Se llama Carretero, pero sus negocios vuelan con Maduro (y familia)
Ilustración: Armando.info
En plena agonía de Hugo Chávez, Nicolás Maduro no sólo preservó el poder, sino que trazó el camino para que los sobrinos de su esposa fueran beneficiados con más de 5 millones de dólares mediante sospechosas transferencias de un empresario panameño que recibió distintos contratos con el Estado venezolano
Por: Transparencia Venezuela en el Exilio, Iván Ruiz (CLIP), Roberto Deniz (Armando.Info) y Rolando Rodríguez B. (La Prensa)
La relación del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano con el régimen de Nicolás Maduro es una fiesta. Comenzó en 2013, mientras Hugo Chávez luchaba contra el cáncer, y se mantiene hasta hoy. Este empresario y sus hermanos, de larga trayectoria en los negocios con Cuba, consiguieron contratos en Venezuela para construir gimnasios, un estadio de béisbol, un centro de convenciones; remodelar hoteles e importar juguetes, neumáticos y electrodomésticos por 769 millones de dólares.
Los favores también fluyeron en sentido contrario. Juan Carlos López Tovar y quien fuera su pareja, Iriamni Malpica Flores, la sobrina de Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro), recibieron pagos de las compañías de los Carretero por, al menos, 5,8 millones de dólares a nombre de una sociedad. Mientras el régimen de Maduro le pagaba los jugosos contratos al empresario panameño y el sobrino político recibía millones en dólares, los dos volaban juntos en jets privados y se hicieron socios en varias compañías.
Estos son los principales hallazgos de una investigación transfronteriza entre Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info (Venezuela) y La Prensa (Panamá). El trabajo se basa en una filtración de documentos secretos que revelan los movimientos financieros, cheques, correos electrónicos, cartas y documentación crediticia de López Tovar, Iriamni Malpica Flores y de compañías de Ramón Carretero Napolitano en los bancos AllBank de Panamá y el Banco del Orinoco en Curazao entre 2014 y 2015.
Ambos bancos, que fueron liquidados tras irse a la quiebra por incumplimiento con sus ahorristas y otras irregularidades, pertenecieron a Víctor Vargas Irausquín, conocido como el “banquero de Chávez” gracias al auge que tuvo su grupo financiero B.O.D en Venezuela en tiempos del Comandante.
Además de sistematizar las decenas de archivos filtrados, esta alianza periodística consultó expedientes judiciales, chequeó registros públicos y entrevistó a una decena de fuentes en tres países.
López Tovar, 38 años para esa época, también fue socio en Venezuela de su cuñado Carlos Erik Malpica Flores -conocido como el sobrino favorito de Cilia Flores- en varias empresas. Aficionado por los caballos, López Tovar recibía en 2014 el dinero enviado por las compañías de Carretero Napolitano y, luego, reenviaba parte de ese capital a las cuentas bancarias de su mujer para sus gastos, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración.
Por su parte, Iriamni Malpica Flores transitaba en 2014 sus últimos meses como funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde 2015, a sus 40 años, su nombre comenzó a aparecer como directiva de una decena de sociedades panameñas -tal como consta en el Registro Público de Panamá- que en 2018 fueron sancionadas por las autoridades de ese país por sospechas de manejos irregulares.
Mientras crecía la pobreza y los venezolanos sufrían uno de los años más duros del desabastecimiento, la sobrina de Cilia Flores y su pareja eran elenco estable en las grandes tiendas panameñas, como el almacén Félix B. Maduro (sin relación con el presidente venezolano). Los negocios de 2014 ameritaron un festejo a lo grande para esa Navidad: el 23 de diciembre compraron en Louis Vuitton, Gucci y Salvatore Ferragamo regalos por casi 9.000 dólares, según aparece en sus consumos de tarjeta de crédito, que también forman parte de la filtración.
Las fichas en posición estratégica
Como si se tratara de una partida de ajedrez, los involucrados movieron sus fichas desde temprano. Cuando aún era vicepresidente, Maduro nombró en noviembre de 2012 a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, como director principal del consejo directivo de la Fundación Pro-Patria 2000, una entidad del Estado venezolano que ya existía pero que no tenía asignado presupuesto.
