La receta de EE.UU. surte efecto sobre las flotas oscuras en enero
por | febrero 18, 2026 | Noticias, Qué hacemos , Slider Home | 0 Comentario
En el primer mes del 2026, al menos 33% de los tanqueros petroleros vistos en Venezuela eran irregulares, mientras que en diciembre representaron 47%. Fueron 99 los buques identificados con su señal AIS encendida, que representan 18 más que los vistos en diciembre (81).
La intervención directa de EE.UU en las políticas energéticas de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores provocó un cambio radical en enero: las exportaciones subieron a cerca de 800.000 bpd y los clientes se diversificaron: Estados Unidos adquirió 284.000 bpd; China 156.000 bpd; las empresas Reliance de India, Repsol de España, mientras que otras volvieron a comprar.
Transparencia Venezuela, 17 de febrero de 2026. El movimiento de la llamada flota oscura en nuestras aguas territoriales está cambiando. El monitoreo del flujo de buques en las costas de Venezuela en enero 2026, comparado con los meses previos, muestra un nuevo panorama de comercio petrolero que era de esperarse, luego de nueve intercepciones de embarcaciones y la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.
El total de buques observados en enero de 2026 fue de 114, una cantidad cercana a la vista en diciembre de 2025 (112), pero hubo cambios significativos: los buques identificados con su señal AIS encendida son 99, la mayor cantidad desde que se realiza el monitoreo, y representan 18 más que los vistos en diciembre (81).
Del total de buques identificados (99), tenían bandera internacional 82 y 17 de Venezuela. En cambio, los buques con señales AIS apagadas fueron 15, es decir, la mitad de los vistos en diciembre (31) a través de imágenes satelitales.
Las 15 embarcaciones en modo oscuro es la menor respecto a todos los meses previos, así como el número de embarcaciones irregulares que sumaron 38, si le añadimos los 23 sancionados y furtivos identificados en este período. De tal manera que en enero 33% de los tanqueros petroleros vistos en Venezuela eran irregulares, mientras que en diciembre representaron 47%.
¿Cómo se explica esta cantidad de buques irregulares?
En diciembre los contrabandistas de crudo sancionado intentaron aumentar la cantidad comercializada y por eso se observaron más navíos oscuros, al menos 31. Probablemente el éxito del Seahorse al entrar a Venezuela el 23 de noviembre y también salir, luego de un intento de intercepción de las fuerzas armadas estadounidenses, animó la llegada de más buques en modo oscuro a finales de ese mes y principios de diciembre.
Se estima entonces que los 15 vistos con señales apagadas en enero son parte de los 31 observados en diciembre que quedaron cercados en aguas territoriales de Venezuela, junto a 18 sancionados y furtivos presentes desde noviembre, uno desde diciembre, a los que se agregan cuatro irregulares que arribaron en enero: Nabiin, Volans, PVT Azura y Olina. Este último fue interceptado y obligado a regresar a Venezuela el 9 de enero, en una operación conjunta entre Washington y Caracas, mientras los otros tres permanecen en cerca de nuestras costas.
Todos los buques interceptados desde el 10 de diciembre entraban y salían de Venezuela con sus señales AIS apagadas o emitiendo señales falsas (spoofing), por lo menos desde el mes de julio, fecha en la que inició el monitoreo de navíos por parte de Transparencia Venezuela.
Por otro lado, el seguimiento permitió comprobar que varios tanqueros fantasmas desviaron su curso de las costas venezolanas, ya en diciembre, tratando de evitar ser confiscados. Entre ellos, el Boltaris, con bandera de Benín y carga de nafta rusa con destino a Venezuela, que cambió su trayectoria el 15 de diciembre.
Otro hallazgo del seguimiento en enero, respecto a los meses previos, es el aumento de la cantidad de buques que permanecieron menos de seis días en Venezuela: 33 frente a los 17 del mes de diciembre.
En relación con las operaciones de trasiego (STS), se detectaron dos, una cantidad menor respecto al mes de diciembre (5) y de noviembre (13). Los STS ocurrieron en Caquetíos, una zona discreta, próxima al puerto de Amuay del estado Falcón, en donde se observaron operaciones irregulares en los meses previos.


