En el marco de la firma del Acuerdo Social entre la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro, es pertinente discutir lecciones para la recuperación y protección de activos en contextos de régimen cleptocrático. En este panel, se abordó el desarrollo de mecanismos colectivos de reparación para garantizar que los activos congelados del gobierno de Venezuela se destinen a reparar a las víctimas de la corrupción y mitigar y superar la emergencia humanitaria. Además, el panel abordó la necesidad de fortalecer mecanismos de participación de la sociedad civil, en especial para asegurar que los proyectos que sean financiados beneficien a los venezolanos.
Sobre este tema contamos con la moderación de Kristen Sample del NDI, y las presentaciones de Feliciano Reyna de Acción Solidaria y de Civilis; François Valérian de Transparencia Internacional Francia y miembro del Board de Transparencia Internacional; Tutu Alicante de EG Justice, Karina Carvalho, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Portugal; Tania García Sedano, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España – APDHE, y Agatino Camarda de CIFAR.
“Este panel nos ayuda a cerrar algunos puntos. Hay que seguir la ruta del dinero, dijo alguien en la mañana, y si seguimos este consejo llegaremos a los países receptores”. Así abrió esta sesión Kristen Sample, directora del equipo de Gobernabilidad Democrática del NDI, con más de 20 años de experiencia en programación de gobernabilidad democrática.
“Escucharemos las lecciones aprendidas de organizaciones que han trabajado por años en asuntos de incidencia y litigio estratégico. También escucharemos experiencias de retorno y cómo se puede hacer este proceso de devolución a través de un canal independiente, transparente, un mecanismo que se llama de tercera parte”, dijo Sample, y ciertamente esta sesión abordó la protección y el manejo de los activos encontrados en los países receptores y se compartieron experiencias de organizaciones en la incidencia.
Kristen Sample
NDI Gobernabilidad Democrática
“Este panel nos ayuda a cerrar algunos puntos. Hay que seguir la ruta del dinero, dijo alguien en la mañana, y si seguimos este consejo llegaremos a los países receptores”. Así abrió esta sesión Kristen Sample, directora del equipo de Gobernabilidad Democrática del NDI, con más de 20 años de experiencia en programación de gobernabilidad democrática.
“Escucharemos las lecciones aprendidas de organizaciones que han trabajado por años en asuntos de incidencia y litigio estratégico. También escucharemos experiencias de retorno y cómo se puede hacer este proceso de devolución a través de un canal independiente, transparente, un mecanismo que se llama de tercera parte”, dijo Sample, y ciertamente esta sesión abordó la protección y el manejo de los activos encontrados en los países receptores y se compartieron experiencias de organizaciones en la incidencia.
Feliciano Reyna
Acción Solidaria y Civilis
“¿Qué oportunidades se presentan para la recuperación y la devolución de los fondos? ¿Qué es el Fondo Social que se creó en 2022 en Venezuela? ¿Cuáles son los parámetros, las visiones, las posibilidades, las limitaciones para acceder a este fondo y en qué punto está?”. Con estas preguntas Sample dio entrada a Feliciano Reyna, uno de los más influyentes activistas de DDHH en Venezuela.
“Hay una necesidad urgente de que el Fondo Social opere, y que el dinero que llegue sea en efecto para mitigar las necesidades de las poblaciones más vulnerables”. Así comienza, categóricamente, Feliciano Reyna, y recordó Reyna que en 2021 se firmó, entre la plataforma unitaria de partidos de oposición y representantes del gobierno, un memorándum de entendimiento que contiene siete puntos y uno de ellos es la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano.
“No verán aparecer en ninguna parte el aspecto humanitario —aclaró Feliciano Reyna- porque el año 2019 fue muy complicado. Aquel proceso que tuvo lugar entre Cúcuta y Venezuela, no era en realidad una operación humanitaria, era una operación política y eso empezó a hacer que el término humanitario se vetara”. Por eso, explica Reyna, en 2019 el sistema de Naciones Unidas tardó más de medio año en establecer el equipo humanitario y empezar a diseñar un plan de respuesta para Venezuela.
En el año de 2022, regresando al tema del Fondo Social, se firmó un acuerdo para la creación del Fondo de Protección Social y se habló de 3.000 millones de dólares, para empezar, de acuerdo con datos que obtenidos en FTSOCHA, la plataforma de seguimiento del sistema de Naciones Unidas abierta al público para seguir la inversión humanitaria en Venezuela y en otros países que la reciben.
Pero es indispensable, advierte Feliciano Reyna de nuevo, “pensar en cómo hacer para que este acuerdo funcione, por y para la población venezolana”.
El plan de respuesta humanitaria en 2019, informó Reyna, era de 222 millones de dólares, y se llegó a generar el 31% de lo solicitado. En el 2020, se llegó a 24%, ya estaba en 700 millones de dólares, “una cantidad mínima para los siete millones de personas de que habla la ONU” y sigue siéndolo, porque “hay un techo en relación a la cantidad de personas en situación de necesidad que pueden aparecer en los planes de respuesta humanitaria”. El año 2021 se recaudó el 37%, en medio de respuestas a la pandemia por el coronavirus, y fue en el de mayor recaudo.
