Análisis del Presupuesto Nacional 2017

Seguimiento al uso de los recursos públicos

Pérdidas de las empresas del Estado en 2016 superaron el gasto en salud, educación, vivienda y seguridad

Transparencia Venezuela pregunta ¿Tiene sentido que el Ejecutivo Nacional deba compensar las pérdidas de empresas en actividades que no le son propias y sacrifique la calidad y cobertura de los bienes públicos de carácter social?

Informe Alimentación 2016: Gran Misión Abastecimiento Seguro

 

Infórmate sobre las políticas públicas que han ocasionado las crisis alimentaria en el país

 

Finanzas Públicas

El área de Finanzas Públicas traduce a los ciudadanos información financiera sobre la utilización de los recursos públicos de todos los venezolanos, con el fin de ofrecer  elementos de fácil comprensión para exigir cambios institucionales y prácticas transparentes enfocadas en la necesidad de proteger lo público contra los corruptos

Presupuesto Ciudadano

Transparencia Venezuela hace seguimiento exhaustivo al Presupuesto de la nación y te presenta la información en cuatro grandes bloques: el presupuesto ciudadano que elabora la organización anualmente con base a la Ley de Presupuesto, los informes de seguimiento a la ejecución del presupuesto, los documentos publicados sobre el presupuesto y los Créditos Adicionales aprobados por la Asamblea Nacional.

Noticias (Ver todas)

Se formaliza el negocio petrolero, pero Pdvsa mantiene flota irregular

En julio de 2026 se identificaron 46 buques sancionados y furtivos, la mayor cantidad observada en los últimos 13 meses, lo que deja varias interrogantes en medio de la opacidad que se mantiene inalterable en nuestra principal industria.

Transparencia Venezuela, 10 de agosto de 2026. A más de un año de seguimiento sistemático a los buques petroleros en aguas territoriales de Venezuela, recordamos algunos hitos que incidieron en los hallazgos:

      • la suspensión de licencias a un grupo de socios de Pdvsa durante junio y julio de 2025. Estos socios habían iniciado la recuperación de la producción petrolera desde finales de 2023, luego de años de caída y estancamiento;

      • el otorgamiento de una licencia específica y condicionada a la empresa Chevron en agosto de 2025 que le permitió reanudar operaciones;

      • la creciente presencia de fuerzas navales de Estados Unidos en el Caribe a partir de agosto de 2025;

      • la incautación de 9 buques por parte de fuerzas navales de Estados Unidos entre el 10 de diciembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026;

      • la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero, su traslado a Estados Unidos y el inicio de su juicio en New York;

      • el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte del Gobierno de Estados Unidos;

      • la emisión de 15 licencias por parte de la OFAC que flexibilizaron las sanciones impuestas a la actividad petrolera, con más amplitud que en ocasiones previas;

      • el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026.

A partir de este contexto el comercio del petróleo venezolano ha tenido cambios importantes. Por ejemplo, el total de buques observados tuvo un mínimo en julio de 2025 -mes de sanciones estrictas- y alcanzó un máximo en mayo de 2026, coincidiendo con el pico de exportación impulsado por las licencias de marzo de este año y la disponibilidad de inventarios.

La disminución del número de buques observada en junio de 2026 pudo haber estado asociada a los sismos que ocasionaron retrasos en las operaciones portuarias de Pdvsa. No obstante, en julio la actividad se recuperó, registrándose la mayor presencia de buques internacionales del período analizado, con 138 embarcaciones, frente a 130 en junio. Esta cifra representa un incremento del 115% con respecto a diciembre de 2025, mes en el que comenzaron las incautaciones. Asimismo, continúa el ingreso de nuevos tanqueros a los puertos petroleros de Venezuela: en mayo se identificaron 40 embarcaciones no observadas desde el inicio del monitoreo, en junio arribaron 20 nuevas y en julio otras 28.

Aunque las exportaciones petroleras de julio descendieron ligeramente a 1,16 millones de b/d, la producción ha tenido una senda creciente y se espera que continúe en los últimos meses de 2026 aunque a menor ritmo. En julio los envíos a Estados Unidos aumentaron a 780.000 b/d, la mayor cantidad desde 2019.

