Memoria del Encuentro Internacional sobre Corrupción
y Derechos Humanos en Venezuela
Madrid 18 y 19 de abril 2023
Puedes ver el evento completo en nuestro canal de Youtube, haciendo clic en:
http://bit.ly/Corrupcion-DDHH y https://bit.ly/43Hydt0
Resúmenes de cada intervención
Katya Salazar
Describió el proceso de cooptación de la justicia por la corrupción, la impunidad y las violaciones de DD HH en este contexto. Ofreció un panorama acerca de cómo el marco legal internacional ha venido abordando esta relación.
María José Veramendi
Abordó el impacto de la corrupción en los DESCA y las estrategias que se han venido diseñando en la OHCHR para contribuir a contrarrestar sus efectos, garantizando un enfoque de DD HH centrado en las víctimas.
Feliciano Reyna
Se centró en la Emergencia Humanitaria Compleja que afecta a Venezuela desde hace siete años como efecto de la corrupción y el colapso de las instituciones.
Mildred Rojas
Habló de cómo la corrupción en el sistema de justicia se encuentra enquistada en toda la estructura y de cómo en los últimos 20 años se ha profundizado, de acuerdo con evidencias que derivan de informes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Jimena Reyes
Enfatizó en la necesidad de que los organismos internacionales establezcan los vínculos legales entre la corrupción y sus víctimas, y usar sus mecanismos para enjuiciar a los Estados por no prevenir la corrupción. Refirió el caso venezolano de los programas de alimentación subsidiada CLAP.
Francisco Cox
Refirió las evidencias que arrojan los informes de determinación de los hechos sobre Venezuela en relación a los efectos de la corrupción en los DD HH y los mecanismos a través de los cuales se evidencia que el sistema judicial venezolano garantiza la impunidad.
Marcos Gómez
Explicó cómo en Venezuela la corrupción del sistema judicial abarca todos los espacios de la vida ciudadana y cómo afecta los derechos de las personas en su cotidianidad y condiciona su actuación a la utilidad que pueda tener para el Estado. La ciudadanía está en estado de indefensión frente al poder del Estado.
Ramiro Orias
Abordó la necesidad de crear estándares, mecanismos, para la participación ciudadana en procesos penales en casos de corrupción, por ejemplo, cuando la corrupción afecte los intereses difusos o colectivos de la sociedad en su conjunto
Jan-Michael Simon
En el derecho internacional penal, al menos en los casos ante la CPI, hay que explicar el interés económico como motivo de las violaciones de DD HH. Enfatizó en la necesidad de establecer la relación de causalidad del hecho de corrupción con respecto a las víctimas. Un ejemplo: el caso CLAP y la desnutrición infantil en Venezuela.
Naomi Roht Arriaza
La víctima es una persona que sufre un daño, y cuando hay un acto de corrupción en un hospital del sistema público de salud, ¿quién es la víctima, el ministro de salud o los enfermos? El problema es que hasta ahora los tribunales han contestado lo primero. Cómo se maneja este asunto en el derecho internacional.
Pablo Secchi
Salir de la caja. Abandonar un poco los recursos convencionales e idear estrategias distintas, de esto habló Pablo Secchi y mostró tres casos emblemáticos llevados a cabo por Poder Ciudadano en Argentina que permitieron a la organización participar en los casos como sociedad civil. Uno de los tres casos está relacionado con Venezuela.
José Ugaz
El intrincado caso de solicitud de extradición del venezolano Nervis Villalobos en España ayuda a entender las dificultades de litigar en varias jurisdicciones. “Es bueno tomar en cuenta casos frustrantes”, dijo. Y alertó sobre diferenciar la Gran Corrupción de la corrupción general o pequeña corrupción y ver que esta diferencia no solo tiene que ver con la magnitud del crimen sino con el poder que mueve los hilos.
Belén Suárez
Abordó la participación ciudadana en procesamientos de corrupción y cómo lidia el sistema de justicia de España con este tema complejo. Además, lo ilustra con ejemplos concretos de casos que han movilizado.
Sergio Rodríguez
“Si no se fortalecen las instituciones democráticas es imposible luchar contra la corrupción”. La Fiscalía Anticorrupción de Argentina fue una comisión investigadora del Poder Ejecutivo y pasó a ser parte del Poder Judicial. Adquirió por ley atribuciones sin las cuales sería imposible investigar hechos de corrupción, no solo en Argentina sino en cualquier país del mundo. Pero existe también una oficina anticorrupción que depende del Poder Ejecutivo.
