Lo que se sabe (y lo que no) de los Fondos de Depósito creados por orden de Donald Trump

Transparencia Venezuela, 2 de febrero de 2026.

LO QUE SE SABE

1. Base legal y naturaleza jurídica

      • Los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero fueron creados mediante Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump del 9 de enero de 2026.
      • La propiedad de los fondos es del Gobierno de Venezuela, no de Estados Unidos.
      • Estados Unidos actúa exclusivamente como custodio, con capacidad gubernamental y no comercial.
      • Los fondos están protegidos contra embargos, ejecuciones, sentencias, gravámenes y cualquier acción judicial, mediante la invocación de inmunidad soberana. Esta medida protege el dinero de múltiples acreedores de Venezuela con quienes existe una deuda que al cierre de 2024 estimamos en 164.432 millones de dólares.

 

2. Origen de los fondos

Los recursos provienen de la venta de recursos naturales de Venezuela (principalmente petróleo) y la venta de diluyentes o sus agencias a Venezuela.

Los primeros compradores fueron Valero (VLO.N) y Phillips 66 (PSX.N), dos de las principales refinerías del Golfo de Estados Unidos.

Según lo afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su comparecencia el 28 de enero de 2026 al el Senado norteamericano, ya se exportaron 15,7 millones de barriles a través de las empresas Vitol y Trafigura y se recaudaron 500 millones de dólares. De acuerdo con Reuters, las comercializadores adquirieron el crudo venezolano con un descuento de 15 dólares por barril respecto al valor del crudo Brent. El precio promedio del Brent en enero fue de 66 dólares por lo que se estima que el crudo fue comprado aproximadamente a 51 dólares por barril. La venta de 15,7 millones de barriles implicaría ingresos de 800,7 millones de dólares.

 ¿Dónde están los 300 millones de dólares de diferencia? ¿Se usaron para pagar los diluyentes a las empresas norteamericanas que sustituyeron a las rusas como proveedoras?  ¿hay otros compromisos?

3. Ubicación y mecanismo financiero

Según informó el secretario de Estado Marco Rubio 300 millones de dólares ya fueron enviados a Venezuela, y 200 millones de dólares quedaron retenidos, pendientes de una auditoría al uso de los primeros recursos.

El dinero se encuentra en las cuentas -posteriormente descritas como fideicomisos- creadas en bancos de Qatar. Según CNN, participan varios bancos (aunque no se identifican públicamente). No obstante, Marco Rubio se refirió a una sola cuenta en su intervención en el Senado de Estados Unidos.

El uso de Qatar responde a un mecanismo de corto plazo para evitar embargos internacionales. La cadena de noticias mencionó que en el pasado Qatar cumplió una función similar durante el alivio de sanciones a Irán.

 

4. Gobernanza y control institucional

La gobernanza recae fundamentalmente en el secretario de Estado quien trabajará en coordinación con el secretario del Tesoro. El fiscal general de Estados Unidos apoyará en caso de dudas para implementar la Orden Ejecutiva.

El secretario de Estado decide el destino de los fondos, en nombre del Gobierno de Venezuela, para:

      • Fines públicos
      • Fines gubernamentales
      • Fines diplomáticos

 

    •  

El secretario del Tesoro, según la Orden Ejecutiva, debe identificar los fondos como propiedad soberana venezolana en custodia, aunque los depósitos están en Qatar. Estados Unidos tomará las decisiones, pues tiene esos recursos a su disposición. Por eso, esta indicación aparece textualmente en la Orden Ejecutiva.

El secretario del Tesoro cumplirá instrucciones de desembolsos o transferencias autorizados por el secretario de Estado y, cuando corresponda, hará consultas con los secretarios de Energía, Justicia y Estado.

 

5. Canalización interna en Venezuela

Una publicación del 27 de enero del Banco Central de Venezuela (BCV) informó que recibieron los primeros 300 millones de dólares y luego fueron canalizados al mercado cambiario mediante bancos privados. En la misma nota señaló que el sistema cambiario está en proceso de adaptación y que se irán incorporando más instituciones financieras.