En la etapa de flexibilización de sanciones la cantidad de buques con bandera de las Islas Marshall es similar a la de Panamá, seguidos con distancia por los buques abanderados en Malta. En cambio, durante los meses de julio a diciembre de 2025 predominaron las banderas de Panamá. Recordamos que los buques interceptados por Estados Unidos entre diciembre 2025 y febrero 2026 tenían banderas falsas, así que en el caso de los buques sancionados y furtivos no hay certeza sobre la legitimidad de sus banderas.

Buques sancionados y furtivos en junio y julio de 2026

En julio se identificaron 46 buques sancionados y furtivos, de los cuales 14 se encontraban sujetos a sanciones y 32 fueron clasificados como furtivos. Esta constituye la mayor cantidad registrada desde junio de 2025, pero este dato coincide con la menor presencia de buques con señales AIS apagadas; solo 5 buques oscuros, que a su vez contrastan con los 12 detectados en los meses de mayo y junio de 2026 y los 31 identificados en diciembre de 2025. La flexibilización de sanciones y la vigilancia del tráfico marítimo en Venezuela habrían motivado el encendido de señales AIS de los buques irregulares, sin consecuencias.

Buques irregulares

Dado el aumento de las exportaciones legales, es esclarecedor observar a través del gráfico 2 el comportamiento de los buques lícitos respecto al total de buques irregulares (sancionados, furtivos y oscuros): hubo 32 buques en julio de 2025 que pasaron a 105 en julio de 2026.

Cantidad de tanqueros

En los últimos cuatro meses ha ocurrido una estabilización de la presencia de los buques permitidos y la disminución de las operaciones de trasiego STS: en junio 3 y en julio 2.

También se observa que a pesar del aumento de los buques lícitos los tanqueros irregulares se mantienen.

¿Por qué permanecieron buques irregulares en aguas venezolanas después del 3 de enero?

Una comunicación filtrada por una fuente dentro de la estatal Pdvsa arroja luces sobre algunas hipótesis planteadas en reportes previos y sobre la interrogante propuesta. La comunicación suscrita por Anabel Pereira Fernández en su condición de vicepresidenta (E) de Comercio y Suministro Internacional de Pdvsa, dirigida al vicealmirante José Rafael González Torrealba, director general de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación – Ochina-, informa que Pdvsa cuenta con 22 tanqueros propios, 17 están inoperativos y 5 operativos: el Soldier está sancionado, los buques Colon, Anita y Rio Orinoco son considerados furtivos y el Negra Hipólita no tiene restricciones.

La comunicación señala también que Pdvsa controla 56 buques abanderados por otros países, de este grupo 6 operan junto a la estatal cubana Cubametales, sancionada por la OFAC desde 2019. Los 56 buques están operativos y sólo 16 de ellos (28%) no son furtivos ni sancionados.

Las alianzas con países expertos en evasión de sanciones como Irán, Rusia y Cuba, facilitó la incorporación de buques irregulares a la petrolera venezolana: 18 furtivos, 8 sancionados y 14 sancionados y furtivos con bandera internacional. Al añadir un sancionado y 3 furtivos de la flota propia de Pdvsa son 44 irregulares, es decir, 72% de la flota petrolera operativa controlada por Venezuela es irregular. Estos tanqueros se han aprovechado tanto para el comercio internacional con prácticas de trasiego, señales apagadas, reetiquetado del crudo y spoofing, como para las labores de cabotaje entre los puertos petroleros de Venezuela con señales apagadas en muchos casos, tal como fue advertido en el reporte de febrero y marzo.

Las licencias petroleras que permiten la comercialización a empresas socias de Pdvsa en la producción, por ejemplo, Chevron y Repsol, y a otras empresas de trading como Vitol, Trafigura, Atlantic Trading and Market, Valero Marketing and Supply, Maersk Oil Trading, entre otras, no ha sido suficiente para que Pdvsa abandone los negocios con la flota controlada de 40 buques irregulares, distintos a los 5 propios que están operativos. Es poco probable que se requieran 61 buques solo para cabotaje interno.

Partiendo de estos hallazgos y la falta de información oficial nos preguntamos:

¿Pdvsa está comercializando directamente el petróleo obtenido con socios sin licencia?

