La complejidad en los mecanismos de los casos de gran corrupción, la participación de personajes poderosos con grandes fortunas, a diferencia de los escasos recursos disponibles en los sistemas de justicia de los diferentes países, representan grandes ventajas para las redes de corrupción, que logran aprovecharse de las garantías que debe ofrecer el Estado de derecho a los ciudadanos.
Para discutir estos temas estuvieron José Ugaz, penalista, exprocurador de Perú, expresidente de Transparencia Internacional y miembro del Task Force Anticorrupción; Maite Parejo Sousa, socia del bufete Maio Legal; Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina; Marino Alvarado, miembro de la organización de Derechos Humanos venezolana Provea, y Eduardo Salcedo-Albarán, de la Fundación Vortex.
Sergio Rodríguez
Procurador de Investigaciones Administrativas en Argentina
“Siempre es muy estimulante escuchar a José Ugaz, un hombre de su experiencia en la trinchera”, dice Sergio Rodríguez.
La Fiscalía Anticorrupción de Argentina nació hace más de 60 años como una comisión investigadora del Poder Ejecutivo y luego de varias reformas legislativas pasó a ser parte del Poder Judicial. Hoy en día, después de la reforma constitucional de 1994, adquirió por ley atribuciones sin las cuales sería imposible investigar hechos de corrupción, no solo en Argentina sino en cualquier país del mundo.
No obstante que en Argentina también existe la Oficina Anticorrupción, un organismo del Poder Ejecutivo, “que al no tener autonomía no tiene independencia, porque el titular es designado por el gobierno de turno. En los últimos años su actividad fue estéril porque solo apuntaba hacia la oposición y nunca hacia el gobierno oficialista, por lo tanto, considero que para investigar fenómenos de Gran Corrupción es necesario tener autonomía funcional, económica y la suficiente independencia”.
En Argentina, en el último semestre del año 2022, la información del Instituto Nacional Estadísticas y Censos arrojó que el 40% de la población es pobre, el 30% de los hogares es pobre, el 9% de la población está en la indigencia y el 45% de los niños de hasta 15 años es pobre. “Esto es en parte consecuencia de la Gran Corrupción que afecta los derechos humanos y desde la Fiscalía proponemos varias líneas de trabajo, entre ellas la perspectiva de género puesto que las mujeres, las niñas, adolescentes y otras identidades femeninas son más vulnerables a la corrupción que los hombres. Les impacta la corrupción en forma totalmente diferenciada”.
Si no se fortalecen las instituciones democráticas es imposible luchar contra la corrupción, advierte Rodríguez y explica que la Fiscalía que preside tiene algunas funciones por encima de los fiscales. “Podemos intervenir en cualquier caso de corrupción y podemos seguir un caso desde que se inicia hasta que finaliza en la Corte Suprema. Sin esa autonomía no podríamos enfrentar un caso de corrupción”.
En el año 2007 el Instituto Nacional de Estadísticas fue totalmente corrompido en intervenido, así que no teníamos números fehacientes de pobreza, de población, y hoy estamos pagando juicios en el extranjero de tenedores de bonos porque el Indec dibujaba los números de la inflación. “A través de la intervención de la Fiscalía no solo se pudo condenar a algunos de sus responsables sino también recuperar el instituto. Ya sus estadísticas están empezando a tener algún viso de credibilidad y nadie discute sus datos”.
“Nosotros creemos que los derechos humanos afectados por la corrupción son todos, tanto civiles, sociales, culturales y ambientales e impactan directamente en la gente. A veces se dice que en la corrupción la víctima es el Estado y se le despersonaliza, se cree que no hay gente detrás de esto”, dice Rodríguez.
En la pandemia, relata el fiscal, los centros de salud no estaban preparados en lo más mínimo para afrontar ni una décima parte de la pandemia y el dinero que debería haber sido usado para infraestructura e insumos fue utilizado para estos fines. “Las vacunas Sputnik eran un bien preciadísimo y escasísimo. Las dosis eran totalmente insuficientes y en lugar de vacunar al personal de salud, que era la prioridad, se le comenzaron a administrar a empresarios, altos funcionarios, amigos del poder”.
El caso que se conoció como “Vacunatorio VIP” fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil, explicó Ramírez, y la jueza que intervino inmediatamente lo cerró, porque argumentó que sustraer esas vacunas era una cuestión moral, pero no un delito, y el fiscal que intervino estuvo de acuerdo. “Entonces la Fiscalía de Investigaciones Administrativas introdujo un recurso de apelación y la Cámara de Apelaciones revocó ese cierre. La causa está en trámite y próximamente estamos pidiendo las indagatorias a varios funcionarios públicos, incluido el ex ministro de salud”.
