Transparencia Venezuela, 22 de enero de 2026. El cerco naval que mantiene Estados Unidos en el Caribe arroja ya la incautación de 7 tanqueros cargados con petróleo venezolano, al menos hasta el 20 de enero, pero el rastreo muestra un leve incremento de la presencia de buques­­­ – ­­­­46 diarios en promedio contra los 42 identificados en diciembre de 2025 –, muchos de la llamada flotas fantasmas, mientras que un carguero con destino a China no encontró ningún obstáculo en estos primeros días del año. 

­A más de dos semanas de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense, se mantiene en el mar Caribe esta suerte de campo de batalla en el que se trata de mantener a raya la exportación de crudo venezolano a través de las redes de evasión de sanciones, lo que deja algunas interrogantes sobre cuál es el trato que se dará en este escenario a China y a los compromisos suscritos con Venezuela.

Persisten las nuevas reglas en el Caribe

El Comando Sur advirtió el 20 de enero que su objetivo es “asegurar que el único petróleo que salga de Venezuela sea aquel que se coordine de manera adecuada y legal”.

La advertencia fue hecha tras la incautación ese mismo día del tanqueo SAGITTA (IMO 9296822), que es un buque furtivo y sancionado por gobiernos de siete países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, y por la Unión Europea a causa de su vinculación a la flota oscura de Rusia en el contexto de la guerra con Ucrania.

Transparencia Venezuela, 18 de enero de 2026. Delcy Rodríguez en el escenario post Maduro quedó al mando del Poder Ejecutivo y su hermano Jorge Rodríguez, al frente del Poder Legislativo. Son una dupla que fue consolidando una suerte de épica a medida que acumulaban cargos públicos.

Este reporte muestra el poder de Delcy Rodríguez sobre la estructura institucional del Estado, así como en el sector privado. La actual presidenta encargada de Venezuela ha ascendido en la élite política hasta tener control de buena parte del área financiera, de la producción, comercial, energética, diplomática, y política, tejiendo redes estratégicas y dirigiendo diversos sectores económicos con aliados y amigos cercanos.

¿Cuánto poder ha forjado esta mujer que fue una de las principales aliadas de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez? ¿Consolidó con su hermano una estructura tan sólida que puede mantenerse en la Venezuela post Maduro y desplazar a los otros actores de poder?

Desde 2013 ha venido escalando posiciones, estableciendo relaciones, consolidando vínculos y negocios, siempre junto a su hermano, Jorge Rodríguez, figura clave en lo que algunos se aventuran a denominar como el “Rodriguismo”.

A menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos en Caracas – y su reclusión por orden de una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Delcy Rodríguez aún ejerce los siguientes cargos públicos:

Transparencia Venezuela, 19 de enero de 2026. Transparencia Venezuela solicita a Delcy Rodríguez publique el contrato para producir gas licuado de petróleo GLP anunciado por la misma presidenta interina el 17 de enero.
Nuestra organización también solicita detalles del contrato como corresponde para cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la constitución nacional, que haría una gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano.
Invitamos a las organizaciones y a todos los ciudadanos sumarse a esta petición.

Priorizar la reconstrucción de la democracia en Venezuela para combatir la corrupción estructural

Transparencia Venezuela, 12 de enero de 2026. Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que terminó con su captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados ante un tribunal de Nueva York para ser imputados por conspiración para el narcoterrorismo y por introducir cocaína en Estados Unidos, así como otros delitos relacionados con armas.

Durante esas horas, el Departamento de Justicia publicó una ampliación de la imputación contra quien gobernó Venezuela durante 12 años, en la cual, para sorpresa de muchos, las referencias al Cartel de Los Soles no solo han casi desaparecido, sino que ya no se califica a este grupo como una “organización criminal conformada por altos funcionarios”, sino como un “sistema clientelar”.

Apenas en noviembre de 2025 el Departamento de Estado calificó al Cartel de Los Soles como una “organización terrorista extranjera” e insistió en su cabecilla era Nicolás Maduro.

No obstante, este giro no implica que los señalamientos contra el ahora detenido se hayan suavizado.

“El acusado participó, perpetuó y protegió una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”, se lee en el documento de 25 páginas de extensión que firmaron el fiscal Jay Clayton y un jurado, cuya identidad se reservó por razones de seguridad.

“Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”, se remata en el escrito.

¿Por qué Estados Unidos hace semejantes acusaciones? ¿Qué motivos tiene? A continuación, se enumeran 6 razones:

1.Venta de pasaportes y traslado seguro de los pagos de la droga

Clayton acusa a Maduro de haber “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado” para enviar las grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, para lo cual ha amparado y protegido a narcotraficantes.

“Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los planes utilizados por los lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela”, se lee en el escrito, en el que se sostiene que estas acciones habrían ocurrido entre 2006 y 2008.

En 2017, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que se denunciaba que pasaportes venezolanos eran vendidos en embajadas y consulados de Medio Oriente, y que algunos de sus compradores habrían sido miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá.

«En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares», dijo un exfuncionario venezolano de esa legación a la cadena, quien fue forzado a renunciar luego de denunciar la situación ante su superior.

«No les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa», agregó.

En su momento el Gobierno no solo negó las acusaciones, sino que optó por prohibir las transmisiones de CNN en Venezuela como represalia.

La Fiscalía estadounidense también acusa a Maduro de ordenar a los embajadores que ayudaran a los traficantes a realizar sus negocios.

“Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero de la droga de México a Venezuela Maduro Moros facilitaba el traslado de aviones privados bajo protección diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero de la droga. El avión regresaba a Venezuela bajo protección diplomática”, se lee en el escrito.

2. Haciendo caja para seguir en el poder

La Fiscalía estadounidense afirma que Maduro y su entorno no solamente habrían recurrido al narcotráfico para enriquecerse personalmente, sino también para otros fines.

“Estos políticos utilizaban los pagos de la cocaína para mantener y aumentar su poder político”, se lee en el escrito.

En la imputación se asegura que Maduro habría establecido nexos con las guerrillas colombianas (FARC y ELN) y también con carteles mexicanos como el de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán y Los Zetas. Y, por último, con la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua.

A todos estos grupos, los imputados y otros colaboradores “les proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a EE.UU.”, a cambio de grandes sumas de dinero.

En 2007, la entonces diputada Cilia Flores habría recibido “cientos de miles de dólares” a cambio de organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres.

“El narcotraficante posteriormente acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente US$ 100.000 por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, una parte de la cual se pagó posteriormente a Cilia Flores de Maduro. Alrededor de 2015, Reverol Torres fue acusado de delitos relacionados con narcóticos en el Distrito Este de Nueva York y se encuentra prófugo”, se lee en el escrito.

3. Un negocio familiar

A diferencia de la primera imputación contra Maduro presentada en 2020, en esta nueva no solo se señala al gobernante y a miembros o exmiembros de su gobierno, sino también a parte de su familia.

Así además de su esposa, Cilia Flores, también se acusa de estar implicado en actividades criminales a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien se presenta con los alias de “Nicolasito” y “El Príncipe”.

¿Por qué el hijo? La Fiscalía de Estados Unidos asegura que en 2020 el parlamentario oficialista “asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC” y que durante el encuentro “discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”.

4. Los colectivos como escoltas

Además de las fuerzas militares, la pareja Maduro-Flores habría empleado civiles armados para proteger los cargamentos de drogas, asegura la Fiscalía de Estados Unidos.

“Maduro Moros y Flores de Maduro mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”, se lee en la imputación.

“Maduro Moros y Flores de Maduro también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de alguna otra manera perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas, Venezuela”, se remata.

5. Casos relacionados con aviones

El caso del vuelo 385 de Air France sería para la Fiscalía de Estados Unidos una prueba de la participación de Maduro y otras autoridades venezolanas en el tráfico de drogas.

El 11 de septiembre de 2013, dentro de un avión procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, la policía gala consiguió 30 maletas de cocaína, más de 1,3 toneladas.

“Tras la incautación, Maduro Moros logró una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les indicó a Cabello Rondón y Carvajal Barrios que no debían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, debían utilizar otras rutas y puntos de tráfico de drogas bien establecidos para el envío de cocaína”, se lee en la imputación.

Las autoridades consideran que las detenciones que se produjeron poco después en Venezuela fueron una cortina de humo para “desviar la atención” de los responsables de la operación.

A lo anterior hay que sumarle la sospecha de que aviones oficiales fueron empleados también para transportar drogas dentro del país.

“Entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas”, se lee en el escrito.

6. El Tren de Aragua

Aunque las autoridades venezolanas consideran disuelta la megabanda del Tren de Aragua, desde Washington insisten en que el grupo no solo no está liquidado, sino que se ha expandido por América con el apoyo de Caracas.

En su imputación, el fiscal Clayton incluye al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales con las que la pareja Maduro-Flores habría mantenido vínculos.

“Alrededor de 2019, el líder de Tren, Héctor Guerrero Flores (alias ‘El Niño Guerrero’), habló sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano. En múltiples llamadas, Guerrero Flores se ofreció a escoltar cargamentos de droga, explicando que Guerrero Flores y el Tren controlaban las costas del estado Aragua”, se asegura en el documento.

