Transparencia Venezuela, 30 de enero de 2026. El combate a la corrupción no es tarea sencilla: ni siquiera detectarla garantiza su fin. Y prueba de ello es el caso de los cerca de 500 millones de euros (594 millones de dólares) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que fueron desviados a un banco en Bulgaria, donde el grueso del dinero se evaporó pese a que las autoridades ordenaron su congelación.

La revelación la hizo Bivol, un sitio web especializado en periodismo de investigación búlgaro, que tuvo acceso al expediente 16709/2022 que la Fiscalía del país centroeuropeo inició por presunta legitimación de capitales a través del banco Investbank.

Según la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas, todas ellas pertenecientes al abogado Tsvetan Tsanev.

El nombre de este profesional del derecho es conocido por las autoridades búlgaras e internacionales, pues ha estado implicado en casos de narcotráfico y una investigación publicada en 2015 por el Proyecto de Informes de Investigación de Italia (IRPI) y Bivol sobre la participación de la Cosa Nostra en el comercio de diamantes de sangre de Zimbabwe, según el Proyecto de Denuncia de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).

De la desaparición del dinero

Las transferencias hacia Investbank fueron detectadas por las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido, que alertaron a sus pares búlgaros, recordó Bivol. En febrero de 2019, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS), a petición de la Embajada de Estados Unidos, solicitó la congelación de las cuentas

Durante este interín, la fiscalía búlgara archivó la averiguación, pero no porque considerara que no hubiera delito, sino porque el caso fue remitido a Estados Unidos.

No obstante, el fiscal ordenó a la DANS que no suspendiera la vigilancia de las cuentas. Pero, en un auto de 2024, se indica que el importe total de los fondos congelados en el país es apenas de 46 millones.

Pero, ¿qué pasó con el resto del dinero?

Las autoridades búlgaras creen que los fondos fueron transferidos a sociedades offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, y se accedió a la banca electrónica de estas cuentas desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, reveló Bivol.

Bajo sospecha

Por su parte, desde el banco búlgaro Investbank defendieron la legalidad de las operaciones.

«Los fondos depositados en la cuenta fiduciaria se han depositado legalmente, de conformidad con todos los requisitos regulatorios y las sanciones internacionales», declaró en 2019 el banco en un comunicado, publicó en su momento la agencia de noticias Reuters. 

«No existen transacciones sancionadas relacionadas con la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)», aseguraron.

Esta no es la primera vez que Investbank es mencionado en escándalos de corrupción. En 2022, se conoció que el entonces director de la institución, Lubomir Karimanski, había ayudado a oligarcas rusos a legitimar capitales en otras jurisdicciones, de acuerdo con investigaciones de la inteligencia financiera estadounidense (FINCEN).

No solo Pdvsa

De la resolución de la Fiscalía búlgara de 2024 se desprende que el dinero de las cuentas del abogado Tsvetan Tsanev forma parte de un flujo monetario trasnacional a gran escala procedente de empresas estatales venezolanas como Pdvsa, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

El banco búlgaro se utilizó como un “eslabón intermedio” en una compleja cadena que pasaba por Portugal, Liechtenstein y Suiza, apuntó Bilvo.

En estas operaciones también estaría involucrado ya el exministro de Producción Nacional, Álex Saab Morán, quien antes de ocupar cargos en el Estado venezolano obtuvo jugosos contratos de este para importar alimentos que serían distribuidos a través del cuestionado programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de acuerdo con las autoridades búlgaras.

La justicia estadounidense  acusó a Álex Saab , y a sus socios, incluyendo al exgobernador venezolano José Gregorio Vielma Mora de enriquecerse al adquirir alimentos de baja calidad o a punto de expirar. 

Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, detenido en Venezuela por la trama Pdvsa- Cripto, se habrían asociado con el abogado Tsanev para desviar los fondos. Una versión que Tsanev negó al portal Armando.info en 2019: “El señor Álex Saab Morán no es mi cliente y no tengo el honor de conocerlo”.