El impacto comercial de la cuarentena
Las exportaciones de hidrocarburos cayeron en diciembre alrededor de 350 mil barriles diarios según Vortexa, mientras que Reuters afirma que la caída fue superior a 450 mil barriles diarios. El cerco marítimo provocó un colapso logístico, pues los tanques de almacenamiento en tierra y marítimos de Pdvsa llegaron a su tope y obligaron el cierre de pozos. Pero, la intervención directa de Estados Unidos en las políticas energéticas de Venezuela a partir de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores provocó un cambio radical en el mes de enero; las exportaciones subieron a cerca de 800.000 bpd y los clientes se diversificaron: Estados Unidos adquirió 284.000 bpd; China 156.000 bpd; las empresas Reliance de India, Repsol de España y otras volvieron a comprar.
Habiendo sido China el principal destinatario de la exportación opaca de crudo venezolano hasta noviembre, es el país más afectado por la “cuarentena” de Estados Unidos, aunque operativamente no le genera consecuencias como nación por sus vastos almacenamientos, sí le afecta a las nuevas empresas operadoras en Venezuela como China Concord Resources, Accumes Holding, Anhui Guangda Mining Investing Co y Conbest Group C.A., beneficiarias de Contratos de Participación Productiva (CPP), acordados de forma clandestina, que les permitían la comercialización de su producción como pago por su actividad. También enfrentan desafíos las pequeñas refinerías receptoras de crudo sancionado en la provincia de Shandong, cuyas ganancias dependen de los descuentos logrados en las compras opacas a Venezuela e Irán.
¿Y cómo Delcy usa los nuevos ingresos?
Estados Unidos anunció que el gobierno encargado ha recibido desde enero USD 500 millones, pero no hay ningún reporte de cómo se han gastado esos recursos.
El compromiso de Delcy Rodríguez, anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, de aumento salarial aún no se concreta y nada se ha dicho de la eliminación del control cambiario, política que ha incentivado graves y múltiples casos de corrupción y seguirá promoviendo abusos por parte de quienes mantienen el poder de arbitraje.
Tras meses de desequilibrios en el mercado cambiario, a pesar del aumento en las exportaciones en 2025, la depreciación del bolívar oficial del año pasado fue del 82,7%. El diferencial entre el dólar oficial y el dólar paralelo aceleró la inflación y generó una vez más graves discrepancias entre los precios de bienes y servicios y los salarios, lo que empeoró la pobreza de millones de personas.
El pago a precio de mercado del crudo venezolano junto al control de los recursos anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, corrigieron los pronósticos de crecimiento. Hasta ahora la mejora percibida es la disminución significativa del diferencial cambiario, sin embargo, el precio del dólar oficial pasó de 301,57 bolívares el 1 de enero a 367,31 bolívares el 31 del mismo mes.





Descargue el PDF del reporte aquí
Pdvsa y el nuevo orden petrolero de Venezuela en 2026
por | febrero 16, 2026 | Noticias, Qué hacemos , Slider Home | 0 Comentario
Transparencia Venezuela, 16 de febrero de 2026. El 3 de enero de 2026, marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. El país fue escenario de una operación militar extranjera de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Este hecho no solo alteró, por primera vez en 28 años, el juego político del régimen chavista, sino que reconfiguró de forma inmediata los equilibrios geopolíticos en torno al recurso estratégico más importante de la nación: el petróleo.
En un nuevo reporte titulado Pdvsa y el nuevo orden petrolero de Venezuela en 2026 presentamos un análisis de los hechos que determinan los cambios acelerados en el sector petrolero venezolano en estos primeros días.
Para conocer los detalles haz clic aquí.





Transparencia Venezuela ratifica dos solicitudes de información a Delcy Rodríguez que aún no han sido respondidas
por | febrero 13, 2026 | Noticias, Qué hacemos , Slider Home | 0 Comentario
Transparencia Venezuela, 13 de febrero de 2026. En vista del silencio de las autoridades, nuestra organización ratifica las dos solicitudes de información dirigidas a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hechas en enero: una referida a las condiciones de exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP), contrato anunciado el 16 de enero de 2026, y otra a la producción de oro y minerales estratégicos, especialmente en lo relativo a las empresas involucradas, estadísticas y comercialización.
Han transcurrido 24 días desde que remitimos—a través de los pocos correos electrónicos disponibles—, e hicimos pública en redes sociales, la solicitud de información sobre el GLP, enviada el 19 de enero, sin recibir hasta ahora respuesta, mientras que la petición referida a producción de minerales tiene al menos 14 días sin ser respondida, desde que fue planteada el 29 de enero.
El jueves 12 de febrero fueron remitidas de nuevo ambas solicitudes a las direcciones electrónicas de los entes responsables.
Debemos enfatizar que en varias las páginas de dependencias del Estado no se suministran las direcciones de correos electrónicos correspondientes y, en muchos casos, las que están no funcionan.