¿Cómo se reporta en la contabilidad de Pdvsa este comercio a través de buques irregulares?

De los 43 buques sancionados y furtivos vistos en junio de este año 28 (65%) están en la lista de la flota controlada por Pdvsa, y de los 46 irregulares vistos en julio 27 (58%) son controlados por Pdvsa.

Varios tanqueros sancionados y furtivos que integran la flota controlada de Pdvsa se destinaron al cabotaje y almacenamiento flotante. Los buques sancionados se han estado concentrando mayoritariamente en los puertos petroleros y petroquímicos del occidente: Amuay, Cardón, Bajo Grande, Cabimas y Puerto Miranda.

Más producción y exportación petrolera no son suficientes si no existe rendición de cuentas sobre las condiciones en que ocurren ni sobre los recursos que generan.

La recuperación de la industria y que genere efectos positivos al país exige reglas claras y transparentes en las negociaciones con inversionistas y empresas de comercio.

¿Es mucho pedirle al Gobierno Interino?

 

Los cuadros 3 y 4 muestran los buques sancionados y furtivos de junio y julio, los resaltados en amarillo forman parte de la flota controlada por Pdvsa.

En junio de 2026 se identificaron 29 empresas operadoras de los buques sancionados y furtivos y en julio 34; Asia Charm Ltd FZE de Emiratos Árabes Unidos es la principal empresa marítima operadora con 10 buques en ambos meses. Panamá lidera con 17 y 15 buques, seguida por Islas Comoras con 5 y Guinea con 4.

Descargue el PDF del reporte de flota de Julio de 2026 aquí

Tras la pista del Fondo

Transparencia Venezuela, 5 de agosto de 2026. “Tras la pista del fondo” es el nuevo informe de Transparencia Venezuela que reconstruye, a partir de fuentes públicas, la radiografía del Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (FGDF, o Fondo Petrolero) creado por Estados Unidos para administrar los ingresos venezolanos por exportación de petróleo, gas y minerales, al tiempo que presenta el mapa de empresas, licencias y actores que hoy producen y comercializan el petróleo venezolano.

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 marcó un cambio profundo en la industria petrolera y extractiva de Venezuela. Desde entonces, la producción petrolera creció de forma sostenida, las exportaciones alcanzaron un récord de más de 1.250.000 barriles diarios en mayo de 2026, impulsadas por licencias generales de la OFAC y por el desahogo de los inventarios acumulados durante la cuarentena de finales de 2025.

Pero esa mejora en la industria petrolera, que implica la diversificación de socios, ventas de petróleo sin descuentos e ingresos estimados para el gobierno que oscilan entre USD 6.357,7 millones y 8.162,6 millones en el primer semestre de 2026, todavía no se traduce en mejoras para la ciudadanía, y el destino que ha dado el Gobierno Interino a los recursos generados sigue envuelto en opacidad.

El informe se organiza en cuatro partes: 1. el Fondo Petrolero en detalle; 2. las empresas del sector hidrocarburos; 3. las licencias, la agenda de inversión y el mapa de poder; y 4. las propuestas de transparencia ante la emergencia humanitaria por los terremotos del 24 de junio de 2026. Además, incluye un anexo sobre el funcionamiento de los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Lee y descarga el informe aquí.

Lee y descarga el Resumen Ejecutivo aquí.

El Tribunal Supremo de Justicia que necesita Venezuela

¿Qué pasó con el proceso de renovación del TSJ en el que una rectora del CNE, exfiscales y exjueces destituidos o sancionados figuraban entre los 561 aspirantes?

Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2026. El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se inició antes de los devastadores terremotos parece ser que mutó a un tema de la agenda de la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el actual, Parlamento que se reunirán a partir del 1ro de agosto.

Pero, ¿quiénes son los 561 postulados para ser magistrados?

Muchos son desconocidos para Transparencia Venezuela, pero otros llaman la atención por sus previas actuaciones, sus vínculos partidistas o sus relaciones familiares.

