Transparencia Venezuela, 29 de mayo de 2026. Los sistemas de justicia de varios países han identificado 2009 y abril de 2026 al menos 719 bienes, obtenidos con dinero que habría sido extraído ilícitamente de Venezuela por redes que armaron sofisticados esquemas de corrupción, adquiriendo propiedades y objetos de lujo en unos 21 países.

La cifra de bienes producto del saqueo sistemático a las arcas del Estado, especialmente en perjuicio de Pdvsa, va variando si los tribunales acuerdan liberaciones o hay nuevas incautaciones. Según la información de la cual se dispone hasta los momentos, estos activos están valorados en 3.993.862.935 millones de dólares.

Transparencia Venezuela, 28 de mayo de 2026. Luis Fernando Vuteff, uno de los intermediarios que integró la trama global de blanqueo conocida como Money Flight por el expolio de Pdvsa, fue procesado la semana pasada por la justicia argentina por el delito de lavado de dinero “con habitualidad” en ese país. Vuteff ya había confesado delitos ante las autoridades de Estados Unidos, luego de ser detenido en Suiza en 2022, y ahora fue embargado en su país, Argentina, por 5,1 millones de dólares por disposición del juez federal argentino, Marcelo Aguinsky.

El magistrado detalló durante su dictamen las maniobras realizadas por Vuteff para darle apariencia lícita a los capitales cuyo delito precedente había sido la corrupción en la petrolera venezolana, que son investigados en España, Estados Unidos y Portugal. El intermediario apenas registraba ingresos monetarios en Argentina en 2013, pero al año siguiente comenzó una continua adquisición de bienes, que incluía propiedades, vehículos de lujo y bonos de la deuda argentina, entre otros.

La operación comenzó con la recepción de grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias, que intentó justificar con supuestas consultorías internacionales. “El dinero que arribó a la Argentina habría sido consecuencia de lucros acaecidos en el exterior, ya que en este país Vuteff no percibía ningún tipo de ingresos, como dio cuenta la autoridad tributaria. Y eso fue sostenido por el propio Vuteff al señalar que sus entradas correspondieron a facturaciones personales y a sociedades como Starck Consulting LLC y Harper International Consulting LLC de Estados Unidos por servicios de consultoría internacional”, indicó Aguinsky.

Una vez ingresado el dinero al sistema bancario argentino, Vuteff adquirió Cedines, instrumentos financieros emitidos por el Banco Central de Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como parte de una amnistía fiscal. La investigación judicial determinó que el siguiente paso fue realizar distintas operaciones financieras, como la compra de bonos de la deuda argentina, lo que le permitió “movilizar el capital múltiples veces” como si fueran “postas financieras” con el fin de complicar la tarea de las autoridades para enlazar esas actividades con la fuente de su origen, que eran los contratos espurios con Pdvsa. 

“La compraventa de bonos habría permitido dar apariencia de legitimidad y trazabilidad a los fondos, empero el dinero utilizado para la transacción de los instrumentos financieros habría provenido de aquellas ganancias ilegítimas obtenidas por los servicios prestados para el blanqueo de divisas investigado en España y en los Estados Unidos”, detalló Aguinsky en su resolución, a la que tuvo acceso Transparencia Venezuela. Y agregó que fue una “estrategia” del acusado para iniciar “un proceso de integración de ese capital al mercado argentino”.

Vuteff y sus hermanas compraron cuatro inmuebles, dos camionetas importadas y, además, adquirieron más de un millón de dólares en el mercado cambiario local entre 2015 y 2018. ¿Cuáles fueron las principales inversiones? Un departamento sobre avenida del Libertador, a pocos metros del estadio Monumental, que pagó en efectivo. Otra propiedad en la ciudad de Buenos Aires por 400.000 dólares. Y otros dos inmuebles: el primero, un campo en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, cotizado en 575.000 dólares; el segundo, una propiedad en Trenque Lauquen por 2,3 millones de pesos.

