La corrupción venezolana es trasnacional, no ocurre y alcanza solo al territorio venezolano y sus instituciones, tiene efecto en otros sistemas financieros y judiciales del mundo y no pasa desapercibida. Existen bufetes dedicados a borrar indicios y evidencias en páginas web, en buscadores de internet y las redes sociales; el tribunal de Unión Europa reinterpreta las normas de transparencia de los beneficiarios finales de las empresas o corporaciones, y decide a favor del derecho a la privación de la información.
Hay protecciones que limitan el derecho a saber, la posibilidad de investigación independiente y la contraloría ciudadana. La tensión dinámica entre la necesaria transparencia de la gestión pública y el derecho a la privacidad ha sido utilizada para proteger a agentes relacionados con casos de corrupción. Hay costos y/o riesgos de solicitar datos de propietarios de bienes y compañías/empresas/firmas, atentando contra esfuerzos de investigación académica, ciudadana y periodística. Los habilitadores en acción. ¿Dónde está la línea entre los derechos y cómo podemos avanzar?
Para discutir sobre estos temas estuvieron María Fernanda Sojo, de la Unidad de Investigación de Transparencia Venezuela; Maira Martini, Research and Policy Expert, Corrupt Money Flows Transparency International Secretary; Joaquín Gil, Diario El País; Carlos Cordero, presidente de Access Info, Romina Colman, periodista investigadora de OCCRP.
María Fernanda Sojo
Unidad de Investigación de Transparencia Venezuela.
La periodista de la Unidad de Investigación de Transparencia Venezuela, abordó el tema desde el punto de vista de las dificultades de los investigadores que trabajan en los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para investigar dado el limitado acceso a la información que es de carácter público.
“En Venezuela, dijo, no hay acceso a las memorias y cuentas ni a los informes de gestión de todos los entes del Estado, al menos desde el año 2016. Este es un gran obstáculo para poder hacer la tan necesaria contraloría social que se constituye como uno de los principales pilares en la lucha contra la corrupción.
En el país tampoco conseguimos entrevistas de voceros oficiales ni tenemos respuestas de los entes ante interrogantes precisas, válidas y necesarias. Cada vez que se hace una investigación se envían solicitudes de información a diferentes organismos oficiales y pese a que se contempla el plazo previsto en las leyes venezolanas, transcurrido más de un mes no se obtienen respuestas.
No obstante, a lo largo de los años, los investigadores venezolanos han acudido a otras estrategias para poder acceder a información pública y seguir haciendo su trabajo. En este camino, ha sido de gran ayuda, por ejemplo, contar con los registros sobre beneficiarios finales de las empresas que se encuentran en terceros países.
En reiteradas ocasiones ha quedado en evidencia que muchas personas involucradas en grandes casos de corrupción en Venezuela y el mundo se han servido de empresas anónimas para lavar ingentes cantidades de dinero sucio, recursos obtenidos por cobros de sobornos para la asignación de contratos públicos, sobreprecios en compras estatales, importaciones ficticias, entre otros mecanismos. De ahí la necesidad de conocer quiénes son los dueños reales de las empresas como un paso esencial para rastrear personas políticamente expuestas y detectar posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Además del acceso a este tipo de registros, para los investigadores también ha sido de gran ayuda contar con plataformas que reúnan múltiples bases de datos que se alimenten con información oficial de diversos países, así como las bases creadas por la Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP.
Los trabajos de periodismo colaborativo transnacional y el uso de bases de datos públicas de diferentes países les han permitido a los investigadores hacer cruces de información y develar grandes casos de presunta corrupción u otras irregularidades.
Pero las trabas no cesan. Una vez que los investigadores logran reunir evidencias y exponer las irregularidades aparecen nuevos desafíos, como la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, de noviembre de 2022 que retrocedió en el acceso del público a los registros de titularidad real o las amenazas a las que se enfrentan los investigadores para que borren cualquier rastro digital sobre sus trabajos.
