¿Es el Estado venezolano enemigo de sus ciudadanos?

El reporte analiza el impacto de la extorsión perpetrada por funcionarios en las garantías elementales de los venezolanos. “Se está ante la presencia de un Estado enemigo de los ciudadanos, que incumple de manera flagrante cualquier vestigio de garantía y disfrute de sus derechos”, se lee en el reporte, en el que se destaca que no se conoce ningún caso de indemnización y reparación integral a las víctimas, incluido el pago por los daños y perjuicios; ni mucho menos se sabe de iniciativas legislativas que apunten hacia ese objetivo.

Además, el texto presenta un acercamiento detallado del impacto negativo en los derechos humanos, tomando en consideración el organismo que incurre en la extorsión y la modalidad aplicada.

Diez tipos de víctimas de extorsión de grupos criminales

En el informe se destaca que la extorsión por parte de grupos criminales no distingue estrato social, ocupación ni espacio geográfico donde se habite, pues todos los venezolanos están expuestos, aunque estas organizaciones actúan a sus anchas en zonas fronterizas.  

Entre los actores de la extorsión netamente criminal se mencionan la guerrilla colombiana (disidencias de las FARC y el ELN), las bandas extorsivas regionales y las megabandas criminales, que se dedican a la extorsión, aunque no en forma exclusiva como el Tren del Llano, el Tren de Guayana y el temido Tren de Aragua.

Para aproximarse a la extorsión criminal se presentan al menos 10 tipos de víctimas de estos grupos, aunque pueden existir otras, entre las que se cuentan familias vulnerables, transportistas, pescadores, productores agropecuarios, comerciantes y empresarios, escuelas privadas; mineros, indígenas y comunidades del sur de Venezuela; privados de libertad, migrantes y deportistas.

Se presenta, además, un análisis de cómo la práctica extorsiva de las bandas criminales afecta la vida y el ejercicio de los derechos de los venezolanos, pues, aunque su accionar no constituye una violación de derechos humanos en su exacta definición, si es una muestra de la negligencia y, muchas veces, la complicidad de algunas autoridades a la hora de frenar su avance.

Además, la investigación identifica ocho tipos de facilitadores de diferente naturaleza, perfil y envergadura, que contribuyen con estos grupos criminales, desde lavadores de dinero, funcionarios que reciben sobornos, hasta asesores en tecnología, proveedores de armas o personas de zonas humildes que actúan como “dateadores”.

El informe incluye una evalución también de la normativa venezolana en materia de extorsión y enumera las debilidades de los organismos responsables de combatir este delito, cuyas competencias son similares, sin una clara delimitación; que ofrecen información incompleta y datos dispersos; que no dan estadísticas ni análisis de las amenazas y desafíos con respecto a este delito, entre otras deficiencias. Además, parte de las autoridades responsables de prevenir o atacar la extorsión, han sido sancionadas por otras naciones e investigadas por narcotráfico o corrupción en jurisdicciones extranjeras.

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¿En defensa de nuestra riqueza mineral?

El reporte analiza las funciones y las autoridades de cada uno de los nueve los entes con competencias para dictar políticas, investigar y sancionar ilícitos relacionados con el tráfico ilícito de oro, así como de los cuerpos de seguridad y defensa presentes en el Arco Minero del Orinoco (FANB, Sebin, Dgcim).

Los entes del Estado son la Vicepresidencia Sectorial de Economía; el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (al que están adscritos la Compañía General de Minería de Venezuela C.A., el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección de Minería, la Corporación Venezolana de Minería, el Instituto Nacional de Geología y Minería y la Fundación Misión Piar); el BCV y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas

Se hace énfasis en la presencia militar en algunos de estos organismos. Por ejemplo, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), que es la representante del Estado venezolano en la mayoría de las alianzas estratégicas y que desde 2020 ha aumentado su poder, tuvo tres presidentes en 2024 todos ellos militares: el mayor general Carlos Alberto Osorio Zambrano (2019-2024); el mayor general del Ejército, José Santiago Moreno Martínez, que solo estuvo un par de meses, y en noviembre fue designado general de división del Ejército, retirado, Rodolfo Marco Torres, uno de los funcionarios con acusaciones internacionales por corrupción y sancionado por Canadá. Estados Unidos y Panamá.

