Ramón Carretero y el negocio de la escasez en Cuba
Crédito: Sebastián Angresano
Sus compañías compraban los más variados productos en China y Turquía para revenderlos en la Isla, con el aval del régimen, a un precio más alto. El empresario montó una red de sociedades que cruzó medio mundo y le permitió facturar millones aprovechando las carencias cubanas.
Por Transparencia Venezuela en colaboración con Iván Ruiz (CLIP), Annarella Grimal, Pablo Díaz Espí, Mirta Fernández Laffite (Diario de Cuba); Roberto Deniz (Armando.Info) y Rolando Rodríguez B. (La Prensa)
El triciclo con el logo de Rali lleva la réplica de la lápida de Castro. Fuente: Facebook
Una réplica de la piedra funeraria de Fidel Castro avanza entre la multitud, congregada el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Un triciclo eléctrico que se mueve despacio, al ritmo de la gente, lleva la lápida sobre el techo y, desde el parabrisas, una imagen del dictador encabeza la marcha.
El vehículo lleva el logotipo de Distribuidora Rali, una marca que en pocos años se integró al paisaje urbano de la Isla como alternativa de movilidad ante la crisis de combustible y el deterioro del transporte público. Uno de los fundadores de esta compañía panameña fue el empresario Ramón Carretero Napolitano.
Según miles de registros aduaneros revisados para esta investigación —realizada por Transparencia Venezuela, el Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info, y La Prensa—, las empresas de Carretero han sido importantes proveedoras del Estado cubano durante los últimos años. Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, el empresario se consolidó como intermediario en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado que es cautivo por la escasez que sufre la Isla.
Esta investigación revela una arquitectura comercial triangular que movió millones entre 2021 y 2025. Los productos comenzaban su ruta en China o Turquía, luego, una parte llegaba a la Zona Libre de Colón para su posterior reexportación a Cuba; otra parte viajaba directamente a Cuba, con empresas panameñas como intermediarias de la operación. Este entramado permitió aplicar sobreprecios de hasta el 300% a mercancías que terminaban en estructuras empresariales del Estado cubano o en manos de miembros de la élite gobernante.
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En esos cinco años, las compañías de Carretero realizaron ventas por más de 11 millones de dólares a una docena de sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos, la energía, la construcción y los servicios. La red vinculada al empresario incluía, además, la puesta en marcha de una tienda minorista online que comercializó alimentos, artículos de limpieza y otros productos de consumo a precios dolarizados, impagables para los salarios de la Isla, pero que eran adquiridos con tarjeta de crédito por los cubanos exiliados para sus familiares.
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La identidad del proveedor le añade otra dimensión al negocio. Carretero no era un comerciante internacional desconocido ni un operador dedicado exclusivamente al mercado cubano. El 11 de diciembre de 2025, Estados Unidos lo sancionó, junto a miembros de la familia Maduro, por integrar una red que, según el Departamento del Tesoro, ayudó al régimen venezolano a eludir las restricciones para el comercio internacional de petróleo. La sanción bloqueó sus propiedades, sus cuentas bancarias y prohíbe a terceros hacer negocios con ellos a riesgo de correr la misma suerte.
Días después, el 19 de diciembre de 2025, Washington también impuso similares sanciones a Vicente Carretero Napolitano y a Roberto Carretero Napolitano, hermanos de Ramón. Durante años, los tres han intercalado puestos directivos en varias empresas, pero Ramón Carretero Napolitano fue quien tejió las relaciones más estrechas con los regímenes de Cuba y Venezuela.
Las empresas de Carretero obtuvieron, desde 2014, más de 800 millones en contratos con el chavismo para proyectos de infraestructura en ese país. Una investigación de Transparencia Venezuela y medios aliados reveló en mayo de 2025 que, al mismo tiempo, el entorno familiar de la entonces primera dama venezolana, Cilia Flores, recibió transferencias provenientes de compañías del panameño. Además, como lo documentamos en una publicación del pasado julio, Ramón Carretero fue uno de los principales beneficiados en el comercio internacional de petróleo venezolano, pues tres sociedades offshore con las que está vinculado realizaron exportaciones de PDVSA por unos 2.600 millones.
¿Por qué, entre miles de proveedores internacionales, el sistema cubano eligió canalizar sus operaciones a través de la red de Carretero? La documentación obtenida en bases de datos especializadas en comercio internacional, como ImportGenius y Panjiva, expone el patrón de triangulación comercial, intermediación y sobreprecios utilizado por las empresas de Carretero en Cuba. El panameño supo tocar los resortes necesarios para convertirse en un proveedor favorito para los grupos de poder en la Isla.
Una red para abastecer a Cuba
La empresa clave para entender las operaciones de Carretero en Cuba es Corporación Logística Zona Libre de Colón, S.A. Esta sociedad se repite en cientos de “conocimiento de embarque” (bill of lading en inglés), documentos que emiten las navieras para controlar las cargas durante los envíos internacionales, revisados para esta investigación.
