Urge la implementación en Venezuela de Gobierno Abierto que ayude a recuperar la confianza ciudadana en las administraciones públicas y a potenciar la colaboración entre el Estado y la sociedad, para crear condiciones de vida y atender la redistribución de oportunidades con justicia y equidad. Son muchos los desafíos, pocos los avances.
Transparencia, 28 de junio de 2024.- Llegó la Semana de Gobierno Abierto 2024 y Venezuela no cuenta con un plan público y verificable que incluya herramientas para la gestión de la transparencia y rendición de cuentas, datos abiertos, interacción gobierno-ciudadanía, ni con sistemas robustos de lucha contra la corrupción.
De acuerdo con el informe de Seguimiento del Compromiso de Lima del Observatorio Ciudadano de Corrupción América (OCC)), que utiliza como parámetros de análisis los acuerdos de Lima (que Venezuela no suscribió), nuestro país tiene enormes carencias en materia de gobernabilidad democrática, transparencia y acceso a la información. Los denunciantes están desprotegidos y no hay garantías para los derechos humanos, incluyendo libertad de expresión, y este contexto favorece la corrupción, un mal que alimenta la pobreza y la desigualdad e inhibe las capacidades para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo.
Venezuela tiene falencias específicas en la promoción y/o fortalecimiento de la implementación de políticas y planes en materia de gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales. En este particular, recibió una calificación de 0,22/3, lo que muestra una enorme debilidad en materia de Gobierno Abierto.
La opacidad y la corrupción van de la mano
Percibida como la segunda nación más corrupta a nivel mundial y la primera en la región, según el Informe de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, en Venezuela la corrupción está apuntalada por un contexto de opacidad y ausencia de independencia del Poder Judicial. Una muestra de ello es el esquema denominado Pdvsa Cripto, el más reciente desfalco perpetrado contra la industria petrolera nacional, públicamente reconocido en 2023 por las autoridades venezolanas en medio de lo que se denominó una “cruzada” anticorrupción.
En la trama Pdvsa Cripto, 68 personas han sido señaladas por el Ministerio Público. Hasta mayo de 2024, algunos se encuentran detenidos y otros con orden de aprehensión, entre los cuales hay funcionarios y funcionarias de alto nivel. Pese a la magnitud de este caso, en el que estarían comprometidos al menos 16.960 millones de dólares, de acuerdo a los cálculos de Transparencia Venezuela, aun no se tiene información clara sobre el mecanismo de corrupción, empresas involucradas y el rol de las personas involucradas. Tampoco se conoce el estatus de la investigación, los centros de reclusión de las personas detenidas, ni los resultados de las investigaciones relacionadas con la muerte -bajo la tutela del Estado- de tres de los investigados.
Este es apenas uno de los ejemplos de la falta de transparencia del gobierno venezolano en el sistema de justicia. Pero también en las contrataciones. Desde 2010 ninguna institución del Estado hace pública su ejecución presupuestaria y la mayoría dejó de publicar su informe de gestión. Tampoco se publica la Ley de Presupuesto Nacional desde el 2017. Desde el 2018 no se conoce de auditorías en las contrataciones de Pdvsa y otras empresas estratégicas.
La Contraloría General de la República (CGR) no ha publicado sus informes de gestión de 2018, 2020, 2022 y 2023. Tampoco responde solicitudes de información. Desde agosto de 2017, dejó de ser de acceso público la información sistematizada por el Registro Nacional de Contratistas (RNC) sobre las empresas que contratan con el Estado y sus accionistas, a pesar del número de casos de gran corrupción.
Talento ciudadano al servicio de Gobierno Abierto
En Venezuela es urgente implementar herramientas de Gobierno Abierto para luchar efectivamente contra la corrupción y propiciar la creación de oportunidades para todos, con equidad e igualdad de oportunidades. Un país que se abra a una auténtica y transparente participación ciudadana sin condicionamientos ni instrumentalización política.
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Transparencia Venezuela ha insistido en que un buen gobierno en el siglo XXI, para lograr el bien común y garantizar los derechos humanos, debe rendir cuentas para que los ciudadanos puedan participar, criticar, exigir, premiar o castigar.
Un gobierno abierto donde el talento de la ciudadanía, especialmente de las nuevas generaciones, esté al servicio de la innovación tecnológica en materia de gestión pública y muy especialmente del presupuesto, pero también de los servicios, creando cada vez más oportunidades, más empleos, más desarrollo. Que con solo entrar a la página web de un hospital la ciudadanía pueda hacer una cita médica. Que con un clic se pueda conocer los horarios precisos de los trenes y autobuses del sistema metro.
En un gobierno abierto para Venezuela | Estudio de portales oficiales venezolanos y buenas prácticas internacionales, Transparencia Venezuela propone ideas novedosas, como la creación de laboratorios cívicos de innovación, el mejoramiento de la funcionalidad de los portales de servicios, fomentar la colaboración activa de la sociedad civil y migrar hacia formas de energías más limpias y sustentables, que garanticen nuevas alternativas de conectividad que sean más económicas, estables y amigables con el ambiente, entre muchas otras.