Los bancos que participaron en las primeras subastas fueron seleccionados, según el fundador y director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, por ser los bancos privados más importantes de Venezuela:

La subasta de 300 millones de dólares se realizó en varias rondas. En la subasta inicial las ofertas estuvieron bajas por parte de los empresarios, así que los primeros compradores fueron bancos pequeños y las exchanges autorizadas, informó una fuente a Transparencia Venezuela.

En las siguientes rondas los principales beneficiarios fueron grandes empresas con cuentas en el exterior y acceso al sistema SWIFT de los sectores alimentos y medicinas (80%), otros sectores (15%) y personas naturales (5%), según el economista Grisanti.

El BCV también informó en su portal web que estaba en curso una nueva oferta por 200 millones de dólares. Sin embargo, hasta el 30 de enero no se había confirmado.

Las nuevas instituciones financieras habilitadas son Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común y Banco Venezolano de Crédito.

 

6. Destino de los bolívares

Tras las subastas los bolívares obtenidos pasan al Gobierno de Venezuela ¿Van a las cuentas de la Tesorería en el BCV o a fondos extrapresupuestarios?

Esos bolívares deben destinarse a gastos públicos conforme a un presupuesto que, en teoría, fue previamente validado por el secretario de Estado de Estados Unidos. En esta primera subasta de 300 millones de dólares, los bolívares estarían siendo destinados a salarios y otros gastos corrientes.

 

7. Auditorías

Marco Rubio anunció en la interpelación del Senado: “EE. UU. auditará cómo se usaron los primeros 300 millones de dólares.”

También señaló que para los futuros 2.500 y 3.000 millones de dólares, Estados Unidos autorizará previamente en qué pueden gastarse los ingresos.

Transparencia Venezuela solicita que se publiquen los beneficiarios de las subastas y la auditoría.

 

LO QUE NO SE SABE / ZONAS GRISES

1. Identidad y rol de los bancos en Qatar

      • No se ha revelado qué bancos específicos en Qatar administran los fideicomisos.
      • Se desconoce qué tipo de contratos existen entre Estados Unidos, Qatar y esas entidades.
      • Tampoco se tiene información sobre la participación de bancos centrales, bancos comerciales o vehículos especiales.

 

2. Diseño operativo del fideicomiso.

No se conocen públicamente:

      • Los estatutos del fideicomiso.
      • Las reglas de rendición de cuentas.
      • Si existen auditores independientes (no estadounidenses).
      • Los mecanismos de resolución de disputas

El presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, John Jovanovich, dijo en una entrevista que los mecanismos para garantizar la responsabilidad y la transparencia de los fondos por las ventas de crudo venezolano son un trabajo en progreso, por lo que esta agencia estaría contribuyendo a diseñar las auditorías a la ejecución de los fondos, tal como sugirió Marcos Rubio.

 

3. Alcance real del control estadounidense

No está claro hasta qué punto Estados Unidos puede vetar gastos específicos del Gobierno venezolano. Hasta qué nivel de desagregación el secretario de Estado aprueba partidas presupuestarias: ¿Rubros generales, (salud, educación, etc.)? ¿programas concretos (por ejemplo, adquisición de medicamentos para enfermedades crónicas)? o ¿pagos específicos (compra de insulina a un proveedor en particular)?

Los senadores del congreso de Estados Unidos solicitaron ver los acuerdos con Qatar, al respecto, la Orden Ejecutiva señala que el secretario del Tesoro debe rendir informes periódicos y un informe final sobre los fondos al Congreso estadounidense.

Tampoco se conoce el grado de discrecionalidad en la selección de proveedores logísticos, destinos del crudo, proveedores de bienes de primera necesidad, pagos a acreedores de Estados Unidos etc.

 

4. Transparencia pública

No hay información disponible sobre:

      • La periodicidad y contenido de los informes sobre el uso de los fondos.
      • Publicación de auditorías.
      • Acceso del Parlamento venezolano o de organismos multilaterales.
      • Discrecionalidad de las partes involucradas: tomadores de decisiones, autoridades encargadas en Venezuela.