La compañía fue constituida en 2019 en la Zona Libre de Colón (ZLC), en Panamá, un gran centro de comercio de América Latina, con un régimen de beneficios fiscales. Desde allí, Corporación Logística ZLC funcionó como intermediaria entre fabricantes internacionales, especialmente chinos, y el mercado cubano. Los registros aduaneros examinados muestran que todas las exportaciones identificadas de la compañía tienen un único destino: Cuba.
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Corporación Logística ZLC envió a la Isla más de 200 vehículos, algunos con valores unitarios superiores a 121.000 dólares, según los registros aduaneros. En una primera etapa predominaron los automóviles de marcas como Toyota, Hyundai, Ford y Lexus. Pero el perfil de las exportaciones cambió en 2024, para privilegiar vehículos industriales, como excavadoras, bulldozers, camiones grúa y tractores de carretera. La maquinaria y los vehículos destinados a sectores bajo control directo del Estado ganaron peso en los envíos.
La dimensión de la red construida por Carretero se comprende mejor cuando se conoce a sus destinatarios. Tres grandes corporaciones estatales cubanas concentran más de la mitad de estas operaciones: Multiservi, S.A, empresa de comercio exterior encargada de canalizar importaciones para distintos organismos estatales, concentró entre 2024 y 2025 compras de vehículos por más de 1,3 millones de dólares, equivalentes al 38% del valor total registrado.
Le siguió IMECO, empresa adscrita al Ministerio de la Construcción (MICONS), con adquisiciones superiores a 548.000 dólares en 2024 (15% del total), que incluyeron camionetas, vehículos utilitarios, sedanes, microbuses y un ómnibus. En tercer lugar, el Grupo Empresarial Tabacuba, con maquinaria valorada en poco más de 510.000 dólares, alcanza el 14% de las operaciones.
Además, la Empresa de Abastecimiento para el Petróleo (ABAPET), brazo importador de la Unión Cuba-Petróleo, adquirió maquinaria pesada por más de 482.000 dólares entre 2024 y 2025, destinada al sector petrolero y energético. Las operaciones coinciden con un plan con participación china para explotar los recursos de crudo y gas natural en la zona occidental de la Isla.
Un caso permite ejemplificar con precisión el recorrido de los productos en la red Carretero. El 20 de noviembre de 2025, en medio de la crisis energética cubana, Corporación Logística ZLC despachó hacia Cuba un camión cisterna Shacman X3000. El destinatario fue la empresa importadora-exportadora de abastecimientos técnicos EMIAT, una entidad subordinada al Ministerio del Interior de Cuba que, en los años 80, comerciaba con empresas de la seguridad del Estado (Stasi) de la antigua Alemania comunista y, posteriormente, operó en la Venezuela de Hugo Chávez como una central de compras del Estado cubano.
El camión —el único de su tipo en los registros aduanales— había llegado a Panamá procedente de China. El proveedor, Borey Investment Limited, se lo suministró a la panameña Aceros y Equipos Pesados Panamá S.A por un valor declarado de 50.470 dólares. Esta última compañía ha tenido vínculos comerciales con Landscape Vision Corporation (Lanvicorp), vinculada a Ramón Carretero, y con Joy Kie Technologies, proveedor histórico de las empresas Distribuidora Rali, Corporación Logística del Caribe y la propia Lanvicorp, según documentos bursátiles de Joy Kie Technologies.
Semanas después de su arribo a Panamá, el vehículo salió hacia Cuba, a través de Corporación Logística ZLC. Nuevo valor declarado: 71.846 dólares. En su paso por Panamá, el precio del camión aumentó un 42%. Este caso no es una excepción. En operaciones similares con vehículos y maquinaria analizadas para esta investigación, los precios declarados aumentaron hasta casi el 50% desde su entrada en Panamá hasta su reexportación a Cuba.
El precio del acceso
Recurrir a un intermediario tiene un costo. El transporte, el seguro, el almacenamiento y la financiación pueden explicar parte del aumento del precio de una mercancía. Pero la reincidencia de las mismas empresas, proveedores y rutas comerciales en operaciones sucesivas y distintos productos dibuja un patrón: una estructura empresarial consolidada que, en este caso, captura valor en un entorno de escasez y restricciones económicas.
¿Por qué el sistema estatal cubano canaliza compras tan diversas en un único intermediario en lugar de adquirir las mercancías directamente de los fabricantes o comparar precios y apoyarse en múltiples proveedores?
En un mercado abierto, la competencia limita la capacidad de un intermediario para elevar los precios. Un comprador puede negociar con el fabricante, cambiar de proveedor o buscar mejores condiciones. Pero el comercio exterior cubano —en el país no existe una plataforma de acceso público para ver licitaciones o concursos de precios para las contrataciones del sector público— funciona bajo otras reglas.
Durante décadas, el gobierno cubano ha restringido el acceso de empresas y ciudadanos a la importación directa y concentrado buena parte del comercio exterior en entidades autorizadas. El acceso a las divisas, los canales de importación y el abastecimiento de los sectores estratégicos permanecen sometidos a estructuras estatales, como Multiservi, IMECO, ABAPET y EMIAT.
