Transparencia Venezuela, 4 de diciembre de 2025. El control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control, son factores que determinan la captura sistémica del Estado venezolano, donde la preservación del poder por parte de la estructura cleptócrata es el único fin, por encima de las necesidades de la población.

Así lo señala nuestro informe Captura del Estado en Venezuela: diagnóstico comparado, elaborado a partir de los resultados del informe State Capture and Democratic Erosion in Latin America, dirigido por el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), con la colaboración del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) de Argentina, Fundación Milenio de Bolivia, el Instituto GAPAC de México y Transparencia Venezuela.

“En Venezuela, el Gobierno concentra rentas y otorga contratos opacos a empresas aliadas, debilitando la transparencia y fomentando redes de tráfico de influencias y soborno. La concentración de rentas derivadas del petróleo, el gas y la minería genera dependencia fiscal, conflictos de interés e incentivos contrarios a la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia equilibrada en el mercado. La estatal petrolera venezolana, Pdvsa, es identificada como el epicentro de la captura institucional, política y económica, utilizada como fuente principal de financiamiento político y desvíos masivos de recursos públicos”, se lee en el reporte.

El estudio aplica la metodología Evaluación Diagnóstica de Captura del Estado (SCAD, por sus siglas en inglés) adaptada al contexto de América Latina para analizar la gobernanza de los sectores de energía y minas en Argentina, Bolivia, México y Venezuela. Se analizan los conceptos de captura sistémica, híbrida, fragmentada y competitiva.

Venezuela figura en la categoría de captura sistémica definida como “una forma consolidada de captura en la que el poder político, fiscal y económico convergen plenamente. Las empresas estatales y las instituciones públicas operan como extensiones de las coaliciones gobernantes y la distribución de rentas se utiliza para sostener la estabilidad del régimen. Los mecanismos de supervisión se desmantelaron, la toma de decisiones es opaca y la autonomía institucional quedó eliminada”.

El índice alcanzado por Venezuela es peor (89%, captura sistémica) en comparación con Bolivia (80%, captura híbrida), México (70%, captura fragmentada) y Argentina (63%, captura competitiva).

Lee nuestro informe los factores que determinan el grave panorama venezolana como la captura de los sectores extractivos, la opacidad extrema y ausencia de rendición de cuentas, el desmantelamiento de contrapesos, la cooptación de la justicia y la captura del ecosistema de información.

1 de diciembre de 2025. El pasado 24 de septiembre, a las 12:52 pm, un avión Learjet 55, identificado con la matrícula venezolana YV3440, se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. En el siniestro murieron dos personas, los tripulantes, pero los dos pasajeros sobrevivieron.  

“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables”, se informó en un escueto comunicado que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) difundió a través de las redes sociales horas después del accidente. 

Apenas ocurrida la tragedia, tanto el humo como el hermetismo de las autoridades venezolanas envolvieron la aeronave, de cuyas circunstancias y ocupantes estas últimas apenas ofrecieron detalles. 

El INAC no mencionó ni la identidad de los fallecidos, ni que uno de los sobrevivientes fue Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño, cercano a la familia presidencial venezolana y gran contratista del régimen de Nicolás Maduro con compañías como Landscape Vision Corp (Lanvicorp) y Corporación Logística del Caribe, en las que ha compartido sociedad con sus hermanos Vicente y Roberto. 

Transparencia Venezuela, 25 de noviembre de 2025. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la realidad venezolana es un crudo testimonio de la violación sistemática de las garantías fundamentales que sufren las mujeres, pues el Estado, lejos de ser garante de derechos, es el principal victimario.

Tal como lo hemos denunciado la extorsión en nuestro país se ha convertido en un «paso ineludible» en casi cualquier interacción de los ciudadanos con funcionarios públicos, lo que se acentúa por la debilidad institucional, la opacidad y la impunidad. Esto adopta una dimensión particularmente cruel contra las mujeres a través de la sextorsión, una forma de corrupción que conjuga el abuso de poder con la finalidad de obtener un favor sexual a cambio de prestar algún servicio, y que es perpetrada tanto por redes criminales como, de manera alarmante, por funcionarios públicos.

En su informe del 20 de septiembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció “actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral”, entre ellos “manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención».

La instancia de la ONU incluso denunció que, tras la elección presidencial de julio de 2024, una mujer fue extorsionada sexualmente por un militar a cambio de conseguir mejores condiciones para su familiar preso. Esta práctica criminal tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y afecta desproporcionadamente a las mujeres.

El análisis de esta modalidad de extorsión con perspectiva de género revela una gran desigualdad: mientras que a los hombres se les exigen generalmente pagos en moneda, trabajo o productos, las mujeres son coaccionadas a realizar actividades sexuales para evitar ser penalizadas, castigadas o desatendidas en la situación que les atañe.

Ser mujer en Venezuela se configura como un altísimo factor de vulnerabilidad, pero pese a esta grave realidad, la sextorsión no está tipificada como delito en la legislación venezolana, lo que genera impunidad y dificulta el acceso a la justicia.

Esta coerción se intensifica en contextos de precariedad como el venezolano. La emergencia humanitaria compleja ha incrementado, por ejemplo, el riesgo de que las mujeres recurran al «sexo por supervivencia».

En Venezuela está vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 —reformada luego en 2014 y 2021—, pero  existe solo en el papel.  En la práctica, instituciones y funcionarios encargados de cumplirla y hacerla cumplir no solo no lo hacen, sino que la violentan flagrantemente.

Presas políticas: La crueldad en el sistema judicial

La persecución política se suma a este panorama de violencia de género. Más de 180 mujeres defensoras de derechos humanos, líderes sociales, abuelas, niñas y periodistas han sido sometidas a detenciones arbitrarias. Tal es el caso de la profesora y dirigente sindical Lourdes Villareal, detenida en mayo de 2025 y cuyo paradero se desconoce, lo que se configura como una presunta desaparición forzada. También la defensora Rocío San Miguel Sosa, directora de la organización Control Ciudadano, fue víctima de desaparición forzada en febrero de 2024, permaneciendo incomunicada por más de 120 horas y aún está tras las rejas.

Las detenidas por motivos políticos sufren una doble condena de abuso y negligencia. Emirlendriz Benítez, detenida en 2018 y condenada injustamente a 30 años, fue sometida a torturas que le provocaron un aborto. Las autoridades penitenciarias le han negado la atención médica urgente que necesita para sus afecciones de salud, lo que pone en peligro su vida.

La crueldad del sistema también tiene una víctima en Marggie Orozco, de 65 años y con antecedentes de dos infartos y depresión crónica, quien fue condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp que criticaba al gobierno. Yosida Vanegas Monasterios, de 67 años y jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), fue detenida en 2023 por ser madre de un preso político, a pesar de que ella misma necesitaba una colonoscopia urgente.

Estos casos de mujeres, perseguidas por su activismo cívico o por sus vínculos familiares, como Nélida Sánchez (coordinadora de organización Súmate) o Angela Lisbeth Expósito Carrillo (docente e investigadora), demuestran que la maquinaria represiva utiliza la detención y el abuso como una táctica abierta de control social y político, sin respetar las garantías constitucionales ni los derechos humanos más básicos.