En Argentina, de todas las denuncias a funcionarios públicos por trata de personas, solo tenemos condenado al 1,9% de los funcionarios públicos. “Y es clarísimo que, si no hay connivencia del Estado no pueden existir las redes de trata de personas. Entonces estamos investigando junto con la Red Iberoamericana contra la Corrupción para conocer desde un inicio quiénes son los funcionarios que permitieron el ingreso de menores de edad, a los que falsean los permisos, a los que habilitan lugares como prostíbulos”.
Finalmente, Rodríguez informó que desde Argentina se están gestionando reuniones con fiscales internacionales para tratar el caso venezolano y apoyarse con información en los distintos países donde se abren estas causas.
Maite Parejo Sousa
Penalista, socia de Maio Legal
Abogada penalista con una trayectoria en temas de DD HH en corrupción, con una amplia experiencia en procedimientos dirigidos a la protección de derechos fundamentales, tanto ante órganos judiciales españoles como ante instancias europeas e internacionales, Maite Parejo sentenció: “La corrupción es uno de los grandes males de este siglo, aunque no se reconozca por todo el mundo”.
¿Cuáles son los problemas que se tiene en España para investigar la Gran Corrupción?, es la pregunta que la penalista se planteó en su intervención.
Se supone que en las sociedades democráticas se tienen que garantizar los derechos de todos los ciudadanos como única forma de disfrutar del libre desarrollo personal y además como forma de ordenar la convivencia entre los distintos sectores de la población. El fenómeno de la globalización ha impactado en cómo se garantiza, en cómo se violan estos derechos y en cómo se cometen las actuaciones que calificamos como corrupción. La globalización tiene ventajas, pero ha ayudado a perpetuar determinados desequilibrios sociales, como la distribución de la riqueza y cómo ha involucionado en los últimos 30 años.
Las principales amenazas que también ha fomentado la globalización de las sociedades actuales son las violencias políticas, la corrupción y la criminalidad organizada.
Los efectos se padecen tanto en sociedades democráticas como no democráticas. En las sociedades no democráticas, la Gran Corrupción y la violencia política ayudan a perpetuar las estructuras autoritarias e impiden el desarrollo y la evolución política y económica. En las sociedades democráticas se dificulta de manera importante el funcionamiento de las instituciones y además obstaculiza el desarrollo político y económico.
La globalización tiene un impacto directo en la modalidad de la corrupción.
“Se podría hablar de la corrupción tradicional —dice Parejo Sousa- en la que una determinada persona que carecía de poder económico accede a la función pública y una vez que tiene ese cargo lo aprovecha para beneficiarse de fondo públicos (malversación) o para aceptar sobornos, y ese enriquecimiento puede ser que lo cometa en interés propio, del partido político al que representan o de terceros”. Y advierte: “Pero hay nueva modalidad en la que lo que se produce en el trasvase de lo privado a lo público, personas que ya tienen un poder económico, empresarial o de cualquier otra índole y que entran a la función pública conociendo ya las reglas de mercado y teniendo su patrimonio. Ahí la corrupción se materializa de una manera distinta, en la utilización de información privilegiada, se produce la confusión entre lo público y lo privado, se favorece desde el sector público el crecimiento de los grupos empresariales. Hay tráfico de influencias, movimientos bancarios que acaban en paraísos fiscales de los que no se tiene control y eso se tiene que investigar”.
Pero, para enfrentar este tipo de corrupción hay obstáculos, puntualiza. “En el plano internacional falta cooperación judicial penal. En Europa, desde hace 20 años, se solventó una parte de la problemática. Pero todo tiene que pasar a través del sistema de justicia y no hay una comunicación directa entre juzgados y fiscales y se impulsen entre ellos”.
La opacidad, la existencia de los paraísos fiscales y la falta de reconocimiento de la Gran Corrupción como crimen internacional es un problema de origen. “En el Estatuto de Roma no se nombra la financiación ilegal de los partidos políticos, no se nombra el blanqueo, no se nombra los sobornos de multinacionales y eso conlleva impunidad. Impunidad de banqueros, de políticos, de los poderosos”.
En España, advierte Parejo Sousa, faltan medios legales, técnicos, personales. “Pasamos años hablando de la modernización de la justicia y parece que nunca llega. Si a todo el mundo parece que de verdad le importa, no se entiende por qué se no hace que funcione. En las fiscalías faltan funcionarios y eso no se puede suplir con la buena voluntad que tenga el Fiscal. No hay igualdad de armas en estas causas. Cuando están las acusaciones populares, que son ejercitadas por organizaciones de DDHH, las personas a las que imputan disponen de todos los medios, tienen un ejército de abogados, disponen de peritos de todo tipo”.
Otro problema que considera Parejo muy importante es la presión que ejercen algunos medios, a veces por sensacionalismo, otras veces porque están comprados por grupos de poder a cuyos intereses también obedecen.
