Sin empleo y con una condena de más de un año de prisión: así comenzó el año Álex Saab

Transparencia Venezuela 22 de enero de 2026. Álex Saab Morán no ha comenzado 2026 con buen pie.

Cuando el año no ha cumplido aún su primer mes, el empresario colombo-venezolano no solo ha perdido todos los cargos que ostentaba en el Gobierno venezolano —ministro de Industrias y Producción Nacional y jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva—, sino que también se ha conocido que fue sentenciado a un año y dos meses de cárcel por un tribunal italiano.

La condena contra Saab también alcanza a su esposa, Camilla Fabri —aún viceministra de Comunicaciones Internacionales—, quien recibió una pena de un año y siete meses de prisión. La decisión fue dictada por la jueza Paola Petti del Tribunal de Roma, tras un acuerdo de culpabilidad alcanzado a finales del año pasado con la Fiscalía italiana, instancia que los acusaba de lavado de dinero, según reportó el diario Corriere della Sera.

Las investigaciones en Italia contra Saab y su esposa se iniciaron hace seis años, cuando la pareja adquirió un apartamento en el cuarto piso de un palazzo del siglo XVIII, ubicado en la exclusiva Via dei Condotti de Roma, cerca de la turística plaza España. La propiedad está valorada en casi 5 millones de euros (unos 5,5 millones de dólares).

Via dei Condotti

Según la Fiscalía italiana, el inmueble fue comprado con fondos provenientes de actos de corrupción en los que Álex Saab habría participado en Venezuela. En concreto, el exministro —cercano al encarcelado Nicolás Maduro— presuntamente se apropió de parte de los fondos asignados por el Gobierno venezolano para la compra de alimentos del programa CLAP, que se vendían a precios subsidiados.

Posteriormente, el ahora condenado intentó ocultar el dinero en Rusia y otros paraísos fiscales, para finalmente legitimarlo en Italia mediante la adquisición de propiedades.

 

Otros detalles del fallo

El dictamen, de 17 páginas, también ordena la confiscación de bienes y fondos por casi 9,8 millones de euros (unos 11,5 millones de dólares) a la pareja, además de multas por miles de euros adicionales.

El matrimonio Saab-Fabri no fue el único objetivo de la justicia italiana: también fueron condenados hermanos y otros parientes. Entre ellos destaca Beatrice Fabri, hermana de la viceministra, de 29 años, quien recibió un año y siete meses por blanqueo de capitales, igual pena que su esposo, Lorenzo Antonelli.

Aunque la decisión implica penas de prisión, la aún funcionaria del Gobierno venezolano Camilla Fabri afirmó que no supone admisión de culpa.

«Después de seis años y medio de persecución, se cerró en Italia un caso absurdo y profundamente politizado. No hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena», escribió la esposa de Saab.

No está claro cómo se ejecutará la pena de prisión: si la pareja se trasladará a Italia para cumplirla en una cárcel o si el acuerdo judicial establece que podrán cumplirla desde su apartamento, ahora confiscado.

 

Álex Saab bajo la mira de la justicia en varios países

Los problemas judiciales han tenido como escenario Suiza, Estados Unidos, México y hasta su propio país de origen.

En su natal Colombia, y en su ciudad Barraquilla, fue investigado en 2020 por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, porque su empresa Shatex S.A habría sido la empresa fachada presuntamente para realizar exportaciones e importaciones ficticias según la fiscalía de ese país, y aunque salió bien librado en primera instancia y segunda instancia, aún la decisión no está definitivamente firme.

En una investigación en 2021, Transparencia Venezuela identificó al menos 89 empresas, registradas en 15 países, muchas de ellas activas y otras suspendidas. Solo en el caso de unas 28 empresas (26 en Panamá, 1 en Belice y 1 en Estados Unidos) se determinó quiénes fueron las personas o bufetes que prestaron sus servicios para constituirlas.

Los nexos de Álex Saab con el Gobierno de Venezuela se iniciaron en la época del fallecido Hugo Chávez, pero se ampliaron con la llegada de Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores en marzo de 2013.

En 2019, Estados Unidos sancionó al ahora exministro Saab nacido en Barranquilla (Colombia) por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos con el Gobierno venezolano sin licitación. En 2020 fue detenido en Cabo Verde a solicitud de las autoridades estadounidenses y en octubre de 2021 extraditado a ese país.

Sin embargo, tras pasar cerca de tres años en prisión fue excarcelado en diciembre de 2023, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, en el marco de unas negociaciones que el Ejecutivo de Maduro mantuvo con la administración del presidente demócrata Joe Biden para asegurar unas elecciones presidenciales limpias en 2024, algo que no ocurrió.