El Estado cubano ha hecho de las compañías de Carretero un proveedor internacional clave. Además, el empresario panameño era conocido en Cuba mucho antes de que su nombre se asociara a los negocios del chavismo. Corporación Logística del Caribe, su empresa insignia, opera con una sucursal en la Isla desde 1996, el mismo año en que se publicó el Reglamento del registro de empresas extranjeras. La compañía figura en la relación de operadores registrados en las zonas francas cubanas incluida en la Resolución 33/97 de la Aduana General de la República y publicada en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 1998.
La sucursal cubana estaba autorizada a trabajar tanto en la Zona Franca de Wajay como en la Zona Franca Habana, en Berroa. Y se quedó. Sus licencias fueron renovadas durante años. En 2022, la empresa todavía figuraba como oficina de representación comercial autorizada por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Su red se expandió en Venezuela a partir de 2013. Primero llegaron los contratos públicos entregados por el entorno de Maduro y después el tráfico de petróleo, en el que también se involucró el régimen cubano. Posteriormente, en diciembre de 2025, los hermanos Ramón, Vicente y Roberto Carretero fueron sancionados por Estados Unidos, que los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Para entonces, otros documentos habían comenzado a revelar puntos de contacto entre Ramón Carretero y figuras situadas en la cúspide del poder cubano. El 24 de septiembre de 2025, un avión Learjet 55, utilizado por el empresario, se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela. El empresario sobrevivió, pero dos tripulantes murieron en el accidente.
Los movimientos previos de ese mismo avión revelaron que otro pasajero frecuente de la aeronave era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «el Cangrejo», nieto de Raúl Castro, antiguo jefe de su escolta e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante décadas dirigió el poderoso conglomerado GAESA.
Rodríguez Castro había utilizado ese mismo avión para viajar entre Cuba y Panamá en múltiples ocasiones. En una de ellas estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, sucesora de López-Calleja al frente de GAESA. Además, Carretero y “el Cangrejo” aparecen también como pasajeros frecuentes de otra aeronave, una Hawker 800XP con matrícula panameña HP-715.
Estos puntos de contacto llegan hasta las operaciones comerciales.
Tres de las importaciones cubanas analizadas para esta investigación tienen como destinataria a Vilma Rodríguez, nombre que coincide con el de una nieta de Raúl Castro, hermana de “el Cangrejo”. Distribuidora Rali —la misma empresa que fabrica triciclos como el que paseaba la réplica del monolito de Fidel Castro— despachó a nombre de Vilma Rodríguez acondicionadores de aire, mobiliario y otros artículos domésticos por 5.000 dólares en agosto de 2016, según consta en los registros navieros.
Registro aduanero de una de los envíos a Vilma Rodríguez por aires acondicionados
En ese momento, Vicente Carretero actuaba como presidente de Distribuidora Rali tras reemplazar a su hermano Ramón el mes anterior, cargo en el que se mantuvo hasta el 22 de diciembre de 2025, según los documentos del Registro Público de Panamá. Las operaciones coinciden con el período en que la nieta de Castro estaba vinculada a un negocio de hospedaje turístico en La Habana, según reveló el medio CiberCuba.
La documentación disponible no demuestra en qué instancia del sistema cubano se decidió canalizar operaciones millonarias a través de las empresas de Ramón Carretero. Tampoco identifica a los funcionarios que participaron en la selección de proveedores o que aprobaron las compras. Pero sí descartan que Carretero fuera un desconocido para los círculos de poder en Cuba.
De hecho, las últimas importaciones realizadas a nombre de estas compañías que pudo analizar esta alianza de medios fueron registradas el 26 de diciembre de 2025, apenas una semana antes de la captura de Nicolás Maduro y del endurecimiento de la política contra Venezuela y Cuba por parte de la administración de Donald Trump.
Ramón Carretero y su abogada fueron contactados por correo electrónico para ejercer su derecho a réplica, pero no respondieron las preguntas de esta alianza. Por su parte, Vicente Carretero sí respondió el cuestionario y aseguró que no ha tenido ninguna relación comercial en Cuba. «A lo que respecta a Distribuidora Rali SA, ni mi persona, nunca hemos realizado negocios con Cuba», afirmó en un correo electrónico enviado el 17 de agosto. Agregó que no tiene empresas registradas en la Isla ni vínculos con el poder: «No he tenido ninguna relación con el gobierno cubano». El empresario aclaró que tampoco tiene relación con Corporación Logística del Caribe.
Después de la publicación de la investigación Negocios de Familias, en mayo de 2025, Ramón Carretero querelló a Armando.Info en Panamá. Por otro lado, Vicente Carretero querelló el mes pasado al diario La Prensa, luego de publicar la última historia sobre esta investigación. Lo hizo en relación a su negocio de rentar oficinas a entidades del Gobierno panameño al mismo tiempo que fue ingresado en la Lista Clinton.
Fundada en 1993 por los hermanos Ramón y Vicente Carretero, Distribuidora Rali registró, al menos, 36 exportaciones con destino a Cuba desde Panamá entre 2012 y 2016, según consta en los registros aduaneros. Aunque su especialidad son las bicicletas, la compañía panameña envió repuestos para automóviles, impresoras, equipos de fumigación, materiales de construcción y artículos de oficina, entre otros artículos. El mecanismo era casi siempre el mismo: Distribuidora Rali enviaba los productos desde Panamá y, en Cuba, eran recibidos por Corporación Logística del Caribe, según el detalle de los documentos navieros.