En las últimas décadas han emergido varias empresas con presencia global encargadas de la “gestión electrónica de reputación”, un nombre usado para referirse a la eliminación de cualquier información negativa que exista en medios digitales sobre determinadas personas naturales o jurídicas. Apelando a diferentes tácticas y amparadas en cuestionadas normativas internacionales, estas compañías han terminado colaborando con la eliminación de contenido de valor vinculado a asuntos de importancia pública que están en internet.
Aunque son varias las empresas dedicadas a borrar el rastro digital de las personas y contribuir a “limpiar” su reputación, hay una que resulta de especial interés dada la cantidad de clientes que ha logrado conseguir en el mundo; la presencia de un importante número de venezolanos y los diferentes mecanismos que usa para suprimir informaciones o hacer que no sean halladas por los buscadores en línea. Se trata de Eliminalia, una empresa que ofrece abiertamente: eliminar tu pasado y ayudarte en tu futuro.
Una filtración de casi 50.000 documentos internos de Eliminalia recibidos por Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigación, reveló que la empresa ha contado con 1.500 clientes de 54 países, en los cinco continentes. Del total, al menos 35 clientes han sido venezolanos o extranjeros con vínculos con Venezuela[1], quienes suelen aparecer implicados en alguna investigación sobre irregularidades con la estatal petrolera Pdvsa, la empresa brasileña Odebrecht, los alimentos vencidos de Pdval, las divisas preferenciales de Cadivi, entre otros.
Hoy en este panel profundizaremos más sobre cada uno de estos temas.
[1] Armando.info. 2023. “Con Eliminalia sacas las manchas más rebeldes de tus negocios con Pdvsa” Disponible en: https://armando.info/con-eliminalia-sacas-las-manchas-mas-rebeldes-de-tus-negocios-con-pdvsa/
Maira Martini
De la Secretaría de Transparency International
Especialista en flujo de dinero corrupto y miembro de Transparencia Internacional, especializada en políticas públicas, Maira Martini relató cómo, desde la Secretaría de Transparencia Internacional en Berlín, comenzaron a prestar especial atención a la importancia de los beneficiarios reales (propietarios reales de las empresas) a partir de la publicación de los Panamá Papers en el año 2016. Un caso que dejó expuesta, gracias a la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, cómo figuras públicas relevantes tenían cantidades de empresas en paraísos fiscales y el modo en que muchas propiedades eran usadas para lavado de dinero, entre otros delitos.
Sin embargo, otras investigaciones periodísticas con grandes hallazgos fueron posibles con el uso de registros públicos sobre beneficiarios reales. Fue una gran sorpresa cuando el tribunal de la Unión Europea, en noviembre del año pasado 2022, tomó la decisión que limita el uso a estos registros públicos. “Tres hombres de negocios fueron a juicio rechazando que sus datos fueran públicos. Estaban cuestionando las normas para establecer los registros de estas empresas. Hay acceso público, hay derechos de privacidad, por eso el tribunal decidió que había un vacío legal. Nadie valoró cuáles eran los riesgos”.
El Tribunal Europeo decidió que pusieran en una balanza que no había suficiente argumento para justificar el derecho a la información, reconocieron el interés público, pero con eso no alcanzaba, explicó Martini. “Se puede demostrar que había un interés legítimo y en ese caso sí se podría acceder a la información. Nosotros sí teníamos interés legítimo, pero esta vez no funcionó”.
Dice Martini que, más allá de la Unión Europea, se ha visto que este asunto tiene un impacto. “Los centros financieros están mirando cómo avanzar en sus marcos de transparencia. En Suiza, Australia, Sudáfrica, están intentando mejorar y estas decisiones también afectan. Desde Transparencia intentaremos mitigar el impacto de esa decisión. Tenemos que ampliar el debate sobre cuán beneficioso puede ser tener acceso a esta información”.
Hay que tener en cuenta el papel que tienen las empresas en la sociedad. “Tener una empresa no le da a nadie el derecho a permanecer anónimo. Una empresa tiene que hacer que las transacciones sean más sencillas. Nadie dice que las empresas se deben utilizar para ocultar o engañar. Los derechos de una entidad no deben ser los mismos que se aplican a una persona, a un individuo”, concluyó.
