Acceso a la Información
Nuestro objetivo es obtener el reconocimiento y respeto del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, y su promoción, como una herramienta central en el desarrollo de las políticas públicas y defensa de los derechos humanos. Promovemos el interés público por el tema del acceso a la información tanto en el marco de una ciudadanía activa como en el ámbito de las instituciones del estado venezolano.
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Venezuela consigue por segundo año consecutivo la medalla de bronce en el Índice de Percepción de la Corrupción
Transparencia Venezuela, 10 de febrero de 2026. Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos, las componendas entre funcionarios y privados para apropiarse de fondos públicos y otras prácticas corruptas fueran un deporte olímpico, Venezuela habría subido al podio por segundo año consecutivo para recibir la medalla de bronce. En 2025, nuestro país terminó en el tercer lugar entre los Estados percibidos como los más corruptos del planeta, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025, por sus siglas en inglés) que anualmente elabora Transparencia Internacional.
En el estudio publicado este 10 de febrero, Venezuela obtuvo nuevamente 10/100 puntos y terminó en el puesto 180 de entre 182 evaluados. La calificación es igual a la que Venezuela consiguió en 2024 para ubicarse apenas por encima de Sudán del Sur y Somalia, que ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente, como los países percibidos como los más corruptos del globo.
¿Deberían sorprendernos estos resultados?
Nuestra organización ha documentado cómo en Venezuela se han configurado factores que determinan la captura sistémica del Estado venezolano, donde la preservación del poder por parte de la estructura cleptócrata es el único fin, por encima de las necesidades de la población. Entre estos factores están el control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de Gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control.
Sobre la consolidación de las economías ilícitas en Venezuela, nuestra organización ha rastreado en los últimos años el avance de las estructuras corruptas en Venezuela, que es un país considerado un nodo criminal trasnacional donde se ha establecido una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado, impulsando las economías ilícitas como el narcotráfico; la producción irregular y desvío del oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión en la que participan, además de las organizaciones criminales, funcionarios del Estado de distintos niveles.
También hemos sistematizados datos sobre personas de la élite o vinculadas a la élite y sobre representantes de sectores particulares que configuran redes cleptócratas. Hasta 2025 hemos identificado 787 empresas en 36 sectores, 1087 personas relacionadas—como directivos, accionistas, exdirectivos, comisarios, empleados, agentes de las empresas— y 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con algunas de estas personas. Así hemos revelado conexiones del poder con algunos privados, como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, y con aliados en sectores como el deporte.
Una investigación de Transparencia Venezuela sobre bienes decomisados en procesos judiciales, relacionados con distintas tramas corruptas que tienen su origen en Venezuela, reveló que los corruptos que se han beneficiado con el patrimonio del país tienen bloqueados casi 4.000 millones de dólares. Es un cálculo que no es definitivo, porque corresponde solo a una fracción de lo que se sabe que ha sido desfalcado.
Transparencia Venezuela además denunció cómo las autoridades recurrieron al uso de las criptomonedas para evadir sanciones internacionales y también para sus actividades ilícitas.
Pero más allá de estos hechos, en el reporte del IPC 2025 se advierte que “países con democracias plenas tienden a obtener mejores resultados, mientras que aquellos no democráticos se desempeñan peor”.
“En autocracias plenas como Venezuela o Azerbaiyán la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles”, se lee en la investigación de Transparencia Internacional.
Desde 2018, justo cuando organismos internacionales comenzaron a calificar a Venezuela como una dictadura, la evaluación en el Índice no ha hecho más que retroceder. De hecho, desde 2016, nuestro país ha descendido 7 puntos.
Señales preocupantes
Pero Venezuela no es la única que repite puesto. Dinamarca, Finlandia y Singapur también vuelven a ocupar en ese mismo orden los primeros lugares como los países percibidos como menos corruptos del planeta con 89/100; 88/100 y 84/100, respectivamente.
Y aunque hasta aquí todo pareciera revelar que no se han producido cambios, una lectura más detallada del reporte advierte retrocesos importantes, que revelan que la corrupción está avanzando incluso en democracias consolidadas. Prueba de ello es que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.