“Si se revisan los ingresos por el fondo de emergencia, Venezuela aparece en el lugar 32, con el 1,5%. En el caso de otros recursos, como el llamado Fondo Humanitario de País, que es administrado por Naciones Unidas, Venezuela está en el lugar 15 con 3 millones 400 mil dólares. Para tener una medida de comparación, el de Afganistán es 180 millones de dólares, el de Ucrania 113 millones de dólares, el de Siria de 87 millones de dólares, “y por supuesto que uno no tiene intención de desmeritar todo lo que hace falta en estas zonas, pero esto ocurre mientras Venezuela ha sido evaluada como la cuarta situación más grave en materia de inseguridad alimentaria en el informe global del año 2020, junto con Ucrania y Siria, como las más graves situaciones migratorias”, explicó Reyna.
Si se mira además las solicitudes de recursos que no tienen que ver con la respuesta regional, Venezuela aparece otra vez en el lugar número 15, con alrededor de 700 millones de dólares, mientras la respuesta para Siria ha sido de 4.800 millones, Afganistán 4.600 millones, Yemen 4.300 millones, Etiopía 3.900 millones. Es decir que, según explicó Reyna, “estamos ante una necesidad enorme para la población, pero muy lejos de tener los recursos que la población necesita”.
El Fondo Social significa un acuerdo con cinco actores. Aparte del gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de oposición está el Reino de Noruega, el sistema de Naciones Unidas (el PNUD que sería el administrador del fondo) y los Estados Unidos como otro actor muy importante, porque de la OFAC dependen las autorizaciones para mover incluso recursos de una cuenta de Francia, de Portugal o de Suiza.
Circula una idea, según Reyna, de que no deben ponerse recursos si para eso debe haber interlocución con el gobierno venezolano, porque eso podría beneficiar al gobierno de Maduro en periodo electoral, “pero frente a eso uno se pregunta: ¿Se les olvidan los DDHH?”.
“Yo insisto -agregó a modo de cierre- en que por lo menos debemos estar avanzando en unas avenidas paralelas de tiempos distintos, pero que debemos entender que esto tan complejo debe ir avanzando en esas avenidas paralelas, y que no es cierto que un avance en un lado que puede ser tan importante para la población venezolana, sobre todo para las personas en vulnerabilidad, significa que nos olvidemos de otras cosas que son esenciales. Uno de ellos es el escrutinio en DDHH. Tenemos varios mecanismos: la CPI, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la propia oficina del Alto Comisionado y el Sistema Interamericano. Pero también las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. Allí hay un trabajo que no cesa para lograr que la población en Venezuela con necesidades humanitarias sea auxiliada”.
François Valérian
Transparencia Internacional Francia
Kristen Sample agradeció a Feliciano Reyna por recordar las dimensiones de la demanda humanitaria, lo que ha sido hasta ahora la poca respuesta y lo que habría que movilizar para responder a esta emergencia.
Volviendo al tema de la huella del dinero, Sample pregunta ¿qué se puede sacar de las diferentes experiencias internacionales en cuanto a la incidencia en los países receptores de dinero producto de la corrupción para la protección, recuperación y la devolución de esos recursos a través de mecanismos como el Fondo Social, que son también independientes de terceros? La moderadora invita a François Valérian —con gran experiencia en litigio estratégico e incidencia para las reformas dentro del marco legal francés- para que relate los casos de Guinea Ecuatorial y Gabón.
“Como saben —comenzó Valérian – soy de Francia, un país receptor de dinero robado en los países de origen (lo que no quiere decir que en Francia no hay corruptos). Nuestro objetivo, con ese dinero robado es lograr que los bienes adquiridos en Francia con dinero producto de la corrupción sean confiscados y que los fondos se regresen a la población de origen”, explicó, y enumeró las acciones que se llevan a cabo para lograr esos objetivos:
✔ Encontrar a las personas que adquirieron los bienes (siempre son los mismos bienes: mansiones, chalet, autos de lujo, oro…) y el registro de los beneficiarios finales.
✔ Hallar el registro de la titularidad que está detrás de las sociedades inmobiliarias que compran bienes, casas, etc.
✔ Registro abierto a la sociedad civil, que es muy útil.
Esos registros de acceso público fueron muy útiles en Francia para la denuncia de 2022 contra los cleptócratas rusos que habían adquirido chalets en la Riviera francesa, dijo Valérian, y mostró su preocupación por que ese acceso público ahora se haya cuestionado en Europa, “porque hay que probar que esos bienes fueron adquiridos con dinero robado y, para probarlo hay que comparar lo que costó el bien en el país de destino con los ingresos declarados por la persona que hizo la adquisición en su país. La discrepancia entre los ingresos declarados y el importe de la adquisición permite mencionar en Francia a las personas que facilitan esas inversiones”, explicó. Los banqueros, los notarios, los agentes inmobiliarios.
