Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2026. Frente al problema estructural que evidencia el sistema electoral venezolano— caracterizado por la debilidad institucional, opacidad y falta de garantías fundamentales—surge la propuesta de crear un Estatuto Electoral Especial de carácter transitorio y con prevalencia expresa sobre la actual legislación electoral para corregir, de manera excepcional, temporal y taxativa, aquellas disposiciones y prácticas que hoy permiten arbitrariedad, exclusión y opacidad.

En nuestro informe “Condiciones para celebrar elecciones en Venezuela. Una propuesta para avanzar en la discusión hacia la transición política” planteamos que un estatuto de este tipo no es una novedad en Venezuela. En el año 2000 se dictó Estatuto Electoral del Poder Público, concebido como régimen transitorio para los primeros comicios bajo la Constitución de 1999. También hay tres experiencias que son especialmente relevantes para el caso venezolano: Chile (1989), México (1996) y Georgia (2011-2013).

El estatuto electoral transitorio se enfocaría en siete áreas esenciales del ciclo electoral venezolano:

Transparencia Venezuela, 6 de abril de 2026. Personas que “posean las credenciales necesarias” y que además tengan “el aval y respaldo político del país”. Estas son las dos condiciones que la Asamblea Nacional asegura estar considerando para la selección del nuevo fiscal general de la República y del defensor del Pueblo, según afirmó su presidente, el diputado Jorge Rodríguez.

Rodríguez señaló que el proceso de postulaciones ha “estado marcado por credenciales en la gran mayoría”, pero admitió que “también había algunos malandros que se quisieron colar”, a quienes “los raspamos”, dijo . Pero, al revisar las distintas listas de candidatos publicadas por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano en los últimos días, Transparencia Venezuela identificó varios nombres que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Entre los más de 100 aspirantes a reemplazar a los salientes Tarek William Saab y a Alfredo Ruiz figuran exjueces, exfiscales, exministros, exdiputados y otros actores políticos. Algunos de los postulados fueron sancionados e incluso destituidos de sus cargos por estar incursos en prácticas indebidas.

Lo anterior no debería sorprender, pues todo el proceso ha estado marcado por irregularidades. La primera de ellas se relaciona con la designación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, órgano encargado de revisar las credenciales de los aspirantes. A finales de febrero, la Asamblea Nacional nombró una comisión preliminar presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello.

La decisión del Parlamento contraviene lo establecido en el artículo 279 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Ambas normas señalan que la tarea de designar a quienes revisarán las credenciales de los candidatos corresponde exclusivamente al Consejo Moral Republicano, es decir, al fiscal general, al contralor y al defensor del Pueblo.

Lo que no dice expresamente la Constitución venezolana

Los requisitos previstos en la Constitución Nacional y las leyes para ocupar el puesto de fiscal general y defensor del Pueblo son genéricos.

La ausencia de disposiciones que establezcan incompatibilidades claras, sanciones por militancia activa y otros mecanismos estrictos para garantizar la independencia han permitido que, en los últimos cinco lustros, personas con marcada tendencia política hayan ocupado esos cargos, subordinando a esos organismos a intereses partidistas y utilizándolos como armas contra sus adversarios.

El Poder Ciudadano está diseñado en la Constitución venezolana como un órgano de control del poder, no como actor político. Y, por ello, no debería ser cooptado por los partidos políticos.

Una revisión de las listas de postulados ha permitido identificar a candidatos que repiten el patrón antes expuesto. Un ejemplo es el abogado Joel Darío Altuve Patiño, postulado para dirigir el Ministerio Público, quien en su cuenta de X (antes Twitter) se presenta no solo como “juez penal y abogado”, sino también como “chavista, revolucionario y bolivariano”.

Lo mismo podría decirse del abogado José Luis Alcalá Rhode, quien fue secretario de Gobierno en la Gobernación del Zulia durante la última gestión de Manuel Rosales y antes director de la Policía de Maracaibo.

Otros postulados con claras simpatías políticas son el abogado Julio Lattan, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos; el exconcejal y exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Enrique Ochoa Antich; y el exalcalde de Chacao y exdirigente de Voluntad Popular, Emilio Graterón.

Todos ellos aspiran a dirigir la Defensoría del Pueblo, a pesar de que el artículo 20 de la ley que regula a este organismo— que se encarga de velar por los derechos humanos de los venezolanos— establece que el defensor debe estar exento de “todo cargo o actividad de carácter político-partidista”.

Destituidos y sancionados

Otro nombre que resalta en las listas de candidatos a fiscal general y defensor del Pueblo es el del abogado Gilberto Landaeta Gordon. Se desempeñó como fiscal 8° nacional y se dio a conocer por integrar el equipo que investigó el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. La actuación de Landaeta fue muy cuestionada, pues se le acusó de tolerar abusos y malos tratos contra algunos sospechosos. No obstante, fue retirado del caso y posteriormente destituido, luego de un incidente con la Policía de Vargas ocurrido en 2006, por el que fue procesado por abuso de autoridad y porte ilícito de armas, y luego sobreseído en 2011.