Una revisión de la lista de los 561 candidatos muestra que figuran abogados que ya integraron el TSJ, siete de los cuales incluso obtuvieron la jubilación. En este grupo está el magistrado emérito Juan José Mendoza, quien fue miembro de la Sala Constitucional desde 2010 hasta 2022 y es considerado cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Otra que aspira a volver al máximo juzgado es Marjorie Calderón, quien formó parte de los llamados “magistrados exprés”, ese grupo de miembros del TSJ que el Parlamento nombró en diciembre de 2014, días antes de que la oposición asumiera la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2015. Calderón saltó a la palestra por haber condenado, durante su tiempo como jueza penal en Maracay, a los policías metropolitanos por los sucesos del 11 de abril de 2002 que derivaron en la salida momentánea del poder del entonces presidente Hugo Chávez.

El abogado Luis Ortiz Hernández, quien integró la Sala de Casación Civil, es otro de los candidatos y llegó al TSJ en 2004, cuando el oficialismo amplió el TSJ a 32 magistrados, y se jubiló en 2014. A principios de 2016 fue uno de los dos jubilados que denunció públicamente que recibió presiones para retirarse y así facilitar el nombramientos de los llamados “magistrados exprés”.

Entre los aspirantes también hay actuales suplentes como Michel Adriana Velásquez Grillet, exesposa del sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Marica Flores; Grisell López, Eneida Pérez Moreno, Juan Carlos Cuenca, Luis Emilio Rondón, Emilio Ramos, Janette Trinidad Córdoba, Anabel del Carmen Hernández, Eulalia Coromoto Guerrero y Jacqueline Sosa Mariño.

 

Del CNE y los cuarteles

Como ha venido ocurriendo en los últimos años, varios funcionarios de otros poderes y militares aspiran ser magistrados del TSJ. En el primer grupo destaca Aime Nogal Méndez.

Nogal Méndez es rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2023 y llegó a ese cargo apoyada por el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), aunque sus nexos originales datan del chavismo, pues formó parte del equipo del entonces fundador de Podemos, Ismael García. Sin embargo, se ha alineado con el chavismo. Así que como rectora avaló el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, aunque el CNE fue incapaz de presentar pruebas sustentaran el triunfo de Maduro.

Nogal Méndez quiere seguir los pasos de Francisco Carrasquero, Tania D’Amelio y Luis Emilio Rondón, pasando del CNE al TSJ.

Entre los militares resalta el mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien, antes de presidir la Corte Marcial entre 2021 y 2024, fue fiscal militar y responsable de procesar en juzgados castrenses a cientos de civiles que participaron en la ola de protestas antigubernamentales de 2017, recordó el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Mundaray también identificó a otro juez militar: el capitán de navío Ramón Clemente Pires, que tuvo en sus manos el caso contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, fallecido bajo custodia del Estado.

Hay exjueces y exfiscales que fueron removidos de sus puestos en medio de serios cuestionamientos o que han sido sancionados por gobiernos extranjeros, acusados de cometer violaciones de derechos humanos, como lo es el caso de Katherine Harrington.

Harrington ha sido fiscal del Ministerio Público, viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal en la administración de Maduro, vicefiscal designada por el TSJ y, más recientemente, ocupó la presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas durante la ola de represión a las protestas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Se le ha vinculado sentimentalmente con el actual ministro de Defensa, Gustavo González López; por lo tanto, es vista como una figura cercana al ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Otros nombres rodeados de polémica son los de Zinnia Briceño Monasterios, Gilberto Landaeta, Joel Altuve y Dinorah Bustamante.

Briceño Monasterios, quien fue presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas y miembro de la Corte de Apelaciones, fue acusada por los abogados de la jueza María Lourdes Afiuni de ordenar a los jueces penales de la capital que rechazaran sus recursos en favor de su defendida y de amenazarlos, hechos que quedaron registrados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gilberto Landaeta, quien ya se postuló para Fiscal General, fue uno de los fiscales encargados de investigar el asesinato del fiscal Danilo Anderson y que fue destituido por la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

José Altuve, en su cuenta de X (antigua Twitter), se presenta como “abogado, militar, juez, revolucionario y chavista. Leales siempre, traidores nunca”.

