El tercer informe de “Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad” profundiza en el análisis cualitativo del impacto de las redes criminales en el ámbito institucional, económico, político, social y cultural, a través de entrevistas y trabajo de campo en los estados Bolívar, Zulia y Sucre
Transparencia Venezuela, 17 de agosto de 2023. Economías Ilícitas bajo el manto de la impunidad ha dejado en evidencia que la actividad delictiva en el país ha crecido de forma significativa durante los últimos años, y que los grupos criminales se lucran del narcotráfico, el contrabando de combustible, la trata de personas y la minería ilegal, entre otros ilícitos. Todo ello bajo la mirada complaciente y hasta cómplice de funcionarios corruptos que forman parte de un sistema perverso, en el que la línea entre lo ilícito y lo legal es casi imperceptible. A esta realidad se suman los devastadores efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta el país, que ha dejado a la población expuesta al contexto de violencia permanente impuesto por estructuras criminales; en especial, en estados fronterizos.
El primer informe profundizó en el desmantelamiento progresivo que han sufrido las instituciones venezolanas, que ha permitido que estas redes crezcan, se diversifiquen y actúen bajo el manto de la impunidad. En tanto que, en el segundo, se hizo un análisis descriptivo y cualitativo de las características generales de las redes criminales que operan en el país. Ahora, el tercer informe, Distorsiones producto de la criminalidad en Venezuela, presenta una mirada distinta basada en el relevamiento de datos, información y análisis del impacto de las redes ilícitas. En esta entrega, se evalúan estados fronterizos como Bolívar, Sucre y Zulia.
En estas redes ilícitas convergen agentes estrictamente criminales que aportan su capacidad para ejercer violencia y demandan recursos económicos, información y protección, proporcionada por facilitadores o agentes grises como funcionarios públicos, empresarios, abogados, banqueros, y cambistas, entre otros puentes estructurales. A partir de esta premisa, el capítulo concentra el análisis en identificar, comprender y caracterizar las distorsiones de carácter institucional, económico, político, social y cultural en cada uno de estos territorios.
Por lo general, la intensidad de la actividad criminal se mide a través de estadísticas de delitos. Sin embargo, cuando una red criminal alcanza un nivel avanzado de cooptación institucional y consolida su poder social, político e incluso cultural, los indicadores cuantitativos no reflejan su verdadera magnitud. Por ello, para este estudio se complementó el análisis del aspecto cualitativo, a través de entrevistas y visitas de campo, donde se indagó la intensidad de las distorsiones en esas cinco dimensiones para entender el nivel de penetración y consolidación del poder criminal en un municipio, estado o región.
Estas distorsiones, bajo el amparo de políticas públicas y cambios legislativos aplicados a lo largo de más de dos décadas, han ocasionado un daño irreparable a los venezolanos y a la institucionalidad democrática, . El capítulo presenta algunas de esas acciones u omisiones que emanaron de las altas esferas del poder y, además, hace un acercamiento a las consecuencias que pudieron haber acarreado.
El primer hallazgo, como se ha adelantado en los dos capítulos anteriores, es que estos cambios institucionales generan ventajas y oportunidades a los grupos ilícitos. El informe hace un recuento de decisiones del Poder Judicial, el rol de la Fuerza Armada, el incremento del poder, la opacidad y la disminución de controles; el manejo de las empresas propiedad del Estado, en especial de Pdvsa; las políticas fronterizas y el manejo de bandas criminales, así como de las consecuencias de esas acciones en la realidad del país.
Las cinco caras del delito
Distorsiones producto de la actividad criminal en Venezuela es un acercamiento a la injerencia criminal en la vida cotidiana de una población determinada, que no es medible a través de cifras o estadísticas. En el ámbito institucional refiere a la aplicación de las reglas de juego que facilitan la operación de los grupos criminales y el funcionamiento de las economías ilícitas y que debilitan la gobernabilidad y aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos.
En el ámbito de las distorsiones económicas incluye aspectos generales de los cambios registrados en las conductas comerciales, financieras y laborales. A su vez, hace énfasis en las economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el contrabando de oro y otros minerales, la trata de personas, el contrabando de combustible y de chatarra.
En materia de distorsiones políticas, el tercer informe de Economías Ilícitas bajo el manto de la impunidad trata de los cambios registrados en las conductas políticas y electorales de los ciudadanos. En tanto que, en el ámbito social, son los cambios registrados en las conductas de los pobladores que se distancian de los comportamientos que deberían desarrollarse en un Estado de Derecho pleno.
Por otra parte, las distorsiones culturales tienen que ver con las conductas anómicas de los pobladores, alejadas de las conductas culturales que deberían desarrollarse en condiciones de seguridad ciudadana y libre formación de valores. Esto incluye la normalización de la violencia, entendiéndola como la ausencia de indignación moral entre los ciudadanos que asumen como un hecho cotidiano a la tortura, el homicidio y las acciones de terror que inspiran los grupos de crimen organizado.
En este reporte encontrarán los resultados de la investigación en tres estados fronterizos y con graves problemas de ilícitos. En el estado Bolívar, al sur del país, se estudiaron las distorsiones producidas por la minería, especialmente, por la explotación ilegal de oro, que se ha convertido en un medio y una aspiración de los grupos criminales para afianzar su influencia en una zona de gran riqueza mineral.
En el estado Zulia, al occidente de Venezuela, se analizaron las distorsiones causadas por economías ilícitas como el narcotráfico, así como la confluencia de la complicidad, el poder y el control social de las redes criminales en la zona. Mientras que en el estado Sucre, al oriente del país, se profundiza en las distorsiones institucionales, económicas, políticas, sociales, culturales causadas por las redes criminales, a la luz del auge de delitos graves como la trata de personas y la existencia de territorios de esa región prácticamente entregados al narcotráfico.
De los resultados se desprende que las economías ilícitas afectan la institucionalidad y que la principal distorsión es la corrupción de los funcionarios públicos, la tolerancia y las arbitrariedades por parte de las autoridades militares y los organismos de seguridad ante la presencia de grupos irregulares.
La investigación se extenderá a otros estados en los próximos meses para continuar incorporando información y evidencias que permitan entender la complejidad de la criminalidad en Venezuela.
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Cambios en las reglas de juego facilitan la operación del crimen organizado