Transparencia Venezuela 18 de septiembre de 2026.– Desde Transparencia Venezuela nos complace que el tribunal especial cuarto en funciones de Control de Caracas haya acordado el cierre de la causa contra Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, quien fue arbitrariamente sometido a un proceso judicial sin sustento legal con el único fin de criminalizar su labor en defensa de los derechos de los venezolanos, especialmente de la libertad de expresión.

Correa fue acusado injustamente y sin ningún fundamento legal de delitos muy graves como financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales, asociación, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

Espacio Público difundió la boleta de notificación del sobreseimiento firmada por la juez con competencia en casos asociados a terrorismo, Yuly Sierra Goyo, documento en el que se lee que “el hecho objeto del proceso no le puede ser atribuido…” al activista.

La medida se tomó a partir de la solicitud hecha ante el tribunal por fiscales del Ministerio Público, un organismo que ha sido parte esencial del aparato represor en Venezuela.

Transparencia Venezuela, 15 de septiembre de 2025. El movimiento ciudadano Quiero Elegir activó actividades en todo el país, creando espacios para que los ciudadanos expresaran su posición ante la necesidad de elecciones en Venezuela para impulsar la transición con la reconstrucción del Estado democrático, libre y transparente.

Durante la jornada se realizó, en 12 estados en simultaneo, una dinámica simbólica de elecciones en la que se invitó a los ciudadanos a escribir su deseo o petición electoral —como la elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), elecciones presidenciales y parlamentarias, cronograma electoral entre otras propuestas — “votos” que luego eran introducidos en una urna electoral de #QuieroElegir.

Transparencia Venezuela, 11 de septiembre de 2026. A más de dos meses de los devastadores terremotos del 24 de junio, saber cómo se ha ejecutado la ayuda humanitaria internacional que Venezuela ha recibido no es fácil. Por un lado, el sistema internacional de ayuda humanitaria no está diseñado para responder preguntas específicas sobre la trazabilidad de la asistencia comprometida por gobiernos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Y por el otro, está intacta la opacidad gubernamental, la misma impide tener datos claros y confiables de las consecuencias del desastre en La Guaira y otras regiones afectadas.

Se sabe que Estados Unidos ha dispuesto 386 millones de dólares y que el Financial Tracking Service de la ONU registra 330 millones de financiamiento humanitario a raíz de los terremotos, pero estos montos se solapan porque la ayuda estadounidense se conduce en gran medida a través de una serie de agencias de la ONU que también reportan la ayuda por su lado. De hecho, una parte de la asistencia humanitaria de Estados Unidos en este caso se canaliza por medio de Unicef, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Por esta razón se puede tener un registro incorrecto de los montos comprometidos. Y esto es solo una parte de lo que no está abierto a la veeduría ciudadana, sumado al hecho de que la desagregación de los gastos ejecutados de la ayuda es difícilmente trazable.

44% de ayuda sin destino conocido

La única forma de corroborar que la asistencia que proviene del exterior no sea desviada, retenida o mal distribuida es que las propias entidades internacionales que la envían dispongan de sistemas ágiles de monitoreo y de rendición de cuentas.

Hasta el 24 de agosto de 2026, La Guaira y el Distrito Capital concentraron 81% de las medidas de asistencia registradas con localización expresa de la ejecución prometida, y solo dos municipios —Vargas y Libertador— reúnen tres de cada cuatro. Pero del total de 201 acciones anunciadas— por el Gobierno Nacional, alcaldías, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y empresas —al menos en 44% de ellas no se indica hacia dónde se va la ayuda humanitaria.

El otro problema es el grado de ejecución. De las 43 medidas del Distrito Capital con estatus conocido, 27 —el 63%— seguían en ejecución y apenas 11 aparecen como cumplidas al momento de este análisis. Y al cruzar los datos de estatus de las medidas y los de cobertura territorial, la ayuda que se anunció sin indicar a dónde se llevaría tiene apenas 32% de ejecución. Aunque la ayuda destinada a resolver el grave problema de vivienda para los damnificados ocupa ahora el primer lugar entre las medidas de emergencia, con 48 anuncios, el registro revela que de las 47 que tienen estatus conocido solamente 9—el 19%— reportan ejecución.

Un registro que nadie está obligado a cumplir

Aunque en Ruta de la Ayuda se ha seguido la pista de los compromisos de asistencia humanitaria de 48 gobiernos, solo 21 de ellos han reportado su ayuda al FTS (Financial Tracking Service o FTS, en inglés) de Naciones Unidas. Hay nueve Estados donantes cuyos aportes no aparecieron en ninguna cobertura de prensa y que, sin embargo, están registrados en el sistema coordinado desde la OCHA. Otra dificultad para el monitoreo cívico es que la página del FTS dedicada a Venezuela no distingue claramente los datos de la ayuda para atender la tragedia por los terremotos, de la que ya forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria coordinado por la OCHA desde el año 2019.

