Transparencia Venezuela, 4 de junio de 2026. El flujo de buques en aguas territoriales de Venezuela durante mayo de 2026 tuvo un leve crecimiento del 4% respecto al mes de abril: 166 navíos en total, distribuidos de la siguiente manera: 136 tienen bandera internacional, 18 son de Venezuela y al menos 12 fueron identificados con su señal AIS apagada. De las 136 embarcaciones internacionales hay 14 sancionadas y 28 catalogadas como furtivas, para un total de 54 buques irregulares, sumando los apagados, lo que representa el 33% de la flota, un porcentaje superior al mes anterior.

El número de buques catalogados como furtivos aumentó por comportamientos sospechosos tanto de los propios buques como de las empresas navieras operadoras, entre ellas: Asia Charm Ltd Fze de Emiratos Árabes Unidos que en mayo operó 10 buques.

Transparencia Venezuela, 3 de junio de 2026. “Quiero acabar con la matraca y la extorsión. ¡Se acabó! ¡Ya basta!”. Con estas palabras, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una nueva campaña contra la corrupción, cuya punta de lanza será la puesta en funcionamiento de la línea telefónica 0800-Extorsión, a través de la cual espera que los ciudadanos denuncien a policías, fiscales y jueces corruptos que “les cobran dinero”.

Lo que no se dice es que la falta de independencia de los actores del sistema de justicia, todos vinculados y respondiendo a los intereses de la dirigencia del alto Gobierno—desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pasando por la Fiscalía y muchos jueces—, han sido responsables de la impunidad, de violación de los derechos humanos y de la corrupción.

Hasta el momento, las autoridades se han limitado a tomar medidas para atacar los síntomas de la corrupción, mas no sus raíces, porque la base del problema es la estructura y los actores de ese Gobierno.

La lucha contra corrupción en Venezuela, y en el mundo, no se gana solo con una campaña, requiere cambios institucionales profundos, darle la vuelta al sistema corrupto para dejarlo al descubierto, sancionar a los responsables, recuperar los activos, reparar a las víctimas y, a partir de allí, el pueblo de Venezuela comenzaría a tener confianza.

En nuestro informe titulado Las caras de le extorsión en Venezuela se deja muy claro que en los años recientes se ha aplicado la práctica extorsiva de manera sistemática y generalizada, por dos actores claramente definidos: los grupos criminales y funcionarios corruptos del Poder Público nacional, regional y local. Una situación que es particularmente grave cuando están involucrados los funcionarios del sistema de justicia, así como de los organismos de seguridad y de defensa.

Ese mismo reporte analiza que entre los tipos de extorsión que sufren los venezolanos cuando el victimario es el mismo Estado— en el ámbito de la seguridad y defensa y del sistema de justicia; en las aduanas marítimas y terrestres, así como la que se registra en trámites, documentos y otros servicios— está la extorsión postelectoral de 2024, después de la elección presidencial del 28 de julio. Se señala cómo “medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil registraron denuncias sobre policías, militares, fiscales y jueces que solicitaron entre 300 dólares y 15.000 dólares para dejar en libertad a personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas y a quienes estaban amenazando con involucrarlos en delitos graves como traición a la patria”.

Ante esta práctica generalizada, la iniciativa de la interina Delcy Rodríguez deja muchos motivos para dudar de su efectividad. Aquí exponemos algunas de las razones por las que este anuncio suena a más de lo mismo:

Denuncias anónimas o no

Una de las primeras dudas que deja el anuncio de la presidenta encargada es que no especificó si los ciudadanos, al momento de formular su denuncia, podrán hacerlo de manera anónima o deberán identificarse.

La posibilidad de denunciar anónimamente podría animar a los ciudadanos a reportar a funcionarios presuntamente incursos en irregularidades administrativas, especialmente en el actual contexto político venezolano, donde el ejercicio de la libertad de expresión y opinión ha llevado, en los últimos años, a cientos de personas a ser detenidas o sometidas a procesos judiciales bajo disposiciones de instrumentos como la Ley Constitucional contra el Odio.

Sin embargo, el anonimato también ha sido utilizado en los últimos años por las autoridades para reprimir. Así, por ejemplo, bajo la opaca figura de los “patriotas cooperantes” —supuestos ciudadanos que delatan a otros presuntamente implicados en delitos— muchas personas críticas del Gobierno han terminado tras las rejas. Un caso fue el del estudiante John Álvarez.

