la llegada de capitales puede tener efectos corrosivos o efectos constructivos. 

Si los acuerdos se establecen de forma opaca; si aprovechan vacíos legales y debilidades de gobernanza existentes en el país receptor; si alimentan los intereses de las élites y sus aliados; si no se conocen los contratos u acuerdos; si no se cumple con las obligaciones tributarias y de negocios y si permiten que las empresas evadan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, tendrán efectos corrosivos como ha ocurrido con China y Rusia.

En Venezuela, entre 2005 y 2017 entraron por préstamos e inversiones extranjeras más de USD 90.000 millones que no se tradujeron en bienestar para la población ni en crecimiento sostenible. Se transformaron en capitales corrosivos que multiplicaron la deuda sin beneficio para los venezolanos, alimentaron la corrupción y fortalecieron el control autoritario de los pocos con acceso al poder político.

En la actualidad hay serias debilidades de gobernanza por la ausencia de contrapesos, del secreto como política de Estado y un marco jurídico diseñado para el abuso de quien ejerce el poder. Petróleos de Venezuela y el ministerio de Hidrocarburos han estado y siguen estando capturados.

Transparencia Venezuela, 26 de diciembre de 2025.  En un nuevo informe titulado “PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada” revelamos cómo años tras años de expropiaciones y nacionalizaciones justificadas en nombre de la soberanía energética, la industria petrolera venezolana ha evolucionado hacia esquemas de participación privada cada vez más amplios, implementados al margen del marco legal y sin mecanismos efectivos de control público.

A partir de 2018, y con mayor intensidad entre 2019 y 2025, se consolidaron fórmulas de negocio que reducen el rol operativo y fiscal de Pdvsa, mientras se flexibilizan obligaciones tributarias y contractuales en perjuicio del patrimonio público. Estas modificaciones se han aplicado sin reformas formales a la Constitución venezolana ni a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin licitaciones abiertas y sin supervisión parlamentaria.

El informe documenta cómo el secreto de Estado, instaurado incluso antes de las sanciones internacionales, ha impedido a la ciudadanía conocer el destino de la empresa que durante años se dijo: “es de todos”. Para superar esa opacidad, la investigación sistematiza información sobre presuntas empresas aliadas de Pdvsa y detalla la evolución hasta el modelo actualmente vigente: los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Desde 2019, la comercialización del petróleo venezolano opera en un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional. El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025.

La investigación identifica este entramado no como una suma de operaciones aisladas, sino como un sistema articulado que evidencia la convergencia entre élites políticas, empresariales y negocios petroleros opacos.

En el análisis se examina el rol de figuras clave: Álvaro Pulido (Nicolás Maduro), Majed y Khaled Khalil Majzoub (Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez), Jorge Giménez (Delcy Rodríguez), Ramón Carretero Napolitano (Cilia Flores y Carlos Malpica Flores), Alejandro Betancourt (Nicolás Maduro), Wilmer Ruperti (Nicolás Maduro) y el caso particular de Álex Saab, hoy con funciones formales en la definición de los nuevos modelos de negocio y esquemas de comercialización.

El informe aborda la participación de China, Rusia e Irán, que han intervenido en la comercialización del crudo venezolano para saldar deudas, recuperar inversiones y aprovechar los descuentos asociados al petróleo sancionado.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron alrededor de 411 embarques de petróleo, de los cuales una parte significativa se realizó a través de operaciones opacas o que no pudieron ser plenamente identificada. A este escenario se suma un cambio reciente: la intercepción de buques por Estados Unidos, el endurecimiento del cerco financiero y el cierre de billeteras digitales utilizadas para pagos en criptomonedas, lo que agrava los problemas de flujo de caja de Pdvsa y anticipa nuevas cesiones de activos y áreas de explotación.

Transparencia Venezuela, 22 de diciembre de 2025. El ciclo electoral en Venezuela que comenzó con elección presidencial del 28 de julio de 2024 y culminó con los comicios municipales del 27 de julio de 2025 cierra un período marcado por la profundización del control institucional del oficialismo y la erosión definitiva de los mecanismos de competencia electoral en Venezuela, dando paso a la profundización de los abusos y hechos de corrupción que afectaron directamente e indirectamente el disfrute de los derechos humanos, en particular los civiles y políticos,  lo que se evidenció en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condenas judiciales rápidas y severas.

El balance es la consolidación de un modelo en el que la participación ciudadana en elecciones disminuye de manera sostenida, la opacidad se normaliza y las instituciones rectoras dejan de cumplir los estándares mínimos de verificación y transparencia.

Los patrones en las elecciones presidencial, regional y legislativas, y municipales se resumen así: control estatal, restricciones políticas, manipulación estadística, ausencia de garantías técnicas y presentación de resultados de la votación sin mostrar evidencias.

En este análisis de Transparencia Venezuela se aborda, además, cómo cambió el esquema de “disuasión política” – que usualmente imperaba en tiempos de elecciones con detenciones ilegales, desapariciones forzadas y criminalización de activistas y dirigentes locales- pues se volvió permanente, más allá de los procesos electorales, específicamente entre agosto y diciembre de 2025.

También se aborda la “democracia comunal post-electoral” con “Consultas Populares” definidas por las autoridades como un ejercicio “democrático directo” y «suigéneris«, para que los mayores de 15 años voten por proyectos centrados en la crisis de servicios públicos y la infraestructura comunal. No son organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue con un bajo perfil, sino por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que realiza hasta el escrutinio de los votos.

Las consultas han mostrado apatía política, sin datos públicos sistematizados sobre participación, criterios de selección de proyectos ni seguimiento de su ejecución. A ello se agrega que Nicolás Maduro anunció una propuesta de reforma constitucional que llevará a la Asamblea Nacional, para consolidar un “sistema electoral de los circuitos comunales”, que implica una “reingeniería” de cómo los venezolanos han votado hasta ahora.

El ataque a dirigentes sociales o políticos, el castigo por parentesco o la práctica Sippenhaft, las condiciones de reclusión y denuncias de tortura, los casos de pena cumplida y nueva condena sin defensa, la criminalización de la actividad sindical, los muertos en custodia, el asesinato transnacional y el trato a las presas políticas son otros de los temas abordados en este estudio.

Transparencia Venezuela, 10 de diciembre de 2025. En contraste con los meses precedentes, en noviembre disminuyó el número de tanqueros internacionales con destino a las terminales petroleras venezolanas. En total, 98 buques que transportan crudo fueron detectados por Transparencia Venezuela este mes, 14 menos que los observados en octubre. De los 98 tanqueros, 64 son internacionales, 17 son de Pdvsa y 17 llegaron con sus señales AIS apagadas.

El operativo militar y las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro podrían haber incidido en la disminución de la presencia de tanqueros en las costas venezolanas en las últimas semanas.