En enero sigue la incautación de buques petroleros, pero también las flotas fantasmas

Transparencia Venezuela, 22 de enero de 2026. El cerco naval que mantiene Estados Unidos en el Caribe arroja ya la incautación de 7 tanqueros cargados con petróleo venezolano, al menos hasta el 20 de enero, pero el rastreo muestra un leve incremento de la presencia de buques­­­ – ­­­­46 diarios en promedio contra los 42 identificados en diciembre de 2025 –, muchos de la llamada flotas fantasmas, mientras que un carguero con destino a China no encontró ningún obstáculo en estos primeros días del año. 

­A más de dos semanas de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense, se mantiene en el mar Caribe esta suerte de campo de batalla en el que se trata de mantener a raya la exportación de crudo venezolano a través de las redes de evasión de sanciones, lo que deja algunas interrogantes sobre cuál es el trato que se dará en este escenario a China y a los compromisos suscritos con Venezuela.

 

Persisten las nuevas reglas en el Caribe

El Comando Sur advirtió el 20 de enero que su objetivo es “asegurar que el único petróleo que salga de Venezuela sea aquel que se coordine de manera adecuada y legal”.

La advertencia fue hecha tras la incautación ese mismo día del tanqueo SAGITTA (IMO 9296822), que es un buque furtivo y sancionado por gobiernos de siete países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, y por la Unión Europea a causa de su vinculación a la flota oscura de Rusia en el contexto de la guerra con Ucrania.

Leyenda: Tanquero SAGITTA, antes ANGELICA SHULTE. Confirmación visual del estado de carga del buque al ser interceptado

La red de evasión de sanciones se resiste

El monitoreo permanente sobre las actividades de los tanqueros que llegan o salen de aguas venezolanas confirma los reportes de agencias de noticias acerca del aumento de la exportación del crudo nacional.

Contrastando con el promedio diario de tanqueros observados en diciembre (42 internacionales), la presencia regular de embarcaciones con banderas y manejadores internacionales aumentó en los primeros 20 días de enero a 46 internacionales diarios en promedio, incluyendo tanqueros en operaciones oscuras.

Se han contabilizado al menos 3 nuevos sancionados: el ARIA con bandera rusa, el SOLARIS abanderado por Omán y el OLINA con registro de Timor-Este. Estos se han sumado a los también sancionados APUS, AVRIL, XANTHOS EOS, ANTLIA y PHENIX VI, que siguen emitiendo señales de posicionamiento en las cercanías de la terminal del Complejo Refinador de Amuay, en el estado Falcón al occidente de Venezuela, posiblemente evitando salir ante el control marítimo estadounidense en el Caribe.

Al buque OLINA (IMO 9282479), que fue el quinto interceptado por las fuerzas navales de Estados Unidos el 9 de enero, se le obligó regresar a aguas territoriales venezolanas y esperar por una carga de crudo que será controlada de manera conjunta por los gobiernos de Donald Trump y de la encargada Delcy Rodríguez.

Leyenda: Área aproximada del mar Caribe en la que pudo ser interceptado el OLINA y luego obligado a navegar hasta la zona de Amuay.

Hasta el momento en que fue abordado por la marina estadounidense, el SAGITTA llevaba al menos 80 días con su señal obligatoria de AIS apagada, en claro comportamiento de tanquero furtivo. Y aunque las imágenes de la interceptación muestran que el calado del buque era muy por encima de su línea de flotación y por lo tanto no iba cargado, es presumible que su presencia en el Caribe indicara la intención de llegar a alguna de las terminales petroleras de Venezuela.

 

¿Y China?

No todos los tanqueros sancionados y furtivos están a merced de la acción militar estadounidense. Como lo reseñaron medios de información internacionales, al menos una docena de embarcaciones de flotas oscuras lograron atravesar el cerco naval del Comando Sur en los días siguientes a la captura de Nicolás Maduro.

La entrega de crudo a China en pago por la deuda del Gobierno venezolano con ese país ha continuado, aunque se estima que con menor frecuencia.

Transparencia Venezuela ha podido confirmar que el FAITHFUL STAR (IMO 9228320), un tanquero mediano al servicio de compañías petroleras chinas y bajo operación comercial de una compañía naviera de Singapur, la Chem Star Shipping Pte Ltd, no encontró obstáculos en el bloqueo naval estadounidense.