El próximo 17 de marzo está prevista la nueva comparecencia de Maduro y su esposa ante el juez Alvin Hellerstein.

Transparencia Venezuela 9 de enero de 2026. Las exigencias en materia petrolera de Estados Unidos a las autoridades venezolanas, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, requieren que se atiendan las debilidades institucionales de nuestro país para que la necesaria inversión y ampliación de socios se den en el marco de condiciones claras, transparentes, competitivas, equitativas y, fundamentalmente, sin cláusulas de confidencialidad, con criterios en los que prevalezca la decisión de los venezolanos.

En 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Venezuela requería, para un plan mínimo de recuperación económica de un año, la cantidad de USD 39.325 millones, una cifra que con toda seguridad se ha elevado.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Rice University’s Baker Institute, ha señalado que Venezuela tiene el potencial de multiplicar por cuatro o por cinco la producción actual de petróleo. Sin embargo, eso requiere más de una década de inversión constante de un monto que excede los USD 100.000 millones.

Bienvenidos los capitales constructivos

Aunque no se conoce aún la dirección que tomará la nueva situación a partir de la captura de Nicolás Maduro, Transparencia Venezuela recuerda las condiciones necesarias para que las inversiones tengan efectos constructivos:

1. Definir con claridad las condiciones y los procesos para la inversión extranjera y nacional, garantizando competitividad, trato equitativo, estabilidad en las reglas, respeto de los derechos de propiedad, capacidad para convertir y transferir divisas dentro y fuera del país, transferencia tecnológica, protección frente al incumplimiento de contratos, transparencia, simplificación y celeridad en todos los trámites que deben realizarse.

2. Crear y publicar un Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, que incluya todos los elementos de la inversión: identificación del beneficiario final (beneficial ownership), sector, proyectos, montos, origen de los fondos, propósitos, socios, declaración de intereses, participación pública o privada, contratos, lapsos de realización, etc.

3. Garantizar contrataciones públicas competitivas y divulgación completa de contratos, licencias y titularidad beneficiaria, alineados con los estándares de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas en el caso del sector minero (EITI por sus siglas en inglés) y la Alianza de Contratación Abierta. Prohibir sin excepciones las cláusulas de confidencialidad en toda contratación pública.

4. Transparentar todos los acuerdos y compromisos en vigor suscritos por el Estado venezolano con gobiernos foráneos, inversionistas privados extranjeros o nacionales.

5. Reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera (Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de Nº 41.310 del 29 de diciembre de 2017): eliminar restricciones, desincentivos, trámites excesivos, control de la responsabilidad social y el monopolio del Estado sobre sectores estratégicos.

6. Definir criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las empresas en sintonía con los estándares internacionales como la Iniciativa Global de Reportes (GRI), el Consejo de Estándares de Divulgación Climática y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

7. Separar claramente las responsabilidades del Estado venezolano como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.

8. Mejorar la gobernanza de las empresas propiedad del Estado que garanticen la racionalidad de la propiedad pública de la empresa, el rol del Estado como propietario, prácticas de integridad, la divulgación de sus relaciones con partes interesadas, la autonomía de injerencias partidistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de sus autoridades.

9. Derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece la concentración de poder en el presidente/a y actuaciones secretas, lo que elimina la separación de poderes y las garantías de transparencia y rendición de cuentas.

Riesgos frente a la entrada de capitales

Frente a las necesidades de inversión y ampliación de socios en las relaciones económicas internacionales de Venezuela es necesario recordar que la llegada de capitales puede tener efectos corrosivos o efectos constructivos. 

Si los acuerdos se establecen de forma opaca; si aprovechan vacíos legales y debilidades de gobernanza existentes en el país receptor; si alimentan los intereses de las élites y sus aliados; si no se conocen los contratos u acuerdos; si no se cumple con las obligaciones tributarias y de negocios y si permiten que las empresas evadan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, tendrán efectos corrosivos como ha ocurrido con China y Rusia.

En Venezuela, entre 2005 y 2017 entraron por préstamos e inversiones extranjeras más de USD 90.000 millones que no se tradujeron en bienestar para la población ni en crecimiento sostenible. Se transformaron en capitales corrosivos que multiplicaron la deuda sin beneficio para los venezolanos, alimentaron la corrupción y fortalecieron el control autoritario de los pocos con acceso al poder político.

En la actualidad hay serias debilidades de gobernanza por la ausencia de contrapesos, del secreto como política de Estado y un marco jurídico diseñado para el abuso de quien ejerce el poder. Petróleos de Venezuela y el ministerio de Hidrocarburos han estado y siguen estando capturados.