Dinorah Bustamante, por su parte, fue la fiscal que acusó al entonces diputado Juan Requesens y al secretario de la Asamblea Nacional de 2015, Roberto Marrero, por el supuesto atentado con drones contra Maduro. El exdirector de la Fiscalía, Zair Mundaray denunció que la aspirante a magistrada vive en una propiedad que le fue confiscada a uno de los implicados en el caso.

 

El parentesco es su credencial

El nepotismo también se ha colado en las postulaciones. Así, al menos dos parientes del diputado Pedro Carreño figuran entre los candidatos. Se trata de su hermano, Julio Ramón Carreño Escobar, y de su sobrina, Carolina García Carreño, actualmente es diputada al Parlamento nacional.

En Transparencia Venezuela consideramos que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe realizarlo la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones libres, transparentes y justas, que inicie el proceso de transición. Será entonces cuando se pueda exigir un proceso abierto, se realicen evaluaciones de credenciales y se diseñen mecanismos de participación que permitan confiar en el proceso.

Los negocios crudos de Carretero y el misterio del petróleo cubano

Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos $2600 millones entre mayo y septiembre de 2025. La petrolera venezolana envió, además, nueve barcos a Cuba para aliviar la crisis energética de la isla, pero su destino es incierto.

Transparencia Venezuela
Iván Ruiz (CLIP)
Roberto Deniz (Armando.info)
Rolando Rodríguez (La Prensa)
José Luis Reyes (Diario de Cuba)
Pablo Díaz Espí (Diario de Cuba)
Annarella Grimal (Diario Cuba)
Mirta Fernández Laffitte (Diario Cuba)

Transparencia Venezuela, 28 de julio de 2026. El entorno de Nicolás Maduro hizo negocios millonarios con el crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hasta los meses previos a su captura y antes del bloqueo naval de Estados Unidos en el Caribe. Sociedades registradas en China, Singapur y Hong Kong relacionadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano casi monopolizaron la comercialización del crudo estatal durante el año 2025.

Una investigación de Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba descubrió que al menos tres compañías de papel— Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading—despacharon 47 millones de barriles de crudo desde puertos venezolanos entre mayo y septiembre de 2025, según datos internos de la petrolera estatal. Los despachos de estas sociedades cotizaron aproximadamente US$2600 millones, de acuerdo con el cálculo de esta alianza, basado en los precios internacionales del crudo.

Los nombres de Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores, el sobrino de Maduro, no aparecen formalmente en los documentos oficiales de Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading, ya que estas compañías de maletín eran manejadas por prestanombres, según indicaron tres fuentes dentro de Pdvsa. Asimismo, el diario estadounidense The New York Times había publicado en mayo de 2026 que, aunque los responsables de Hangzhou Energy se encontraban formalmente en China, Malpica Flores y Carretero la representaron en reuniones de Pdvsa.

Desde la llegada de Maduro al poder, en 2013, Carretero se convirtió en un personaje clave en Caracas. El presidente venezolano le entregó decenas de contratos multimillonarios que incluyeron desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez hasta la implementación del Carnet de la Patria, una suerte de identificación alternativa a la cédula de identidad que ampliaba el control del régimen sobre la ciudadanía a cambio de subsidios. El negocio mayor llegó años después con la venta del petróleo de Pdvsa, cuando las sociedades de Carretero se volvieron imprescindibles para eludir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.

Este equipo accedió a documentos internos de Pdvsa que permitieron reconstruir la ruta de la venta de crudo entre mayo y septiembre de 2025. Esa información incluye el nombre de las empresas que lo comercializaron, las fechas de esos recorridos marítimos y los destinos de los cargamentos.

Los registros de despacho de crudo revisados muestran que casi todos los movimientos de petróleo que hicieron estas tres sociedades tuvieron a Malasia como destino principal, pero también que otros embarques llegaron al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del auxilio permanente que la Revolución Bolivariana tenía con el régimen de los Castro, cortado en seco luego de la captura de Maduro el 3 de enero pasado y el consiguiente tutelaje en materia petrolera que ejerce la administración Trump sobre Venezuela.