 

5. Sostenibilidad del mecanismo

El mecanismo está descrito explícitamente como de corto plazo, pero ¿qué debe ocurrir para que termine este mecanismo? ¿Una transición política con nuevos actores en la dirección del Estado venezolano?, ¿un nuevo proceso electoral?

 

Los fondos de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anunció la creación en Venezuela de dos fondos el día 15 de enero de 2026 para utilizar el dinero proveniente de las ventas de petróleo realizadas por Estados Unidos.

Una publicación de Crónica Uno reseñó las siguientes declaraciones de la presidenta encargada:

“El primer fondo será de protección social para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras; que las divisas vayan directo a los hospitales, las escuelas, la alimentación y la vivienda”.

¿A qué divisas se refiere Delcy Rodríguez? La información es que las divisas fueron a subastas a través de los bancos privados seleccionados y al Gobierno solo le llegan bolívares.

También ordenó la creación de un “fondo soberano” de infraestructura y servicios orientado al desarrollo económico y social, “para que esos recursos se destinen al agua, la electricidad y la vialidad”, —sectores considerados servicios públicos esenciales—.

Hasta el momento no se ha dicho si estos fondos requerirán aprobación legislativa adicional —más allá de su anuncio político— ni cómo se articularán con el presupuesto nacional vigente o si se mantendrá la práctica de ejecutar los recursos a través de fondos extrapresupuestarios que impiden la consolidación de cuentas y el control fiscal.

Delcy Rodríguez también solicitó la puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita transparentar el uso de los recursos provenientes de la renta petrolera, —los ingresos que el Estado obtiene por la explotación de hidrocarburos—, a fin de que el proceso esté “desprovisto de burocracia, corrupción e indolencia”. Reconoció la, hasta ahora vicepresidenta los problemas de burocracia, corrupción e indolencia del Gobierno.

Se puede contratar la creación de una plataforma tecnológica, pero dudamos que de verdad se transparenten todos los contratos, los procesos de selección, los objetivos por desembolsos, el control y supervisión de la ejecución física y financiera, etc.

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El misterio de los 450 millones de euros venezolanos desaparecidos en Bulgaria

Transparencia Venezuela, 30 de enero de 2026. El combate a la corrupción no es tarea sencilla: ni siquiera detectarla garantiza su fin. Y prueba de ello es el caso de los cerca de 500 millones de euros (594 millones de dólares) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que fueron desviados a un banco en Bulgaria, donde el grueso del dinero se evaporó pese a que las autoridades ordenaron su congelación.

La revelación la hizo Bivol, un sitio web especializado en periodismo de investigación búlgaro, que tuvo acceso al expediente 16709/2022 que la Fiscalía del país centroeuropeo inició por presunta legitimación de capitales a través del banco Investbank.

Según la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas, todas ellas pertenecientes al abogado Tsvetan Tsanev.

El nombre de este profesional del derecho es conocido por las autoridades búlgaras e internacionales, pues ha estado implicado en casos de narcotráfico y una investigación publicada en 2015 por el Proyecto de Informes de Investigación de Italia (IRPI) y Bivol sobre la participación de la Cosa Nostra en el comercio de diamantes de sangre de Zimbabwe, según el Proyecto de Denuncia de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).

 

De la desaparición del dinero

Las transferencias hacia Investbank fueron detectadas por las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido, que alertaron a sus pares búlgaros, recordó Bivol. En febrero de 2019, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS), a petición de la Embajada de Estados Unidos, solicitó la congelación de las cuentas

Durante este interín, la fiscalía búlgara archivó la averiguación, pero no porque considerara que no hubiera delito, sino porque el caso fue remitido a Estados Unidos.

No obstante, el fiscal ordenó a la DANS que no suspendiera la vigilancia de las cuentas. Pero, en un auto de 2024, se indica que el importe total de los fondos congelados en el país es apenas de 46 millones.

Pero, ¿qué pasó con el resto del dinero?

Las autoridades búlgaras creen que los fondos fueron transferidos a sociedades offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, y se accedió a la banca electrónica de estas cuentas desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, reveló Bivol.

 

Bajo sospecha

Por su parte, desde el banco búlgaro Investbank defendieron la legalidad de las operaciones.