La mayoría de los países, 122 de 182, obtuvieron calificaciones por debajo de 50.
Países como Estados Unidos (64/100), Nueva Zelanda (81/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con el Índice anterior. En el caso de Estados Unidos su puntuación es la más baja hasta la fecha.
¿Por qué estos resultados? “Ha habido un preocupante patrón de restricciones a las libertades de expresión, asociación y asamblea. En la última década, se han producido interferencias políticas a las operaciones de organizaciones no gubernamentales en países como Georgia, Indonesia Perú y Túnez (…) En estos contextos es más difícil que periodistas independientes, organizaciones civiles y denunciantes puedan hablar libremente de hechos de corrupción”, se explica en el Índice.
En el informe se recuerda que Transparencia Venezuela debió cerrar sus operaciones en el país y comenzar a operar desde el exilio, como consecuencia de la serie de regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025 que hacen casi imposible que las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar adelante sus actividades.
El remedio a la enfermedad
“En un momento de crisis climática, inestabilidad y polarización, el mundo necesita de líderes que se sometan a los controles y de instituciones independientes para proteger los intereses del público más que nunca”, afirmó Maira Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional.
En el reporte, además de señalar cómo son vistos los distintos países en materia de corrupción, también se presentan seis recomendaciones para mejorar:
1. Asegurar que los poderes judiciales sean independientes, transparentes y accesibles.
2. Combatir las influencias en las tomas de decisiones políticas.
3. Garantizar a las víctimas de corrupción acceso a la justicia.
4. Proteger el espacio cívico, en particular libertades fundamentales como la expresión y acceso a la información pública.
5. Fortalecer la contraloría sobre los servicios públicos.
6. Castigar los casos de corrupción a gran escala.
El Índice clasifica a los 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio). Y para ello utiliza datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, se explica en el documento.
Vea el informe aquí y su versión en inglés aquí.
Lo que se sabe (y lo que no) de los Fondos de Depósito creados por orden de Donald Trump
Transparencia Venezuela, 2 de febrero de 2026.
LO QUE SE SABE
1. Base legal y naturaleza jurídica
- Los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero fueron creados mediante Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump del 9 de enero de 2026.
- La propiedad de los fondos es del Gobierno de Venezuela, no de Estados Unidos.
- Estados Unidos actúa exclusivamente como custodio, con capacidad gubernamental y no comercial.
- Los fondos están protegidos contra embargos, ejecuciones, sentencias, gravámenes y cualquier acción judicial, mediante la invocación de inmunidad soberana. Esta medida protege el dinero de múltiples acreedores de Venezuela con quienes existe una deuda que al cierre de 2024 estimamos en 164.432 millones de dólares.
2. Origen de los fondos
Los recursos provienen de la venta de recursos naturales de Venezuela (principalmente petróleo) y la venta de diluyentes o sus agencias a Venezuela.
Los primeros compradores fueron Valero (VLO.N) y Phillips 66 (PSX.N), dos de las principales refinerías del Golfo de Estados Unidos.
Según lo afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su comparecencia el 28 de enero de 2026 al el Senado norteamericano, ya se exportaron 15,7 millones de barriles a través de las empresas Vitol y Trafigura y se recaudaron 500 millones de dólares. De acuerdo con Reuters, las comercializadores adquirieron el crudo venezolano con un descuento de 15 dólares por barril respecto al valor del crudo Brent. El precio promedio del Brent en enero fue de 66 dólares por lo que se estima que el crudo fue comprado aproximadamente a 51 dólares por barril. La venta de 15,7 millones de barriles implicaría ingresos de 800,7 millones de dólares.
¿Dónde están los 300 millones de dólares de diferencia? ¿Se usaron para pagar los diluyentes a las empresas norteamericanas que sustituyeron a las rusas como proveedoras? ¿hay otros compromisos?