El nexo de Ramón Carretero con el régimen cubano, así como su relación con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido en la isla como El Cangrejo, fue revelado CLIP, Transparencia Venezuela y Armando.Info en diciembre pasado. La bitácora de la aeronave en la que Carretero se accidentó en el aeropuerto de Maiquetía el 24 de septiembre de 2025 confirmó que El Cangrejo también voló en esa aeronave. Pero la influencia de Carretero en la isla es tal que Edwin Pitty Madrid, el embajador panameño en La Habana desde noviembre de 2024, representó como abogado a empresas del propio Ramón Carretero en Caracas, así como a compañías del grupo familiar en Panamá.

 

Mezcla Malasia

Los documentos revelan que Malasia fue el lugar principal de trasbordo desde que Estados Unidos sancionó a Pdvsa en enero de 2019. Desde ese momento, China desplazó a Estados Unidos como principal destino del petróleo venezolano con un promedio de 283.000 barriles diarios. Como el crudo llegaba a través de Malasia, las exportaciones declaradas desde Malasia hacia China registraron un aumento ficticio del 400%, según datos de la aduana china publicados por Transparencia Venezuela.

¿Cómo funcionaba el mecanismo? Los buques fletados por empresas estatales chinas cargaban millones de barriles de crudo venezolano y ponían rumbo a aguas malayas, donde realizaban trasbordos para borrar el rastro de origen. Una vez completada esa escala, el petróleo venezolano era reetiquetado como mezcla malasia antes de ingresar a puertos chinos sin activar alertas aduaneras. Singapur, que aparece como el único destino para las operaciones de fueloil, también fue señalado por los especialistas como otro de los hubs asiáticos para reetiquetar el combustible de Pdvsa.

Los despachos de crudo analizados para esta investigación también revelan que para casi la mitad de estos envíos realizados durante 2025 por las sociedades offshore vinculadas a Carretero se utilizaron buques de “flotas oscuras”. Se trata de barcos furtivos, es decir, aquellas embarcaciones que desactivan o manipulan sus sistemas de navegación para ocultar sus movimientos. En total fueron 70 operaciones con 23 de estos buques, que incluyen los envíos de crudo más numerosos.

El barco Iria, con bandera de Islas Comoras y clasificado como furtivo, aparece como buque madre en al menos seis operaciones de Hangzhou Energy hacia Malasia, con un volumen que superaba los 1,3 millones de barriles. Es decir, ese viaje se habría realizado fuera de los radares de las autoridades marítimas internacionales para dificultar cualquier seguimiento de la carga.

El buque Malak, por su parte, fue clasificado como sancionado y fue el vehículo contratado por Shineful Energy para trasladar 540 mil barriles de fuel oil hacia el puerto de Matanzas, en Cuba, según los reportes de Pdvsa obtenidos para esta investigación, confirmando que las sociedades controladas por Carretero Napolitano también despacharon combustible venezolano para el régimen cubano.

De los documentos de Pdvsa también se desprende el modus operandi de las sociedades ligadas al empresario panameño. El 2 de agosto de 2025 el buque Halima cargó primero 1.1 millones de barriles de crudo Merey 16 a nombre de Cubametales, una empresa estatal controlada Gaesa, el holding estatal en manos de militares cubanos. Luego, el 4 de agosto, ese mismo tanquero cargó 1 millón más de barriles de Merey 16, pero esta vez el consignatario de la carga era Forever Energy Trade, una de las sociedades controladas por Ramón Carretero.

Una de las fuentes de Pdvsa explicó que esto se debía a que el mismo buque debía parar primero en el puerto de Matanzas, en Cuba, descargar allí parte del combustible, para luego seguir hasta Malasia, donde el crudo venezolano se terminaba comercializando en criptomonedas para dificultar más cualquier seguimiento de la operación. Sin embargo, a lo interno de Pdvsa no consta que en esas operaciones los barcos hayan descargado primero en Cuba, según la planificación de la petrolera estatal.

En diciembre del año pasado la captura en alta mar por parte de fuerzas militares estadounidenses del buque Skipper volvió a iluminar la figura de Carretero como intermediario central del triángulo que conforman sus operaciones en Venezuela, Cuba y Panamá. Este buque, que trasegaba crudo venezolano y falseaba su señal satelital para evitar su detección, también cargaba petróleo contratado conjuntamente por Cubametales y Shineful Energy, la sociedad controlada por Carretero.

