Transparencia Venezuela, 24 de febrero de 2026. Primero fue el anuncio a finales de enero de la sexta reforma judicial del chavismo desde 1999. Luego fue la tarea de revisar los casos no contemplados por la Ley de Amnistía. Ambas actividades fueron asignadas a la Comisión para la Revolución Judicial, que preside Diosdado Cabello, ministro del Interior y vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

¿La sexta reforma judicial?

Casi un lustro después de que Nicolás Maduro anunciara “una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, su sucesora, Delcy Rodríguez, ha retomado la idea.

“He decidido convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia y pido la colaboración de todos”, anunció el 30 de enero la presidenta encargada durante el acto de apertura de actividades judiciales 2026, desde el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Rodríguez afirmó que la justicia venezolana continúa enfrentando serios problemas, entre los cuales mencionó “el acceso a la justicia, el retardo judicial, la corrupción judicial, que la hay y la estamos persiguiendo y castigando, tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de la República”.

Delcy Rodríguez puso así en tela de juicio el balance de gestión hecho por la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Rodríguez Rodríguez, quien apenas minutos antes, había asegurado que en 2025 el Poder Judicial presentó un “incremento sustancial” de sus indicadores, con un aumento de 24,37% de las sentencias del TSJ (6.292 sentencias), más que en 2024, y un aumento de 47,67% en el resto de los juzgados (781.403 decisiones). Datos globales sin detalles ni evidencias.

Al hacer el anuncio, Delcy Rodríguez dijo que el objetivo final de la reforma judicial es que se “incorporen las formas alternativas de justicia penal y que también se integren otras formas de justicia en el ámbito civil, mercantil, comercial y social”.

Revisión de expedientes de presos políticos

El 19 de febrero, durante la promulgación de la Ley de Amnistía, Delcy Rodríguez dijo que la Comisión de Revolución Judicial, que encabeza Cabello, también participará en la revisión de los casos no contemplados en ese instrumento legal.

Sería un trabajo conjunto con la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía designada por el Parlamento, presidida por Jorge Arreaza, diputado de PSUV y exyerno de Hugo Chávez, y con el Programa de Convivencia Democrática, que coordina Ernesto Villegas, ministro para la Cultura.

Motivos para desconfiar

La Comisión para la Revolución Judicial, que Maduro creó en junio de 2021, con Diosdado Cabello a la cabeza, no cumplió con sus objetivos iniciales.

Nació con la tarea de resolver, en un plazo de 60 días, problemas como el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los reclusos de estos centros a las cárceles. Sin embargo, la huelga carcelaria en 2024 se propagó por medio centenar de establecimientos penitenciarios y reclusorios, lo que reveló que la tarea no había sido lograda.

El hecho de que Rodríguez no haya dejado claro cuándo comenzará la consulta sobre la reforma judicial, qué modalidades seguirá, cuánto tiempo durará ni quiénes podrán participar constituye otra inquietud.

Además, la participación de Cabello en el examen de los expedientes de quienes no fueron favorecidos con la Ley de Amnistía lo coloca en el centro de una de las exigencias más importantes en el momento que vive Venezuela para avanzar hacia la transición: libertad para todos los presos políticos.

La justicia es un tema recurrente del poder en Venezuela

Desde que Nicolás Maduro anunció la creación de la Comisión para la Revolución Judicial, en cada acto de inicio de actividades judiciales ha abogado por hacer “más poderosa y justa” a la justicia venezolana. Pero la realidad es que el sistema de justicia ha sido un instrumento funcional de la gestión autoritaria, represiva y corrupta.

En 2024, por ejemplo, presentó cinco acciones, como reportó Suprema Injusticia en su momento. De estas recomendaciones, apenas dos se ejecutaron (elección de jueces de paz y reactivación del programa de tribunales móviles). Las reformas a los códigos Civil y de Procedimiento Civil siguen pendientes.

Cuatro años antes, también durante un acto de inicio de actividades judiciales, Maduro llamó a revisar la justicia en términos muy autocríticos.

“Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump (el presidente de Estados Unidos), es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”, dijo.

Los antecedentes no nos permiten ser optimistas, viendo a los mismos actores, prometer lo mismo. Con la designación de funcionarios señalados por el abuso, la represión y el autoritarismo no se puede construir un modelo distinto de justicia, solo por que ahora usan traje y corbata. Un nuevo sistema de justicia es urgente y una tarea compleja, para comenzar deberá estar dirigido por personas probas, independientes y con capacidad. La sociedad civil venezolana ya está trabajando en eso.