También compró una camioneta BMW (con un valor de 100.000 dólares), otra camioneta Honda y un Audi. Adquirió en el mercado cambiario moneda extranjera por 1,1 millones de dólares, más 150.000 euros, según los datos que constan en el expediente judicial. Compró bonos de la deuda argentina por 1,2 millones de pesos.

El juez Aguinsky también remarcó la cantidad de viajes que realizó Vuteff, que demuestran su nivel de vida y que se conecta directamente con la red de blanqueo internacional conocida como Money Flight. “Vuteff registró un aumento considerable de la frecuencia de salidas del país con destino a España, justamente a partir de 2015 (habría viajado más de 20 veces a ese país entre el junio de 2015 y el septiembre 2018). Incluso, la primera salida registrada desde el 2015 habría sido el 14 de junio de ese año, con regreso cuatro días más tarde, fecha que coincide con la constitución de la sociedad Columbus One”, escribió el magistrado.

Vuteff era administrador de Columbus One Properties Hotels SL, una gestora de capitales que se dedicaba a comprar inmuebles en España. Desde allí le dio servicios a exfuncionarios y contratistas de Pdvsa para la compra de propiedades y hoteles en ese país. Vuteff armó su vida en esta última década entre Buenos Aires, Caracas y Madrid. Más allá de la familia, sus negocios estuvieron vinculados al chavismo.

La red de blanqueo

La causa que terminó con la detención de Vuteff comenzó en 2016, cuando una fuente confidencial se acercó a las autoridades de Estados Unidos en Miami, confesó su participación en un esquema de corrupción venezolana a escala global, entregó 78 millones de euros y ofreció colaborar con las autoridades. Durante dos años, la Operación Money Flight reveló una conspiración internacional para lavar fondos de Pdvsa a través de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala. Lo que empezó como una investigación sobre 78 millones terminó exponiendo un desfalco que se había multiplicado hasta los 1.200 millones.

Entre los implicados en ese caso figuraban José Vicente Amparan Cróquer, también venezolano y fugitivo, que era socio de Vuteff en la gestora inmobiliaria Columbus One en España; Carmelo Urdaneta Aqui, asesor legal del Ministerio de Petróleo venezolano, sentenciado en junio de 2022; y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA, ya sentenciado. Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, también fue acusado, detenido y luego liberado en Madrid en el marco de una orden de captura estadounidense.

El mecanismo central era un contrato de préstamo falso entre Pdvsa y una compañía fantasma venezolana llamada Rantor Capital. El exasesor legal de Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, confesó que él y otros funcionarios recibieron sobornos por colaborar en el esquema de préstamos a través de la empresa privada Eaton Global Services Limited y Rantor Capital, ligada al empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense. Lo que salía por el otro lado era plata aparentemente limpia, invertida en propiedades, cuentas y sociedades repartidas en tres continentes. Vuteff era uno de los encargados de hacer ese trabajo.

La justicia española lanzó en octubre de 2018 la “Operación Carabela”, que contó decenas de allanamientos y la detención, entre otros, del propio Vuteff. Como parte de la operación, se embargaron 115 inmuebles en España por un valor aproximado de 60 millones de euros. Vuteff había creado sofisticados mecanismos y relaciones financieras para lavar más de 200 millones de dólares entre diciembre de 2014 y agosto de 2018 provenientes de los exfuncionarios de Pdvsa, como Nervis Villalobos.

Vuteff finalmente fue detenido el 21 de junio de 2022 en Suiza y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese mismo año. El argentino enfrentó un proceso ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida y durante casi dos años negoció con los fiscales federales hasta declararse culpable. Vuteff se comprometió con el Gobierno estadounidense a cooperar con las investigaciones del entramado de Money Flight. A mediados de diciembre de 2024 acordó una condena de 30 meses de prisión.