El TSJ ha evitado pronunciarse sobre la legalidad de los “patriotas cooperantes”, lo cual, en la práctica, ha permitido al Ministerio Público y a los organismos policiales seguir utilizándolos.

Los detractores de esta polémica figura recuerdan que la Constitución, en su artículo 57, prohíbe el anonimato. No obstante, en 2001 la Sala Constitucional del TSJ dejó claro que esta disposición “no puede extenderse (…) al campo penal”, y advirtió que es tarea de los fiscales sustanciar las informaciones aportadas por anónimos.

No es la primera vez

Otro motivo para dudar de la efectividad de la iniciativa es que no es la primera vez, en los últimos años, que las autoridades anuncian medidas similares para combatir la corrupción.

En 2022, por ejemplo, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional anunció que su portal web comenzaría a recibir denuncias de irregularidades administrativas. Sin embargo, hasta el momento esa instancia no ha informado que haya abierto alguna averiguación a partir de señalamientos formulados por los ciudadanos.

Ese mismo año también se puso en funcionamiento la aplicación Venapp, ofrecida como un vehículo para denunciar fallas en los servicios públicos y también para combatir la corrupción.

Semanas después, Maduro anunció “la lucha por la honestidad y contra la corrupción donde estén” y pidió a los ciudadanos su colaboración. “A los mala mañosos y los corruptos hay que denunciarlos”, dijo, y acto seguido anunció que crearía “un 1×10 solo para denunciar a los mala mañosos”.

“¡Ay, mala mañosos, vamos por ustedes! Vamos a preparar una línea secreta para caerles a los mala mañosos, porque ustedes saben quiénes son los mala mañosos, ustedes lo saben, ¿verdad?”, afirmó.

Hoy Venapp ha salido a relucir como parte de los señalamientos al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y especialmente por los presuntos negocios de sus hijas con el creador de Venapp, que pasó a ser un instrumento de persecución durante la represión iniciada contra quienes protestaron por el fraude electoral del 28 de julio de 2024.

En 2023 estalló el llamado caso “Pdvsa Cripto”, la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exvicepresidente y exinistro del Petróleo, Tareck El Aissami, que habría desfalcado miles de millones de dólares de la estatal petrolera y de otras empresas públicas con la complicidad de empresarios.

Se anunció entonces una operación anticorrupción denominada “Caiga quien caiga”, que tenía como primer impulsor el exfiscal general Tarek William Saab, que salió del Ministerio Público dejando una estela de denuncias de abuso de poder y hasta de torturas.

¿Y las causas del problema?

La presidenta interina no ha hablado, por ejemplo, de eliminar o al menos volver a restringir las alcabalas policiales, una propuesta que ya asomó en su momento la Comisión de Reforma Policial. Las alcabalas se han convertido en foco de extorsión de ciudadanos.

En 2022 Transparencia Venezuela recopiló datos a través de entrevistas a 10 compañías de transporte y distribución que operan en Venezuela y se precisó que “la probabilidad de extorsión se ubicaba en 25%. Es decir, que de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales. Por lo general, efectivos policiales o militares exigen dinero a los transportistas o en su defecto les quitan parte de la mercancía que estos trasladan”, se lee en el reporte sobre extorsión de nuestra organización.

Delcy Rodríguez tampoco ha mencionado nada sobre las condiciones socioeconómicas de jueces, fiscales y policías, en particular de una mejora de sus depauperados salarios y mucho menos ha mencionado medidas para adecentar la justicia y los órganos policiales desde sus cúpulas.

Problemas como la provisionalidad en la que se encuentran la mayoría de los jueces y fiscales, condición que los hace susceptibles a influencias políticas y de otra naturaleza por parte de sus superiores, siguen sin figurar en la agenda.

Tenemos la oportunidad de construir una Venezuela segura, democrática y próspera, y queremos comenzar esa tarea cuanto antes. Aunque diariamente escuchamos anuncios y señales de cambio, todavía resultan insuficientes: son transformaciones cosméticas, opacas, discrecionales y arbitrarias. La experiencia acumulada durante 27 años nos dejó lecciones que siguen vigentes; por eso no confiamos en que quienes fueron responsables de la destrucción institucional, económica y social del país sean los conductores de los cambios que Venezuela necesita, aun cuando hoy cambien el discurso, entreguen a antiguos aliados o pretendan que olvidemos. El dolor del pueblo venezolano exige verdad, justicia y reparación, pero también la construcción de un liderazgo legítimo que pueda ser elegido por todos mediante un proceso electoral confiable, justo y competitivo.