3. Ubicación y mecanismo financiero
Según informó el secretario de Estado Marco Rubio 300 millones de dólares ya fueron enviados a Venezuela, y 200 millones de dólares quedaron retenidos, pendientes de una auditoría al uso de los primeros recursos.
El dinero se encuentra en las cuentas -posteriormente descritas como fideicomisos- creadas en bancos de Qatar. Según CNN, participan varios bancos (aunque no se identifican públicamente). No obstante, Marco Rubio se refirió a una sola cuenta en su intervención en el Senado de Estados Unidos.
El uso de Qatar responde a un mecanismo de corto plazo para evitar embargos internacionales. La cadena de noticias mencionó que en el pasado Qatar cumplió una función similar durante el alivio de sanciones a Irán.
4. Gobernanza y control institucional
La gobernanza recae fundamentalmente en el secretario de Estado quien trabajará en coordinación con el secretario del Tesoro. El fiscal general de Estados Unidos apoyará en caso de dudas para implementar la Orden Ejecutiva.
El secretario de Estado decide el destino de los fondos, en nombre del Gobierno de Venezuela, para:
- Fines públicos
- Fines gubernamentales
- Fines diplomáticos
El secretario del Tesoro, según la Orden Ejecutiva, debe identificar los fondos como propiedad soberana venezolana en custodia, aunque los depósitos están en Qatar. Estados Unidos tomará las decisiones, pues tiene esos recursos a su disposición. Por eso, esta indicación aparece textualmente en la Orden Ejecutiva.
El secretario del Tesoro cumplirá instrucciones de desembolsos o transferencias autorizados por el secretario de Estado y, cuando corresponda, hará consultas con los secretarios de Energía, Justicia y Estado.
5. Canalización interna en Venezuela
Una publicación del 27 de enero del Banco Central de Venezuela (BCV) informó que recibieron los primeros 300 millones de dólares y luego fueron canalizados al mercado cambiario mediante bancos privados. En la misma nota señaló que el sistema cambiario está en proceso de adaptación y que se irán incorporando más instituciones financieras.
Los bancos que participaron en las primeras subastas fueron seleccionados, según el fundador y director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, por ser los bancos privados más importantes de Venezuela:
La subasta de 300 millones de dólares se realizó en varias rondas. En la subasta inicial las ofertas estuvieron bajas por parte de los empresarios, así que los primeros compradores fueron bancos pequeños y las exchanges autorizadas, informó una fuente a Transparencia Venezuela.
En las siguientes rondas los principales beneficiarios fueron grandes empresas con cuentas en el exterior y acceso al sistema SWIFT de los sectores alimentos y medicinas (80%), otros sectores (15%) y personas naturales (5%), según el economista Grisanti.
El BCV también informó en su portal web que estaba en curso una nueva oferta por 200 millones de dólares. Sin embargo, hasta el 30 de enero no se había confirmado.
Las nuevas instituciones financieras habilitadas son Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común y Banco Venezolano de Crédito.
6. Destino de los bolívares
Tras las subastas los bolívares obtenidos pasan al Gobierno de Venezuela ¿Van a las cuentas de la Tesorería en el BCV o a fondos extrapresupuestarios?
Esos bolívares deben destinarse a gastos públicos conforme a un presupuesto que, en teoría, fue previamente validado por el secretario de Estado de Estados Unidos. En esta primera subasta de 300 millones de dólares, los bolívares estarían siendo destinados a salarios y otros gastos corrientes.
7. Auditorías
Marco Rubio anunció en la interpelación del Senado: “EE. UU. auditará cómo se usaron los primeros 300 millones de dólares.”
También señaló que para los futuros 2.500 y 3.000 millones de dólares, Estados Unidos autorizará previamente en qué pueden gastarse los ingresos.
Transparencia Venezuela solicita que se publiquen los beneficiarios de las subastas y la auditoría.
LO QUE NO SE SABE / ZONAS GRISES
1. Identidad y rol de los bancos en Qatar
- No se ha revelado qué bancos específicos en Qatar administran los fideicomisos.
- Se desconoce qué tipo de contratos existen entre Estados Unidos, Qatar y esas entidades.