Carlos Cordero
De Access Info
Experto en proyectos de desarrollo por la Universidad Abierta de España, y experiencia en proyectos de control del acceso a la información, responsabilidad empresarial y transparencia, y fundador de Access Info, Carlos Cordero advierte que, para solucionar los problemas de Gran corrupción no basta con mirar a los países, a las personas y a las entidades de los países donde esta se genera, sino que hay que mirar también a los países donde hay complicidad, países que se consideran cuentan con Estado de derecho y de supervisión y con normas garantes de derecho.
“Muchas veces tenemos mecanismos que facilitan esa situación, que atraen la inversión”, dice. Una inversión de origen ilícito que compra empresas, terrenos, yates. Esto puede verse claramente, según Cordero, en el caso “de los oligarcas rusos”, pero, explica, “tenemos oligarcas de todo el mundo, todos los colores, todos los idiomas, todas las religiones, ideologías”.
Ellos van, dice, “a donde realmente les renta el dinero y donde pueden disfrutar esa calidad de vida tranquilos, apaciblemente y además con unas leyes garantistas, de aparente Estado de derecho, con una perspectiva de derecho que no siempre es de garantías de derechos”. En esa visión es que hay que analizar, dice Cordero, ¿cuál es el contexto europeo, norteamericano y de otros países? Países con democracias consolidadas o por lo menos perceptibles, pero con una tradición democrática y principios democráticos.
Sobre los facilitadores, Cordero afirmó que es imposible hacer todo eso solo. Hemos estudiado desde hace tiempo este tipo de prácticas en investigaciones sobre paraísos fiscales, planificación fiscal agresiva o estrategias de elusión fiscal, prácticas que no son ilegales, pero sí contrarias a la ética. En estos casos normalmente lo que hay son brechas fiscales en las normativas, donde hay despachos que facilitan esos agujeros jurídicos fiscales, te preparan esas prácticas, las organizan, las gestionan, te las proponen y te solucionan todo, no te tienes que mover del sitio donde estés y puedes controlar todo desde allí”. Así funciona, explica Cordero: estos facilitadores crean una estrategia y un plan con base en unas estructuras jurídicas cuyo objetivo es garantizar la seguridad, la opacidad y el beneficio ilícito o inmoral.
La sentencia del tribunal europeo sobre los beneficiarios finales de la corrupción no tiene un enfoque de derechos, de protección de garantía de derechos. “Se trata de conceder desde el poder un privilegio, y no toma en cuenta que la información sobre los beneficiarios finales es de interés público, y por tanto es un derecho el acceso a la información, para saber quién está detrás.
Esta lógica de fondo en la sentencia del tribunal europeo, de considerar más relevante la protección de la información sobre los beneficiarios últimos argumentando protección de datos personales frente al derecho a saber de la ciudadanía, “Influye muy negativamente en la lucha contra la gran corrupción, pero también afecta blindando la opacidad sobre las prácticas de elusión fiscal, y por tanto generando un contexto favorable para el aumento de la erosión fiscal, donde quedan opacas las estructuras complejas de sociedades, y con las que se van muchos recursos fiscales”, advirtió Cordero.
“Nos afecta, también —dice- todo el problema de pesca ilegal y delito ambiental, los barcos de bandera de conveniencia, al promover la opacidad en cuanto a la propiedad de quienes están detrás de esos delitos ambientales. Nos afecta a la erosión de la confianza en el Estado de derecho, y desde el punto de vista económico de la competitividad justa en el mercado. Desde nuestro punto de vista, esta sentencia no tiene el enfoque de protección de derechos, aunque desde el punto de vista académico y periodístico aceptamos el privilegio de poder investigar y que se facilite la información. Aunque ya veremos cómo se aplica esta interpretación de reconocimiento de interés legítimo a la sociedad civil, periodistas, e investigadores académicos, en cada país”.