Maite Parejo de Sousa
¿Cuáles son los problemas que se tiene en España para investigar la Gran Corrupción?, es la pregunta base que se hace la representante de Maio Legal. ¿Cuáles son las desventajas que nos ha dejado la globalización, las ventajas y los desafíos?
Marino Alvarado
Cómo se puede emprender acciones que contribuyan a prevenir la corrupción, que permitan demostrar que no hay voluntad de investigar y ni de sancionar, y cómo lograr que, aún en medio de adversidades, se pueda tener algunos triunfos que motiven y permitan fortalecer el proceso de lucha contra la corrupción.
Eduardo Salcedo-Albarán
La trama de corrupción transnacional de Venezuela es la más grande del mundo. Cinco años de recolección y procesamiento digital de datos ha permitido visualizar esas complejisimas tramas que pueden llegar a ser un rompecabezas para los sistemas de justicia.
Kristen Sample
Introdujo la sesión recordando que hay que seguir la ruta del dinero, y apuntó a las lecciones aprendidas sobre incidencia y litigio estratégico, y a las experiencias de retorno para el proceso de devolución de activos
Feliciano Reyna
Habló acerca de la enorme brecha en los aportes del mecanismo de la ONU para Venezuela en relación con otros países que están al mismo nivel de necesidad humanitaria y dijo que los derechos humanos no pueden estar por encima de la política en defensa de la urgencia de activar el Fondo Social para los más vulnerables.
François Valérian
Es fundamental identificar las verdaderas víctimas en un caso de corrupción para evitar que el dinero regrese a los mismos que lo robaron. Los gobiernos corruptos se adelantan a pedir la devolución de bienes incautados alegando que el Estado es la víctima del robo y no los ciudadanos a quienes fue conculcado el disfrute de esos fondos públicos.
Tutu Alicante
Describe una situación de captura del Estado por miembros del gobierno, que se hacen con los recursos de un país para beneficio propio. Para que el dinero proveniente de la corrupción incautado en los países de destino beneficie a la gente, que es la verdadera víctima, no se le puede entregar a un gobierno de facto.
Karina Carvalho
Llama la atención acerca de la necesidad de que los gobiernos de países receptores creen mecanismos para defenderse de la corrupción transnacional, no solo por vocación altruista de solidaridad democrática sino para protegerse a sí mismos de las consecuencias de la corrupción y sus consecuencias.
Agatino Camarda
Activista de derechos humanos, especialmente en anticorrupción, migración y recuperación de activos, Agatino Camarda centra su intervención en el tema de la devolución de activos a través de terceros, con ejemplos y mejores prácticas.
Tania García Sedano
Ofrece un repaso de las herramientas en el marco legal con que cuenta España para la recuperación de activos, como país receptor de dinero o bienes producto de actividades de corrupción.
María Fernanda Sojo
Describió las dificultades de los investigadores que trabajan en los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para investigar dado el limitado acceso a la información que es de carácter público.
Maira Martini
El caso de los Panamá Papers dejó expuesta, gracias a la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, cómo figuras públicas relevantes tenían cantidades de empresas en paraísos fiscales y el modo en que muchas propiedades eran usadas para lavado de dinero, entre otros delitos.
Carlos Cordero
El derecho de acceso a la información no es un privilegio, ni una concesión del poder, es hacer entender que esa información, a no ser que afecte y colisione realmente a otro derecho humano, debería ser público porque facilita el ejercicio de otros derechos y porque, además, genera solidez y robustez al Estado derecho y la democracia.
Joaquín Gil
La corrupción de Venezuela tiene todos los ingredientes de la corrupción: blanqueo de capitales, reinas de belleza, política, suicidios, abogados que se dedican a blanquear la imagen y los fondos, testaferros, compra de propiedades en todo el mundo.
Romina Colman
Relató cómo en la OCCRP y otras plataformas que se dedican al periodismo de datos han venido ingeniándoselas para encontrar nuevas maneras de comunicar datos frente al temor creciente de los gobiernos de esconder información pública.
Mercedes De Freitas
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela planteó cómo los corruptos se protegen en países democráticos, con Estado de derecho, donde pueden garantizarse su libertad, y puso sobre el tapete las dificultades que tiene este movimiento de corrupción transnacional para que sean juzgados y castigados los responsables, y si eso se lograra aun así quedan rastros en otros países de una inmensa trama.
Vladimir Aras
Enumeró las complicaciones de investigar casos transnacionales de corrupción, tales como la ubicación de las evidencias, la ineficiencia o la falta de transparencia de los sistemas de justicia en Brasil.