Como parte de la instrucción judicial que pretende recuperar fondos provenientes de la corrupción, el juez argentino Aguinsky había dispuesto durante la investigación un embargo preventivo y la posterior inhibición general de bienes para evitar maniobras de elusión del acusado. Esas medidas fueron ratificadas en su dictamen de la semana pasada, que dispuso un embargo sobre los bienes de Vuteff de 5,1 millones de dólares.

Transparencia Venezuela, 18 de mayo de 2026. Frente al escenario de una posible transición en Venezuela, que afecta los ejes políticos y económicos, la discusión sobre la inversión extranjera tiene relevancia estratégica. Venezuela requiere reinsertarse en los mercados financieros globales y atraer capitales constructivos: inversiones responsables y transparentes, que contribuyan a activar los sectores con ventajas comparativas y desarrollar ventajas competitivas.

Desde Transparencia Venezuela aspiramos al genuino desarrollo sostenible del país, el que permita la ampliación de las capacidades de todos sus habitantes, así como la expansión de sus libertades; y solo en democracia esto es posible.

Para contribuir a esta discusión presentamos el análisis titulado La Trampa de la Estabilización en el que abordamos los riesgos de implementar reformas económicas, promover la llegada de inversiones y sustituir a los socios, dejando de lado la restitución de garantías civiles y políticas, lo que permitiría reconfigurar las viejas redes corruptas en un nuevo marco de relativa libertad económica, tal vez con mayores ingresos que exhiben fachadas de desarrollo que solo disfrutarán grupos conectados con el poder.

Te invitamos al leer el documento aquí.

Transparencia Venezuela, 18 de mayo de 2026. Álex Saab Morán está de vuelta en una prisión de Estados Unidos. El pasado 16 de mayo, y tras casi tres meses sin que se tuvieran noticias de él, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que el exministro de Industrias y Producción Nacional y exjefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, “ciudadano de nacionalidad colombiana”, fue objeto de una “deportación, por estar “incurso en la comisión de diversos delitos” en el país norteamericano.

¿Ciudadano colombiano?, ¿deportado? ¿incurso en delitos? Estos cambios de posición son tan irregulares como las excusas usadas en su momento para nacionalizarlo venezolano, llamarlo héroe, tapar las acusaciones por delitos de corrupción y nombrarlo ministro.

Las decisiones irregulares de antes y ahora deben tener consecuencias.

1. Sobre la nacionalidad

El comunicado del Saime deja entrever que Saab solamente posee la ciudadanía colombiana. Una versión que contradice abiertamente numerosos documentos oficiales emitidos en los últimos años, en los cuales se aprecia que el empresario nacido en la ciudad de Barranquilla había adquirido la nacionalidad venezolana, como lo prueba su cédula de identidad n ° 21.495.350.

Esto le permitió a Saab ser designado por Nicolás Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional el 18 de octubre de 2024, según figura en el decreto presidencial número 5.021, aparecido en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.846.

El artículo 35 de la Constitución establece claramente que “la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

Por su parte, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, en su artículo 48, establece ocho causales por las cuales la nacionalidad por naturalización se puede revocar y, entre ellas, figura ejecutar y colaborar “directa o indirectamente, la realización de actos contrarios a los intereses, de cualquier índole, de la República” o cuando se haya adquirido “en fraude a la ley”.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado que a Saab se le haya revocado la ciudadanía ni bajo cuál argumento. Por ello, activistas de derechos humanos, como Marino Alvarado, han exigido al Ministerio Público el inicio de una investigación para determinar cómo fue nombrado ministro.

2. ¿Y el pasaporte diplomático?

El comunicado del Saime tampoco se refiere a la supuesta condición de diplomático que ostentaba Saab.