Hubo una última operación en mayo de 2019. Distribuidora Rali envió 460 bultos de neumáticos para bicicletas a la Federación Cubana de Ciclismo, a través de la Empresa Comercializadora e Importadora del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, un organismo estatal subordinado al Consejo de Ministros de Cuba. La marca terminó dando nombre al equipo Cuba-Rali que representó a la Isla en el Tour de Panamá. De hecho, el propio Vicente Carretero, entonces presidente de la Federación Panameña de Ciclismo, se fotografió con el equipo en la edición 2025 de esta competición.
Caption de la foto: Vicente Carretero (a la derecha), con el equipo Cuba-Rali en el Tour de Panamá 2025. Foto Prensa Latina.
La marca Rali se afianzó en el mercado cubano con sus bicicletas, motos y triciclos eléctricos. Sus productos aún se comercializan a través de CIMEX y Tiendas Caribe, cadenas estatales del conglomerado militar GAESA, que según un informe oficial de 2017, controlaban el 98% del comercio minorista en Cuba.
Las empresas estatales también promocionan en sus canales oficiales la marca Rali, cuyas bicicletas de los modelos Río, Isla y Tornado comenzaron a venderse, al menos, en 2020, por precios de entre 125 y 505 dólares. Desde agosto de 2025, triciclos de la marca de la empresa panameña forman parte de la flota del Ministerio de la Agricultura.
Este negocio creció bajo un marco jurídico que protegía el circuito comercial estatal frente a la competencia privada. El Decreto-Ley 22 de 2020 fijó valores aduanales de hasta 550 dólares para determinadas categorías de vehículos eléctricos introducidos al país sin carácter comercial, encareciendo su importación a título personal y empujando a los compradores cubanos hacia los canales de venta establecidos. En 2024, una nueva ley reforzó ese esquema al condicionar el comercio mayorista privado a contratos con entidades estatales, convirtiéndolas en puerta de entrada obligatoria para los nuevos actores del mercado. Solo en julio pasado se eliminó la intermediación obligatoria, permitiendo a pymes y cooperativas ejercer por cuenta propia el comercio mayorista. El Estado, no obstante, conserva el control sobre licencias, importaciones y acceso a divisas.
El último eslabón de la cadena
Connus Shop era una tienda online con precios en dólares, cuyo objetivo fue captar las divisas destinadas por los cubanos emigrados que abastecen a sus familiares que quedaron en la Isla. En Panamá, fue inscrita como Connecting Us Pty, que es el nombre comercial de Global Technology Inter S.A. Los registros mercantiles de esta sociedad muestran la presencia de operadores vinculados al entorno de Carretero, como Luis Carlos Zambrano (que ocupó diversos cargos en compañías del empresario), que ocupaba el cargo de presidente cuando se registró como plataforma de ventas por Internet. La compañía fue registrada con domicilio en el Sky Business Center de Panamá, también conocido como Rali Business Center y propiedad de Vicente Carretero Napolitano.
Un actor clave para entender los negocios de Ramón Carretero en Caracas y La Habana es Edwin Pitty Madrid, actual embajador de Panamá en Cuba y exrepresentante del empresario en Venezuela. Pitty Madrid actuó como agente residente de Global Technology Inter en 2017, tres años después de su creación, y en 2022 registró en Panamá la marca propia «Connus» en calidad de apoderado de la compañía. Al mismo tiempo, entre 2017 y 2021 ejerció como apoderado de la Corporación Logística del Caribe, empresa insignia de la relación con Cuba.
Las conexiones de Connus Shop se extienden a La Habana, donde, según su sitio web, tenía presencia física en el Anillo del Puerto, uno de los principales enclaves logísticos de la capital, que también alberga la División de Comercio Electrónico de CIMEX. Allí, Connus Shop compartió infraestructura logística con distintos portales de venta de GAESA dirigidos al mercado cubano, como Puerto Envío, Almacén-On y Carlos Tercero. Estos portales estuvieron agrupados en la plataforma de ventas online EnvíosCuba, formalmente registrada como parte de una compañía española, y que también dejó de operar a inicios de junio, al mismo tiempo que la panameña Connus Shop.
¿Cómo funcionan las tiendas online en Cuba? Mayormente, cubanos de la diáspora hacen compras por Internet con tarjetas de crédito, y los productos (previamente importados y almacenados) llegan apenas unas horas después a la puerta de sus familias en Cuba. El catálogo de Connus Shop era tan heterogéneo que abarcaba desde artículos de higiene personal hasta medicamentos para mascotas y vehículos de la marca Rali, como el triciclo que cargó la reproducción de la piedra funeraria de Fidel Castro en Santa Clara.
Una de las publicidades de Connus Shop. Fuente: www.connushop.com
Connus Shop contrató proveedores extranjeros, principalmente de Turquía, para obtener mercancías genéricas que luego fueron reempaquetadas y vendidas bajo el sello propio. Esto le permitió controlar la imagen comercial y maximizar los márgenes de ganancia al distribuir los productos a través de sus propias redes logísticas internas hacia el mercado minorista cubano. Armó un modelo que conectó plataformas y pagos gestionados desde el exterior con el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución dentro de Cuba.