También el general de división del Ejército, Richard Alexis Sánchez Arias, está al frente del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, mientras que el vicealmirante Ovelio Barrera Corrales, dirige la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

Además, se destaca que ninguno de estos organismos publica el presupuesto del que disponen ni su ejecución, tampoco los proyectos, contratos o alianzas que realizan. Al menos dos de esos entes han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por usar el oro para sostener el gobierno de Nicolás Maduro: la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven) y el BCV.

En cuanto a los organismos de seguridad y defensa se destaca que la mayoría de sus autoridades tienen abiertas causas penales por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos, o están sancionados a nivel internacional.

Entre tanto, los grupos delictivos siguen actuando a sus anchas, pese a la gran seguridad que se despliega en el llamado Arco Minero del Orinoco. En octubre de 2024 se contabilizaron 23 alcabalas en el recorrido de 535 kilómetros, que va desde la ciudad de Upata hasta Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, en frontera con Brasil. También hay un incremento de funcionarios en las alcabalas, de variados rangos “desde funcionarios rasos hasta comandantes”.

La criminalidad bañada en oro

En el informe se señala que detrás de la explotación y el comercio ilícito del oro hay personas y empresas que facilitan las operaciones, en muchas ocasiones, con completo conocimiento de funcionarios públicos.

Se analizan los grupos netamente criminales que “extorsionan a mineros, dueños de molinos y propietarios de comercios, dan permisos para trabajar en las minas y exigen un pago de entre 25 y 30% de todo lo que se extrae”. Y también a los facilitadores, “esos actores que con un rol más formal proveen servicios, falsifican documentos, cuidan los cargamentos que salen por contrabando, entre otros”.

Entre las bandas criminales, ya consolidadas, presentes en las minas se encuentran el Tren de Guayana (Vista el Sol, Guasipati y El Callao), la Organización R (Tumeremo), El “Negro Fabio” (El Dorado), El sistema de “Juancho” y compañía (Las Claritas y el Km 88) y el UMB30 o sistema de El ciego (La Paragua y El Manteco). Se destaca que se mantienen los mismos cabecillas y que desde 2019 no se conocen enfrentamientos entre ellos ni con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

El reporte actualiza la información sobre la devastación de la tierra fértil, la contaminación de las aguas y la desaparición de bosques; también la afectación en los derechos más fundamentales de la población en esas zonas, en especial de las comunidades indígenas; así como los desplazamientos forzados, la violencia y los conflictos. Al final del análisis se presentan, además, algunas propuestas que buscan que se impongan “la soberanía, las buenas prácticas y el respeto por la sociedad y el ambiente”.

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¿Cuáles son las particularidades del Tren de Aragua?

1. Estructura jerárquica: red de nodos autónomos para la gestión

Se hace referencia a la estructura jerárquica del Tren de Aragua a lo interno de la cárcel de Tocorón (pran o jefe, lugartenientes o pranes, luceros, escuderos y gariteros), que replicó en otros espacios en territorio venezolano. Pero se destaca que en otros países desarrolló “estructuras de redes criminales modernas, ágiles y versátiles”. Cada célula “mantiene líneas separadas de negocio, existiendo vínculos de coordinación y colaboración entre ellas, para evitar problemas y aumentar las utilidades”.

También se destaca el rol de las mujeres en puestos de liderazgo como el caso de Wanda del Valle Bermúdez, alias la “Bebecita del crimen” o “La Bebecita del TikTok” detenida en Colombia y extraditada a Perú a finales de 2024; así como la “elevada capacidad de reemplazar a sus integrantes, que también pueden asumir roles intercambiables”.

2. Centro de mando en Venezuela

Se señalan los vínculos que mantienen las diferentes unidades, células o nodos de la red, con los jefes jerárquicos en Venezuela, según lo revelan las investigaciones en países de Sudamérica sobre la trazabilidad del dinero y los mensajes de algunos de los capturados en plataformas digitales como WhatsApp.

“Desde Venezuela se coordinan los términos de las alianzas con bandas locales y se provee de recursos y capacidades: armas, migrantes, contactos y dinero”, señala el reporte.