El Skipper había partido de Venezuela el 4 de diciembre con una carga de hidrocarburos, con destino a Matanzas. Pero, según una investigación de The New York Times a partir de datos de la firma de inteligencia de mercado Kpler, el barco transfirió parte de su carga en alta mar, en una operación de barco a barco, al Neptune 6 (también llamada Songa). Luego siguió rumbo a Asia. El Skipper estaba sancionado por Estados Unidos desde 2022 por sus presuntos vínculos previos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El vínculo entre el Gobierno venezolano y Hangzhou Energy empezó en 2021, cuando esta sociedad comenzó a comercializar crudo de Pdvsa, pese a no contar con historial previo en el sector. The New York Times publicó que el Estado venezolano fue perjudicado por las condiciones pactadas con Hangzhou, que podía abonar el petróleo en bolívares, pero que luego cobraba por ese crudo en moneda internacional sacando rédito sobre la brecha cambiaria. En ese esquema ocurrieron otras distorsiones que provocaron la pérdida de millones de dólares al Estado, que entregaba buques cargados de crudo, pero nunca recibía los pagos correspondientes por la venta del combustible. Eso provocó en 2023 la caída del entonces todopoderoso Tareck El Aissami como ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carretero y a Malpica Flores el 11 de diciembre de 2025. Malpica ya había sido incluido en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense) en 2022, aunque fue retirado transitoriamente durante la administración de Joe Biden, cuando ese gobierno buscaba negociar con el régimen de Maduro una salida democrática para Venezuela. Las sanciones se extendieron a los hermanos de Carretero a final de diciembre y a varios integrantes de la familia Malpica Flores, todos parientes de la exprimera dama, Cilia Flores.

Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores y también sancionada, aparece en la trama que hizo negocios con el Estado venezolano junto a Carretero. Juntos con su entonces pareja, Juan Carlos López Tovar, construyeron una relación con Carretero que fue mutuamente beneficiosa. Carretero y sus hermanos —con larga trayectoria previa de negocios con Cuba— obtuvieron contratos estatales en Venezuela y, casi en simultáneo, López Tovar e Iriamni Malpica Flores recibieron al menos US$ 5,8 millones provenientes de sus empresas. La investigación estableció que López Tovar recibió esos pagos en 2014 y derivó una parte de esos fondos a las cuentas de su pareja.

Esta alianza intentó contactar a Carretero, pero el empresario no respondió el correo electrónico con un cuestionario sobre su relación con Pdvsa y Cuba.

 

Los apagones cubanos

El verano de 2025 fue especialmente duro en Cuba. A las altas temperaturas se sumaron apagones extremos y una epidemia combinada de dengue y Chikunguña que dejó miles de contagios y una cifra indeterminada de muertos. En julio de ese año, con temperaturas que superaron los 32°C, la isla vivió récords de déficit de generación eléctrica que provocaron cortes eléctricos en más del 60% de los hogares durante los horarios de mayor demanda.

El 21 de julio, la estatal Unión Eléctrica reportó 2.045MW de déficit energético, un récord histórico hasta esa fecha. La marca anterior se había registrado apenas seis días antes. La demanda máxima nacional, según cifras oficiales, estaba cerca de los 3.400MW. Las autoridades habían prometido que los cortes no superarían las cuatro horas diarias, pero en muchos casos superaron las 12.

Cuba depende del combustible venezolano para generar energía. El petróleo, de hecho, ha sido el eje comercial que sustentó la relación política entre Caracas y La Habana en las últimas décadas. La documentación revisada para esta investigación indica que los envíos de crudo nunca cesaron, incluso en meses en que las sanciones de Estados Unidos se hicieron cada vez más estrictas para Venezuela y Cuba.

En los documentos internos de Pdvsa obtenidos para esta investigación se confirma que mientras Cuba hacía frente al inédito déficit de generación eléctrica, entre mayo y septiembre de 2025, fueron enviados al menos ocho de esos cargamentos de combustible desde Venezuela hacia la isla a nombre de la estatal Cubametales. Los barcos trasladaron crudo y fueloil por un valor aproximado de US$429 millones de dólares, usando como referencia el precio promedio del Merey 16 en 2025.