Sergio Rodríguez tomó la palabra y acotó que todo eso se traduce en una falta de independencia. “Parece que no existe en España la separación de poderes. No creo que en España los jueces sean sobornables, pero cuando les cae en la mesa una de estas grandes causas de la Gran Corrupción, algunos tiemblan porque saben que cualquier decisión que adopten puede condicionar en alguna medida su futuro profesional y el desarrollo de su carrera”.
Marino Alvarado
Miembro de Provea
Para Marino Alvarado, activista reconocido con el Premio Nacional de los Derechos Humanos por la Embajada de Canadá, en el actual contexto venezolano que ha agitado el tema de la corrupción, debatir este tema es más que oportuno y necesario.
“Combatir la corrupción en Venezuela es un reto. Primero, porque Venezuela tiene una dictadura, lo que implica una serie de riesgos y de obstáculos porque no existe en Venezuela un Ministerio Público independiente, un Poder Judicial independiente, un contralor general independiente. Entonces, se pregunta Alvarado, ¿cómo enfrentar la Gran corrupción? “Cuando la cúpula que gobierna y posiblemente algunos de sus altos funcionarios que están involucrados en hechos de corrupción controlan las instituciones, el reto es ¿y qué hacer? Aun con esa adversidad es posible hacer”, dice Alvarado.
Cómo se puede emprender acciones que contribuyan a prevenir, que permitan demostrar que no hay voluntad de investigar y ni de sancionar, y cómo lograr que, aún en medio de adversidades, se pueda tener algunos triunfos que motiven y permitan fortalecer el proceso de lucha contra la corrupción.
Transparencia Venezuela, Acción Solidaria, Espacio Público y Provea lograron un pronunciamiento del Comité de DD HH acerca de un caso de corrupción, llevado por la vía del acceso a la información. La Contraloría de la República en el 2010, en uno de sus informes publicó que había irregularidades en la compra de medicinas entre el gobierno venezolano y el gobierno cubano. Y, a pesar de tratarse de Cuba y de la falta de independencia, la Contraloría se atrevió a decir que había irregularidades.
Las cuatro organizaciones pidieron a la Contraloría información acerca de las contrataciones, dijo Marino Alvarado. “No nos dieron la información, como es común en Venezuela y acudieron al sistema de justicia mediante una acción de amparo. El TSJ respondió que el amparo no era la vía idónea sino un recurso administrativo. Siguieron la vía administrativa recomendada por el TSJ y el mismo TSJ les dijo que era inadmisible y que estábamos haciéndoles perder el tiempo”.
Luego, comentó Alvarado, llevaron el caso al Comité de DD HH de la ONU y en 2021 se logró un pronunciamiento ordenándole al Estado consignar la información, haciendo señalamientos muy claros acerca de la necesidad de respuesta a la ciudadanía en su derecho a pedir información.
La legislación venezolana, reflexiona Alvarado, permite ir a tribunales de más bajo rango y quizás allí se pueda coincidir con funcionarios que en algún momento se pueden sensibilizar. Así se conectó un caso que tiene que ver con DDHH (derecho a la salud) con una instancia de protección de DDHH. Se conectó un derecho DESCA con el derecho a la salud y con un caso de corrupción.
Recomendó Marino Alvarado tramitar los casos a través de tribunales municipales de menor rango, que permiten incidir, sensibilizar a los funcionarios, y esa es una estrategia que a veces funciona, sobre todo en materia de servicios.
Marino Alvarado recordó que las organizaciones tienen que ser coherentes en la lucha contra la corrupción. Y, particularmente en Venezuela llamó a “librar una lucha contra la ley antibloqueo, porque penaliza si se saca a la luz pública situaciones irregulares de contratación entre el Estado y alguna empresa nacional o extranjera.
Y, finalmente, refirió Alvarado la ley contra el odio, “una espada que tenemos detrás permanentemente. Si vas a luchar contra la corrupción y vas a señalar a altos funcionarios, el Estado puede interpretar que estás promoviendo el odio”.
Si luchar contra la corrupción es un hecho permanente, hacerlo en el contexto de una dictadura como en Venezuela es realmente heroico. Así concluyó el moderador José Ugaz. “Nosotros testimoniamos de cerca lo que los colegas venezolanos están haciendo, los espacios que han conseguido a través de estrategias en el sistema internacional y eso, por supuesto, es un gran aliciente para todos nosotros. Esto tiene que traer un resultado positivo en el corto plazo”.
Eduardo Salcedo-Albarán
De la Fundación Vortex
Conocido en algunos medios como el Sherlock Holmes del siglo XXI y como “filósofo del crimen” en el ámbito del derecho, el bogotano Eduardo Salcedo-Albarán se ha especializado en utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para el procesamiento de datos en sus pesquisas contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos. “Desde que Salcedo-Albarán se incorporó a estas investigaciones sobre Venezuela sus aportes han sido fundamentales para avanzar», dijo José Ugaz.