Luego, en abril de 2013, como “Presidente encargado” tras confirmarse la muerte de Chávez, Maduro puso a la Fundación Pro-Patria 2000 bajo control del Despacho de la Presidencia. Y ya como flamante Presidente de la República, tras vencer con ajustado margen y sospechas de abusos a Henrique Capriles, designó en mayo de 2014 como cabeza de Pro-Patria 2000 a un hijo de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, según consta en las Gacetas Oficiales número 40.045, 40.137 y 40.405.
En agosto de 2013, Ramón Carretero Napolitano y su hermano Vicente abrieron sucursal en Caracas de su compañía panameña Landscape Vision Corporation (Lanvicorp).
Contratos y movimientos sospechosos
Con los Flores al mando, en apenas siete meses, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, la empresa de Ramón Carretero Napolitano firmó tres contratos con la Fundación Pro-Patria 2000 por alrededor de 700 millones de dólares para la construcción de obras civiles, de acuerdo con documentos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) obtenidos para este reportaje y a los datos del Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC).
Las obras eran 20 gimnasios verticales (unas estructuras para prácticas deportivas en zonas populares), la remodelación de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe en el estado de Vargas, además del levantamiento de un Centro de Convenciones en esa misma entidad costera y el estadio de béisbol “Hugo Chávez” en La Rinconada, Caracas.
Entre 2013 y 2014, una vez firmado los contratos, la empresa de Carretero Napolitano, Lanvicorp, recibió en sus cuentas del AllBank y el Banco del Orinoco, al menos, 138 millones de dólares en desembolsos del Fonden como adelanto para el inicio de las obras, según los registros bancarios que forman parte de la filtración. Los balances financieros muestran que, acto seguido, la propia Lanvicorp y otras compañías de Carretero Napolitano enviaron dinero a cuentas relacionadas con la sobrina de Cilia Flores y su entonces pareja, López Tovar.
Así, la Corporación Logística del Caribe S.A, otra sociedad de los Carretero Napolitano, solicitó el 28 de mayo de 2014 ante la junta directiva pagar 5 millones de dólares a López Tovar. La orden fue firmada por el propio Ramón apenas dos semanas después de que el gobierno de Maduro desembolsara desde Fonden 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp.
Una investigación de Reuters, publicada en septiembre de 2012, reveló que entre 2005 y 2012 el Fonden, creado por Chávez en 2005 para sortear controles financieros de otros poderes, manejó 100.000 millones de dólares.
La operación se repitió en junio de 2014: el 25 de ese mes Lanvicorp recibió del Fonden otra transferencia por 20,6 millones de dólares en su cuenta en el Banco del Orinoco. Un día después, López Tovar acreditó en su cuenta personal un cheque por 500.000 dólares emitido por Carretero Napolitano desde la misma Lavincorp, según los documentos filtrados.
Las transferencias llamaron la atención en Panamá. El departamento de cumplimiento del Allbank abrió expedientes internos para investigar movimientos sospechosos del matrimonio López-Malpica, según documentos internos a los que accedió este equipo. Los empleados de Allbank sospecharon irregularidades a principios de julio de 2014, después de que López Tovar depositara el cheque por los 500.000 dólares que había sido emitido por la compañía de Carretero.
“En nuestro sistema de monitoreo tenemos una transacción inusual reflejada en la cuenta del Sr. Juan Carlos López Tovar”, advirtió una oficial de cumplimiento el 7 de julio. Y agregó: “su perfil no es acorde al movimiento de fondos realizados. Se requiere ampliación de procedencia de fondos”. Ese hilo de correos electrónicos también hace referencia a los productos bancarios que tenía junto a su esposa. “Las transferencias depositadas a la Sra. Iriamni Malpica: es la cuenta de la esposa para sus gastos”.
El departamento de compliance de Allbank abrió un segundo expediente cuando ingresó el cheque por los 5 millones de dólares (expedido por Corporación Logística del Caribe) en la cuenta de la compañía Technical Support Trading S.A, registrada en Panamá y cuyo beneficiario real era López Tovar. El cheque venía acompañado por una nota de Carretero Napolitano donde indicaba que tales fondos correspondían a “dividendos” que López Tovar percibía por su actividad en esta empresa.