Cordero dejó claro que la solución es volver a una lógica de derechos, y el derecho de acceso a la información no es un privilegio, no es una concesión del poder, es hacer entender que esa información, a no ser que afecte y colisione realmente a otro derecho humano, debería ser público porque facilita el ejercicio de otros derechos y porque, además, genera solidez y robustez a la situación de Estado derecho y la democracia.
Joaquín Gil
Periodista del equipo de investigación del diario El País
Magíster en periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del equipo de investigación del diario El País, Joaquín Gil se ha dedicado desde hace ocho años a indagar causas de corrupción de España, y desde su experiencia en el periodismo de investigación abordó su ponencia.
“En el marco de esas investigaciones descubrimos que había un pequeño banco BPA en Andorra, que fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales” —relata Joaquín Gil. “Este banco acogía las fortunas de la corrupción internacional y ahí estaba Venezuela, allí estaban los saqueadores de Pdvsa. Empezamos a conocer nosotros quién era Nervis Villalobos, quién era Javier Alvarado, quiénes eran los primos de todos estos ex viceministros chavistas, y a conocer una serie de datos, de información, acerca de algo que nos parecía una película de Netflix”.
La corrupción de Venezuela, explicaba Gil, tiene todos los ingredientes de la corrupción: blanqueo de capitales, reinas de belleza, política, suicidios, abogados que se dedican a blanquear la imagen y los fondos, testaferros, compra de propiedades en todo el mundo.
Utilizaron un banco pequeño en Andorra para canalizar el rastro del saqueo de Pdvsa, explicó.
“El saqueo de Pdvsa fue el origen de que unos ex viceministros chavistas utilizaran un pequeño banco para guardar las comisiones que cobraban a empresarios que querían recibir adjudicaciones de Pdvsa y las distintas filiales”, especifica el periodista de El País.
Según logró deducirse en las pesquisas, estos funcionarios cobraban a los empresarios el 15% en un esquema básico de corrupción que consiste en disfrazar las operaciones financieras “con servicios por informes que no existían para nada”. Ese dinero lo cobraban en Andorra, “que era parte de una planificación, era uno de los tentáculos de todo este esquema offshore, que también tenía tentáculos en Panamá y en Suiza”. Andorra, dice Gil, estaba blindada por el secreto bancario hasta 2017.
Gil puntualiza acerca de casos en los que destaca la inmensa cantidad de testaferros, muchas sociedades en Panamá, pero la pregunta de rigor termina siendo quién diseñó todo ese entramado. “Los corruptos saben robar, saben adjudicar contratos y saben llamar a sus primos y a sus familiares, pero no saben diseñar toda esa planificación fiscal con tentáculos en Suiza, en Panamá. La BPA y Andorra permitieron acoger los fondos de señores que no podían justificar el origen de esos fondos”.
El equipo de investigación de El País encontró información acerca de Eliminalia, una compañía de Barcelona, España, que se dedica a lavarle la cara, la imagen, la reputación a corruptos de 54 países. Utilizaban trucos y técnicas de desinformación. Tenían una telaraña de webs falsas con las que publicaban informaciones bonancibles sobre esas personas que estaban siendo cuestionadas en los medios de comunicación. Engañaban al algoritmo de los buscadores y conseguían que las informaciones negativas pasaran a los últimos lugares de las búsquedas. “Y como ninguno de nosotros pasa de la segunda o de la tercera página de Google, esa información no existía”.
Eliminar la información es otra técnica de Eliminalia. A través de peticiones de información fraudulentas la empresa se ponía en contacto con el medio de comunicación que había hecho determinadas publicaciones que afectaban a sus clientes y le notificaba que había vulnerado una ley de propiedad intelectual de derechos de autor. En el 100% de los casos analizados por el equipo de investigación era mentira: lo que hacían era publicar esa misma noticia en otra web que tenían, le atrasaban el reloj y pedían que eliminaran la noticia publicada en el otro medio de comunicaciones. “Esto es sin duda una forma de amedrentar para que se detengan las investigaciones”, concluye.