La verificación de la concordancia entre el dinero declarado en el país de origen y el importe de los bienes adquiridos en el país de destino tiene que ser hecha por las personas que facilitan las ventas de bienes. Si hay un banquero que no puede explicar el origen de su dinero o no hay concordancia entre lo que gana y el dinero que tiene, se debe notificar a las autoridades francesas, es decir, a la agencia encargada de luchar contra la delincuencia financiera en Francia.
“Muchos banqueros, inmobiliarios, y otros quieren preservar a sus clientes y guardan silencio —dijo Valérian. En realidad, la lucha en Francia no es solo contra los cleptócratas, sino contra los franceses que ayudan a los cleptócratas, y ahora los incluimos en las denuncias”.
¿Qué se hace cuando se encuentran los bienes mal adquiridos y las personas que los adquirieron? Hace 10 años, con el caso del vicepresidente de Guinea Ecuatorial en Francia se obtuvo la capacidad jurídica de presentar denuncias por casos de corrupción contra personas implicadas y esta capacidad jurídica nos da una fuerza que nos hacía falta antes, porque en Francia no hay un trámite de amicus curiae, y debemos tener la capacidad jurídica para presentar denuncias.
Se pudo probar que había una discrepancia inmensa entre los ingresos declarados y los bienes adquiridos en Francia por Teodorin Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. Esos ingresos no podían justificar la compra de un Lamborghini y de una mansión en la avenida Foch en París. “Ganamos el caso contra Teodirin Obiang, incluso en segunda instancia fue condenado a tres años de cárcel, una devolución de 30 millones de euros y la confiscación de unos 150 millones en bienes”.
Valérian explicó que hubo dos problemas en este caso:
✔ Cuando el dinero es confiscado en el país de destino, no se desea que vaya a ser utilizado para cubrir una pequeña parte del déficit presupuestario de Francia. El dinero robado se debe devolver a su país de origen. Entonces, obtuvimos una ley francesa que fue aprobada hace dos años y que estipula que el dinero debe quedar en una cuenta especial en espera de poder ser restituido a las poblaciones robadas.
✔ Hay que ser muy cuidadosos porque no se quiere que el dinero sea restituido a las personas que lo robaron. Es un riesgo muy claro cuando no ha ocurrido un cambio de gobierno en un país.
Por ejemplo, explica Valérian, el gobierno de Gabón presentó una denuncia para recuperar los bienes confiscados, es decir que se declara víctima del robo, a pesar de que la misma familia todavía está en el poder. Es un escándalo muy grande cuando los corruptos se hacen pasar por víctimas. Los tribunales franceses rechazaron la denuncia de Gabón en primera instancia, pero en segunda instancia la Corte de Apelación consideró que el tribunal penal decidiría si el gobierno de Gabón tenía derecho a una compensación financiera, y que no podíamos impedir que fuera parte civil en el proceso penal.
“Es mucho lo que está en juego, porque si el Estado que afirma haber sido robado consigue una indemnización financiera, esa podría tener prioridad sobre la restitución a la población. Esta cuestión del estatuto de parte civil del Estado de origen es un desafío para nosotros en Francia en los próximos años”, explicó.
Otro asunto parecido en el caso con Guinea Ecuatorial, con un bien muy particular que pertenecía a Todorin Obiang, fue la mansión de la avenida FUCH en París. Tres mil metros cuadrados, avaluado en más de 100 millones de euros, equivalente a los dos tercios de los 150 millones confiscados. Poco después del inicio del trámite por bienes mal adquiridos hace más de 10 años, Teodorín Obiang vendió la mansión a la República de Guinea Ecuatorial, dirigida por su padre. Y Guinea Ecuatorial instaló allí el cartel de su embajada.
La justicia francesa ordenó la confiscación de la mansión y de otros bienes, mientras el gobierno de Guinea Ecuatorial ordenaba la restitución de la mansión. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió con las otras casas y los Lamborghini, la confiscación aun no fue llevada a cabo por el gobierno francés por temor a la ruptura de las relaciones diplomáticas.
En conclusión, de acuerdo con Valérian, la cuestión de las víctimas es central, el trámite de restitución debe tener en cuenta a esas víctimas y a la sociedad civil local del país de origen. “Las víctimas verdaderas, no las falsas que presentan los abogados de los gobiernos corruptos utilizando las ideas de la sociedad civil para proteger mejor a los poderes abusivos”.
“Nosotros —agregó- observamos flujos de dinero en varias regiones del mundo desde el sur hasta Norteamérica, también desde África y el Oriente Medio hasta Europa y desde Asia hacia Australia, flujos de dinero que reconstituyen la economía colonial y eso es lo que se quiere contrarrestar”.