Desde Corporación Logística del Caribe también se emitieron otras dos notas para recomendar a López Tovar e Iriamni Malpica ante el Allbank, días antes de que la pareja solicitara un crédito hipotecario para comprar un departamento en la Ciudad de Panamá. La empresa asegura en esa carta que él “labora como administrador” y detallaron que la sobrina de Cilia Flores trabajaba “como contadora” de la compañía.
Esta alianza periodística envió un cuestionario por correo electrónico a Carretero a través de una de sus empresas. Una abogada del empresario panameño se puso en contacto con este equipo horas antes de la publicación, pero no envió las respuesta. También se mandaron preguntas a López Tovar por correo electrónico pero no respondió las consultas. A pesar de los reiterados intentos de este equipo, no se pudo contactar a Iriamni Malpica Flores por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni tampoco a través de López Tovar.
Los casos fueron presentados por el departamento de compliance en juntas internas del Allbank y, a lo largo del proceso, los representantes de los empresarios panameños entregaron como documentación probatoria los contratos que Lanvicorp había ganado con el gobierno venezolano, según aparece en la filtración. Adjuntaron, entre otras cosas, una presentación en PowerPoint con fotos sobre el avance de las obras y, además, los empresarios organizaron un viaje para las autoridades del banco a su sede de Caracas para demostrar la supuesta transparencia de la compañía y el origen lícito de los fondos.
Allbank permitió en ese momento que las cuentas continuarán operativas. Desatendieron la relación familiar de López Tovar e Iriamni Malpica Flores con la primera dama de Venezuela, así como el hecho de que otros familiares como Carlos Malpica Flores y Walter Gavidia Flores hubieran sido directivos de la institución venezolana que otorgó las millonarias contrataciones a la empresa de Carretero Napolitano.
En noviembre de 2015, tras la continuación de la investigación del departamento de compliance, Allbank finalmente resolvió cerrar todas sus cuentas y, días después, envió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.
Dos años más tarde, en julio de 2017, Carlos Malpica Flores fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el gobierno de Panamá sancionó a 16 empresas registradas en ese país ligadas a los Flores y López Tovar, incluyendo a Technical Support Trading, la misma que recibió en 2014 varios millones de dólares provenientes de compañías de Ramón Carretero Napolitano. En junio de 2022 la administración de Joe Biden retiró la sanción contra Malpica Flores, que, luego de su paso por la Fundación Pro-Patria 2000, fue tesorero de la República de Venezuela y vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Carlos Erik Malpica Flores, hermano de Iriamni Malpica Flores, ex director de la Fundación Pro-Patria 2000
Volando juntos
López Tovar y Carretero Napolitano mantuvieron una relación estrecha desde 2014, justo cuando el empresario fue beneficiado con contratos públicos. No sólo compartieron decenas de vuelos privados que conectaban Venezuela y Panamá, sino que el sobrino político de Cilia Flores y el empresario se convirtieron en socios de tres compañías.
Viajaron, al menos, 28 veces juntos en jets privados entre 2014 y 2015, según información de las oficinas de Migraciones de Panamá y de Venezuela, también obtenida por esta alianza periodística. Muchos de esos vuelos privados se realizaron entre marzo y mayo de 2014, el mismo período en que salían los pagos millonarios del régimen de Maduro en favor del empresario panameño.
Producción y diseño: Gabriela Garzón y Luisa Fernanda López
El lunes 17 de marzo de 2014 ambos despegaron desde el aeropuerto Albrook en Panamá en el jet matrícula HP-1776 rumbo al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Tres días después, el 20 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro oficializó la adjudicación de la obra en favor de Lanvicorp para la construcción del estadio de béisbol “Hugo Chávez”. Ese mismo día, ambos regresaron a Panamá en el mismo avión privado, según los registros de Migraciones.
Algo similar ocurrió en mayo: viajaron juntos a Venezuela el día 22 y volvieron el 24. Cuatro días después, Carretero firmó la solicitud ante la junta de su empresa para pagarle los 5 millones de dólares a López Tovar. Otro ejemplo: el 2 de junio volvieron juntos en un jet privado rumbo a Panamá y tres días después, el Fonden envió uno de los pagos por 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp, según un resumen de la cuenta bancaria en el Banco de Orinoco que forma parte de la filtración.