«Los fondos depositados en la cuenta fiduciaria se han depositado legalmente, de conformidad con todos los requisitos regulatorios y las sanciones internacionales», declaró en 2019 el banco en un comunicado, publicó en su momento la agencia de noticias Reuters. 

«No existen transacciones sancionadas relacionadas con la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)», aseguraron.

Esta no es la primera vez que Investbank es mencionado en escándalos de corrupción. En 2022, se conoció que el entonces director de la institución, Lubomir Karimanski, había ayudado a oligarcas rusos a legitimar capitales en otras jurisdicciones, de acuerdo con investigaciones de la inteligencia financiera estadounidense (FINCEN).

 

No solo Pdvsa

De la resolución de la Fiscalía búlgara de 2024 se desprende que el dinero de las cuentas del abogado Tsvetan Tsanev forma parte de un flujo monetario trasnacional a gran escala procedente de empresas estatales venezolanas como Pdvsa, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

El banco búlgaro se utilizó como un “eslabón intermedio” en una compleja cadena que pasaba por Portugal, Liechtenstein y Suiza, apuntó Bilvo.

En estas operaciones también estaría involucrado ya el exministro de Producción Nacional, Álex Saab Morán, quien antes de ocupar cargos en el Estado venezolano obtuvo jugosos contratos de este para importar alimentos que serían distribuidos a través del cuestionado programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de acuerdo con las autoridades búlgaras.

La justicia estadounidense  acusó a Álex Saab , y a sus socios, incluyendo al exgobernador venezolano José Gregorio Vielma Mora de enriquecerse al adquirir alimentos de baja calidad o a punto de expirar. 

Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, detenido en Venezuela por la trama Pdvsa- Cripto, se habrían asociado con el abogado Tsanev para desviar los fondos. Una versión que Tsanev negó al portal Armando.info en 2019: “El señor Álex Saab Morán no es mi cliente y no tengo el honor de conocerlo”.

El negocio que buscaba consolidar el fraude electoral en Venezuela

Transparencia Venezuela, 27 de enero de 2026. La automatización electoral en Venezuela es, al mismo tiempo, una historia de modernización tecnológica a gran escala y un caso de estudio sobre cómo inversiones públicas de cientos de millones de dólares pueden con el tiempo quedar atrapadas en un entramado de opacidad, corrupción, conflictos de interés que implica usar el poder regulador del Gobierno venezolano para forzar a proveedores de tecnología a ceder derechos de cobro y uso sobre un sistema
de votación, como lo ha denunciado Smartmatic, y, en última instancia, la manipulación de resultados facilitada por privados beneficiados por negocios con el Estado.

Entre 1998 y 2025, el Estado venezolano ha destinado varios cientos de millones de dólares a la construcción, operación y sustitución de sistemas de automatización electoral, de los cuales una fracción significativa se ha traducido en pérdidas directas (como las de las megaelecciones de 2000 o el incendio de 2020), otra en deudas e impagos en disputa internacional y otra en rentas privadas capturadas por proveedores que operan en entornos de opacidad y concentración extrema.

El proceso de automatización que culminó con la adulteración de los resultados de la elección presidencial del año 2024 comenzó hace más de 40 años. Aunque las autoridades venezolanas realizaron distintas pruebas de automatización en el cómputo de resultados
en los procesos de los años 1992, 1993 y 1995, el principal impulso para abandonar el cómputo manual de los votos puede asociarse a las reformas legales de 1997 cuando la novedosa Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política eliminó el Consejo Supremo Electoral y creó al Consejo Nacional Electoral con el propósito de buscar la despartidización de las decisiones electorales y concretar la automatización electoral, como vía para elevar la eficiencia y la transparencia de los resultados.

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Suiza no solo congeló las cuentas a Maduro sino a otros 36 venezolanos por cuatro años

Transparencia Venezuela, 27 de enero de 2026. Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Suiza anunció que congelaba “todos los activos” que pudiera tener el exgobernante venezolano en el país alpino por espacio de cuatro años.