Instamos a los organismos y dependencias del Estado a suministrar en sus sitios web sus direcciones de correo para facilitar la participación de los ciudadanos y activar, además, otros mecanismos de transparencia activa que permitan el ejercicio del derecho constitucional a recibir información de la Administración Pública sobre todas sus actuaciones, especialmente aquellas relativas a la gestión de los recursos del Estado.
Las dos solicitudes de información hechas por nuestra organización en enero son las siguientes:


Los casos de Saab y Gorrín: Ejemplos de la opacidad en la justicia venezolana
por | febrero 11, 2026 | Noticias, Qué hacemos , Slider Home | 0 Comentario
Transparencia Venezuela, 11 de febrero de 2026. “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. El mandato del artículo 26 de la Constitución de 1999 ha vuelto a quedar en entredicho en los últimos días con los casos del exministro de Industrias y Producción Nacional, Álex Saab Morán, y del empresario Raúl Gorrín.
El 4 de febrero circularon versiones que señalaban que Saab y Gorrín habían sido detenidos en horas de la madrugada de ese día en sus residencias en el este de Caracas. Medios internacionales como la emisora colombiana Radio Caracol aseguraron que la captura de Saab habría sido realizada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en una operación conjunta con el FBI de Estados Unidos.
La agencia de noticias Reuters se hizo eco de la versión, aunque publicó que el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negaba la detención. “Simplemente no es cierto”, declaró el defensor.
Y para añadir más confusión, las autoridades no han confirmado la noticia. “Soy diputado; esto no está dentro de mis competencias, y no tengo ni la autoridad ni la información sobre lo que usted pregunta”, declaró ese mismo día el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando unos periodistas le consultaron sobre los rumores.
Sin embargo, la intervención más confusa fue la del fiscal general Tarek William Saab. El jueves 5 de febrero, el titular del Ministerio Público aseguró a la radio colombiana La FM que “es falsa” la información sobre las aprehensiones, pero minutos después llamó al mismo medio para corregir su declaración inicial y afirmar ahora que “desconoce el tema”, reportó la emisora en su sitio web.
Hasta el momento ni las autoridades ni las familias o empresas de los señalados han aclarado la situación.
Una práctica recurrente
La opacidad reinante con relación a la suerte de Saab y de Gorrín no es algo novedoso en la justicia venezolana. Para muestra, dos ejemplos:
Tareck El Aissami. En abril de 2024, el Ministerio Público anunció que imputaría al exvicepresidente y exministro de Petróleos, Tareck El Aissami, por traición a la patria, legitimación de capitales y otros tres delitos.
El anuncio se produjo más de un año después de que El Aissami renunciara a sus puestos en el Gobierno, una vez que estalló el llamado escándalo de Pdvsa Cripto, y durante todo ese tiempo el fiscal Saab y otros funcionarios evitaron aclarar la suerte del exfuncionario, del que se dijo que estaba privado de libertad en su residencia en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. En cambio, sí reportaron sobre las 61 detenciones de funcionarios y empresarios presuntamente implicados en esta trama de corrupción.
«La investigación será la que arrojará (si tuvo responsabilidad administrativa en la corrupción descubierta), pues «responsabilidad política (sí) la tuvo» y «por eso salió», llegó a decir el entonces ministro de Comercio y hoy diputado Jesús Faría.
Bárbara César Siero. En abril de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despejó otro misterio que tenía casi tres meses instalado en su seno: la suerte de la entonces magistrada Bárbara César Siero, quien para la época era vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del máximo juzgado.
César Siero dejó de acudir a su despacho y a eventos como el acto de apertura de actividades judiciales de 2024. Esto, luego de que sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, fueran detenidos a finales de 2023 por su presunta vinculación con unas tramas conspirativas que las autoridades aseguraron haber neutralizado entre mayo y diciembre de ese año.
Pese a que la ausencia de la funcionaria implicó la parálisis de la Sala, no se convocó su suplente hasta que la instancia anunció que César Siero ya no era magistrada, reportó en su momento SupremaInjusticia.org.
Pero la opacidad no solo ha sido aplicada por las autoridades para evitar referirse a temas incómodos, sino también como estrategia contra sus adversarios.
Así, durante la represión que siguió a las protestas que se produjeron en Venezuela tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de 2024, cientos de personas fueron detenidas sin que se les permitiera contactar a sus familiares y abogados, y sin que se respetara el plazo de 48 horas estipulado en el artículo 44 de la Constitución Nacional para presentarlos ante un tribunal, denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas.