3. Estructura sofisticada de lavado de dinero

La banda delictiva ha logrado infiltrar las economías de los países donde opera, con negocios de apariencia legítima que facilitan el blanqueo de capitales. En Chile, por ejemplo, el Tren de Aragua utiliza a migrantes con documentación legal para adquirir bienes como locales de comida rápida, servicios de alimentación para empresas, autobuses para transporte público; casas entre otras propiedades.

En Perú, se detectó que el Tren de Aragua hace envíos recurrentes de dinero a Venezuela por diversos sistemas de transferencia con montos bajos que pasaban desapercibidos, mientas que Interpol ha registrado que también usa “Bitcoin”. Otras de sus formas de lavar de dinero son los préstamos de dinero “gota a gota” y hasta en “transacciones vinculadas con el deporte, como el béisbol”.

4. Alianzas y franquicias

Se explica que el Tren de Aragua negocia con las bandas locales estableciendo límites a su actividad, “en principio en los barrios donde se asienta la población venezolana migrante y, en una segunda fase, extendiendo su influencia a otras zonas y a otros negocios ilícitos”.

Autoridades de Chile detectaron que esta banda criminal usa un sistema de “franquicias”, para permitir el uso de “su marca” a otras organizaciones de menor poderío, a cambio de un pago. En ese país fueron identificadas varias células como: “Los Hijos de Dios”, “Puros Hermanos Sicarios”, “Los Gallegos del Tren de Aragua”, “Los Injertos del Tren de Aragua” y “Dinastía Alayón”.

5. Gran capacidad de adaptación a la situación delictiva en cada país

Se destaca justamente cómo este grupo delictivo tiene la capacidad de negociar con organizaciones criminales en los espacios que ocupa, como ocurrió en Brasil con la temida “empresa criminal” Primeiro Comando da Capital (PCC). “Policías de Brasil entrevistados confirman que el Tren de Aragua se pliega y subordina a los negocios de la poderosa banda, ofreciendo sus capacidades y recursos, esperando una parte de los beneficios ilícitos”, se apunta en el reporte.

En México se identificó una alianza entre el Tren de Aragua y el llamado Cartel de la Empresa, una rama del Cartel de Juárez, según información de una dependencia fiscal del estado de Chihuahua. Analistas de este país consideran que la banda criminal encuentra espacios porque tiene capacidad económica para poder operar.

Pero también se destaca que el Tren de Aragua ha encontrado resistencia en el ELN en la frontera con Colombia; que se ha enfrentado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Clan del Golfo, en Bogotá y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la frontera entre el departamento colombiano de Arauca y Apure. Tampoco pudo avanzar en Ecuador, donde operan organizaciones criminales como Los Lobos, Los Choneros y los Lagartos.

6. Actos atroces

“Los crímenes del Tren de Aragua son especialmente crueles porque descuartizan a sus víctimas, les infringen decenas de disparos, las torturan y publican los videos de estos actos en las redes sociales”, se lee en el análisis, en que se citan ejemplos como restos esparcidos en bolsas negras en Bogotá; además del caso de dos hombres sepultados vivos en Perú y una trabajadora sexual trans acribillada de 30 disparos, también en ese país, entre otras atrocidades.

7. Uso de los migrantes

El Tren de Aragua adoptó el tráfico de migrantes como actividad central a partir del éxodo de venezolanos, especialmente desde 2017, estableciendo un sistema de “coyotes” con “agencias de turismo” para sacar provecho económico de la tragedia de decenas de miles de personas que salieron de Venezuela huyendo de la emergencia humanitaria compleja. Esa oportunidad de negocio los llevó a seguir a los migrantes y apoderarse del mercado en las poblaciones donde se asentaban especialmente los venezolanos.

El Tren de Aragua se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos que, por su situación irregular, tienen miedo de seguir un proceso legal, por la sensación de falta de protección o por la desconfianza en el sistema judicial del país que los acoge. “Los venezolanos no tienen cultura de denuncia, o no denuncian porque hay prácticas que se encuentran naturalizadas como medio de supervivencia. Además, desconocen el sistema jurídico del fenómeno delictivo y se convierten en víctimas del delito invisible que genera impunidad”, se lee en el reporte.