Transparencia Venezuela, 27 de enero de 2026. La automatización electoral en Venezuela es, al mismo tiempo, una historia de modernización tecnológica a gran escala y un caso de estudio sobre cómo inversiones públicas de cientos de millones de dólares pueden con el tiempo quedar atrapadas en un entramado de opacidad, corrupción, conflictos de interés que implica usar el poder regulador del Gobierno venezolano para forzar a proveedores de tecnología a ceder derechos de cobro y uso sobre un sistema
de votación, como lo ha denunciado Smartmatic, y, en última instancia, la manipulación de resultados facilitada por privados beneficiados por negocios con el Estado.

Entre 1998 y 2025, el Estado venezolano ha destinado varios cientos de millones de dólares a la construcción, operación y sustitución de sistemas de automatización electoral, de los cuales una fracción significativa se ha traducido en pérdidas directas (como las de las megaelecciones de 2000 o el incendio de 2020), otra en deudas e impagos en disputa internacional y otra en rentas privadas capturadas por proveedores que operan en entornos de opacidad y concentración extrema.

El proceso de automatización que culminó con la adulteración de los resultados de la elección presidencial del año 2024 comenzó hace más de 40 años. Aunque las autoridades venezolanas realizaron distintas pruebas de automatización en el cómputo de resultados
en los procesos de los años 1992, 1993 y 1995, el principal impulso para abandonar el cómputo manual de los votos puede asociarse a las reformas legales de 1997 cuando la novedosa Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política eliminó el Consejo Supremo Electoral y creó al Consejo Nacional Electoral con el propósito de buscar la despartidización de las decisiones electorales y concretar la automatización electoral, como vía para elevar la eficiencia y la transparencia de los resultados.

Transparencia Venezuela, 27 de enero de 2026. Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Suiza anunció que congelaba “todos los activos” que pudiera tener el exgobernante venezolano en el país alpino por espacio de cuatro años.

Sin embargo, Maduro no fue el único al que las autoridades helvéticas impusieron esta medida. En la resolución, fechada el 5 de enero, se presenta también una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes en Suiza serán inmovilizados con el propósito de evitar que los “activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza”, se lee en la ordenanza dictada por el Consejo Federal, máximo organismo de Gobierno suizo.

¿Quiénes son esos otros 36 venezolanos objeto de la medida?

Figuran en la lista la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los tres hijos de ella —Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores—, así como su sobrino, Erik Malpica Flores, quien fue el extesorero de Venezuela y ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El excanciller y actual diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Marleny Contreras Hernández, también fueron objeto de la congelación de bienes, por ser considerados “personas políticamente expuestas”. Lo mismo que el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; y su primo , Diego Salazar, quien se encuentra detenido en Venezuela por su participación en hechos de corrupción.

Los presuntos corruptos de siempre

En la lista de personas cuyos posibles bienes en Suiza fueron congelados figuran nombres conocidos por su aparición en connotados casos de corrupción. Ejemplos de ello son los empresarios Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, directivos de la firma Derwick Associates y quienes tienen procesos abiertos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en tramas para desfalcar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la crisis eléctrica de 2009 y luego legitimar esos capitales en el exterior.

Otros nombres que figuran en la lista suiza y que son conocidos en Venezuela y en otras jurisdicciones, por su vinculación con hechos de corrupción que afectaron a Pdvsa, son los de Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos,  quienes fueron  viceministros de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, mientras que Alvarado también fue expresidente de la extinta Electricidad de Caracas.

El extesorero de la Nación y expresidente Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Alejandro Andrade; y los propietarios de Globovisión, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, también fueron objeto de la medida. Los tres han sido mencionados en investigaciones sobre la adjudicación irregular de bonos de la República, previo pago de sobornos.

Andrade llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos y admitió que recibió USD 1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros para facilitarles operaciones cambiarias favorables. Y aunque en 2018 fue condenado a 10 años de prisión, solo pasó una breve temporada tras las rejas por su amplia colaboración para desarticular la red implicada en la trama