La sociedad del sobrino político de Maduro y Carretero Napolitano ya había quedado oficializada en mayo, cuando el panameño aseguró ante la junta de Corporación Logística del Caribe que López Tovar cobraría 5 millones de dólares en concepto de “dividendos”, pero esa relación se amplió.
Ambos constituyeron el 24 de junio de 2014 las sociedades panameñas Galeras del Este y Grupo Carrelop, esta última con un nombre que combina sus apellidos. El objeto social de ambas empresas es amplio e incluye desde el desarrollo de negocios de bienes raíces y construcción en general, hasta el alquiler de aviones de carga, avionetas y helicópteros. Además, López Tovar asumió dos semanas más tarde como secretario y tesorero en la junta directiva de la empresa Pro Hogares SA, cuyo presidente es Carretero.
Los vuelos privados compartidos se volvieron frecuentes ese año entre finales de septiembre y finales de octubre, cuando hicieron tres viajes ida-vuelta entre Panamá y Venezuela. El 13 de noviembre, dos días después de haber compartido uno de estos vuelos, Technical Support Trading SA, la empresa panameña cuyo beneficiario final es López Tovar, acreditó en su cuenta del Allbank otro cheque por 3 millones de dólares, aunque esta vez el banco no informó quién envió ese dinero.
Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que consiguió contratos con el régimen de Maduro por más de 700 millones de dólares.
La Fiscalía de Panamá ya tocaba las puertas del Allbank en enero de 2015 para indagar sobre los movimientos bancarios de las empresas de Carretero Napolitano en esa institución, según se desprende de los correos electrónicos filtrados. Como ya había hecho con Iriamni Malpica Flores y López Tovar, la institución financiera también abrió expedientes internos para analizar los flujos que recibían y enviaban las empresas de Carretero Napolitano por pedido del Commerzbank.
A pesar de las indagaciones sobre el origen y destino de los fondos, la relación económica entre el matrimonio y Carretero fluía en la misma dirección: Lanvicorp giró cheques mensualmente a López Tovar entre enero y octubre de 2015 inclusive. Fueron al menos 14 cheques desde Corporación Logística del Caribe y Lanvicorp que suman 298.500 dólares. Entre los cheques emitidos, cada mes hay uno por 2.719,85 dólares, y en al menos dos casos quedó registrado que se trata del pago del apartamento del edificio The Pearl, la dirección oficial de López Tovar e Iriamni Malpica Flores, una propiedad que habían adquirido ese mismo año con un crédito hipotecario. La cuota de ese préstamo más otra prenda con Allbank para adquirir dos autos suman esa misma cuota mensual con el banco de 2.719,85 dólares.
Las sospechas de la justicia panameña, así como los incumplimientos y demoras en las obras de Venezuela no frenaron la suerte de los Carretero Napolitano con el gobierno venezolano. Tanto Corporación Logística del Caribe como Lanvicorp obtuvieron más contratos públicos entre 2016 y 2018, ya no para la construcción de obras civiles, sino para el suministro de mercancías.
El 9 de diciembre de 2016 la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Coprovex), un holding creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas, firmó con Lanvicorp el contrato número 0139 por 4,5 millones de dólares para la adquisición de juguetes, a solicitud del Ministerio del Despacho de la Presidencia, el mismo que desde abril de 2013 se había quedado con el control de la Fundación Pro-Patria 2000.
Un mes después, en enero de 2017, Corpovex firmó con Lanvicorp un negocio por poco más de 37 millones de dólares para la “adquisición de equipos tecnológicos” para el llamado “Carnet de la patria”, una cédula que almacena información de los usuarios y que ha sido catalogado como un instrumento de control social del gobierno de Maduro.
Además, Corporación Logística del Caribe obtuvo otros tres contratos de entidades públicas en Venezuela, que en conjunto sumaban poco más de 8 millones de dólares y 17,3 millones de euros (19,6 millones dólares, según la cotización de ese momento). Con estos acuerdos, la compañía de los Carretero Napolitano se comprometía a vender 3,7 millones de juguetes, 4.843 electrodomésticos y 77.610 neumáticos.