Sin embargo, Maduro no fue el único al que las autoridades helvéticas impusieron esta medida. En la resolución, fechada el 5 de enero, se presenta también una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes en Suiza serán inmovilizados con el propósito de evitar que los “activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza”, se lee en la ordenanza dictada por el Consejo Federal, máximo organismo de Gobierno suizo.

 

¿Quiénes son esos otros 36 venezolanos objeto de la medida?

Figuran en la lista la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los tres hijos de ella —Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores—, así como su sobrino, Erik Malpica Flores, quien fue el extesorero de Venezuela y ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El excanciller y actual diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Marleny Contreras Hernández, también fueron objeto de la congelación de bienes, por ser considerados “personas políticamente expuestas”. Lo mismo que el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; y su primo , Diego Salazar, quien se encuentra detenido en Venezuela por su participación en hechos de corrupción.

 

Los presuntos corruptos de siempre

En la lista de personas cuyos posibles bienes en Suiza fueron congelados figuran nombres conocidos por su aparición en connotados casos de corrupción. Ejemplos de ello son los empresarios Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, directivos de la firma Derwick Associates y quienes tienen procesos abiertos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en tramas para desfalcar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la crisis eléctrica de 2009 y luego legitimar esos capitales en el exterior.

Otros nombres que figuran en la lista suiza y que son conocidos en Venezuela y en otras jurisdicciones, por su vinculación con hechos de corrupción que afectaron a Pdvsa, son los de Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos,  quienes fueron  viceministros de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, mientras que Alvarado también fue expresidente de la extinta Electricidad de Caracas.

El extesorero de la Nación y expresidente Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Alejandro Andrade; y los propietarios de Globovisión, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, también fueron objeto de la medida. Los tres han sido mencionados en investigaciones sobre la adjudicación irregular de bonos de la República, previo pago de sobornos.

Andrade llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos y admitió que recibió USD 1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros para facilitarles operaciones cambiarias favorables. Y aunque en 2018 fue condenado a 10 años de prisión, solo pasó una breve temporada tras las rejas por su amplia colaboración para desarticular la red implicada en la trama

Suiza bajo secreto

¿Cuánto dinero y propiedades han sido confiscados en virtud de esta ordenanza? Las autoridades suizas evitaron responder esta pregunta a Transparencia Venezuela.

“En este momento, no se puede proporcionar información sobre posibles activos congelados en virtud de la ordenanza sobre la congelación de activos relacionados con Venezuela, que se basa en la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros (FIAA)”, explicaron desde el Departamento Federal de Asuntos Extranjeros.

Tras recordar que este proceso apenas se inició el 5 de enero, desde el organismo federal recordaron que los bancos y demás instituciones financieras están en la obligación de reportar cualquier fondo que pudiera ser objeto de la ordenanza.

En 2021, los diarios Le Matin Dimanche y Tribune de Genève aseguraron que en Suiza había más de USD 10.000 millones de dólares vinculados al gobierno de Maduro.

 

Aumentando la lista

Los 37 venezolanos a los que se les impuso la congelación de cuentas no son los primeros en ser sancionados por las autoridades suizas. Desde marzo de 2018, las autoridades del país alpino han tomado medidas contra 70 venezolanos, en su mayoría funcionarios civiles y militares acusados de violar derechos humanos y atentar contra la democracia.

Sin embargo, contra este último grupo Suiza no solo tomó medidas contra su patrimonio, sino que también les prohibió el ingreso a su territorio y la venta de equipos y tecnología que pudiera emplearse para la represión o la vigilancia. Estas medidas se adoptaron en conjunto con la Unión Europea (UE).

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Sin empleo y con una condena de más de un año de prisión: así comenzó el año Álex Saab

Transparencia Venezuela 22 de enero de 2026. Álex Saab Morán no ha comenzado 2026 con buen pie.

Cuando el año no ha cumplido aún su primer mes, el empresario colombo-venezolano no solo ha perdido todos los cargos que ostentaba en el Gobierno venezolano —ministro de Industrias y Producción Nacional y jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva—, sino que también se ha conocido que fue sentenciado a un año y dos meses de cárcel por un tribunal italiano.