Salcedo-Albarán apuntó que desde hace cinco años se está sistematizando información sobre los casos de corrupción en Venezuela, “porque todos sabemos que esta situación continúa: permanentemente se abren casos, se cierran otros”.
“Todos los días se recoge información y se organiza. Eso nos ha permitido identificar la red de corrupción que opera dentro y fuera del país”, explicó. “El caso Venezuela no se parece a ningún otro fenómeno, no se conoce algún otro caso en el que se haya comprometido y perdido tantos recursos públicos. El caso de Venezuela es una súper red de corrupción. Ni siquiera se parece al caso Lava Jato, que es, digamos, el caso que le antecedió en magnitud”.
Estos patrones que se pueden ver a través de tecnologías para organizar y analizar los datos no tienen antecedentes ni en la metodología ni en los hallazgos.
Con la información analizada hasta ahora, se ha modelado una súper red de corrupción en Venezuela que está conformada por 10.251 nodos (que se refieren a empresas y personas naturales). Estos 10.251 nodos establecen 24.682 interacciones que los unen alrededor del mundo. A estas dimensiones se enfrenta cualquier fiscal y cualquier juez que quiera tomar decisiones sobre estos casos. Además, esas interacciones se distribuyen a 152 países y en algunos de esos países se desarrollan procesos judiciales. Por ejemplo, el individuo más mencionado en los casos que investigan en España es Nervis Villalobos, quien permanece en ese país y todavía no ha sido extraditado a Estados Unidos para ser juzgado.
Según explicó Salcedo-Albarán hay una base de datos con 24.682 entradas en las que se especifica claramente quién es el agente activo-emisor, quién es el agente pasivo-receptor, y cuál es la fuente empírica, es decir que el documento judicial, o el informe-fuente que permitió crear esa interacción. También se puede ver cuáles nodos son empresas y cuáles personas naturales. Resaltó que esta magnitud de información es imposible de organizar e interpretar sin la asistencia de avanzados sistemas computacionales.
Salcedo-Albarán invita a plantearse el escenario de un fiscal, de un juez en Venezuela, Colombia, o Argentina, el tamaño de la tarea que enfrenta si quiere entender este fenómeno. “Aún si existiera un sistema de justicia con relativa independencia en Venezuela, cualquier fiscal estaría paralizado frente a un nivel de complejidad como esa. Este nivel de corrupción desborda y excede las capacidades de cualquier fiscalía, corte o sistema de justicia.”
La situación es más preocupante, dice Salcedo-Albarán, “si se reconoce que, en términos transnacionales, no existe una fiscalía que busque toda esta información para entender el fenómeno en conjunto; si lo vemos en términos transnacionales, esos 152 países tienen sistemas financieros de control de empresas que se asumen como fuertes, pero en realidad son débiles (como España, por ejemplo), lo que permite a los corruptos establecer fachadas, de manera que el dinero usurpado del presupuesto público de Venezuela termina en castillos, yates, oro, caballos. Ninguna fiscalía del mundo está intentando entender esta red”.
“Para cerrar, este es el nivel de complejidad que hay que entender y atender, sobre todo en el caso de jueces y fiscales que quisieran tomar decisiones que involucran, por ejemplo, la súper red de Nervis Villalobos, cuya estructura ilícita solo en España incluye a 124 personas y organizaciones. Imaginemos los otros 20.000 sujetos registrados”.
Para despedir el panel, el moderador José Ugaz resaltó: “Esto puede ser muy abrumador y frustrante si uno no tiene la motivación. Yo creo más bien que es un acicate ponerle un esfuerzo adicional a nuestro trabajo, pero imaginemos un fiscal que solo tiene una computadora y un asistente con un curso básico en sistemas de computación que tiene que lidiar con una red, no digamos de este tamaño, pero así sea diez veces menos se trata de una relación muy asimétrica en nuestros países”.
En la fase de preguntas se comentó que hay una petición de crear una Corte Internacional Anticorrupción en el estilo de la Corte Penal Internacional, o modificar el Estatuto de Roma para incluir crímenes de gran corrupción como un crimen de lesa humanidad, que pueda ser procesado en el sistema actual de la CPI. Según Ugaz, “modificar el Estatuto de Roma no es una opción, no es real”.
Transparencia Internacional, informó Ugaz, está apoyando con fuerza la creación de la Corte Anticorrupción y se ha venido reuniendo con países como Holanda, Canadá, que apoyan esta iniciativa, pero “habría que preguntar qué gobierno de los nuestros estaría dispuesto a firmar un tratado que lo puede llevar a una cárcel en Europa. Hay quienes apuntan al modelo de la CICIG, que tan buenos resultados ha dado”.