La moderadora del panel, Kristen Sample, reconoce que François Valérian tocó puntos muy importantes, y agregó: “En paralelo con todo lo que es el litigio estratégico, hay que trabajar en una serie de reformas del marco legal que ayuden a prevenir este tipo de aprovechamiento del sistema del Estado de Derecho de un país como Francia a través del registro de los beneficiarios finales, la protección de denunciantes. Son reformas fundamentales para fortalecer a los países receptores”.
Tutu Alicante
De EG Justice
EG Justice es la primera ONG del mundo dedicada a los derechos humanos, el estado de derecho, la transparencia y la sociedad civil en Guinea Ecuatorial y Alicante es un fuerte crítico de la situación de abuso de poder, corrupción e impunidad que impera en su país. En su intervención, Alicante compartió algunos puntos claves de sus experiencias en procesos de recuperación de activos en Estados Unidos.
Para Tutu Alicante, alrededor de las discusiones sobre corrupción es esencial el enfoque sobre las víctimas. Dice que tanto en Guinea Ecuatorial como en Venezuela ya no se puede hablar de corrupción. “En Venezuela una enfermera al final del mes gana 5 dólares, lo mismo que en Guinea Ecuatorial; eso quiere decir que todas nuestras familias han llevado a un hospital a un pariente enfermo y se ha muerto por falta de atención.
Hasta cierto punto, dice Alicante, cuando se habla de este tipo de situaciones estamos hablando de un fenómeno que va más allá de la corrupción. “En estas instancias, la palabra corrupción se queda corta, porque realmente estamos frente a unos sistemas donde hay una cleptocracia transnacional tan arraigada, que se pasa de lo que uno puede ver como corrupción en España, en Francia o México inclusive”.
Tutu Alicante alude a una situación de una completa captura del Estado por altos miembros del gobierno, que tras desmantelar o instrumentalizar las instituciones del Estado, se hacen con los recursos, con los réditos de un país para beneficio propio. Invierten todo ese dinero en USA, Francia, Suiza usando mecanismos bancarios internacionales en países supuestamente de Estado de derecho.
En Francia, dice Alicante, se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 120 millones de euros y queda pendiente repatriarlos para el beneficio del pueblo ecuatoguineano. Teodorin [Teodoro Nguema Obiang Mangue] fue sancionado por el Reino Unido, por apropiarse indebidamente de millones de dólares que, según Londres, se gastó en mansiones y yates de lujo, aviones privados, automóviles de alta gama, y un guante de 275.000 dólares usado por Michael Jackson. “Imagínense eso en un país donde ayer un señor de 75 años estaba sentado solo comiendo de la basura”.
En Suiza, también le confiscaron al presidente y vicepresidente (padre e hijo) dos yates valorados en conjunto en 250 millones, y 18 coches. En Brasil hay 16 relojes valorados en más de 21 millones de dólares, en Sudáfrica otro yate y dos mansiones, etc.
“La comunidad internacional debe saber quiénes son esas personas perjudicadas cuando Teodorin u otro cleptócrata compra 50 Lamborghini”, advierte Tutu Alicante. “Una de las cosas por las que abogo, en el papel de atrapar a los cleptócratas, es precisamente la importancia del litigio estratégico, que es un proceso en el que combinamos la comunicación con el cabildeo; la capacitación de la sociedad civil en lugares necesarios y el litigio, que es el trabajo realmente jurídico. Todo esto, poniendo el foco en la víctima, no como a alguien cuyo nombre presentamos en un caso y hablamos ante la prensa, sino como alguien que forma parte esencial de y en todo el proceso; alguien que va a estas reuniones y habla con voz propia”.
En resumen, Alicante piensa que hace falta una campaña mediática importante. En el caso de Guinea Ecuatorial no hay prensa libre o independiente, todo lo que le llega a la población es lo que el gobierno quiere que sepan. Así que es importante concienciar a la sociedad acerca del enorme daño personal y colectivo que la corrupción nos hace a todos. Hacer una campaña mediática dentro y fuera.
Piensa Tutu Alicante que hay que involucrar a la sociedad civil dentro del país, y en caso de que no se pueda dentro, entonces hay que hacerlo fuera del país. Y, dijo, “también tenemos que gestionar las expectativas, son procesos que pueden ser largos, carísimos, y pueden acarrear pleitos estratégicos contra la participación ciudadana o pública”.
Otro caso: el gobierno de Guinea Ecuatorial (Obiang) donó a la UNESCO tres millones de dólares para crear un premio en su nombre. “Pasamos cuatro años intentando que la UNESCO no aceptara ese dinero. En otras palabras, los recursos y tiempo que debíamos estar trabajando para presos políticos u otra gente, lo gastamos en estar pendientes de persuadir a un diplomático de que no aceptara dinero sucio. A nosotros, en Francia, Guinea Ecuatorial nos denunció por difamación porque dijimos que Obiang es un dictador, entonces tienes que prevenir o disponer de los fondos para contratar un abogado que te defienda de esos pleitos frívolos”.