Una vida de lujo
Mientras los venezolanos sufrían uno de los años más duros del desabastecimiento y se adentraban en una crisis que se prolongó durante una década, la sobrina de Cilia Flores y su pareja eran elenco estable en las grandes tiendas. La vida panameña de la sobrina de Cilia Flores y su pareja alternaba viajes en aviones privados, destinos paradisíacos, departamentos de lujo y ostentosas compras.
Su bitácora de vuelos de esos años correspondía a la de un magnate o un superejecutivo. Desde 2014 hasta 2023, López Tovar realizó 181 viajes en jets privados, según los registros de Migraciones de Panamá. No sólo en el itinerario de ida y vuelta Panamá-Venezuela, sino también a otros destinos entre 2014 y 2017, cuando visitó Estados Unidos (antes de la sanción impuesta por el gobierno de ese país), Alemania, Colombia, Costa Rica, Barbados, Curazao y Saint Marteen.
La bonanza de la pareja también quedó en evidencia con la compra de bienes desde 2014, mientras prosperaban los negocios de Carretero con el gobierno venezolano. López Tovar estuvo involucrado en operaciones inmobiliarias en Panamá por tres propiedades cuyas cotizaciones superaban los 3 millones de dólares al momento de su compra.
En agosto de 2014, López Tovar y Malpica Flores compraron un apartamento en el edificio Pearl at the Sea y dos plazas de estacionamiento por 835.000 dólares. Era una propiedad seminueva en un rascacielos de 70 pisos sobre la playa de Ciudad de Panamá. Los visitantes son recibidos en un lujoso vestíbulo de doble altura en un edificio con piscina, gimnasio y ascensores de alta velocidad, según detallan en la página web del condominio.
¿Cómo compraron esa propiedad? Del monto total, 501.000 dólares fueron cubiertos por un crédito hipotecario del Allbank, obtenido tras una carta de recomendación firmada por Carretero Napolitano. Finalmente, esa propiedad fue vendida el 14 de diciembre de 2017 a la empresa Inversiones Portofino Corp por 740.000 dólares, según consta en el Registro Público de Panamá. Uno de los directivos de Portofino Corp, José Manuel Martínez López, fue socio de López Tovar en la empresa panameña Parques de Lefevre, SA, creada en 2016.
El sobrino político de Maduro compró un segundo inmueble en agosto de 2017 por 930.000 dólares, ubicado en el Condominio Caguamo N°1 que, según los documentos oficiales, todavía está a su nombre.
También adquirió una propiedad por 1,5 millones de dólares el 7 de junio de 2018. Para tal operación, el empresario aparece como fideicomitente del fideicomiso Capital Trust & Finance, cuyo beneficiario es Capital Bank Inc. El objetivo del fideicomiso es garantizar un préstamo para la compra de una propiedad. La vendió en diciembre de 2021 por 1,3 millones de dólares.
A Iriamni Malpica Flores y su pareja les gustaba, además, ostentar su bienestar económico. Prácticamente todos los meses ellos compraban en tiendas de lujo, como Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Dolce Gabbana y Hugo Boss. Gastaron casi 50.000 dólares en productos de esas marcas en un año y medio, según se desprenden de los resúmenes de tarjetas de créditos de Allbank de 2014 y 2015, filtrados para esta investigación.
La relación de Ramón Carretero Napolitano con el régimen de Maduro aún persiste hoy. Ni siquiera los retrasos de varios años en la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez o en la remodelación de los hoteles en La Guaira han frenado aquello que comenzó casi en el mismo momento en que Maduro se aseguró la presidencia de la República en abril de 2013.
Con la colaboración de Ángela Cantador (CLIP) y Rigoberto Carvajal (CLIP) del equipo técnico de CLIP, que limpiaron, sistematizaron y analizaron los registros sobre los registros de Migraciones para esta investigación
Negocios de familias revela cómo millonarios contratos públicos con el régimen de Nicolás Maduro beneficiaron no sólo al empresario panameño Carretero Napolitano, sino también a los Malpica Flores, parientes de la primera dama venezolana. Es una investigación realizada por Transparencia Venezuela en el Exili, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Armando.Info (Venezuela) y La Prensa (Panamá).