En la lista está Elías Álvarez Leal, quien fue juez 7° de Juicio de Caracas y tuvo en sus manos casos sonados como el que se siguió a María Corina Machado por la financiación de Súmate, el asesinato de los estudiantes en el barrio Kennedy en 2005 y el juicio por difamación que el fallecido exdiputado y exgobernador de Guárico, Willian Lara, le abrió al constitucionalista Tulio Álvarez.

El entonces juez fue suspendido sin goce de sueldo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en 2009, aunque posteriormente logró que la medida fuera levantada por el Tribunal Disciplinario Judicial.

Dudas sobre las credenciales

Varios de los aspirantes generan dudas, pero no solo por su pasado, sino también por sus credenciales. Uno de ellos es el actual encargado del Ministerio Público: Larry Devoe.

“Devoe ni fue juez ni fiscal. El grueso de su carrera la desarrolló en la Defensoría del Pueblo y luego en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Tampoco ha ejercido como abogado litigante en Venezuela; lo más cercano a esto ha sido su tarea como Agente del Estado ante organismos internacionales de derechos humanos”, apuntó un exintegrante del Poder Judicial.

A lo anterior hay que añadir que no posee estudios de cuarto nivel en el área penal, sino un máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (España) y otro en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares (España).

Las mismas inquietudes sobre credenciales suficientes las generan la profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González Lobato; el periodista y exembajador venezolano Julio César Pineda; el abogado Juan Ernesto Garantón (no confundir con su padre, Juan Garantón); la exdiputada por la Mesa de la Unidad Democrática, Marialbert Barrios; y el periodista Vladimir Villegas, quienes figuran como candidatos a defensor del Pueblo.

Los currículos de los candidatos antes mencionados no evidencian que cumplen con uno de los pocos requisitos exigidos en el artículo 280 de la Constitución para desempeñar este puesto: contar con “manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos”.

Por mencionar el caso de Villegas, durante su tiempo como presidente de Venezolana de Televisión (VTV) difundió una conversación telefónica del fallecido director del diario “Tal Cual”, Teodoro Petkoff, grabada ilegalmente, lo cual constituyó una clara violación del derecho a la privacidad. También autorizó el inicio de las transmisiones del polémico programa “La Hojilla”, desde el cual se denigró y atacó a la disidencia y a activistas de derechos humanos, como denunciaron organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Unos pocos

Pero en las listas también figuran candidatos que sí cumplen con los requisitos para desempeñar los cargos. Entre ellos están las abogadas René Moros Troconis y Magaly Vásquez.

Moros fue juez de primera instancia y magistrada de la Corte de Violencia contra la Mujer de Caracas, mientras que Vásquez es decana de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con una larga trayectoria como litigante y fue corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Ambas aspiran a dirigir la Fiscalía.

Por su parte, Alejandro González Plessmann, quien fue integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), aunque parece cumplir las condiciones para ser defensor del Pueblo, el haber sido vicerrector de la Universidad Nacional de la Seguridad (Unes), creada en 2009 por Hugo Chávez, y el haber confrontado injustamente al movimiento venezolano de derechos humanos en el pasado constituyen puntos cuestionables en su trayectoria.

Transparencia Venezuela, 24 de marzo de 2026. La forzada salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, tras la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero, no ha implicado el fin de las violaciones de derechos humanos en el país. Por el contrario, “las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”.

Así lo denunciaron el alto comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, y presentaron a las autoridades interinas una hoja de ruta para “desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la opresión de la disidencia política”, que incluye el combate a la opacidad reinante en la administración pública.

“(Las autoridades) deben demostrar una mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la actualización oral sobre la situación de Venezuela que ofreció al Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo.

Türk también reclamó mayor “transparencia” en la aplicación de la polémica Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Esto, tras recordar que su despacho “no ha tenido éxito” a la hora de obtener una lista oficial de personas que han sido liberadas incondicionalmente en aplicación del texto y así corroborar la cifra de 7.700 personas presentada por la presidenta encargada   Delcy Rodríguez.

Puro maquillaje

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el informe presentado el 12 de marzo, aseguró que los cambios que se han producido en el país tras los sucesos del 3 de enero están lejos de ser profundos.

“La maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales (…) permanece intacta”, se lee en el reporte.

Y por ello, la Misión de la ONU demandó que “las instituciones estatales que desempeñaron un papel clave en la represión”, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sean reformadas.

De la misma manera, abogó para que sean “derogadas o reformadas sustancialmente” la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, así como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, por ser “los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política”.