Carlos Castresana
La Gran Corrupción es transnacional. Hay que apropiarse de los fondos en un territorio, y para ponerlos a buen resguardo hay que sacarlos y ponerlos en un paraíso fiscal, para poder disfrutarlos posteriormente hay que blanquearlos y volver a introducirlos en los mercados lícitos sin que conste el origen ilícito de esos fondos.
Yesenia Valdés
En México, la estructura jurídica para casos de corrupción de tal amplitud, que se recomienda el uso de las sentencias publicadas hasta ahora, explicar a los fiscales, hacer uso de las lagunas legales actuales para seguir construyendo conceptos, posibilidades y respuestas a problemas que ya están.
Transparencia Venezuela, la Fundación para el Debido Proceso, la Asociación Pro Derecho Humanos de España, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Transparencia Internacional organizaron Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela los días 18 y 19 de abril del 2023 en los espacios de la Fundación Arquitectura COAM en Madrid.
El programa consideró las diversas temáticas, áreas de desarrollo y obstáculos a considerar y seguir analizando en Venezuela y en el mundo para avanzar con éxito en la lucha contra la gran corrupción. El desafío de investigar los mecanismos, responsables y alcances de la Gran Corrupción venezolana obliga a estudiar nuevas formas de promover la justicia y la lucha contra la impunidad, para enfrentar un sistema capturado por redes transnacionales que ha acompañado y protegido la acción criminal. Los elementos que conforman el patrón de corrupción instalado en Venezuela y el control sobre las estructuras del Estado, impiden la consecución de justicia en el territorio venezolano, e invitan a buscarla en otros países donde la Gran Corrupción ha tenido un impacto que se evidencia de forma distinta.
Transparencia Venezuela, hasta abril 2023, ha identificado 146 casos de corrupción venezolana que están siendo procesados en los sistemas de justicia de 26 países: en Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Portugal, México y otras naciones[1]. Casos que involucran a funcionarios de alto nivel, aliados con particulares, que se han apoderado de más de US $64.000 millones y que en otros países son procesados penalmente por sobreprecio, lavado de dinero, cobros de comisiones, apropiaciones indebidas, injerencia ilícita en proceso políticos y otros delitos[2].
Todos los casos estudiados tienen actividad o raíces en más de un país, bien porque los involucrados cuentan con aliados y cómplices en el mecanismo de corrupción en distintos lugares o porque crearon empresas y consolidaron alianzas para administrar, operar o lavar el dinero. Esto supone que los investigadores judiciales de cada nación requieren del apoyo de instituciones de justicia de diversos países, por lo que la cooperación internacional se convierte en la vía para avanzar. Aunque ya hay experiencias sobre este tipo de apoyo, la realidad es que se requiere una mayor y más profunda cooperación.
En algunos países, los casos se cierran, paralizan o ralentizan por la falta de cooperación y respuesta de la Fiscalía General de Venezuela, en otros, por lo complejo de las tramas que involucran miles de millones de dólares, decenas de personas, distintas jurisdicciones, relación con poderosos, hábiles bufetes de abogados y asesores en la legitimación de ganancias ilícitas.
Aquí entonces se planteó la necesidad y la oportunidad de aprovechar los mecanismos de participación de la sociedad civil en esos procesos y, en particular, en los casos en los que la justicia del país donde se comete el delito precedente opta por no colaborar. Se conocieron algunas experiencias innovadoras, de éxito, a través de distintos formatos, buscando ampliar las posibilidades de que la sociedad civil sea un aliado de la justicia, más allá de figuras tradicionales como el Amicus Curiae.
Como es común en los casos de Gran Corrupción, los efectos sobrepasan al grupo de personas directamente involucradas. Informes internacionales han evidenciado la relación e impacto de la corrupción en la garantía de derechos humanos[1], en sectores como la salud, alimentación[2], educación; calidad de los servicios públicos como el agua potable, la electricidad, así como en las oportunidades de desarrollo, la superación de la pobreza y la desigualdad.
En dos paneles se planteó la discusión jurídica sobre la consideración formal de “víctima”. En Venezuela hay millones de víctimas de la corrupción, unas directas y muchas otras indirectas. Sin embargo, es un tema académico y jurídico en desarrollo con interesantes perspectivas en este terreno, cuya concreción reforzaría la posibilidad de definir vías de reparación en favor de los más afectados.