Esa nave llegó a la terminal del complejo petroquímico de Jose, en el estado Anzoátegui, el 1 de enero y salió totalmente cargado y sin problemas, el día 14, para atravesar el canal de Panamá tres días más tarde, en camino a un puerto de Changjiang Kou, en Shanghai.

China otorgó préstamos a Venezuela por más de USD 62.000 millones en el lapso 2000 – 2016 y después de varias renegociaciones se estima que aún se deben alrededor de USD 15.000 millones.

Leyenda: El FAITHFUL STAR lleva crudo venezolano para pagar la deuda con China.

El tanquero sancionado de bandera rusa PREMIER (IMO 9577082), llegó al área de Jose el 10 de diciembre de 2025, pero no pudo entrar a la terminal ni cargar crudo vía trasiego en alta mar. Con el aumento de la presencia de navíos militares de Estados Unidos en el Caribe oriental, el PREMIER quedó encerrado en aguas venezolanos y solo consiguió salir el 6 de enero con las bodegas vacías, evitando una potencial interceptación al hacer maniobras de evasión por una semana al sur de República Dominicana y emprender retirada hacia las costas del norte de Brasil el día 19 de este mes.

Leyenda: Trayectoria del tanquero sancionado PREMIER cuando el asedio estadounidense no le permitió cargar crudo venezolano y tuvo que maniobrar largamente para salir del Caribe.

Las autoridades militares de Estados Unidos abordaron el tanquero sancionado VERONICA, (IMO 9256860) el 15 de enero. Se trata de una nave propiedad de la compañía rusa MG-Flot LLC, sancionada por la OFAC, la Unión Europea y 10 países por estar involucrada en el apoyo logístico a las fuerzas militares de Irán –transporte de drones armados–, Corea del Norte y Rusia.

El VERONICA permaneció durante meses en una zona cercana al límite marítimo entre Venezuela y Aruba, generalmente apagando la señal de AIS. Esta embarcación forma parte de la flota oscura rusa y los países que la han sancionado la relacionan con el mercado ilegal del crudo venezolano. Antes de su captura, la nave fue renombrada GALLILEO, aunque mantuvo el registro con bandera de Guyana.

Leyenda: Luego de meses esperando, el VERONICA, de la flota oscura ruso-iraní, pudo cargar crudo venezolano y fue interceptado por fuerzas militares de Estados Unidos al intentar salir del Caribe.

Hasta el 21 de enero, la lista de anuncios de llegada de tanqueros al área de Jose de acuerdo con Vessel Finder incluye al sancionado APUS (IMO 9299745), que según Marine Traffic salió de Amuay cargado a medias y navegó hacia la refinería El Palito muy próximo a la costa de Falcón y Carabobo, evitando tropezarse con las fuerzas militares de Estados Unidos.

¿Será el APUS uno de los próximos tanqueros de la flota oscura rusa en ser abordado?

Delcy Rodríguez se blindó para la era post-Maduro

Transparencia Venezuela, 18 de enero de 2026. Delcy Rodríguez en el escenario post Maduro quedó al mando del Poder Ejecutivo y su hermano Jorge Rodríguez, al frente del Poder Legislativo. Son una dupla que fue consolidando una suerte de épica a medida que acumulaban cargos públicos.

Este reporte muestra el poder de Delcy Rodríguez sobre la estructura institucional del Estado, así como en el sector privado. La actual presidenta encargada de Venezuela ha ascendido en la élite política hasta tener control de buena parte del área financiera, de la producción, comercial, energética, diplomática, y política, tejiendo redes estratégicas y dirigiendo diversos sectores económicos con aliados y amigos cercanos.

¿Cuánto poder ha forjado esta mujer que fue una de las principales aliadas de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez? ¿Consolidó con su hermano una estructura tan sólida que puede mantenerse en la Venezuela post Maduro y desplazar a los otros actores de poder?

Desde 2013 ha venido escalando posiciones, estableciendo relaciones, consolidando vínculos y negocios, siempre junto a su hermano, Jorge Rodríguez, figura clave en lo que algunos se aventuran a denominar como el “Rodriguismo”.

A menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos en Caracas – y su reclusión por orden de una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Delcy Rodríguez aún ejerce los siguientes cargos públicos:

Transparencia Venezuela solicita a Delcy Rodríguez publique el contrato para producir gas licuado de petróleo GLP

Transparencia Venezuela, 19 de enero de 2026. Transparencia Venezuela solicita a Delcy Rodríguez publique el contrato para producir gas licuado de petróleo GLP anunciado por la misma presidenta interina el 17 de enero.
Nuestra organización también solicita detalles del contrato como corresponde para cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la constitución nacional, que haría una gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano.
Invitamos a las organizaciones y a todos los ciudadanos sumarse a esta petición.