El empresario hoy entregado fue designado el 9 de abril de 2018 como “enviado especial” del ministro de Relaciones Exteriores, con “la responsabilidad específica de manejar las relaciones comerciales entre Venezuela y la República Islámica de Irán”, según figura en la sentencia número 208 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En ese fallo se cuestionaba la detención de Álex Saab en Cabo Verde, ocurrida en junio de 2020, que se produjo a solicitud de Estados Unidos, país que meses después consiguió su extradición para procesarlo por haber lavado hasta USD 350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Durante meses, las autoridades venezolanas sostuvieron que Saab era un diplomático y que, por tanto, su detención y procesamiento constituían una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, consiguiendo pronunciamientos a favor de su liberación por parte de instancias de Naciones Unidas.

Aunque no hay claridad al respecto, se puede asumir que la inmunidad y protección que Saab gozaba por sus cargos en el Gobierno venezolano concluyeron una vez que la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo despidió como ministro a los días de los sucesos del 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados por fuerzas militares estadounidenses.

3. Deportarlo o extraditarlo sin decisión judicial

Es obvio que Estados Unidos solicitó la extradición de Álex Saab, que vinieron a buscarlo en avión norteamericano y que lo recibió la DEA con difusión de imágenes. Y aunque en Venezuela pocos o nadie sale en su defensa, el procedimiento irregular es muestra de cómo funciona la institucionalidad venezolana. Hoy es Saab, ¿mañana quién?

En el comunicado del Saime se asegura que Saab fue entregado a las autoridades judiciales estadounidenses tras ser deportado. Sin embargo, hay motivos para dudar de que el término sea el correcto. ¿Por qué? La deportación es un proceso legal mediante el cual un Gobierno expulsa a un ciudadano extranjero de su territorio hacia su país de origen o residencia.

Para hablar de deportación en este caso, Saab debería haber sido enviado a Colombia, su país natal. “Esto fue una entrega”, aseguró el abogado Zair Mundaray ().

En la página web del TSJ no figura que la Sala Penal haya dictado ninguna sentencia de extradición sobre el controvertido empresario, a quien investigaciones periodísticas señalan como testaferro de Maduro.

Aunque la Constitución prohíbe la entrega de ciudadanos venezolanos por nacimiento o naturalización, la jurisprudencia del máximo juzgado ha abierto las puertas a la entrega de los últimos a autoridades extranjeras si la nacionalidad ha sido obtenida “con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado”, como declaró la Sala Penal en su sentencia 204 del 27 de marzo de 2026.

A lo anterior hay que sumarle la opacidad que ha rodeado este caso. En febrero pasado, medios internacionales reportaron que Álex Saab había sido capturado junto al empresario venezolano Raúl Gorrín, pero esta versión jamás fue confirmada ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial ni por el Gobierno.

«Soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo competencia ni información sobre eso que planteas», declaró en ese entonces el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando se le preguntó sobre el asunto.

4. De héroe a delincuente

En su comunicado, las autoridades venezolanas también aseguran que Saab está “incurso en la comisión de diversos delitos”, lo cual representa un giro de 180 grados respecto a las posiciones que venían sosteniendo.

“No han podido. No están pudiendo en este momento en que se está llevando a juicio y, por supuesto, si realmente quedara un pequeño rastro de dignidad y de verdad en el sistema de justicia norteamericano no hay otra decisión, no hay otra forma, no hay otro dictamen que no sea que ese tribunal de Florida certifique la condición de diplomático de paz de Álex Saab y lo deje en libertad”, declaró en junio de 2022 Jorge Rodríguez.

Desde 2011, Saab obtuvo del Estado venezolano contratos para la construcción de 25.000 viviendas, para la importación de millones de cajas con alimentos para los CLAP, la venta de oro y hasta en el sector petrolero.

Transparencia Venezuela, 9 de mayo de 2026. La actualización de Transparencia Venezuela sobre las Empresas Propiedad del Estado (EPE) al 30 de abril de 2026, identificó al menos 920 empresas con participación estatal mayoritaria en Venezuela, así como los cambios que se produjeron luego de la reconfiguración de los ministerios, nuevas autoridades designadas, la participación en juntas directivas, y las modificaciones de normativas que impulsan la privatización opaca de empresas ya iniciada hace una década.