La condena contra Saab también alcanza a su esposa, Camilla Fabri —aún viceministra de Comunicaciones Internacionales—, quien recibió una pena de un año y siete meses de prisión. La decisión fue dictada por la jueza Paola Petti del Tribunal de Roma, tras un acuerdo de culpabilidad alcanzado a finales del año pasado con la Fiscalía italiana, instancia que los acusaba de lavado de dinero, según reportó el diario Corriere della Sera.

Las investigaciones en Italia contra Saab y su esposa se iniciaron hace seis años, cuando la pareja adquirió un apartamento en el cuarto piso de un palazzo del siglo XVIII, ubicado en la exclusiva Via dei Condotti de Roma, cerca de la turística plaza España. La propiedad está valorada en casi 5 millones de euros (unos 5,5 millones de dólares).

Via dei Condotti

Según la Fiscalía italiana, el inmueble fue comprado con fondos provenientes de actos de corrupción en los que Álex Saab habría participado en Venezuela. En concreto, el exministro —cercano al encarcelado Nicolás Maduro— presuntamente se apropió de parte de los fondos asignados por el Gobierno venezolano para la compra de alimentos del programa CLAP, que se vendían a precios subsidiados.

Posteriormente, el ahora condenado intentó ocultar el dinero en Rusia y otros paraísos fiscales, para finalmente legitimarlo en Italia mediante la adquisición de propiedades.

 

Otros detalles del fallo

El dictamen, de 17 páginas, también ordena la confiscación de bienes y fondos por casi 9,8 millones de euros (unos 11,5 millones de dólares) a la pareja, además de multas por miles de euros adicionales.

El matrimonio Saab-Fabri no fue el único objetivo de la justicia italiana: también fueron condenados hermanos y otros parientes. Entre ellos destaca Beatrice Fabri, hermana de la viceministra, de 29 años, quien recibió un año y siete meses por blanqueo de capitales, igual pena que su esposo, Lorenzo Antonelli.

Aunque la decisión implica penas de prisión, la aún funcionaria del Gobierno venezolano Camilla Fabri afirmó que no supone admisión de culpa.

«Después de seis años y medio de persecución, se cerró en Italia un caso absurdo y profundamente politizado. No hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena», escribió la esposa de Saab.

No está claro cómo se ejecutará la pena de prisión: si la pareja se trasladará a Italia para cumplirla en una cárcel o si el acuerdo judicial establece que podrán cumplirla desde su apartamento, ahora confiscado.

 

Álex Saab bajo la mira de la justicia en varios países

Los problemas judiciales han tenido como escenario Suiza, Estados Unidos, México y hasta su propio país de origen.

En su natal Colombia, y en su ciudad Barraquilla, fue investigado en 2020 por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, porque su empresa Shatex S.A habría sido la empresa fachada presuntamente para realizar exportaciones e importaciones ficticias según la fiscalía de ese país, y aunque salió bien librado en primera instancia y segunda instancia, aún la decisión no está definitivamente firme.

En una investigación en 2021, Transparencia Venezuela identificó al menos 89 empresas, registradas en 15 países, muchas de ellas activas y otras suspendidas. Solo en el caso de unas 28 empresas (26 en Panamá, 1 en Belice y 1 en Estados Unidos) se determinó quiénes fueron las personas o bufetes que prestaron sus servicios para constituirlas.

Los nexos de Álex Saab con el Gobierno de Venezuela se iniciaron en la época del fallecido Hugo Chávez, pero se ampliaron con la llegada de Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores en marzo de 2013.

En 2019, Estados Unidos sancionó al ahora exministro Saab nacido en Barranquilla (Colombia) por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos con el Gobierno venezolano sin licitación. En 2020 fue detenido en Cabo Verde a solicitud de las autoridades estadounidenses y en octubre de 2021 extraditado a ese país.

Sin embargo, tras pasar cerca de tres años en prisión fue excarcelado en diciembre de 2023, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, en el marco de unas negociaciones que el Ejecutivo de Maduro mantuvo con la administración del presidente demócrata Joe Biden para asegurar unas elecciones presidenciales limpias en 2024, algo que no ocurrió.

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