Eliminalia tuvo en Latinoamérica 400 clientes, relata Gil. “Desde personas normales que querían ejercer su derecho al olvido hasta corruptos y criminales que querían lavar su reputación. Este tipo de empresas son auténticos enemigos de la información y del derecho a la información y del trabajo de investigación”, concluye Gil.
Romina Colman
Periodista investigadora de OCCRP
“Las cosas pasan siempre cuando estamos distraídos; el cierre de los Registros, el cierre de información, borrar información de las plataformas, cómo empiezan a cambiar las leyes de contrataciones, publican en el momento en que estamos ocupándonos de otras cosas, igual que las cosas importantes, que siempre las publican en Gaceta Oficial en días feriados”. Hay 291 menores con participaciones importantes en empresas en Luxemburgo: ¿Por qué mantener estos registros cerrados? La transparencia duele y los gobiernos no están dispuestos a sufrir”.
Así comenzó su intervención Romina Colman, licenciada en ciencias de la comunicación con un máster en datos y sociedad. La editora de datos para América Latina de la Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP, centró su intervención en la experiencia de esta organización en cuanto a la construcción de bases datos para sortear las limitaciones de acceso a la información, algunas de ellas ya descritas.
Colman es consciente de que los lenguajes técnicos hacen que los periodistas tengan que funcionar como intermediarios para acercar esa información a la ciudadanía: “Tenemos que ser creativos para buscar datos. Los sistemas no están pensados para ser utilizados de manera activa por todos nosotros. El Registro de Panamá, por ejemplo, ha cambiado para peor después de los Panamá Papers. Hacemos muchos esfuerzos desde el periodismo y la sociedad civil”.
Dijo también, no obstante, que la información del registro comercial de Venezuela ha bajado muchísimo en los últimos años y que en OCCRP “hacen muchos esfuerzos para poder contar con información pública de Venezuela en Aleph, la plataforma de datos de la organización”. También habló de un sistema llamado Funes, que desarrolló Ojo Público en Perú, que detecta irregularidades en contrataciones públicas.
“Cómo contar todo esto para que la gente vea que acá hay corrupción, porque muchas veces, si no se ve dinero físico, para el ciudadano no existe”, se pregunta Colman, “porque la corrupción no se ve, pero estas cosas sí importan”. Y agregó que una de las reflexiones que hay que hacer también desde la sociedad civil y el periodismo, es cómo lograr que temas como los de los beneficiarios finales, registros públicos, sociedades offshore y paraísos fiscales se puedan contar de una manera en la que la gente vea que hay corrupción.
“Si no se ven los bolsos, no se ve el dinero, no se ve a quién afecta, no se habla de las víctimas, para la gente y el ciudadano en general no existe la corrupción”, concluye.
Una voz común a los participantes de este panel fue cómo superar la frustración que produce a los periodistas, a las organizaciones, lograr que esas investigaciones que tienen todos los elementos, no sean tomadas en serio en los organismos encargados de hacer justicia. No tiene repercusiones electorales y esa frustración se resiente cada vez más porque hay menos información. No solo investigar sino saber cómo comunicar es uno de los grandes desafíos que ́plantea el periodismo de investigación, hablarles a los funcionarios públicos para que comprendan el daño social que ocasiona la corrupción.
“Alguien decía que la información de calidad va a ser como el agua potable”, dijo Joaquín Gil, en la recta final del panel. “¿Cómo evitar las campañas de desinformación? ¿Cómo hacer que la gente no decida por la información que le mandan sus amigos por Whatsapp?”, refiriéndose al grave problema que la desinformación que ocupa las redes y algunos medios, un tema que algunos estudiosos de la comunicación han denominado infoxicación.
“Las redes sociales no se pueden suprimir, solo las dictaduras hacen eso, pero lo que sí se puede es cuidar las fuentes de agua”, dijo Carlos Cordero. “A mí me ha pasado que me piden una opinión, pero la información que hay es muy pobre. Hay que contrastar, garantizar que la información sea fidedigna. Hay que avisar a la gente que se le está dando información falsa con la idea de desinformar”.
