Defensor de derechos humanos en Venezuela, específicamente fundador y miembro de Civilis DDHH y de Acción Solidaria, cuyo programa humanitario coordina desde los primeros indicios de la Emergencia Humanitaria Compleja en 2016, Feliciano Reyna relató que, cuando desde las organizaciones de la sociedad civil con las que ha estado vinculado hacía informes sobre Venezuela, era evidente que se estaba frente a una situación estructural masiva de violación a los derechos humanos. “A finales de 2015 encontramos la definición de la Emergencia Humanitaria Compleja de la Universidad del País Vasco. Se trata de situaciones que no son producto de desastres naturales ni conflictos armados, sino por abuso de poder y falta de Estado de derecho; apenas se mencionaba la corrupción como la creación de algunas estructuras de mercados paralelos o mafias, pero no como algo que produce daño. Estas situaciones son violaciones masivas y deliberadas de los DD HH”. Reyna piensa que estos años de abuso de poder, la desestructuración del Estado, pero además la incorporación de estos elementos de corrupción a todo nivel, generaron la situación que tiene a millones de personas afectadas. Cuando en Venezuela se comienza a ver la situación de deterioro sostenido en materia de DDHH, que ha estado en el capítulo IV de la Comisión Interamericana de DDHH por situaciones estructurales en término de violaciones, no aparecen temas de corrupción sino hasta 2013. Y ni siquiera, dice Reyna, se habla del impacto tan grave que genera la práctica de corrupción en los DD HH, sino a propósito de una actuación en contra de Transparencia Venezuela, luego de que esa organización dijera que el gobierno aplicaría una ley de soberanía y autodeterminación, porque la organización denunció casos de corrupción y mencionó a funcionarios de la Asamblea Nacional. La corrupción no se nombra por la población afectada. Luego Reyna recuerda que, en 2014, se habló de cómo la falta de acceso a la información pública promueve la corrupción en el país, “pero no se profundizó”. En 2015, en los informes se dijo que la lucha contra la corrupción fue un slogan reiterado del gobierno de Venezuela en momentos de tensión política y campañas electorales, pero no se tradujo ni se ha traducido -ni antes ni ahora- en la implementación de un programa planificado y respaldado por la institucionalidad. En 2018, recordó también Reyna, se mencionaba en varios informes que la corrupción estaba ya muy extendida y que era una de las causas de la crisis alimentaria y de salud. “La única organización venezolana que hace referencia a la corrupción en Venezuela es Transparencia Venezuela, advirtió. Gracias al trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en 2020 se dijo que un elemento de la crisis en Venezuela que merece investigación profunda es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de DDHH. Si se piensa que la emergencia humanitaria es un proceso de larga instalación y los casos de corrupción implican algo que también va creciendo poco a poco, hacer esa vinculación no es tan fácil. En ese informe, la Misión nos dice que varias de las fuentes con las que hablaron, todos miembros actuales del gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de las violaciones de DDHH son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado. “Y eso, justamente, constituye un incentivo para que los agentes mantengan el poder y garanticen la impunidad. Nos está faltando esa conexión entre DD HH y corrupción en la vida cotidiana de las personas”, concluyó Reyna. Comentó detalles del impacto de la corrupción en los DDHH, a partir de unos datos que arrojaron más de 6.500 encuestas aplicadas en hogares venezolanos, publicados por la plataforma HUM Venezuela, donde participan decenas de organizaciones de la sociedad civil:

✔ Al menos 7 millones de personas en Venezuela están en situación de necesidad.
✔ En este momento hay 19 millones de personas en Venezuela con necesidades de asistencia. Agotaron los medios de vida, la única manera de poder manejarse es, por ejemplo, no invirtiendo en educación ni en medicinas, sino solamente en alimentación. De ellas, unos 10 millones de personas están en necesidad humanitaria, el doble del que podía atender el sistema de la ONU.
✔ Cerca de 12 millones de personas están en inseguridad alimentaria, tanto severa como moderada. Hay hambre crónica y desnutrición, también en niños. Las embarazadas están llegando con desnutrición aguda y con problemas de hipertensión y diabetes porque la alimentación que da el Estado se compone solo de carbohidratos. A veces reciben una lata de atún, pero todo lo que comen son harinas de maíz, panes y alimentos sin valor.
✔ Según la Encuesta Nacional de Hospitales, el desabastecimiento de insumos de 2022 fue de 45%; el insumo que estuvo más disponible (80%) fue el oxígeno, que debería estar disponible el 100% de las veces. 88% de 40 hospitales no tuvo tomografías ni resonancias magnéticas en todo el año.

“Hemos perdido talento humano», lamenta Reyna. “Esa desestructuración de los sistemas de protección lleva a millones de personas a migrar, y cuando se van sufren una cantidad de situaciones de violencia”, dice. Refiere Reyna la paradoja entre el mínimo impacto que tiene lo que se denuncia sobre corrupción y los DD HH, con respecto a lo que ha impactado la corrupción en la vida de las personas. “Hay que llegar a que todos lo entiendan”. Y como un caso emblemático, Reyna mencionó que, en 2009, el primer ministro de Salud militar prometió la remodelación de 52 hospitales públicos. “Diez años después ninguno estaba listo. Las obras ni siquiera estaban avanzadas. Luego hubo una acusación contra la cuarta ministra militar, Eugenia Sader, por un caso que es menor frente al daño gigantesco que causó ese primer ministro”