Muy solicitados en el norte
Saab y Gorrín están en la mira de las autoridades estadounidenses desde hace tiempo.
Saab, quien es colombiano de nacimiento, estuvo encerrado en una prisión estadounidense por cargos relacionados con lavado de dinero y corrupción por sus negocios con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2023 fue devuelto a Caracas a cambio de la liberación de unos estadounidenses que estaban detenidos en el país.
Por su parte, Gorrín, quien es propietario de Globovisión, figura en varias investigaciones sobre corrupción que se adelantan en Estados Unidos, algunas relacionadas con el pago de sobornos y comisiones y otras sobre legitimación de capitales.
Raúl Gorrín actualmente es prófugo de la justicia estadounidense por el esquema de sobornos en el que también participaron dos extesoreros de Venezuela— Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén— condenados en Estados Unidos.
Venezuela consigue por segundo año consecutivo la medalla de bronce en el Índice de Percepción de la Corrupción
por | febrero 10, 2026 | Informes - Globales de Corrupción, Informes de Corrupción, Noticias, Qué hacemos , Slider Home | 0 Comentario
Transparencia Venezuela, 10 de febrero de 2026. Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos, las componendas entre funcionarios y privados para apropiarse de fondos públicos y otras prácticas corruptas fueran un deporte olímpico, Venezuela habría subido al podio por segundo año consecutivo para recibir la medalla de bronce. En 2025, nuestro país terminó en el tercer lugar entre los Estados percibidos como los más corruptos del planeta, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025, por sus siglas en inglés) que anualmente elabora Transparencia Internacional.
En el estudio publicado este 10 de febrero, Venezuela obtuvo nuevamente 10/100 puntos y terminó en el puesto 180 de entre 182 evaluados. La calificación es igual a la que Venezuela consiguió en 2024 para ubicarse apenas por encima de Sudán del Sur y Somalia, que ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente, como los países percibidos como los más corruptos del globo.
¿Deberían sorprendernos estos resultados?
Nuestra organización ha documentado cómo en Venezuela se han configurado factores que determinan la captura sistémica del Estado venezolano, donde la preservación del poder por parte de la estructura cleptócrata es el único fin, por encima de las necesidades de la población. Entre estos factores están el control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de Gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control.
Sobre la consolidación de las economías ilícitas en Venezuela, nuestra organización ha rastreado en los últimos años el avance de las estructuras corruptas en Venezuela, que es un país considerado un nodo criminal trasnacional donde se ha establecido una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado, impulsando las economías ilícitas como el narcotráfico; la producción irregular y desvío del oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión en la que participan, además de las organizaciones criminales, funcionarios del Estado de distintos niveles.
También hemos sistematizados datos sobre personas de la élite o vinculadas a la élite y sobre representantes de sectores particulares que configuran redes cleptócratas. Hasta 2025 hemos identificado 787 empresas en 36 sectores, 1087 personas relacionadas—como directivos, accionistas, exdirectivos, comisarios, empleados, agentes de las empresas— y 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con algunas de estas personas. Así hemos revelado conexiones del poder con algunos privados, como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, y con aliados en sectores como el deporte.
Una investigación de Transparencia Venezuela sobre bienes decomisados en procesos judiciales, relacionados con distintas tramas corruptas que tienen su origen en Venezuela, reveló que los corruptos que se han beneficiado con el patrimonio del país tienen bloqueados casi 4.000 millones de dólares. Es un cálculo que no es definitivo, porque corresponde solo a una fracción de lo que se sabe que ha sido desfalcado.
Transparencia Venezuela además denunció cómo las autoridades recurrieron al uso de las criptomonedas para evadir sanciones internacionales y también para sus actividades ilícitas.
Pero más allá de estos hechos, en el reporte del IPC 2025 se advierte que “países con democracias plenas tienden a obtener mejores resultados, mientras que aquellos no democráticos se desempeñan peor”.
“En autocracias plenas como Venezuela o Azerbaiyán la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles”, se lee en la investigación de Transparencia Internacional.
Desde 2018, justo cuando organismos internacionales comenzaron a calificar a Venezuela como una dictadura, la evaluación en el Índice no ha hecho más que retroceder. De hecho, desde 2016, nuestro país ha descendido 7 puntos.
Señales preocupantes
Pero Venezuela no es la única que repite puesto. Dinamarca, Finlandia y Singapur también vuelven a ocupar en ese mismo orden los primeros lugares como los países percibidos como menos corruptos del planeta con 89/100; 88/100 y 84/100, respectivamente.
