Un año después, nuevamente ambas empresas –Iverco y Neminca– obtuvieron de Etesa un segundo contrato –el número GG-037-2023–, a través del Consorcio LT1 Veladero-Panamá. Esta contratación era para aumentar la capacidad, el suministro, el montaje y la modernización de la línea de transmisión de alta tensión de 230 kV, que recorre e interconecta subestaciones del interior del país hasta la provincia de Panamá.
Originalmente, el contrato era de 96.8 millones de dólares, pero –al igual que el contrato anterior– se le sumaron dos modificaciones. La primera, de 20.2 millones de dólares, aprobada por la Contraloría en vísperas de la Navidad de 2024, y la segunda, de 56 millones de dólares, refrendada en noviembre de 2025. Así, este contrato, que empezó en 96.8 millones, terminó en 173 millones de dólares, un aumento de 76.2 millones o del 79%.
Y, una vez más, ambas adendas fueron refrendadas bajo la actual administración de Mulino.
Hay un tercer contrato, adjudicado a otro consorcio, también integrado por Iverco y Neminca. Se trata del GG-019-2025, por 99.2 millones de dólares, refrendado el 1 de agosto de 2025 –sin adendas por el momento– y adjudicado por Etesa. Y, una vez más, en la presidencia de Mulino.
Si se miran estas modificaciones contractuales por periodo gubernamental, 29 millones de dólares se aprobaron bajo la gestión del anterior contralor, Gerardo Solís, y el resto –166 millones de dólares– bajo la gestión del actual contralor, Anel Flores.
En resumen, Iverco y Neminca tienen contratos con Etesa que originalmente sumaban 231.9 millones de dólares. Pero, tras las generosas adendas, se sumaron otros 194.9 millones de dólares, un aumento del 84% respecto a la inversión global primaria. Es decir, en esos contratos, Iverco y Neminca manejan, en total, 426.8 millones de dólares. Y en ambas empresas, el abogado Líctor Reyna es el agente residente, mientras que Pitti –su exsocio y hermano en la masonería– era el abogado de Etesa.
Tanto poder podía acumular Pitti en Etesa que, de hecho, el gerente de esta empresa estatal, Roy Morales, le concedió en mayo de 2025 –y por una semana– poder para “firmar todos los documentos que sean necesarios dentro de los procesos de selección de contratista y procedimientos excepcionales de contratación o cualquier otra modalidad de contratación contenida en las leyes, así como también los contratos, adendas y órdenes de compra”. Sí… contratos y adendas.
Los ‘dueños’ de Iverco
¿De quién es Iverco?
En la entrega anterior (titulada “Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos”), vimos dos nombres que se disputaban la propiedad de la empresa: José del Carmen Ureña González y Roberto Carretero. En indagatorias rendidas por Carretero al Ministerio Público –en un caso en el que el empresario fue procesado tras venderle instrumentos musicales al gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014)–, confesó que Iverco y otras 12 empresas que participaron en la venta al PAN le pertenecían a él.
En 2022, menos de dos años después de asegurar que era el propietario de Iverco, José del Carmen Ureña González presentó una nota a Etesa –bajo juramento– en la que aseguraba que él era el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco.
La Prensa solicitó aclarar esta situación a Roberto Carretero, pero no respondió un cuestionario que se le envió la semana pasada. Contestó su abogada, Marcela Araúz, para advertir que el medio no podía usar lo que su cliente dijo para defenderse de las acusaciones en los procesos en los que había sido investigado.
Pero resulta que Iverco llegó a tener, incluso otro supuesto dueño mientras Carretero aseguraba que también era su dueño.