Transparencia Venezuela, 18 de mayo de 2026. Frente al escenario de una posible transición en Venezuela, que afecta los ejes políticos y económicos, la discusión sobre la inversión extranjera tiene relevancia estratégica. Venezuela requiere reinsertarse en los mercados financieros globales y atraer capitales constructivos: inversiones responsables y transparentes, que contribuyan a activar los sectores con ventajas comparativas y desarrollar ventajas competitivas.

Desde Transparencia Venezuela aspiramos al genuino desarrollo sostenible del país, el que permita la ampliación de las capacidades de todos sus habitantes, así como la expansión de sus libertades; y solo en democracia esto es posible.

Para contribuir a esta discusión presentamos el análisis titulado La Trampa de la Estabilización en el que abordamos los riesgos de implementar reformas económicas, promover la llegada de inversiones y sustituir a los socios, dejando de lado la restitución de garantías civiles y políticas, lo que permitiría reconfigurar las viejas redes corruptas en un nuevo marco de relativa libertad económica, tal vez con mayores ingresos que exhiben fachadas de desarrollo que solo disfrutarán grupos conectados con el poder.

Te invitamos al leer el documento aquí.

Transparencia Venezuela, 18 de mayo de 2026. Álex Saab Morán está de vuelta en una prisión de Estados Unidos. El pasado 16 de mayo, y tras casi tres meses sin que se tuvieran noticias de él, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que el exministro de Industrias y Producción Nacional y exjefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, “ciudadano de nacionalidad colombiana”, fue objeto de una “deportación, por estar “incurso en la comisión de diversos delitos” en el país norteamericano.

¿Ciudadano colombiano?, ¿deportado? ¿incurso en delitos? Estos cambios de posición son tan irregulares como las excusas usadas en su momento para nacionalizarlo venezolano, llamarlo héroe, tapar las acusaciones por delitos de corrupción y nombrarlo ministro.

Las decisiones irregulares de antes y ahora deben tener consecuencias.

1. Sobre la nacionalidad

El comunicado del Saime deja entrever que Saab solamente posee la ciudadanía colombiana. Una versión que contradice abiertamente numerosos documentos oficiales emitidos en los últimos años, en los cuales se aprecia que el empresario nacido en la ciudad de Barranquilla había adquirido la nacionalidad venezolana, como lo prueba su cédula de identidad n ° 21.495.350.

Esto le permitió a Saab ser designado por Nicolás Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional el 18 de octubre de 2024, según figura en el decreto presidencial número 5.021, aparecido en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.846.

El artículo 35 de la Constitución establece claramente que “la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

Por su parte, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, en su artículo 48, establece ocho causales por las cuales la nacionalidad por naturalización se puede revocar y, entre ellas, figura ejecutar y colaborar “directa o indirectamente, la realización de actos contrarios a los intereses, de cualquier índole, de la República” o cuando se haya adquirido “en fraude a la ley”.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado que a Saab se le haya revocado la ciudadanía ni bajo cuál argumento. Por ello, activistas de derechos humanos, como Marino Alvarado, han exigido al Ministerio Público el inicio de una investigación para determinar cómo fue nombrado ministro.

2. ¿Y el pasaporte diplomático?

El comunicado del Saime tampoco se refiere a la supuesta condición de diplomático que ostentaba Saab.

El empresario hoy entregado fue designado el 9 de abril de 2018 como “enviado especial” del ministro de Relaciones Exteriores, con “la responsabilidad específica de manejar las relaciones comerciales entre Venezuela y la República Islámica de Irán”, según figura en la sentencia número 208 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En ese fallo se cuestionaba la detención de Álex Saab en Cabo Verde, ocurrida en junio de 2020, que se produjo a solicitud de Estados Unidos, país que meses después consiguió su extradición para procesarlo por haber lavado hasta USD 350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Durante meses, las autoridades venezolanas sostuvieron que Saab era un diplomático y que, por tanto, su detención y procesamiento constituían una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, consiguiendo pronunciamientos a favor de su liberación por parte de instancias de Naciones Unidas.

Aunque no hay claridad al respecto, se puede asumir que la inmunidad y protección que Saab gozaba por sus cargos en el Gobierno venezolano concluyeron una vez que la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo despidió como ministro a los días de los sucesos del 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados por fuerzas militares estadounidenses.

3. Deportarlo o extraditarlo sin decisión judicial

Es obvio que Estados Unidos solicitó la extradición de Álex Saab, que vinieron a buscarlo en avión norteamericano y que lo recibió la DEA con difusión de imágenes. Y aunque en Venezuela pocos o nadie sale en su defensa, el procedimiento irregular es muestra de cómo funciona la institucionalidad venezolana. Hoy es Saab, ¿mañana quién?

En el comunicado del Saime se asegura que Saab fue entregado a las autoridades judiciales estadounidenses tras ser deportado. Sin embargo, hay motivos para dudar de que el término sea el correcto. ¿Por qué? La deportación es un proceso legal mediante el cual un Gobierno expulsa a un ciudadano extranjero de su territorio hacia su país de origen o residencia.

Para hablar de deportación en este caso, Saab debería haber sido enviado a Colombia, su país natal. “Esto fue una entrega”, aseguró el abogado Zair Mundaray ().

En la página web del TSJ no figura que la Sala Penal haya dictado ninguna sentencia de extradición sobre el controvertido empresario, a quien investigaciones periodísticas señalan como testaferro de Maduro.

Aunque la Constitución prohíbe la entrega de ciudadanos venezolanos por nacimiento o naturalización, la jurisprudencia del máximo juzgado ha abierto las puertas a la entrega de los últimos a autoridades extranjeras si la nacionalidad ha sido obtenida “con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado”, como declaró la Sala Penal en su sentencia 204 del 27 de marzo de 2026.

A lo anterior hay que sumarle la opacidad que ha rodeado este caso. En febrero pasado, medios internacionales reportaron que Álex Saab había sido capturado junto al empresario venezolano Raúl Gorrín, pero esta versión jamás fue confirmada ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial ni por el Gobierno.

«Soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo competencia ni información sobre eso que planteas», declaró en ese entonces el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando se le preguntó sobre el asunto.

4. De héroe a delincuente

En su comunicado, las autoridades venezolanas también aseguran que Saab está “incurso en la comisión de diversos delitos”, lo cual representa un giro de 180 grados respecto a las posiciones que venían sosteniendo.

“No han podido. No están pudiendo en este momento en que se está llevando a juicio y, por supuesto, si realmente quedara un pequeño rastro de dignidad y de verdad en el sistema de justicia norteamericano no hay otra decisión, no hay otra forma, no hay otro dictamen que no sea que ese tribunal de Florida certifique la condición de diplomático de paz de Álex Saab y lo deje en libertad”, declaró en junio de 2022 Jorge Rodríguez.

Desde 2011, Saab obtuvo del Estado venezolano contratos para la construcción de 25.000 viviendas, para la importación de millones de cajas con alimentos para los CLAP, la venta de oro y hasta en el sector petrolero.

Transparencia Venezuela, 9 de mayo de 2026. La actualización de Transparencia Venezuela sobre las Empresas Propiedad del Estado (EPE) al 30 de abril de 2026, identificó al menos 920 empresas con participación estatal mayoritaria en Venezuela, así como los cambios que se produjeron luego de la reconfiguración de los ministerios, nuevas autoridades designadas, la participación en juntas directivas, y las modificaciones de normativas que impulsan la privatización opaca de empresas ya iniciada hace una década.