Hay también que mirar a los facilitadores, abogados, banqueros, agentes de ventas de propiedades “porque hay un montón de gente que ayuda a estas cleptocracias, y son los que se benefician de la cleptocracia. Hay un montón de gente haciéndose rica ayudando a esos cleptócratas. Tenemos que ver dónde podemos reclamar responsabilidades a toda esa gente”, advierte.
Por último, siempre es muy importante seguir el dinero, y una vez que se recupere ese dinero todavía queda el trabajo de devolverlo al país de origen y buscar la solución, “porque cómo consigues que el dinero beneficie a la sociedad en un lugar donde el gobierno de facto sigue compuesto por los mismos individuos que robaron las arcas del Estado”.
Karina Carvalho
Directora ejecutiva de Transparencia Internacional Portugal
“Empezaste diciendo que no tenías nada que enseñarnos, pero no era verdad” dijo Kristen Sample a Tutu Alicante y dio paso a Karina Carvalho, quien habló del marco legal portugués y compartió algunas lecciones de los procesos relacionados con Angola y recomendaciones para Venezuela.
“Para nosotros, en Portugal, es importante devolver el dinero a las víctimas de la corrupción y detener el flujo de dinero ilícito hacia nuestro país. Con esto protegemos la economía de Portugal y la economía europea y prevenimos el lavado de activos a través de los bancos, la compra de bienes raíces, la adquisición de visas doradas y otros escándalos. Con todo esto también protegemos el Estado de Derecho y la democracia”.
Con esta declaración comienza su intervención Karina Carvalho, psicóloga, quien ha dedicado parte importante de su carrera a la responsabilidad social, ética, gobierno corporativo y emprendimiento para empresas en oenegés en Portugal y Angola.
Carvalho expresó preocupación frente al hecho de que se tiende a olvidar que la corrupción tiene impacto en las democracias y el Estado de Derecho. “En Portugal siempre estamos escuchando escándalos de corrupción y muchos de ellos involucran a cleptócratas de otros países. La gente empieza a desconfiar de las instituciones políticas y de los políticos y esto hace que el populismo crezca y se debiliten las democracias”.
En los aspectos económicos, dice Carvalho, Portugal es un país pequeño, muy dependiente de los fondos de la UE y de las inversiones extranjeras y es por eso que el país tiene las puertas abiertas para cualquiera que quiera invertir, puede ser a través de bienes raíces o compras de bancos, como fue el caso de la hija del Presidente Dos Santos [Angola]. “Si se piensa en la crisis económica que el país tiene, fue por el Banco Espirito Santo BES, el mayor banco de Portugal, y colapsó, y los portugueses seguimos pagando BES”.
Una cosa buena es que la Fiscalía ha dicho que Portugal puede recuperar activos, con base en la cooperación internacional establecida en casos, como por ejemplo Angola. “En 2020, el número de activos congelados que se recuperaron era significativo por el caso de Luanda Leaks. Entonces, si hubiese un gran caso relacionado con el lavado de dinero o el flujo ilícito, es bueno pensar que al menos las autoridades portuguesas podrán recuperar más dinero basadas en la información que está saliendo sobre estos casos”, explicó Carvalho. “El Luanda Leaks es un gran escándalo de corrupción muy pertinente para discutir la recuperación de activos, la compensación de las víctimas y todo lo demás que dije antes”.
Bajo los acuerdos internacionales entre el gobierno de Portugal y Angola, las autoridades de Portugal pueden ver las cuentas bancarias en el Euro Big, y las acciones de Isabel Dos Santos en esas compañías, pero no hay información relacionada con los cargos criminales de Isabel Dos Santos, así que la falta de información es también un elemento clave.
“En Portugal -dice Carvalho- es muy difícil encontrar cuáles son los casos en los que está involucrada Dos Santos. No siempre es fácil entrar en litigios estratégicos, así que es necesario poder ser capaces de investigar, poder acceder a la data de otra manera, porque, si no, es imposible litigar con impacto. Hubo casos -agrega- en contra de firmas de auditorías por permitir todo, pero hasta ahora nada significativo pasó por el caso de Luanda Leaks, porque no hay supervisión de las autoridades. Como el Banco Central de Portugal no hizo nada, fueron al parlamento y dijeron: “’nuestro trabajo es identificar los flujos y no solventar esos flujos’”.
Nadie prestó atención a los “facilitadores”, dice Carvalho, los abogados que asistieron a Isabel Dos Santos en sus tratos, que ahora están abriendo firmas de abogados y continúan con sus trabajos. “Y es triste decir que Portugal sigue siendo de alguna manera un paraíso de blanqueo”.