- Tampoco se tiene información sobre la participación de bancos centrales, bancos comerciales o vehículos especiales.
2. Diseño operativo del fideicomiso.
No se conocen públicamente:
- Los estatutos del fideicomiso.
- Las reglas de rendición de cuentas.
- Si existen auditores independientes (no estadounidenses).
- Los mecanismos de resolución de disputas
El presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, John Jovanovich, dijo en una entrevista que los mecanismos para garantizar la responsabilidad y la transparencia de los fondos por las ventas de crudo venezolano son un trabajo en progreso, por lo que esta agencia estaría contribuyendo a diseñar las auditorías a la ejecución de los fondos, tal como sugirió Marcos Rubio.
3. Alcance real del control estadounidense
No está claro hasta qué punto Estados Unidos puede vetar gastos específicos del Gobierno venezolano. Hasta qué nivel de desagregación el secretario de Estado aprueba partidas presupuestarias: ¿Rubros generales, (salud, educación, etc.)? ¿programas concretos (por ejemplo, adquisición de medicamentos para enfermedades crónicas)? o ¿pagos específicos (compra de insulina a un proveedor en particular)?
Los senadores del congreso de Estados Unidos solicitaron ver los acuerdos con Qatar, al respecto, la Orden Ejecutiva señala que el secretario del Tesoro debe rendir informes periódicos y un informe final sobre los fondos al Congreso estadounidense.
Tampoco se conoce el grado de discrecionalidad en la selección de proveedores logísticos, destinos del crudo, proveedores de bienes de primera necesidad, pagos a acreedores de Estados Unidos etc.
4. Transparencia pública
No hay información disponible sobre:
- La periodicidad y contenido de los informes sobre el uso de los fondos.
- Publicación de auditorías.
- Acceso del Parlamento venezolano o de organismos multilaterales.
- Discrecionalidad de las partes involucradas: tomadores de decisiones, autoridades encargadas en Venezuela.
5. Sostenibilidad del mecanismo
El mecanismo está descrito explícitamente como de corto plazo, pero ¿qué debe ocurrir para que termine este mecanismo? ¿Una transición política con nuevos actores en la dirección del Estado venezolano?, ¿un nuevo proceso electoral?
Los fondos de Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez anunció la creación en Venezuela de dos fondos el día 15 de enero de 2026 para utilizar el dinero proveniente de las ventas de petróleo realizadas por Estados Unidos.
Una publicación de Crónica Uno reseñó las siguientes declaraciones de la presidenta encargada:
“El primer fondo será de protección social para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras; que las divisas vayan directo a los hospitales, las escuelas, la alimentación y la vivienda”.
¿A qué divisas se refiere Delcy Rodríguez? La información es que las divisas fueron a subastas a través de los bancos privados seleccionados y al Gobierno solo le llegan bolívares.
También ordenó la creación de un “fondo soberano” de infraestructura y servicios orientado al desarrollo económico y social, “para que esos recursos se destinen al agua, la electricidad y la vialidad”, —sectores considerados servicios públicos esenciales—.
Hasta el momento no se ha dicho si estos fondos requerirán aprobación legislativa adicional —más allá de su anuncio político— ni cómo se articularán con el presupuesto nacional vigente o si se mantendrá la práctica de ejecutar los recursos a través de fondos extrapresupuestarios que impiden la consolidación de cuentas y el control fiscal.
Delcy Rodríguez también solicitó la puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita transparentar el uso de los recursos provenientes de la renta petrolera, —los ingresos que el Estado obtiene por la explotación de hidrocarburos—, a fin de que el proceso esté “desprovisto de burocracia, corrupción e indolencia”. Reconoció la, hasta ahora vicepresidenta los problemas de burocracia, corrupción e indolencia del Gobierno.
Se puede contratar la creación de una plataforma tecnológica, pero dudamos que de verdad se transparenten todos los contratos, los procesos de selección, los objetivos por desembolsos, el control y supervisión de la ejecución física y financiera, etc.
Lee el informe completo aquí.
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