El objetivo de este encuentro fue fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad civil en la reducción de la impunidad que disfrutan las redes de gran corrupción, los grupos que les dan soporte, y con ello proteger el Estado de derecho y la democracia. La discusión y el intercambio que se produjo en este evento contribuyó a promover las nuevas y necesarias estrategias, oportunidades jurídicas, flexibilidad en procesos rígidos que en algunos casos no tienen la capacidad para enfrentar las robustas y poderosas redes de gran corrupción.
El encuentro reunió a 33 panelistas, 27 de ellos internacionales, que discutieron en torno a la La defensa de los DD HH y el combate a la corrupción: ¿contradictorios o complementarios?, moderado por Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación Debido Proceso -DPLF y la participación de los especialistas María José Veramendi Villa, Oficial de Derechos Humanos y Anticorrupción de la OHCHR y Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y de Civilis.
La justicia al servicio de la impunidad. Cuando la corrupción viola DDHH, fue un tema que planteó grandes desafíos y contó con la moderación de Mildred Rojas, de la Unidad de Investigación de Transparencia Venezuela y las ponencias de Jimena Reyes, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos FIDH; Francisco Cox, de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela y Marcos Gómez, Director de Amnistía Internacional Venezuela.
Otro asunto que se planteó durante el Encuentro fueron los Mecanismos formales e informales de participación de sociedad civil en procesos judiciales, en el cual participaron Ramiro Orias, de la Fundación para el Debido Proceso -DPLF; Pablo Secchi, de Poder Ciudadano y Transparencia Internacional Argentina; Belén Suárez, de la Red iberoamericana de fiscales anticorrupción; Jan-Michael Simón, del Max Planck Institute y Naomi Roht-Arriaza, Profesora de la University of California Law.
La justicia y el poder. Los retos de avanzar en los procesos de Gran Corrupción. Moderada por José Ugaz, penalista, miembro del Grupo de Trabajo Anticorrupción, en esta sesión se abordó la complejidad que suponen los mecanismos que hay detrás de los casos de gran corrupción. Participaron Maite Parejo Sousa, abogada de Maio Legal; Sergio Rodríguez, Procurador de Investigaciones Administrativas en Argentina; Marino Alvarado, de Provea, y Eduardo Salcedo-Albarán de la Fundación Vortex.
Dentro del programa también se abordó Protección, recuperación y gestión de activos recuperados. Bajo la moderación de Kristen Sample, de NDI y con la participación de Feliciano Reyna, de CIVILIS; François Valerian, de Transparency International; Francia Tutu, de Alicante EG Justice; Karina Carvalho, de Transparencia Internacional Portugal; Agatino Camarda, del Civil Forum for Asset, CIFAR, y Tania García Sedano, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España – APDHE, se discutió acerca la necesidad de fortalecer mecanismos de participación de la sociedad civil para lograr justicia.
Transparencia, derecho a la privacidad y la lucha contra la Gran Corrupción, fue el paraguas para discutir acerca de un aspecto legal que ha sido una excusa para la opacidad. María Fernanda Sojo, periodista de la Unidad de Investigación de Transparencia Venezuela, moderó este panel con Maira Martini, de la Secretaría de Transparencia Internacional; Carlos Cordero, de Access Info; Romina Colman, de OCCRP y Joaquín Gil, del diario El País, quienes discutieron sobre la “tensión dinámica entre la necesaria transparencia de la gestión pública y el derecho a la privacidad, que ha sido utilizada para proteger a agentes relacionados con casos de corrupción”.
El último panel tuvo como título Litigio estratégico y los problemas derivados de litigar en jurisdicciones diversas. Eso incluyó temas como el de la tipicidad (¿es el lavado de activos un delito de corrupción?); el interés o la capacidad del país que procesa el caso (usualmente monetario o institucional), vs. el interés de las víctimas que normalmente no son de ese país y que se centra más en el daño causado; y el futuro de las investigaciones conjuntas. Garantías jurídicas, paraísos fiscales, beneficios impositivos, ciudades atractivas. ¿Por qué a las personas procesadas o señaladas en casos de corrupción les gusta vivir en EEUU, España, Italia, Londres, a pesar de los riesgos de ser sancionadas? Participaron Mercedes De Freitas, directora general de Transparencia Venezuela como moderadora; José Ugaz, del Task Force Anticorrupción; Carlos Castresana, Académico y Fiscal de España; Yesenia Valdez, Fundación para la Justicia de México; Olga Barat y Vladimir Aras, Fiscal Federal de Corte de Apelación en Brasilia.