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El negocio de productos de higiene y de consumo masivo desde Turquía facturó, al menos, 2,4 millones de dólares desde finales de 2022.
El modelo destaca por su rentabilidad, con incrementos de hasta el 324% en el costo de los productos de alta rotación. Un ejemplo revelador es el limpiador Asperox Blue Power, cuyo costo de fábrica es de apenas un dólar, pero que se comercializa en la isla por 4,75 dólares. Esta diferencia genera una ganancia bruta de 3,75 dólares por unidad. Los márgenes comerciales del papel higiénico, rotulado bajo las marcas Connus y Drop, superan el 63%. Otros productos lucrativos son detergentes y limpiadores de la línea Peros, que se comercializaban en Connus Shop y aún se venden en tiendas físicas de GAESA.
Algunos de los productos que se ofrecían en la tienda Connus. Fuente: www.connushop.com
El auge del comercio online en Cuba despegó en 2019, con la creación de portales de compra online en Moneda Libremente Convertible (MLC), una moneda virtual creada por el gobierno cubano, cuya cotización es equivalente al dólar. La bonanza del comercio electrónico se consolidó tras el «Ordenamiento Monetario» implementado por el Gobierno en 2021 y se potenció desde la pandemia del COVID-19. Aunque las autoridades cubanas no publican cifras, los cálculos del portal Statista Market Insights apuntan a un crecimiento del comercio electrónico cercano al 50% entre 2021 y 2026.
Este nuevo negocio refleja un cambio estructural en el modelo económico cubano. Ante el agotamiento de los subsidios procedentes de la Unión Soviética primero y de Venezuela después, el régimen ha orientado una parte creciente de su estrategia de financiamiento hacia la captación de recursos provenientes de la diáspora. El triciclo Rali es apenas un ejemplo de este esquema: se comercializaba en julio de 2025 por 3.795 dólares en Connus Shop, lo que equivale a 370 veces el salario promedio de la isla.
El mismo producto se podía encontrar en la plataforma Alibaba por 1.100 dólares.
La embajada de Panamá en La Habana también importó insumos a través de Carretero, según los registros aduaneros. El 29 de agosto de 2024, dos meses antes del nombramiento de Pitty Madrid, Corporación Logística ZLC exportó a la sede consular en Cuba una camioneta de siete plazas por un valor de 57.000 dólares. En ese momento y hasta enero de este año, Pitty Madrid figuraba como uno de los abogados suscriptores de esta empresa.
Documento de Global Technology Inter que menciona a Pitty Madrid como agente residente. Fuente: Registro Público de Panamá.
A pesar de las sanciones de Estados Unidos contra los hermanos Carretero en diciembre de 2025, Connus continuó operando como tienda virtual en Cuba durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, su actividad fue interrumpida el 5 de junio de 2026, tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por la administración Trump. Esta disposición autoriza sanciones contra bancos, procesadores de pagos y empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en la lista de sanciones, entre ellas GAESA.
“Muuucha leche” que no es leche
Muuucha Leche, de Connus Shop, en venta en una tienda del Conglomerado militar GAESA en Cuba, 2026. (Foto propia tomada por colaborador de DDC)
Otro de los artículos que vendía Connus Shop era «Muuucha Leche«, un preparado lácteo disponible en tiendas online por 8,35 dólares el kilo. Este producto, que se comercializa a más del doble de su costo, es fabricado por la empresa brasileña Alibra Ingredientes S.A., pero llega al mercado cubano importado por la red de Carretero. Un kilo de “Muuucha Leche” equivale a más del 80% del salario promedio mensual en Cuba.
Pero su valor nutricional no cumple con los estándares internacionales del Codex Alimentarius elaborado por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que fueron adoptados por Cuba. El producto contiene apenas 5 gramos de proteína y 313 mg de calcio por cada 100 gramos, frente a los 26 gramos de proteína y 950 mg de calcio de una leche entera en polvo convencional. Esto significa que un niño cubano tendría que consumir más de cinco vasos de este preparado para obtener la proteína que aporta un solo vaso de leche.
La composición de “Muuucha leche” incluye altos niveles de carbohidratos, grasas vegetales, jarabe de glucosa y maltodextrina. Aunque se comercializa con un nombre sugerente, la propia etiqueta evita llamarlo leche y lo clasifica técnicamente como «polvo para el preparado de alimentos«.
La sustitución de leche por mezclas de suero y grasas para maximizar ganancias ya fue utilizada en Venezuela con los productos de las cajas CLAP, vinculadas a Alex Saab, empresario colombiano procesado en Estados Unidos por un esquema de lavado de dinero relacionado con esos contratos públicos venezolanos.
«Muuucha Leche» no solo estaba disponible en Connus Shop, sino que actualmente ocupa los estantes de las tiendas de la Cadena Caribe y CIMEX, ambas controladas por el conglomerado militar GAESA.