Las visas de oro, por otro lado, permiten que entren fondos que no se sabe de dónde vienen. Y también, explica Carvalho, se le otorga nacionalidad en Portugal a cleptócratas rusos, de un régimen específico. “Y no es que al gobierno no les importen las regulaciones, porque somos un país de la UE, pero necesitamos el dinero y ese es el pensamiento general detrás de esto. Necesitamos las inversiones extranjeras, así que tenemos todo relajado para no perder el dinero que necesitamos para sobrevivir, pero luego ves los problemas que tenemos”.
Con respecto a las víctimas, Carvalho señaló que, en Portugal, pueden aparecer como parte en un proceso penal y es posible que la sociedad civil participe en algunos casos penales y ser parte en casos civiles. En casos penales se puede ofrecer evidencias y pedir que se tomen ciertas medidas o pedir que se abra una investigación. “Al final, estamos asistiendo al fiscal o asistiendo a la corte, encontrando la verdad. Pero, por ejemplo, para una ONG como Transparencia Internacional Portugal no es tan directo, porque no representa a las víctimas y a veces eso es un poco tramposo”.
Transparencia Internacional puede participar en el procedimiento civil para recuperar activos, “creo que nunca se ha probado, pero estamos dispuestos a intentarlo”, admitió. “Tenemos la legitimidad para realizar acciones populares en los tribunales civiles para evitar la pérdida de activos solo si pertenecen al Estado de Portugal. Cuando a veces escuchamos que dicen ‘ustedes en Portugal no están haciendo nada para asistir en la recuperación de activos’, hay que entender que estamos hablando de un ilícito financiero que viene de otro país para Portugal, y si pudiésemos probar el lavado de dinero, o si hay cargos de corrupción en el país de origen, todo sería más fácil. Si no, es más difícil”.
Otra cosa, dice Carvalho, son los litigios civiles. Se puede ir a la corte y presentar una demanda civil para rastrear en privado los activos, pero es muy difícil. “En los litigios penales nos apoyamos en el fiscal para rastrear los activos, pero en los litigios civiles hay que decir “este es el dinero que está viniendo de fondos ilícitos y estos activos se tienen que congelar. Pero es más difícil y por eso necesitamos el acceso a la información”.
En general, la recuperación de activos está bajo el derecho civil, explica Carvalho, y tiene que seguir unos requerimientos muy breves, pero hay que reconocer que es una conducta ilegal y a veces es difícil demostrar que alguien es culpable de mala conducta, presentar la conexión entre la conducta y el daño relevante y demostrar el daño causado.
Sobre los obstáculos comunes en las distintas etapas de la recuperación de activos, basándose en la experiencia de lidiar con el caso de Luanda Leaks, es que, en primer lugar, las personas no inician la investigación de activos porque se les dice que lo hagan, sino porque que algo tiene que pesar, como The Luanda Leaks u otro caso que venga del periodismo investigativo.
Lo otro, agrega Carvalho, son los facilitadores como los abogados son protectores por el secreto profesional. Por ejemplo, los fiscales no pueden pedir información de los abogados y obtenerla. Una de las cosas que ahora se hace en Portugal es que las firmas de abogados están actuando como firmas de consultores y son cosas distintas.
En relación a la congelación de activos, un juez necesita validar el pedido realizado por el fiscal y decir si es verdad este activo se debe congelar.
No todos los países de origen de los flujos ilícitos son cooperativos, como el caso de Guinea Ecuatorial, donde no es fácil acceder a la información. “Necesitamos convicción en la confiscación de activos, ya que toma mucho tiempo. Hay casos en los que el regreso de los activos puede tardar más de 10 años y aquí es donde hay que reconocer quiénes son las verdaderas víctimas, y eso no es tan directo”.
Entonces ¿qué debemos hacer?, se pregunta Carvalho. “Estoy totalmente de acuerdo en hacer litigios, cada vez que podamos y en todos lados, perseguir a los facilitadores, usar las sanciones. Por ejemplo, usar la OECD Privacy Framework porque hay compañías en el mundo que están haciendo negocios con la gente que robó el dinero. Tenemos una red de OSC y podemos intercambiar información y hacer el trabajo legal juntos, promover el periodismo investigativo, contar con el apoyo del público al contar noticias de corrupción y derechos humanos, y en esto último es donde tenemos que ser más específicos; el dinero fue robado y las personas acá perdieron sus casas o no tienen acceso al saneamiento. Hay que entender por qué son las víctimas”.
Cuando se habla de corrupción normalmente se hace referencia al daño en general, por ejemplo, el litigio estratégico funciona muy bien en casos ambientales, porque se puede fácilmente identificar a las víctimas, comprometernos con la diáspora y las comunidades pequeñas, y tal vez esta sea una buena idea para Venezuela. “Hay muchos portugueses en Venezuela y esta podría ser una buena oportunidad para discutir la situación de los venezolanos en Portugal, para encontrar una manera de que puedan irse del país por la corrupción y por las malas condiciones, y finalmente debemos exigir la responsabilidad, no solo a nuestros gobiernos sino a institutos, como por ejemplo al Banco Mundial, porque estas instituciones le estaban dando dinero a los cleptócratas, como es el Caso de Guinea Ecuatorial o Angola, y también a la Comisión Europea”.