8. Diversificación de delitos

El Tren de Aragua comenzó su accionar trasnacional en el mercado de la trata y tráfico de personas usando a los migrantes, pero no es una organización que se dedica solo a un tipo de actividad delictiva. Sus delitos abarcan también extorsión, robo con violencia, secuestro, homicidios, minería ilegal, contrabando, cobro de vacuna, tráfico de drogas a nivel local, lavado de dinero y sicariato.

9. Control territorial

El análisis considera opiniones de expertos que señalan que el Tren de Aragua ejerce dominio en los espacios territoriales en los que actúa, definido como “gobernanza criminal” ejercida a través de la cooptación y de la coerción estableciendo “un orden social”.

Se señala que esta organización criminal “es un actor que desafía la autoridad del Estado o la ´complementa´, en búsqueda del control económico y social de los espacios que ocupa”.

10. Prestación de servicios

El Tren de Aragua es un prestador de servicios a otras organizaciones criminales, a través del crimen por encargo o sicariato, según reportes de las fiscalías y policías de Perú y de Chile.

En enero de 2025 las autoridades de chilenas señalaron al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello Rondón, de presuntamente contratar al Tren de Aragua para asesinar a Ronald Ojeda, militar venezolano que estaba en calidad de refugiado político en ese país.

11. Similitudes con carteles mexicanos

Se destaca el análisis del exdirector del Departamento de Homicidio y Protección de Pessoa (DHPP) de Roraima, en Brasil, Marcos Lázaro, que “observa similitudes del Tren de Aragua con carteles mexicanos, que cometen crímenes como robo, narcotráfico, explotación sexual, explotación de inmigrantes y asesinatos brutales”.

Esto, aunque el Tren de Aragua se presenta como la única organización criminal de las más temidas en la región, que no centra su actividad en el tráfico de drogas, según se señala en el reporte.

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Los objetivos no han sido alcanzados en hidrocarburos

El análisis refiere cómo hasta 2018 el financiamiento en hidrocarburos alcanzó 25.000 millones de dólares: en inversiones (3.707 millones), en préstamos del Fondo Conjunto Chino Venezolano y Fondo Gran Volumen Largo Plazo (12.000 millones) y otros recursos aportados (9.315 millones). Pero la mayoría de los proyectos no se concretaron y las negociaciones se orientaron a redefinir las condiciones de pago de la deuda.

La situación en 2024 no fue alentadora. De las ocho empresas mixtas con capital chino que se crearon en Venezuela, solo dos (Sinovensa y Petrozumano) están produciendo, pero muy por debajo de sus objetivos. “La producción promedio de ambas empresas en el último trimestre de 2024 fue de 100.000 b/d, lo que significó un crecimiento del 20% respecto al año 2023 y representó el 17% del total de la producción de las empresas mixtas al cierre del año; Sinovensa, produjo en promedio 99.000 b/d, mientras que Petrozumano produjo 1.000 b/d”, afirma en el informe.

También en 2024 las empresas de China, Anhui Erhuan Petroleum Group y Kerui Petroleum, recibieron dos contratos de explotación petrolera en Venezuela. La primera en la empresa mixta Petrokariña que se estima produce 200 b/d, mientras que la segunda participará en el campo Ayacucho 2 de la Faja Petrolífera del Orinoco, que no había sido explotado.

Se destaca también que en la reunión la XVII reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) en 2023 no se mencionaron formalmente acuerdos en hidrocarburos, mientras que a finales de 2024 la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez (nombrada tras el encarcelamiento de Pedro Tellechea), anunció la firma de un acta sobre “un nuevo camino energético y financiero” entre Venezuela y China, pero no hay información adicional sobre las implicaciones de este documento.

Menos que dinero, más ideología

El reporte advierte que los chinos tienen interés en promover “su poder agudo y sutil a través de la colaboración diplomática, la cooperación mediática y el apoyo frente a crisis políticas que tienen impacto internacional”. De allí su rápido reconocimiento a Maduro tras la elección del 28 de julio de 2024.