La leche fue históricamente un pilar de la política alimentaria y un símbolo del modelo social de la Revolución Cubana. Durante décadas, su distribución subsidiada para niños y embarazadas fue una prioridad. Sin embargo, el colapso de la producción estatal y las fuertes restricciones al sector privado hundieron la producción nacional, incapaz ya de cubrir esa demanda prioritaria.
Paralelamente, la expansión del circuito comercial en Moneda Libremente Convertible (MLC) y el auge de las plataformas de venta en línea dirigidas a la diáspora desplazaron el grueso de la oferta de leche —o de sus sucedáneos— hacia el mercado dolarizado.
La escasez que sufre Cuba ya trasciende sus causas originales. Al limitar las alternativas de abastecimiento y mantener una demanda cautiva de bienes esenciales, el gobierno cubano ha creado las condiciones para que una intermediación internacional, como la de Ramón Carretero Napolitano, forme parte de un mecanismo con el cual se puede hacer mucho dinero en momentos de necesidades críticas.
Colaboradores de DIARIO DE CUBA en la isla, con identidad protegida por motivos de seguridad, contribuyeron a rastrear productos en tiendas físicas para este reportaje.
Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario Ramón Carretero Napolitano con los regímenes de Venezuela y Cuba. Es una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, Armando.Info (Venezuela), Diario de Cuba (Cuba) y La Prensa (Panamá).
Clan Convit: sobreseimientos con irregularidades y detención de jueces
Decisiones judiciales que favorecen a poderosos y que son obtenidas de manera irregular en Venezuela están siendo utilizadas como pruebas en juzgados de otros países, para cerrar procesos judiciales por blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela.
Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2026. Lograr que un tribunal venezolano cierre una investigación por sobreseimiento es una práctica a la que están recurriendo algunos poderosos que son señalados en casos de gran corrupción, que tienen su origen en Venezuela y generalmente en la petrolera Pdvsa. Son dictámenes que luego sirven para argumentar su inocencia en sistemas de justicia, como por ejemplo en España, porque no se habría comprobado el origen ilícito de sus fortunas, es decir, no habría delito precedente.
La justicia se representa como una mujer con los ojos vendados para simbolizar su imparcialidad. Pero aún en 2026, hay fallos recientes que dejan dudas. Uno de esos es la decisión a favor de familiares y aliados de Francisco Convit Guruceaga, a los que el Ministerio Público venezolano señaló por sus negocios presuntamente turbios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El pasado 14 de mayo la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada sobreseyó el proceso seguido contra Ana Graciela Convit Guruceaga, por “atipicidad objetiva absoluta”, según se lee en parte del fallo redactado por el juez Rafael Osío, que publicó en sus redes sociales el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Es decir, la Sala de la Corte de Apelaciones consideró que los hechos imputados a Ana Graciela Convit Guruceaga— hermana de uno de los “bolichicos”, Francisco Convit Guruceaga, directivo de la empresa Derwick y socio de Alejandro Betancourt López— no constituían delito, aunque no explica el por qué. A pesar de que el contenido íntegro del fallo no ha sido difundido, fuentes judiciales confirmaron que el caso cerrado estaba relacionado con la trama Pdvsa-Cripto, en la que funcionarios y empresarios comercializaron crudo venezolano, pero el dinero jamás ingresó a las cuentas de Pdvsa.
Semanas después, la defensa de los Convit solicitó a la misma sala que el sobreseimiento fuera extendido a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Mario Iliopoulos. El tribunal de apelaciones atendió a la petición, según los documentos difundidos por Mundaray.
Las consecuencias
Las sentencias le habrían costado al juez Rafael Osio su detención por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de acuerdo con lo informado por medio El Pitazo.
Fuentes judiciales confirmaron a Transparencia Venezuela que, además del ponente del caso, fueron detenidos el magistrado Orlando Carvajal, el otro miembro de la Corte de Apelaciones que votó a favor de los dictámenes, así como el abogado Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Carmen Marisela Castro.
El defensor del clan Convit y exfiscal del Ministerio Público, Daniel Hernández Sarmiento, también habría sido detenido. “Esta es la segunda vez que termina preso por esta gente”, precisó uno de los informantes, quien recordó que, a finales de 2025, el profesional del derecho terminó tras las rejas como sospechoso de haber realizado los pagos a los funcionarios del Sebin que facilitaron la evasión de Francisco Convit desde El Helicoide.
Por su parte, el magistrado Heriberto Antonio Peña fue removido de su cargo, a pesar de haber salvado su voto. Peña también estuvo en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) en tiempos de Joselit Ramírez, detenido por el mismo caso Pdvsa-Cripto, y es suplente de la Sala Penal del TSJ.
Se desconoce si han sido presentados ante algún tribunal.
¿Se anulará el sobreseimiento?
Los vicios detectados en el caso del clan Convit saltan a la vista.
La primera anomalía se detecta al leer el primer párrafo del fallo número 338-26, que Mundaray publicó parcialmente, y en el cual se lee que el poder utilizado por el abogado de Ana Graciela Convit, Daniel Hernández Sarmiento, proviene de una “Notaría Pública de Florida, Estados Unidos”; es decir que la imputada no se encuentra en Venezuela y, por lo tanto, no está a derecho.