Para el momento del lanzamiento de Ruta de la Ayuda, el 10 de julio, los aportes internacionales eran USD 694 millones, y al 25 de agosto el registro suma USD 1.344 millones en compromisos con cifra declarada: casi el doble en menos de dos meses.

El FTS de la OCHA se actualiza mensualmente, pero la ayuda se distribuye a diario. Una veeduría ciudadana eficaz para alertar sobre problemas de cobertura, tiempo de respuesta y ejecución transparente de los compromisos de asistencia humanitaria requiere de mecanismos expeditos para verificar cuánta ayuda se ejecuta, dónde y cuán oportuna ha sido.

Transparencia Venezuela, 7 de septiembre 2026. Venezuela necesita con urgencia inversiones nacionales y extranjeras, especialmente en el sector petrolero, donde el país conserva sus mayores ventajas comparativas y competitivas. Estados Unidos ha sido un socio histórico y muchos venezolanos lo reconocen como un aliado potencial para impulsar el desarrollo. Sin embargo, después de dos décadas de relaciones opacas con gobiernos y actores internacionales que fortalecieron estructuras autoritarias, corrupción y captura institucional, Venezuela no puede aceptar nuevos acuerdos sin reglas claras. El problema no es la inversión petrolera, sino la falta de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y garantías democráticas del convenio.

El acuerdo petrolero anunciado el 31 de agosto por la Casa Blanca, que incluiría una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros venezolanos equivalentes a más del 20% de las reservas probadas del país, ha generado dudas entre expertos petroleros, abogados, académicos y amplios sectores de la población venezolana por seis razones principales:

Primero, por la falta de discusión pública previa

Aunque desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Maduro, comenzó a discutirse públicamente el potencial del negocio petrolero y las oportunidades de inversión en el sector, la información disponible ha sido fragmentaria y posterior a la firma de declaraciones de interés, memorandos de entendimiento y algunos contratos de participación productiva con empresas que ya operaban en Venezuela, como Chevron y Eni, así como con pequeñas empresas extranjeras.

Un acuerdo de estas dimensiones debió ser conocido y discutido con información suficiente sobre su impacto, riesgos, beneficios y alternativas. La ausencia de debate público refuerza la percepción de que se negoció de espaldas al país, sin consentimiento informado y con un alcance inesperado.

Segundo, por la dimensión y el alcance del acuerdo

Como no se ha publicado el acuerdo ni los contratos relacionados, aún no se conoce con certeza cuáles son los 17 campos petroleros incluidos, por qué se estableció un plazo de 100 años, cómo se seleccionaron esos campos, cuál es su producción actual, cuánto se espera producir y en qué plazo. Tampoco se ha aclarado quién los explotaba previamente ni bajo qué figura jurídica, ya fuera empresa mixta, contrato de participación productiva u otra modalidad. También se han conocido reclamos de empresas privadas con derechos previos, como Delta Finance, vinculada a la empresa mixta PetroDelta hasta 2042, cuya participación habría sido revocada y transferida a Pacific Coast Energy Company. La disputa afecta seis campos petroleros en el oriente de Venezuela: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto.

Tercero, por las dudas sobre la legalidad del acuerdo

Expertos han señalado varias interrogantes jurídicas que deben ser aclaradas antes de avanzar en su ejecución.

i. La figura de concesión no estaría prevista en la legislación vigente para este tipo de explotación.

ii. La reforma de la Ley de Hidrocarburos, de 2026, afirma que los contratos de explotación deben tener un plazo inicial máximo a 25 años con prórroga no mayor de 15 años. Sin embargo, la publicación de la Casa Blanca menciona que el acuerdo estará vigente durante 100 años, mientras Delcy Rodríguez ha asegurado que será por 25 años.

iii. La Asamblea Nacional es el órgano con facultad para aprobar contratos de interés público, tratados y convenios internacionales celebrados por el Ejecutivo, incluidos los vinculados con PDVSA, conforme a los artículos 150, 187.9 y 187.18 de la Constitución.

iv. No está claro quiénes son todas las partes del convenio ni cuáles son sus responsabilidades: el Departamento de Guerra de Estados Unidos, PDVSA, NABEP y los operadores privados que participarán.

v. No está claro el régimen fiscal que se aplicaría con base en el convenio. Delcy Rodríguez mencionó que Venezuela recibiría 209 mil millones de dólares en ingresos en los próximos 25 años por este acuerdo, esto no está relacionado con estimados de producción, referencia a precios del petróleo, porcentaje de regalías, y otros tipos de impuesto.