Türk no solo respaldó las exigencias, sino que demandó “otras medidas importantes”, como “las reparaciones, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de que no se repitan las violaciones graves de los derechos humanos”.

Perdiendo el miedo

Pese a que ambas instancias de la ONU denunciaron que la represión ha continuado luego de los sucesos de enero —como lo prueba la detención temporal de 14 periodistas durante la juramentación de Delcy Rodríguez y de 27 personas por supuestamente celebrar la captura de Maduro—, también aseguraron que hay señales que indican que el miedo sembrado en la sociedad venezolana se está perdiendo.

“El número de personas y casos que se solicita registrar e investigar va en aumento significativo y ha duplicado, o incluso triplicado, las labores de la Misión”, se lee en el reporte.

“La Misión continúa recabando información de víctimas directas, sus familiares, informantes y otros actores que relatan hechos y violaciones recientes, pero también de años anteriores. Hoy, más que nunca, se requiere afrontar y asumir esta labor de investigación”, se agrega.

Por su parte, Türk pidió a las autoridades venezolanas no solo establecer canales de comunicación con la Misión, sino también dar marcha atrás en su decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Transparencia Venezuela, 24 de marzo de 2026. Conoce Tramparencia.com auditoría con 100% de desconfianza

Transparencia Venezuela 18 de marzo de 2026. Las debilidades de la Fiscalía General de la República en Venezuela no son puntuales ni recientes: son estructurales, acumuladas durante años y ampliamente documentadas por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos. El Ministerio Público ha sido caracterizado como una estructura que criminaliza, persigue y viola los derechos de todos los venezolanos, es visto como cómplice de la gran corrupción transnacional y garante de la impunidad. Es una de las instituciones instrumentalizadas para proteger la dictadura y se reconfiguró para hacerlo con gran efectividad. La Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino muchas veces como instrumento del poder.

Esta acción criminal de la Fiscalía no es obra solo del fiscal general, se sostiene en un complejo entramado de leyes, normas, procedimientos y equipos que están alineados con el resto del sistema de justicia y que responden a los intereses del poder autoritario.

Ante el interés que ha despertado en muchas organizaciones venezolanas la elección de un fiscal general, desde Transparencia Venezuela insistimos en la importancia de considerar la necesidad de cambios en la estructura de la Fiscalía General de la República y no solo de la persona del fiscal.

En el listado de postulados publicado por la Asamblea Nacional vemos algunos nombres de reconocida trayectoria ética y profesional, y es meritorio que estén dispuestos a asumir esta gran tarea. Sin embargo, el reto de combatir la captura institucional previa, las redes de corrupción activas y la baja confianza pública debería comenzar con un nuevo diseño de la institución que tenga como propósito superar:

1. La falta de independencia frente al poder político.

2. La alta provisionalidad y falta de carrera en el Ministerio Público.

3. La concentración excesiva de poder en el cargo de fiscal general.

4. El uso político del sistema penal.

5. La impunidad estructural.

6. La falta de transparencia y rendición de cuentas.

7. La debilidad técnica y organizativa.

8. La desconfianza ciudadana y subregistro del delito.

Y para que el nuevo modelo de Fiscalía se implemente y tenga capacidad de ejecución se requieren dos condiciones:

1. Autonomía financiera, es decir, recursos para todo el sistema de justicia. Los recursos para los órganos del Poder Judicial no han llegado a 1,5% del presupuesto nacional en las últimas décadas.

2. Independencia política, funcional, relaciones de respeto y acatamiento ante – y sobre- el resto de los organismos de justicia, policiales, investigación, de prisiones, y los otros poderes del Estado.

Esta nueva estructura institucional le corresponde diseñarla a todo el país, bajo la dirección de un Poder Legislativo legítimo. Una Asamblea Nacional que realmente crea, sin ambages, en la democracia, la transparencia, la alternancia política y el respeto al derecho ajeno.

La Fiscalía General de la República tiene un papel fundamental en la Venezuela democrática e íntegra por la que trabajamos: acabar con la impunidad y recuperar el Estado de derecho y el debido proceso. Para ello tendrá que investigar y procesar a los miembros de la red de gran corrupción y de economías ilícitas; de las organizaciones criminales; a los violadores de derechos y torturadores; a los grupos de extorsión; y demás responsables de la destrucción de Venezuela. Pero muchos están aún en el poder.

¿Podrá un(a) fiscal en el contexto actual castigar a quienes saquearon y siguen saqueando a Venezuela y criminalizaron a todo el que disentía?

¿El resto de las instituciones va a respetar las decisiones que tome la o el fiscal contra los perpetradores de la gran corrupción y los responsables de crímenes de lesa humanidad?

¿Contará con recursos financieros y profesionales?

En los procesos de transición las cosas no necesariamente ocurren con criterios técnicos, pero ¿estamos ya en un proceso de transición o solo vivimos el reacomodo del mismo poder autoritario?