En virtud de esta situación, la Corte de Apelaciones ha debido desechar la petición de Hernández Sarmiento, quien por cierto fue fiscal del Ministerio Público, tal y como hizo en un primer momento el tribunal de primera instancia que recibió primero la petición.
¿La razón? En Venezuela los juicios en ausencia están proscritos, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso”. Esa norma ha servido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para construir a lo largo de estos cinco lustros una jurisprudencia, según la cual los acusados e imputados deben comparecer ante los tribunales para ejercer sus derechos y no pueden delegar su representación en sus abogados, si no acuden personalmente sus procesos se paralizan automáticamente.
En Venezuela no está en absoluto permitido el enjuiciamiento en ausencia, todo proceso penal se suspende “cuando el imputado o acusado evada la estadía a derecho”, declaró la Sala Constitucional número 710 de julio de 2010.
Y tres años después el TSJ reiteró ese criterio, en su sentencia número 1091 de 2013, en la cual advirtió que ante la ausencia de los imputados o acusados los procesos penales se paralizan, “razón por la cual los jueces están impedidos para resolver o decidir peticiones de las partes”.
Esta fue la razón por la que el juez de la Corte de Apelaciones Heriberto Antonio Peña salvó su voto. ¿Entonces porque lo destituyeron?
A espaldas de los fiscales y de los venezolanos
Las decisiones que cerraron las causas abiertas contra los cinco imputados se adoptaron de oficio, de acuerdo con lo que se desprende de los extractos que han salido a la luz; es decir que los fiscales del Ministerio Público no fueron convocados a una audiencia oral y pública donde pudieran exponer sus argumentos en contra.
Asimismo, el contenido de los dictámenes no ha sido publicado en el sitio web del Poder Judicial, tal y como constató Transparencia Venezuela, pese a que han transcurrido meses desde el primer fallo.
Sobre el clan Convit
Francisco Convit Guruceaga, empresario venezolano, está vinculado a Derwick Associates, compañía que recibió miles de millones de dólares en contratos del Estado para mejorar el sistema eléctrico durante la crisis de 2009, varios de los proyectos jamás se ejecutaron. Es fugitivo de Estados Unidos por el caso Money Flight, en el que otros señalados se declararon culpables. Hace un año, el 25 de agosto, se escapó del Sebin en Caracas.
Ana Graciela Convit Guruceaga es su hermana.
La esposa de Francisco Convit, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, es otra de las beneficiadas de la decisión judicial. Jacinto Antonio Convit Ríos y Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga, otros de sus parientes, figuran como accionistas en varias firmas en Venezuela y Panamá, según los registros a los que ha tenido acceso Transparencia Venezuela.
Y, por último, Marios Iliopoulos, propietario de la empresa naviera Seajets, a quien el Ministerio Público señala de haber participado en operaciones de comercialización de crudo venezolano que jamás fueron cobradas por Pdvsa.
¿Por qué importa qué los jueces venezolanos cierren casos también investigados en otros países?
Este tipo de maniobras no solo persiguen el fin de casos en Venezuela, sino, sobre todo, de procesos judiciales abiertos en el extranjero. En marzo de 2026, el socio de Francisco Convit Guruceaga, Alejandro Betancourt López, consiguió que un tribunal español archivara una investigación por presunto blaqueo de dinero que tenía en su contra al presentar un sobreseimiento dictado por un tribunal de Caracas.
La investigación española contra Betancourt López, que se encontraba bajo secreto sumarial, se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía en la que se pide dilucidar si él y otros venezolanos están implicados en la legitimación de capitales en España, con dinero proveniente de un presunto desfalco en Pdvsa estimado en 4.850 millones de dólares (3.778 millones de euros).
En 2023 un tribunal penal de Caracas cerró un caso relacionado con el origen de unos fondos de Betancourt López y esa decisión fue utilizada por el conocido como “bolichico” para conseguir lo mismo en España.
En junio de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ordenó al juez Santiago Pedraz reabrir la investigación contra Betancourt López, también propietario de la conocida empresa Hawkers y con importantes negocios petroleros en Venezuela, según recientes revelaciones.
Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates
Datos actualizados de los recursos para atender la tragedia del doble terremoto
Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. A menos de dos meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, la plataforma de veeduría ciudadana Ruta de la Ayuda (rutadeayuda.org), de Transparencia Venezuela, documenta 147 compromisos de ayuda humanitaria desde el exterior por más de USD1.300 millones provenientes de 65 países y 72 organizaciones internacionales, 21 empresas y 10 individuos.
Hasta ahora conocemos pocos ejemplos de rendición de cuentas de la recepción, manejo y ejecución de esos recursos. En nuestra página puede conocer algunos esfuerzos en este sentido.
Tampoco es mucho lo que se ha informado sobre el destino y gestión de los recursos ofrecidos por los diversos donantes. A continuación presentamos los datos que si se han hecho públicos, sobre los montos más importantes.
1. OCHA: La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas ha publicado los montos y orígenes de las donaciones privadas que esa entidad está conduciendo en favor de las víctimas de los terremotos. Sin embargo, la información que tiene disponible en su website no ha cambiado desde al menos el 25 de julio.
2. Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela: La CAF anunció el 26 de junio la apertura del Fondo con un aporte semilla propio de USD 1 millón y en su vocería ofreció ese fondo para recibir donaciones ofreciendo su capacidad de gestión. El 10 de agosto, el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) anunció su aporte de otro millón. Afirman que la CAF asumirá el 100% de los costos administrativos y que el Fondo contará con mecanismos de trazabilidad y rendición de cuentas. La página oficial del Fondo en caf.com no publica un listado de donantes, los montos de cada uno, información de los programas, los contratos y proveedores y el desagregado de los gastos ocurridos hasta la fecha.
3. FMI: el Gobierno de Delcy Rodríguez accedió a USD 346 millones de Derechos Especiales de Giro —recursos propios del país, no donación externa—, cifra superior a los USD 200 millones anunciados inicialmente en junio.
4. Programa Mundial de Alimentos (PMA): Esta agencia de Naciones Unidas hizo un llamamiento internacional de donaciones por USD 50 millones, pero tras conocerse la extensión de la tragedia causada por los terremotos elevó la solicitud a USD 80 millones el 16 de julio, aumentando la cobertura de beneficios de 100 mil a 500 mil personas afectadas por tres meses. Para el 23 de julio, el PMA informaba a través de su reporte de situación que había asegurado USD 26,7 millones. En el mismo comunicado indicó que parte de la ayuda se canalizaría a través de la modalidad de transferencias monetarias directas en las áreas donde las víctimas tuvieran acceso a la adquisición de productos básicos. Fuentes periodísticas independientes han reportado que este tipo de ayuda se ha concretado en la entrega de tarjetas de débito de billeteras digitales. Las otras modalidades de la ejecución de esta asistencia humanitarias se manifiestan en entrega directa de comida caliente y canastas familiares para las víctimas de la tragedia. En el siguiente reporte, fechado el 10 de agosto, el PMA aseguraba haber atendido a 165 mil personas con canastas de alimentos y que entregó un primer lote de vouchers o tarjetas preparadas con un monto global de USD 940.000 a 12.475 pobladores de Naiguatá, estado La Guaira.
5. Organización Panamericana de la Salud ofreció USD 24 millones, pero siguen contabilizados como “anunciados” más de un mes después, sin información pública sobre su ejecución real.
6. Programa Mundial de Alimentos (PMA) pasó de USD 50 millones a USD 80 millones entre el 30 de junio y el 24 de julio, después de que la organización reportara haber atendido a 100.000 personas y advirtiera que necesita financiamiento adicional para llegar a las 500.000 previstas en los próximos meses.
7. Disasters Emergency Committee (DEC) del Reino Unido, que agrupa a 15 organizaciones humanitarias británicas, ya había recaudado más de £15 millones (unos USD 18 millones) para el 14 de julio, sin que ese monto se haya actualizado públicamente desde entonces.
Para Transparencia Venezuela hacer seguimiento a estos flujos no es un ejercicio de desconfianza hacia quienes ayudan, por el contrario, es la práctica para generar la mayor confianza en el manejo de la ayuda y las instituciones responsables. Es la condición para que la ayuda llegue de forma efectiva a quienes la necesitan, bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas que los organismos internacionales reconocen. Rutadeayuda.org actualiza este registro de forma continua y pone los datos a disposición de periodistas, investigadores y ciudadanos que quieran verificar por sí mismos el estado de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Insistimos: La opacidad nunca es neutral: profundiza el daño a las víctimas.
Delcy copia los decretos de emergencia de Maduro: No resolvieron ninguna emergencia, pero sirvieron para el control político y la corrupción
Transparencia Venezuela, 14 de agosto de 2026. Transparencia Venezuela alerta sobre el decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional que dictó la presidenta interina Delcy Rodríguez y que fue avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 8 de agosto, que declaró la constitucionalidad del Decreto N.º 5.414, por 60 días, lo máximo permitido por la Constitución venezolana.
En este nuevo reporte, titulado “Delcy copia los decretos de emergencia de Maduro: No resolvieron ninguna emergencia, pero sirvieron para el control político y la corrupción”, se detalla cómo la encargada del Gobierno en Venezuela ha recurrido a la misma práctica de Nicolás Maduro, quien usó de manera prolongada los decretos de emergencia económica y llegó a gobernar bajo este régimen de excepción durante cinco años, entre 2016 y 2021, retomando luego este mecanismo en 2025, lo que facilitó la corrupción y el control político, centralizando competencias presupuestarias y legislativas, al tiempo que despojaba a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales.
Lee y descarga el reporte aquí
Observatorio de Programas Sociales
La coordinación del Observatorio Programas Sociales se ha encargado de visibilizar y actuar contra las irregularidades, inconsistencias, abusos y uso electoral de las misiones sociales en Venezuela por parte del gobierno nacional, a través del seguimiento diario de: Misión Alimentación, Misión Barrio Adentro, Gran Misión a Toda Vida Venezuela, Gran Misión Vivienda Venezuela y, en 2019, seguimiento a Carnet de la Patria, Bonos y CLAP.
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