Y aunque hasta aquí todo pareciera revelar que no se han producido cambios, una lectura más detallada del reporte advierte retrocesos importantes, que revelan que la corrupción está avanzando incluso en democracias consolidadas. Prueba de ello es que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.
La mayoría de los países, 122 de 182, obtuvieron calificaciones por debajo de 50.
Países como Estados Unidos (64/100), Nueva Zelanda (81/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con el Índice anterior. En el caso de Estados Unidos su puntuación es la más baja hasta la fecha.
¿Por qué estos resultados? “Ha habido un preocupante patrón de restricciones a las libertades de expresión, asociación y asamblea. En la última década, se han producido interferencias políticas a las operaciones de organizaciones no gubernamentales en países como Georgia, Indonesia Perú y Túnez (…) En estos contextos es más difícil que periodistas independientes, organizaciones civiles y denunciantes puedan hablar libremente de hechos de corrupción”, se explica en el Índice.
En el informe se recuerda que Transparencia Venezuela debió cerrar sus operaciones en el país y comenzar a operar desde el exilio, como consecuencia de la serie de regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025 que hacen casi imposible que las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar adelante sus actividades.
El remedio a la enfermedad
“En un momento de crisis climática, inestabilidad y polarización, el mundo necesita de líderes que se sometan a los controles y de instituciones independientes para proteger los intereses del público más que nunca”, afirmó Maira Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional.
En el reporte, además de señalar cómo son vistos los distintos países en materia de corrupción, también se presentan seis recomendaciones para mejorar:
1. Asegurar que los poderes judiciales sean independientes, transparentes y accesibles.
2. Combatir las influencias en las tomas de decisiones políticas.
3. Garantizar a las víctimas de corrupción acceso a la justicia.
4. Proteger el espacio cívico, en particular libertades fundamentales como la expresión y acceso a la información pública.
5. Fortalecer la contraloría sobre los servicios públicos.
6. Castigar los casos de corrupción a gran escala.
El Índice clasifica a los 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio). Y para ello utiliza datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, se explica en el documento.
Vea el informe aquí y su versión en inglés aquí.
El reto de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral
por | febrero 9, 2026 | Noticias, Qué hacemos , Slider Home | 0 Comentario
La pérdida de condiciones y garantías electorales ha sido un proceso continuo, agravado paulatinamente por cada nueva directiva del Poder Electoral
Eugenio G. Martínez.
Transparencia Venezuela, 9 de febrero de 2026. Reconstruir la capacidad del Estado venezolano para organizar, administrar y arbitrar la competencia política bajo parámetros electorales de confianza, verificabilidad y aceptación de resultados se convierte en una tarea indispensable para la transición en Venezuela, especialmente si los procesos electorales se entienden como el mecanismo para la relegitimación de los cargos de elección popular, la reinstitucionalización de los poderes públicos y la resolución de las disputas por el poder.
Después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, las elecciones municipales y regionales y los comicios parlamentarios de 2025, la credibilidad, autonomía y neutralidad de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó severamente erosionada, lo que impide que futuras elecciones funcionen como un mecanismo legítimo para resolver conflictos de poder en medio de un proceso de transición política.
No obstante, el deterioro de las garantías y condiciones electorales no es atribuible exclusivamente a los actuales rectores del organismo comicial. El menoscabo en las condiciones del ciclo electoral venezolano ha sido un proceso sostenido durante las últimas dos décadas.
La actuación de las diferentes directivas que a partir de 1999 han precedido al organismo electoral generalmente han estado impactadas por las decisiones e intromisión de otros poderes. Esta dinámica demuestra que es indispensable revertir la politización en la composición del árbitro y crear condiciones verificables de autonomía para las decisiones técnicas y legales reforzando la independencia del Poder Electoral y evitando la captura institucional del organismo, los nombramientos discrecionales y la rotación basada en lealtades políticas.
La independencia real requiere un rediseño de la gobernanza interna: delimitación de competencias de órganos subalternos, protocolos que restrinjan sustituciones irregulares y extralimitaciones, y una carrera técnica que reduzca la discrecionalidad política en nombramientos en áreas operativas.
En términos constitucionales, este esfuerzo se alinea con la obligación de garantizar confiabilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia de los procesos y cumplir con el mandato de despartidización y descentralización de la administración electoral. En este sentido resulta indispensable la redacción de un Estatuto Electoral Especial que pueda normar la actuación de un CNE ad hoc para una etapa de transición política.