Reflexiona Carvalho acerca de que hay proyectos en marcha con Guinea Ecuatorial, pero la Comisión Europea no quiere hablar de corrupción o de la recuperación de activos, o regresar los activos robados. “Ellos dicen que debes promover los Derechos Humanos ¿pero es posible promover los Derechos Humanos en un país donde no hay derechos políticos y civiles?”.
La moderadora del panel, Kristen Sample, destacó el planteamiento de Carvalho acerca de la necesidad de avanzar en una agenda que, para los países receptores, no es hablar de altruismo: “No es solo solidaridad democrática, también es una cuestión proteger a sus propios sistemas, su propia sociedad. Fondos en campañas políticas, inversiones que pervierten los mercados de bienes raíces” sentenció.
Tania García Sedano
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Doctora en derecho, Tania García Solano ofrece en su intervención un repaso de las herramientas en el marco legal con que cuenta España para la recuperación de activos, como país receptor de dinero o bienes producto de actividades de corrupción.
“Quisiera poner de relieve -comienza García Sedano- que durante mucho tiempo el proceso penal y los esfuerzos de la política criminal han girado en torno al elemento punitivo, el hecho delictivo. El objeto del proceso penal era el delito, su objetivo la imposición de penas, la sanción, y nada más. Pero el creciente número de hechos delictivos vinculados con la delincuencia económica transnacional y organizada hace que se preste especial atención a este fenómeno que está íntimamente vinculado con la corrupción, en los sectores público y privado”.
Por otro lado, se ha impuesto, dijo, la obligación y la necesidad de incluir la mirada “victimocéntrica”. Las víctimas directas e indirectas de la delincuencia económica organizada que está vinculada con la corrupción, tienen que ser objeto de resarcimiento. La recuperación de activos debe vincularse con el retorno de bienes procedentes de delitos cometidos en el Estado del que salieron.
Con esta idea aborda Tania García Sedano su intervención en el panel sobre cómo resolver el problema de los activos en los países receptores, en este caso específicamente desde el punto de vista legal y en España.
Este concepto es una de las grandes e innovadoras aportaciones introducidas por la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y a este respecto dedica su capítulo 5to, que considera que la restitución de activos procedentes de la corrupción es un elemento y un principio esencial y por eso obliga a los Estados partes de la convención a prestarse la más amplia cooperación y asistencia entre sí.
El diseño y el desarrollo de políticas públicas en esta materia puede generar efectos diversos y conectados entre sí, como son la reparación del daño individual y social generado por este tipo de delincuencia y, por otro lado, genera una finalidad de prevención general en tanto que disuade y deconstruye el imaginario de lo provechoso del delito. Evita, además, que los activos sean usados para retroalimentar la actividad delictiva, para reinsertarse y perpetuarse en un espiral de comisiones delictivas encadenadas, explicó.
Estas políticas públicas tendentes a la recuperación de activos disminuyen además los incentivos de quienes cometen estos delitos en relación con la prevención especial propia del derecho penal mediante un enfoque de reducción del mercado ilícito, mejora la confianza en el Estado, mejora la confianza en las instituciones, conciencia a la sociedad civil, nos erige en actores clave y fortalece el estado democrático. Y para todo esto, enfatiza García Sedano, es necesaria una investigación penal que tenga en cuenta cada supuesto concreto en el contexto social, económico y organizacional en el que se desarrolla. El objetivo del proceso penal es la investigación del delito.
“Es imprescindible -dice- la inclusión de la perspectiva financiera y para ello es fundamental, conforme a lo establecido en la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, tener en cuenta la cooperación judicial internacional como aspecto clave”.
¿Cuáles son los activos actuales y pasados vinculados con la comisión de determinados hechos delictivos?, ¿qué acciones se han tomado por parte de otros estados miembros de la convención?, ¿dónde están?, ¿qué derechos ejercen sobre ellos?, son preguntas esenciales.
De acuerdo con García Sedano, la transparencia es una eficaz medida anticorrupción. “Es imprescindible que tengamos y que prestemos especial atención a la configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Y recordó que en 2015 España amplió el catálogo de delitos imputables a las personas jurídicas.
Por último, se analizó la regulación del decomiso y del partícipe a título lucrativo en el ordenamiento jurídico español.
Agatino Camarda
De Cifar
Con experiencia en relaciones internacionales y un enfoque en Medio Oriente y África del Norte, fundador de Cifar, activista de derechos humanos, especialmente en anticorrupción, migración y recuperación de activos, Agatino Camarda centró su intervención en el tema de la devolución de activos a través de terceros, con ejemplos y mejores prácticas.