Comunicado de Transparency International en relación a los sucesos del 3 de enero en Venezuela

Priorizar la reconstrucción de la democracia en Venezuela para combatir la corrupción estructural

Mientras el mundo reacciona ante la impactante intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Transparencia Internacional pide priorizar el restablecimiento de la democracia, a fin de proteger los derechos del pueblo venezolano y abordar la crisis de corrupción estructural en el país.

A la ONG anticorrupción le preocupa que el gobierno estadounidense pueda estar buscando el control del petróleo de Venezuela y otorgando a las empresas estadounidenses un acceso privilegiado para su extracción. Ningún país debe abusar de su poder militar para intimidar a otro y obtener ventajas económicas exclusivas.

Años de desmantelamiento de los controles y equilibrios democráticos han convertido a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 178 de 180 países en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El capítulo venezolano de Transparencia Internacional, exiliado desde marzo tras la escalada de la represión estatal contra la sociedad civil, pide que se reconozca a Edmundo González como presidente tras el resultado de las elecciones de julio de 2024. También pide a la comunidad internacional que facilite un proceso de transición fluido para restaurar las instituciones democráticas y un liderazgo responsable.

 

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, afirmó:

«Años de corrupción generalizada y actividades ilícitas en Venezuela han provocado un aumento vertiginoso de la pobreza y la malnutrición. Millones de familias sobreviven con alimentos, agua y electricidad limitados, al tiempo que se enfrentan a la extorsión de bandas armadas y funcionarios estatales. Para cambiar esta realidad, ahora necesitamos un Estado honesto y transparente que rinda cuentas verdaderamente a la población venezolana, que respete los derechos humanos, garantice un sistema judicial independiente y proteja los recursos públicos en beneficio de todos. Debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una democracia libre».

Transparencia Venezuela también pide la liberación inmediata de los presos políticos y advierte de la continua represión por parte del gobierno aliado de Maduro que sigue en el poder.

 

François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, afirmó:

«Las leyes internacionales están para protegernos: todos los gobiernos deben respetar el estado de derecho y los derechos fundamentales. La prioridad ahora debe ser restaurar una democracia sana en Venezuela para garantizar que su pueblo pueda forjar su futuro. Cualquier decisión sobre el petróleo y los recursos naturales de Venezuela debe ser transparente y tomada por líderes venezolanos legítimos que actúen en interés de su población, no por Estados Unidos».

 

Notas para los editores

      • El capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela se vio obligado a exiliarse en marzo de 2025 en medio de una creciente represión de la sociedad civil.
      • El Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparencia Internacional mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en países de todo el mundo. La última edición se publicó en febrero de 2024.

Los 6 motivos de la acusación contra a Maduro y su esposa en EEUU

Transparencia Venezuela, 12 de enero de 2026. Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que terminó con su captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados ante un tribunal de Nueva York para ser imputados por conspiración para el narcoterrorismo y por introducir cocaína en Estados Unidos, así como otros delitos relacionados con armas.

Durante esas horas, el Departamento de Justicia publicó una ampliación de la imputación contra quien gobernó Venezuela durante 12 años, en la cual, para sorpresa de muchos, las referencias al Cartel de Los Soles no solo han casi desaparecido, sino que ya no se califica a este grupo como una “organización criminal conformada por altos funcionarios”, sino como un “sistema clientelar”.

Apenas en noviembre de 2025 el Departamento de Estado calificó al Cartel de Los Soles como una “organización terrorista extranjera” e insistió en su cabecilla era Nicolás Maduro.

No obstante, este giro no implica que los señalamientos contra el ahora detenido se hayan suavizado.

“El acusado participó, perpetuó y protegió una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”, se lee en el documento de 25 páginas de extensión que firmaron el fiscal Jay Clayton y un jurado, cuya identidad se reservó por razones de seguridad.

“Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”, se remata en el escrito.

¿Por qué Estados Unidos hace semejantes acusaciones? ¿Qué motivos tiene? A continuación, se enumeran 6 razones:

 

1.Venta de pasaportes y traslado seguro de los pagos de la droga

Clayton acusa a Maduro de haber “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado” para enviar las grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, para lo cual ha amparado y protegido a narcotraficantes.

“Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los planes utilizados por los lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela”, se lee en el escrito, en el que se sostiene que estas acciones habrían ocurrido entre 2006 y 2008.

En 2017, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que se denunciaba que pasaportes venezolanos eran vendidos en embajadas y consulados de Medio Oriente, y que algunos de sus compradores habrían sido miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá.