A cambio, Venezuela sirve de campo de prueba para las tecnologías de control y vigilancia ciudadana de China, contribuyendo a expandir en medios oficiales su perspectiva geopolítica lo que se traduce en una relación de poder desbalanceada y perjudicial para los venezolanos.

En el sector tecnológico, la empresa Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas (CEIEC por sus siglas en inglés) es el proveedor de software y hardware para el bloqueo de páginas web, censurando contenidos y filtrando información que no favorezcan al régimen. Se señala que es una versión similar al Gran Muro digital que mantiene Beijing para el control en su país. También se refiere que la empresa china ZTE, multada en EE UU, construyó la base de datos del Sistema Patria, considerado un instrumento de vigilancia y coacción social en Venezuela, tarea por la que cobró unos 70 millones de dólares.

El apoyo chino también se concreta en seguridad y defensa. Aunque se advierte que las cifras en 2024 no están disponibles, se señala que China fue el proveedor más importante para Venezuela en el área de defensa entre 2014 y 2023, pero justamente ese último año el país hizo más compras en equipamiento bélico a Irán (51, 25 millones de dólares) superiores a las realizadas a China (USD 30 millones de dólares).

“Entre los principales suministros de China se encuentran aviones de entrenamiento K-8, tanques ligeros VN-16, misiles antitanque y antibuque C-802A, morteros autopropulsados, camiones tácticos Beiben 2629, VN- 4 de transporte blindado de personal, fusil de precisión NSG-1, dron portátil DJI Mavic Air y el radar electrónico 3D JY-11B en manos del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai) que China prueba en Venezuela desde 2019 para identificar vehículos, interceptar comunicaciones privadas y de vehículos militares”,  se lee en la publicación.

Se agrega que, en marzo de 2024 el Codai divulgó que recibió nuevos sistemas de interferencia de frecuencia contra vehículos no tripulados (drones) de la firma china Skyfend, del modelo Hunter SHH10031.

En las reuniones de 2023 se habló sin detalles de cooperación en materia de salud y el desarrollo minero, fortalecer el Plan Nacional de Geología y apoyar la cuantificación y certificación de reservas minerales. También se firmaron acuerdo entre 2022 y 2024 en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en el sector de las comunicaciones.

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¿Combate o complicidad?

“Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande” actualiza la información sobre los actores en este negocio ilícito, entre los que se cuentan los carteles criminales, como el Cartel de Los Soles, Cartel de Sinaloa (México), Cartel del Golfo (Colombia); también los grupos guerrilleros (disidencias de las FARC y el ELN) y las megabandas criminales, como el Tren de Aragua.

Son grupos que debido a los altos niveles de corrupción han sabido burlar muchos de los controles oficiales durante años y “han ganado aliados dentro de instituciones formales para mantener el negocio en pie y repartir las ganancias”, señala el informe.

Se destaca que uno de los principales cambios relacionados con el narcotráfico en Venezuela es la designación de nuevas autoridades encargadas de combatir este negocio ilícito, especialmente el nombramiento, en agosto de 2024, de Diosdado cabello Rondón como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, además de vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz. Bajo su mando queda la seguridad ciudadana, la coordinación y supervisión de la actuación de los cuerpos policiales, así como las políticas públicas sobre el tráfico, consumo ilícito de drogas y legitimación de capitales. También desde la vicepresidencia regula cualquier actividad coordinada entre ministerios para de garantizar el control del narcotráfico.

Cabello Rondón es señalado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, de ser presuntamente miembro del Cartel de Los Soles, “integrado por militares de alto rango en Venezuela que pasaron de ser actores pasivos que permitían la movilización de mercancía, hasta convertirse en operadores activos del narcotráfico encargados de crear las rutas, gestionar los envíos y cobrar las ganancias”, se lee en el reporte. Se trata del mismo expediente judicial en el que fue condenado, en abril de 2024, el general Clíver Alcalá Cordones a 22 años de prisión y por el cual aún espera juicio el también general Hugo Carvajal Barrios, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

En el texto se señala que son diez organismos los encargados de la lucha antinarcóticos en Venezuela. Además del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, están otros órganos que dependen de las instrucciones de Cabello Rondón: la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft); el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Se destaca también que, en noviembre de 2024, Cabello Rondón designó como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) al mayor general Danny Ramón Ferrer Sandrea, quien en febrero de 2025 aseguró que se decomisaron 40 toneladas de drogas en todo 2024, “una cifra 23% más baja que la reportada el año previo cuando se decomisaron más de 52 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína y marihuana”.