En este sentido, Camarda señaló que los retornos indirectos de activos suelen utilizarse cuando la situación en los países de restitución de activos es problemática o existe el riesgo de un nuevo saqueo; que los países pueden participar activamente; que los fondos suelen destinarse a proyectos específicos y que cuentan con mayores mecanismos de supervisión y salvaguardia.
Hay, según Camarda, varios mecanismos de devoluciones, que organizaciones multilaterales (Banco Mundial, agencia de la ONU) son temporales a partir de acuerdos institucionales, establecidos con el fin de desembolsar fondos, apoyo de organizaciones internacionales y multilaterales. Habló de un “mecanismos nuevo y especial con fin del retorno (por ejemplo, una fundación)”, y a través de organizaciones de la sociedad civil/no gubernamentales.
En relación a los mecanismos nuevos/especiales refirió acuerdos con instituciones temporales (por ejemplo, fundaciones) establecidas con el fin de desembolsar fondos, y pueden contar con el apoyo de varias organizaciones internacionales fuera del marco regular del gobierno.
Como ejemplo mencionó a BOTA Foundation, Kazakhstan en el 2014, que involucró el retorno de 150 millones de dólares y la creación de una fundación especial por medio de tres gobiernos y bajo la supervisión del Banco Mundial y las OSC.
Las organizaciones multilaterales cumplen diferentes papeles. Supervisar la devolución de fondos (Abacha I). Como parte en el establecimiento de un mecanismo especial (Kazajstán) o como receptor de fondos para programas de nueva creación o ya existentes (Abacha II) como en Nigeria, donde participó el Banco Mundial 2016- 2022 para recuperar 220 millones de Suiza. “Lo más importante —dijo- fue la participación de la sociedad civil como supervisor.
En relación a las organizaciones no gubernamentales, puede incluir la contratación de una o varias organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, bien sea que operen a escala internacional o que tengan su sede en el país receptor. Tal es el caso reciente con Kenia, donde se han devuelto los activos, pero no se han usado.
La devolución con participación de terceros tiene algunas ventajas, porque pueden aumentar la transparencia y la supervisión en el proceso de devolución al implicar una entidad tercera independiente. También pueden reducir el riesgo de apropiación indebida. Las partes externas pueden aportar capacidad adicional al proceso. Y hay más posibilidades de incluir una supervisión independiente por parte de la sociedad civil.
Cuáles son los retos entonces, se pregunta Camarda. La condicionalidad, es decir, se ponen condiciones como la soberanía y hay eso hay que debatirlo con cuidado. Puede suponer también mayores pérdidas administrativas y financieras, altos costos, muchos gastos administrativos, porque hay que implementar auditorías, reportes.
Luego, definir cuáles son los criterios que se aplicarán en el proceso de selección de organizaciones independientes. En algunos casos las negociaciones son a puerta cerrada, sin que se sepa cómo se toma esa decisión, y eso es un riesgo.
Por último, hay que tomar en cuenta asuntos de sostenibilidad, ya que este tipo de estructuras usualmente son “construidas” con el propósito del retorno de activos, con los proyectos que encuentran.
En torno a la convivencia o no de un retorno indirecto, Camarda emplaza a hacer un análisis de costos y beneficios. Debe hacerse una evaluación del Estado de derecho en el país receptor y tomar en cuenta los obstáculos políticos.
En cuanto a la elección del tipo de organización que participará en el mecanismo, hay unos requisitos mínimos de transparencia, integridad y rendición de cuentas que están en la normativa internacional:
✔ Foro Mundial sobre recuperación de activos (2017)
✔ La Unión africana (2021)
✔ Principios de retorno responsables de la sociedad civil (2021). Se han establecido requisitos mínimos para devolución de activos con transparencia.
Estamos hablando de la publicación oportuna del calendario, las modalidades y los agentes implicados. Informes públicos auditados de forma independiente e informes periódicos sobre los programas. Sistemas que permitan al público rastrear los activos desde la recepción hasta el desembolso. Acuerdos públicos.
Contrataciones abiertas, publicación de los resultados de las licitaciones, políticas de conflictos de intereses a disposición del público. Obligaciones contractuales de excluir y disponer de un proceso para excluir a los autores de beneficios directos e indirectos. Mecanismos independientes de supervisión y denuncia. Investigaciones independientes en las que participen los Estados remitentes y receptores, y desembolsos pausados durante las investigaciones.
La participación de la sociedad civil ha tenido éxito probado en la negociación, supervisión y distribución de los activos recuperados, porque son las mejor situadas para representar y amplificar las voces de las víctimas de la corrupción en el país de origen y garantizar la compensación.
Para lograrlo es necesario implicar a las OSC desde el inicio de las negociaciones. Debe haber una definición colectiva de las funciones (supervisión, gestión de fondos, decisión sobre el uso de los fondos); una participación de representantes de la población local y de las víctimas de la corrupción. Debe contarse con un proceso de capacitación si fuese necesario y aplicar requisitos de transparencia, rendición de cuentas e integridad a las OSC.