Negocios de familias revela cómo millonarios contratos públicos con el régimen de Nicolás Maduro beneficiaron no sólo al empresario panameño Carretero Napolitano, sino también a los Malpica Flores, parientes de la primera dama venezolana. Es una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, Armando.Info (Venezuela) y La Prensa (Panamá).
Purga de alcaldes en el negocio del narcotráfico
qLorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Los municipios Almirante Padilla y Miranda son una suerte de válvula geográfica para los cargamentos de droga que circulan desde la Bahía El Tablazo, en la salida del Lago de Maracaibo, hacia el golfo de Venezuela y el mar Caribe.
Transparencia Venezuela, 25 de abril de 2025. Zulia es un estado que limita nada menos que con la región colombiana del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, donde “hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca”, según lo confirmó en marzo de este año el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La purga de alcaldes impulsada desde el gobierno venezolano, la mayoría acusados de tráfico de drogas, pone el acento en lo que ha sido una denuncia reiterada: Zulia es una ruta clave de ingreso de la droga y un eje para el crimen organizado. Esto, justo en momentos en que Venezuela se prepara para unas elecciones regionales.
Por lo menos desde hace dos décadas la autodenominada Revolución Bolivariana ha ejercido un fuerte control sobre los municipios Almirante Padilla y Miranda, cabeceras del tránsito marítimo del narcotráfico y una de sus vías expeditas hacia el Caribe. Es una suerte de válvula geográfica para los cargamentos de droga que circulan desde la Bahía El Tablazo, en la salida del Lago de Maracaibo, hacia el golfo de Venezuela y el mar Caribe.
Cargamentos de drogas que vienen de la zona fronteriza con Colombia al suroeste del estado, así como una parte de los envíos desde la Guajira colombiana, pasan a través de los caños de manglares del territorio insular que comparten los municipios Almirante Padilla y Miranda.
Otras vías se despliegan desde el sur del lago en una combinación de trayectos terrestres y lacustres hasta la costa oriental en Sabaneta de Palma, en el municipio Miranda, desde donde los cargamentos pueden ser preparados para su tránsito por rutas como la del Paso La Cañonera, una trocha de agua en el manglar al oeste de la isla Barbosa, donde en la época colonial los españoles situaron una batería de cañones para la defensa de la barra del lago. No es casual que el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello haya señalado específicamente ese paso al anunciar la doble incautación de cargamentos de cocaína que suman más de 7 toneladas, en operaciones ejecutadas el 14 y el 21 de marzo de este año.
La ventaja para los criminales de transportar las cargas de drogas por esas rutas es la escasa vigilancia en las costas del golfo entre Zulia y Falcón. Evitan, además, el tránsito por mar abierto desde la Guajira venezolana, que está más expuesto a interceptaciones de las fuerzas navales y guardias costera de Colombia y Venezuela; y también se acorta la distancia hasta los puertos de transbordo en el occidente falconiano.
Los carteles internacionales utilizan embarcaciones pesqueras que salen de la Bahía El Tablazo. Para ello las bandas criminales locales aliadas se encargan de la vigilancia y la extorsión a los pescadores artesanales de la zona.
¿Un reacomodo en el estado Zulia?
Jorge Nava, alcalde del municipio Miranda en la costa oriental del lago de Maracaibo por el PSUV, fue detenido el 14 de marzo en Los Puertos de Altagracia, en una acción relacionada con la Operación Relámpago del Catatumbo 2025. El ministro Diosdado Cabello, lo acusó de formar parte de una red de narcotráfico vinculada al paramilitarismo colombiano.
Antes de convertirse en un dirigente local del llamado chavismo, se vinculaba a Nava con una banda que extorsionaba y asaltaba en Los Puertos de Altagracia, capital del municipio Miranda en la costa oriental del lago de Maracaibo.