La disminución de las incautaciones en Venezuela se da en momentos en que los reportes de organismos internacionales advierten sobre el incremento “pronunciado y prolongado tanto de la oferta como de la demanda de cocaína” desde el año 2022. A esto se agrega que, en 2024 las autoridades colombianas incautaron más de 848 toneladas de cocaína (14% más que en 2023), y 452 toneladas de marihuana, (8% más que el año anterior). 

Otros organismos con competencia en drogas en Venezuela son el Ministerio Público y los tribunales; el Ministerio de Defensa, que incluye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Comité Antidrogas. En este punto el informe señala que “las máximas autoridades de los entes encargados de luchar contra el narcotráfico en Venezuela han sido además sancionadas por varios países de América y Europa, por socavamiento de la democracia y el Estado de derecho, corrupción y violación a los derechos humanos”.

¿Quiénes facilitan el negocio de la droga en Venezuela?

Transparencia Venezuela en el exilio revela una lista de actores que participan en la cadena del tráfico ilícito de drogas, desde la producción hasta el lavado de las ganancias, muchas de las cuales actúan desde dentro de instituciones formales, que mantienen el negocio de las drogas en pie. Van desde organizaciones de variada procedencia y tamaño, algunas no interesadas en la violencia, hasta quienes están en los sembradíos.

Entre los facilitadores de las drogas en Venezuela identificados están los proveedores de insumos químicos para procesar y filtrar la droga; de armas de fuego; de transporte marítimo y personas a cargo de embarcaciones; de transporte aéreo y pilotos; y de transporte terrestre y conductores.

También empresarios que usan compañías para exportar e importar la droga, así como para lavar dinero; negociadores y encargados de la logística para la exportación; asesores en tecnología; agentes financieros que admiten el ingreso del dinero ilícito en el sistema bancario y bursátil y agentes no financieros para lavar dinero.

En el ámbito institucional hay registro de casos de funcionarios que facilitan el negocio de las drogas, como militares y policías encargados de los controles en territorios y puntos de control, que protegen los cargamentos; jueces, fiscales, funcionarios de aduanas, de registros públicos, instituciones de la banca pública; y de órganos de control del sistema financiero.

“Esta identificación se logró luego de la revisión de instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica de Drogas y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sentencias publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia, notas de prensa de entes públicos con competencia en seguridad y justicia y trabajos de investigación publicados por medios de comunicación independientes”, señala el reporte, con ejemplos específicos en cada caso.

¿Qué hay que saber sobre las rutas de las drogas en territorio venezolano?

De acuerdo con el informe, las rutas de ingreso de la droga en Venezuela se mantienen y están principalmente en los estados Zulia, Táchira y Apure que limitan con la región del Catatumbo en Colombia, considerada el principal enclave de cultivos de coca de ese país. Desde estos estados salen los narcóticos rumbo a las islas del Caribe, Centroamérica y Europa.

Zulia sigue destacando como el principal puente de la droga, con rutas plenamente identificadas. “Usualmente emplean los ríos Catatumbo y Tarra para transportar los envíos, así como pistas clandestinas en ambos lados de la frontera”, se lee en el informe. En este estado hay reportes sobre las actividades con drogas de la banda criminal Tren de Aragua, designado en 2025 como grupo terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos, y la presencia de ELN, que también extiende sus actividades a otras zonas del país, especialmente Táchira y Apure.

En el occidente juega un papel importante en el tránsito de la droga por el estado Falcón, cuya cercanía con otros países del Caribe es aprovechada por las organizaciones criminales para sacar su mercancía hacia Aruba y Curazao. En el centro del país transita la droga por los estados La Guaira (anteriormente Vargas) y Carabobo, donde están los principales puertos y aeropuertos venezolanos. Al oeste hay rutas del narcotráfico en Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago.

Puedes leer el informe completo aquí