«En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares», dijo un exfuncionario venezolano de esa legación a la cadena, quien fue forzado a renunciar luego de denunciar la situación ante su superior.

«No les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa», agregó.

En su momento el Gobierno no solo negó las acusaciones, sino que optó por prohibir las transmisiones de CNN en Venezuela como represalia.

La Fiscalía estadounidense también acusa a Maduro de ordenar a los embajadores que ayudaran a los traficantes a realizar sus negocios.

“Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero de la droga de México a Venezuela Maduro Moros facilitaba el traslado de aviones privados bajo protección diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero de la droga. El avión regresaba a Venezuela bajo protección diplomática”, se lee en el escrito.

 

2. Haciendo caja para seguir en el poder

La Fiscalía estadounidense afirma que Maduro y su entorno no solamente habrían recurrido al narcotráfico para enriquecerse personalmente, sino también para otros fines.

“Estos políticos utilizaban los pagos de la cocaína para mantener y aumentar su poder político”, se lee en el escrito.

En la imputación se asegura que Maduro habría establecido nexos con las guerrillas colombianas (FARC y ELN) y también con carteles mexicanos como el de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán y Los Zetas. Y, por último, con la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua.

A todos estos grupos, los imputados y otros colaboradores “les proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a EE.UU.”, a cambio de grandes sumas de dinero.

En 2007, la entonces diputada Cilia Flores habría recibido “cientos de miles de dólares” a cambio de organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres.

“El narcotraficante posteriormente acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente US$ 100.000 por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, una parte de la cual se pagó posteriormente a Cilia Flores de Maduro. Alrededor de 2015, Reverol Torres fue acusado de delitos relacionados con narcóticos en el Distrito Este de Nueva York y se encuentra prófugo”, se lee en el escrito.

 

3. Un negocio familiar

A diferencia de la primera imputación contra Maduro presentada en 2020, en esta nueva no solo se señala al gobernante y a miembros o exmiembros de su gobierno, sino también a parte de su familia.

Así además de su esposa, Cilia Flores, también se acusa de estar implicado en actividades criminales a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien se presenta con los alias de “Nicolasito” y “El Príncipe”.

¿Por qué el hijo? La Fiscalía de Estados Unidos asegura que en 2020 el parlamentario oficialista “asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC” y que durante el encuentro “discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”.

 

4. Los colectivos como escoltas

Además de las fuerzas militares, la pareja Maduro-Flores habría empleado civiles armados para proteger los cargamentos de drogas, asegura la Fiscalía de Estados Unidos.

“Maduro Moros y Flores de Maduro mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”, se lee en la imputación.

“Maduro Moros y Flores de Maduro también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de alguna otra manera perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas, Venezuela”, se remata.

 

5. Casos relacionados con aviones

El caso del vuelo 385 de Air France sería para la Fiscalía de Estados Unidos una prueba de la participación de Maduro y otras autoridades venezolanas en el tráfico de drogas.

El 11 de septiembre de 2013, dentro de un avión procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, la policía gala consiguió 30 maletas de cocaína, más de 1,3 toneladas.

“Tras la incautación, Maduro Moros logró una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les indicó a Cabello Rondón y Carvajal Barrios que no debían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, debían utilizar otras rutas y puntos de tráfico de drogas bien establecidos para el envío de cocaína”, se lee en la imputación.

Las autoridades consideran que las detenciones que se produjeron poco después en Venezuela fueron una cortina de humo para “desviar la atención” de los responsables de la operación.

A lo anterior hay que sumarle la sospecha de que aviones oficiales fueron empleados también para transportar drogas dentro del país.

“Entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas”, se lee en el escrito.

 

6. El Tren de Aragua

Aunque las autoridades venezolanas consideran disuelta la megabanda del Tren de Aragua, desde Washington insisten en que el grupo no solo no está liquidado, sino que se ha expandido por América con el apoyo de Caracas.

En su imputación, el fiscal Clayton incluye al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales con las que la pareja Maduro-Flores habría mantenido vínculos.

“Alrededor de 2019, el líder de Tren, Héctor Guerrero Flores (alias ‘El Niño Guerrero’), habló sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano. En múltiples llamadas, Guerrero Flores se ofreció a escoltar cargamentos de droga, explicando que Guerrero Flores y el Tren controlaban las costas del estado Aragua”, se asegura en el documento.

El próximo 17 de marzo está prevista la nueva comparecencia de Maduro y su esposa ante el juez Alvin Hellerstein.

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