El movimiento Quiero Elegir nace del deseo generalizado de los venezolanos de iniciar el proceso de transición hacia la democracia, de la manera sana: a través de unas elecciones limpias donde elijamos a los responsables de dirigir la transición con el mandado que recibirán de los venezolanos: crear las instituciones que pongan en el centro a la gente, que respondan a las necesidades y deseos del ciudadano; que rindan cuentas; que manejen lo público con probidad; que garanticen los derechos humanos y castigues a los abusadores, violadores y corruptos, sean del grupo que sean. Un país donde la ley y la justicia sea la misma para todos. Si quieres una elección con condiciones, garantías, legitimidad y cuanto antes, ya eres parte del movimiento Quiero Elegir.

Manifiesto

Nos une la convicción de que Venezuela puede reencontrarse con la democracia a través del ejercicio del voto como herramienta de cambio y expresión soberana.

1. Creemos que elegir es un derecho fundamental.

La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir. El voto es la expresión directa de la soberanía popular, una vía para recuperar el derecho a participar y el instrumento más poderoso para transformar la realidad política de manera pacífica.

2. Reafirmamos que la reinstitucionalización democrática pasa por elecciones.

La restitución del orden democrático sólo puede materializarse mediante un proceso electoral auténtico, competitivo y verificable. Y legitimar los poderes públicos necesitamos eección presidencial, pero también una nueva Asamblea Nacional que nombre a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, al Contralor General, al Fiscal General, al Defensor del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, apruebe las juntas dorectivas de Banco Central, de PDVSA y actualice el marco legal del país.

3. Exigimos condiciones electorales reales y verificables.

No es posible una elección legítima sin garantías. La sustitución de la autoridad electoral es una condición habilitante para cualquier proceso creíble.

4. Promovemos una ruta política hacia elecciones de transición.

La salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permitan reconstruir la institucionalidad.

5. Promovemos procesos electorales auténticos como base de la solución democrática.

Las elecciones deben ser espacios reales de competencia, participación y confianza ciudadana. Apostamos por construir condiciones que garanticen su integridad, evitando dinámicas que desvirtúen su propósito y alejen a la ciudadanía de su derecho a elegir.

6.Defendemos el voto como instrumento de lucha pacífica.

Frente a la confrontación y la imposición, reivindicamos la participación electoral como vía para canalizar el conflicto político dentro de un marco democrático.

7. Reconocemos el rol central de la ciudadanía.

El principal capital democrático reside en la ciudadanía organizada, consciente de sus derechos y comprometida con exigir condiciones para ejercerlos.

8. Afirmamos que democracia, bienestar y derechos son inseparables.

No habrá mejora económica sostenible sin cambio político real. La restitución democrática es condición para el desarrollo y la dignidad.

9. Apostamos por una transición con base constitucional.

Incluso en contextos de ruptura institucional, la Constitución debe ser el marco de referencia que oriente la reconstrucción del Estado de Derecho.

10. Creemos en la acción colectiva para reconstruir la democracia.

La transformación del país requiere articulación social, confianza ciudadana y compromiso sostenido con una salida electoral.

Llamado

En este momento decisivo, convocamos a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, a asumir el compromiso de defender nuestro derecho a elegir.

A la ciudadanía: a organizarse, participar y exigir condiciones. A los actores políticos: a construir acuerdos que hagan posible una elección real y cuanto antes. A la comunidad internacional: a acompañar una ruta electoral con garantías verificables.

Porque queremos elegir. Porque elegir es el camino para recuperar la democracia. Porque los venezolanos valoramos el voto como nuestra herramienta de cambio, de paz y de futuro.

Sin participación de los y las venezolanas, no es posible una transición democrática real y sostenible.

Transparencia Venezuela, 29 de mayo de 2026. Los sistemas de justicia de varios países han identificado desde 2009 hasta abril de 2026 al menos 719 bienes, obtenidos con dinero que habría sido extraído ilícitamente de Venezuela por redes que armaron sofisticados esquemas de corrupción, adquiriendo propiedades y objetos de lujo en unos 21 países.

La cifra de bienes producto del saqueo sistemático a las arcas del Estado, especialmente en perjuicio de Pdvsa, va variando si los tribunales acuerdan liberaciones o hay nuevas incautaciones. Según la información de la cual se dispone hasta los momentos, estos activos están valorados en 3.993.862.935 millones de dólares.