Así, entre los días 1 y 3 de mayo, la embarcación Keta cargó 1.6 millones de barriles de crudo Merey valorado en $92,9 millones en la Terminal Jose, de Venezuela, y desembarcó en el puerto de Matanzas, Cuba. El 26 del mismo mes, ese tanquero hizo otra carga por unos US$63 millones con idéntico punto de arribo.

En los meses siguientes, varios cargamentos de crudo Merey aparecen despachados hacia la costa norte cubana. El 24 de septiembre lo hizo el buque Songa (luego rebautizado como Neptune 6), que vuelve a aparecer en los registros de las estaciones de carga petrolera venezolanas el 30 de junio y el 28 de agosto, pero esta vez con cargas de fuel oil.

¿Cuándo ingresó ese combustible venezolano a Cuba? Las plataformas de rastreo marítimo Marine Traffic y Vesselfinder, consultadas para esta investigación, muestran que el puerto de Matanzas, donde está ubicada la base de supertanqueros y que es el principal destino de los cargamentos de hidrocarburos de Cuba, recibió un total de 96 visitas de barcos entre enero y octubre de 2025, pero entre ellas no aparecen ninguno de los buques antes mencionados.

Pie: Visitas de barcos al puerto de Matanzas entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2025. (Fuente: Global Fishing Watch/ Captura de pantalla)

Tampoco en La Habana, donde atracan buques petroquímicos con cargas destinadas a la refinería de petróleo Ñico López, cuentan con reportes de arribos de las embarcaciones citadas en los documentos de Pdvsa. Cienfuegos, donde está otra importante refinería cubana, recibió 111 buques en ese tramo del año, pero esos tanqueros tampoco dejaron datos oficiales allí.

El registro de arribos de barcos de combustible a Cuba en 2025 que posee el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, consultado para esta investigación, tampoco incluye estos buques provenientes de Venezuela. Los expertos académicos registraron seis cargas de combustible de Pdvsa entre junio y septiembre de 2025, pero ninguna de ellas está entre las nueve reportadas por la petrolera venezolana con destino a Matanzas en igual periodo del año. El destino de estos embarques es un misterio.

El tanquero Malak también aparece en los documentos de Pdvsa con destino a Cuba y como consignatario de la carga la sociedad Shineful Energy, una de las vinculadas a Carretero. La plataforma de rastreo marítimo Global Fishing Watch muestra al Malak, con bandera de Islas Comoras, realizando 11 visitas a puertos de Venezuela, entre el 21 de abril y el 21 de diciembre de 2025, que incluyen paradas reportadas en José, Cardón, Amuay, El Palito, Punta Guaranao y Puerto Miranda. Sin embargo, no muestra que alguno de sus trayectos fuera a Cuba, de acuerdo a esta base de datos. La última señal registrada del Malak corresponde a diciembre de 2025.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, admitió durante una entrevista en abril que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla había sufrido la falta de apoyo, especialmente a través del crudo, que llegaba desde Caracas. Esto terminó por desatar una crisis en la economía local.

Díaz-Canel, además, evitó informar cuánto petróleo ingresaba desde Pdvsa: “No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos y, además, nosotros no hemos renunciado al derecho que tenemos como cualquier otro país en el mundo a importar combustible y a que otros países puedan exportarle combustible a Cuba”, dijo.

En diciembre del año pasado, cuando embarcaciones militares estadounidenses interceptaron y confiscaron el buque Skipper, las autoridades cubanas denunciaron enérgicamente la medida, catalogándola de “piratería y terrorismo marítimo”, y señalaron que la acción agravaba seriamente la crisis energética y los apagones en la Isla.

Los barcos que cargaron en Venezuela, pero que no llegaron a Matanzas durante el verano de 2025, podrían haber servido de alivio para los insoportables apagones que sufrieron los cubanos durante esos meses. Queda por saber cuántos más tomaron rumbos desconocidos, mientras La Habana culpaba a la escasez de combustible por la crisis eléctrica.

Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario panameño Carretero Napolitano con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Es una investigación realizada por Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela) y Diario de Cuba.