En el ejercicio del cargo de alcalde, para el que fue electo con la tarjeta del partido oficialista PSUV, Jorge Nava habría tenido disputas con los líderes de una poderosa organización criminal en ese territorio, la banda de “El Oso”. El propio Nava habría sido un factor que contribuyó al ataque feroz de los cuerpos de seguridad contra este grupo delictivo, que fue diezmado, aunque no eliminado, justamente a partir del año en que se inició su mandato como alcalde.
Unos sicarios de “El Oso” fueron quienes presuntamente intentaron matar a Jorge Nava la noche del 26 de diciembre de 2023, hiriéndolo gravemente a balazos, junto a otros asistentes a una feria navideña en el malecón de Los Puertos de Altagracia.
El día de su detención por funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, bajo órdenes del ministro Cabello, también fue arrestado Alberto Sobalvarro, alcalde por el PSUV del municipio Almirante Padilla.
En un primer momento hubo reportes extraoficiales que vinculaban a Jorge Nava y a Alberto Sobalvarro a “mafias que trafican combustible y otros productos”, pero una semana después Cabello los relacionó con una red de narcotráfico organizada por la oposición nacional y el paramilitarismo colombiano.
Periodistas y analistas han sugerido que la contundente y repentina acción del poder central contra los alcaldes chavistas Jorge Nava y Alberto Sobalvarro se debe a una recomposición del negocio del tráfico de drogas controlado por funcionarios gubernamentales en su enclave central, el estado Zulia.
Ambos alcaldes, detenidos tras un grueso velo de opacidad, habrían estado contribuyendo a que el exgobernador chavista Omar Prieto, quien perdió la reelección en Zulia ante Manuel Rosales en 2021, pudiera seguir siendo un factor de poder e influencia en el control de las economías ilícitas en el estado.
Extraoficialmente, Prieto –antes muy cercano al sector del chavismo liderado por Cabello– aspiraba a ser de nuevo el abanderado regional del PSUV para la elección regional del próximo 25 de mayo. Sin embargo, el ministro Cabello, también jefe de la comisión electoral del partido de gobierno, dijo, el 31 de marzo de este año, que el candidato a la gobernación de Zulia será Luis Caldera, actual alcalde del municipio Mara.
Con este anuncio, el golpe político contra Prieto y las detenciones de Sobalvarro y Nava se leen como un cambio de timón no solo en la jerarquía chavista local, sino en la forma en que los funcionarios vinculados a negocios ilícitos se plantean el control del tráfico de drogas en la región zuliana.
Tres semanas antes del arresto, el alcalde Alberto Sobalvarro fue el protagonista de una investigación del portal periodístico Armando.Info, que lo ubicaba en el centro de una operación ligada a la corrupción y los ilícitos económicos como empresario, por la importación ilegal de cigarrillos a través de una tabacalera cuestionada en Paraguay.
9 de los 21 alcaldes zulianos están presos
Al momento del arresto de Alberto Sobalvarro y Jorge Nava otros cuatro alcaldes zulianos, tanto oficialistas como de partidos de oposición, estaban detenidos.
Desde 2022 permanece privada de libertad Keyrineth Fernández, la entonces alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm, del sur del lago, acusada de ser una pieza clave en una red local de narcotráfico junto a una diputada de su mismo partido, el PSUV.
Luego de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, enturbiada por denuncias de fraude, fueron aprehendidos tres alcaldes de la alianza opositora Plataforma Unitaria: Rafael Ramírez (Primero Justicia), de Maracaibo; Nabil Maalouf (Un Nuevo Tiempo), de Cabimas; y Nervins Sarcos, de Colón (Un Nuevo Tiempo). Todos fueron señalados inicialmente por prácticas de corrupción y extorsión.
A mediados de marzo de 2025, junto a Sobalvarro y Nava también cayó en desgracia el alcalde por el PSUV del municipio Jesús Enrique Lossada, Danilo Añez, y el de Catatumbo, Fernando Loaiza, miembro del sector de Acción Democrática liderado por Bernabé Gutiérrez. Y dos semanas después, la alcaldesa de La Guajira, Indira Fernández, también militante del PSUV, fue arrestada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El ministro Diosdado Cabello ha dicho que los nueve alcaldes están bajo custodia del Estado en centros de reclusión ubicados en Caracas.