Cuarto, por la selección de North American Blue Energy Partners (NABEP)

En un país petrolero como Venezuela existen decenas de miles de profesionales y empresarios con experiencia en la industria, muchos de ellos en el exterior tras haber sido desplazados por la crisis política e institucional. Las empresas que permanecieron en el país lo hicieron bajo condiciones complejas: algunas con protección internacional, como Chevron; otras negociando bajo reglas opacas; y otras enfrentando violaciones de derechos, incluida la detención de directivos o representantes legales, como ocurrió con José Ignacio Moreno Suárez, abogado y representante legal de Gold Reserve en Venezuela, detenido por la DGCIM el 4 de junio de 2023 y recluido en El Rodeo I.

Si NABEP llegó a ocupar una posición relevante dentro del sector privado petrolero venezolano, resulta indispensable aclarar bajo qué condiciones lo hizo y qué vínculos sostuvo con el Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Dadas las acusaciones públicas conocidas sobre algunos de sus propietarios y socios, es imprescindible una investigación independiente que verifique el origen lícito de sus recursos. El socio mayoritario de NABEP, Alejandro Betancourt, ha sido mencionado en investigaciones en España y Suiza vinculadas al caso Atlantic, relacionado con 4.850 millones de dólares; además, antiguos socios y operadores asociados a negocios con Derwick han enfrentado procesos en Estados Unidos por el caso Money Flight, relacionado con 1.200 millones de dólares.

Quinto, por el origen y las condiciones de los nuevos capitales.

Para elevar la producción petrolera en los términos anunciados se requieren inversiones significativas. Aunque los potenciales beneficios pueden atraer capital, Venezuela aún no cuenta con instituciones democráticas ni garantías suficientes para proteger a inversionistas, comunidades y ciudadanos. La deuda pública está en cesación de pagos desde 2017 y varias empresas que han ganado arbitrajes en el CIADI o juicios en Estados Unidos no han podido cobrar, como ConocoPhillips, con una acreencia cercana a 12.000 millones de dólares. También se ha informado que Estados Unidos aportaría una parte importante del capital requerido, pero no se ha precisado en qué plazo se harían los desembolsos, bajo qué condiciones, contra qué garantías ni de dónde provendría el resto de la inversión.

Publicaciones recientes de Reuters informan que varios de los campos incluidos en el convenio están asignados a empresas mixtas con China y Rusia. Al no conocerse el cierre formal de esa relación, la República enfrenta riesgos de nuevas demandas o acciones.

Sexto, por las garantías a las comunidades y al ambiente.

La necesidad de inversión y desarrollo petrolero es clara, pero no cualquier modalidad de explotación debe ser aceptada. Después de décadas de derrames, daño ambiental, falta de mantenimiento, ausencia de sanciones y desplazamiento de comunidades, los convenios deben incorporar garantías efectivas de sostenibilidad, incluidos estudios de impacto ambiental y sociocultural, conforme al artículo 129 de la Constitución. La inversión petrolera debe acompañarse de inversión en energía eléctrica, protección ambiental y acceso al agua potable.

Capitales constructivos y procesos transparentes

Venezuela necesita capitales constructivos que contribuyan al desarrollo económico y social del país y que actúen como aliados de la democracia. Un gobierno legítimo debe poder alinear el esfuerzo de los venezolanos, de los inversionistas y de la comunidad internacional en torno a la construcción de un país libre, seguro y próspero. Los convenios firmados o aprobados por un gobierno ilegítimo, señalado por su responsabilidad en la destrucción institucional, la represión y la corrupción, no generan la confianza ni el apoyo social que los inversionistas necesitan.

Se requiere fortalecer las instituciones. La seguridad jurídica para inversionistas y ciudadanos exige una nueva gobernanza petrolera, con una PDVSA que rinda cuentas, separe funciones de gestión, supervisión y dirección, y opere con autoridades técnicas, independientes y sujetas a altos estándares de desempeño.

Debe aclararse la situación de cada campo y los derechos asociados. Para atraer inversión extranjera responsable es indispensable explicar si existen derechos preexistentes, cuáles son los límites de cada acuerdo y cómo se resolverán eventuales conflictos entre antiguos y nuevos operadores.

La transparencia debe ir más allá del anuncio. En materia de recursos públicos, no es sano avanzar dejando dudas esenciales sin respuesta. El primer paso debe ser publicar el convenio completo, junto con los contratos relacionados y la información relevante, de forma proactiva y durante todo el proceso. La transparencia también exige conocer las consecuencias del incumplimiento de cada parte y asegurar que las instituciones responsables tengan capacidad real para aplicar sanciones. El Gobierno de Venezuela debe publicar todos los documentos y dar respuesta a todas las dudas que este convenio ha generado.

Las transiciones son complejas, pero no pueden prescindir de legitimidad. La reconstrucción democrática de Venezuela enfrentará obstáculos, intereses contrapuestos y presiones económicas. Precisamente por eso, los acuerdos estratégicos deben construirse sobre información pública, legalidad, instituciones responsables y capitales cuyo origen y propósito sean verificables.