Comisión permanente de Defensa y Seguridad
Encargada del estudio de los asuntos de defensa y seguridad de la Nación, funcionamiento, organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, política fronteriza y ordenación territorial y adecuada integración del territorio en la promoción de su desarrollo económico.
Noticias de la comisión
Se estrelló y dejó en evidencia un puente aéreo entre dictadores
Ilustración Armando.Info
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de las dictaduras de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
Roberto Deniz
Rolando Rodríguez (La Prensa)
Iván Ruiz (CLIP)
Transparencia Venezuela en el Exilio
1 de diciembre de 2025. El pasado 24 de septiembre, a las 12:52 pm, un avión Learjet 55, identificado con la matrícula venezolana YV3440, se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. En el siniestro murieron dos personas, los tripulantes, pero los dos pasajeros sobrevivieron.
“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables”, se informó en un escueto comunicado que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) difundió a través de las redes sociales horas después del accidente.
Apenas ocurrida la tragedia, tanto el humo como el hermetismo de las autoridades venezolanas envolvieron la aeronave, de cuyas circunstancias y ocupantes estas últimas apenas ofrecieron detalles.
El INAC no mencionó ni la identidad de los fallecidos, ni que uno de los sobrevivientes fue Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño, cercano a la familia presidencial venezolana y gran contratista del régimen de Nicolás Maduro con compañías como Landscape Vision Corp (Lanvicorp) y Corporación Logística del Caribe, en las que ha compartido sociedad con sus hermanos Vicente y Roberto.
Desde 2013, cuando Maduro se aseguró el poder tras la muerte de Hugo Chávez, las empresas de Carretero Napolitano acumularon rápidamente contratos públicos por casi 800 millones de dólares para la construcción de gimnasios, un estadio de béisbol en Caracas -hoy conocido como el Estadio Monumental Simón Bolívar-, un centro de convenciones, así como el suministro de juguetes, electrodomésticos o neumáticos, como lo documentó una anterior investigación de esta alianza periodística, que conforman Armando.info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio y el diario La Prensa de Panamá.
Varios de esos contratos para la construcción de obras civiles fueron otorgados entre 2013 y 2015 por la Fundación Pro-Patria 2000, entonces dirigida por Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, sobrino e hijo, respectivamente, de Cilia Flores, la primera dama venezolana o primera combatiente en la jerga oficial. Luego, el empresario panameño giraría millones de dólares en favor de Juan Carlos López Tovar, pareja de Iriamni Malpica Flores, otra sobrina de Cilia Flores.
El desastre del YV3440 y el consiguiente secretismo de las autoridades no sólo confirmaron el estratégico rol que juega Carretero Napolitano para Nicolás Maduro, sino que también permiten rastrear las huellas de otra ruta paralela a la de sus negocios con el chavismo: la de sus nexos con jerarcas del castrismo cubano.
La bitácora del YV3440 dibuja un triángulo entre los regímenes de Cuba y Venezuela, donde Ramón Carretero Napolitano, desde Panamá, es uno de los vértices. Nuevos documentos obtenidos por esta alianza periodística revelan que la aeronave siniestrada era una que Carretero Napolitano utilizaba con más frecuencia en sus habituales viajes ya no sólo hacia Caracas, sino también con destino a La Habana, ciudades ambas en las que opera la ya mencionada Corporación Logística del Caribe.
Los papeles obtenidos para esta historia ratifican, además, las estrechas relaciones compartidas por Carretero Napolitano no solo con el régimen de Caracas, sino con el gobierno cubano: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del comandante Raúl Castro Ruz -hermano de Fidel y su heredero en el poder-, ha sido otro de los pasajeros frecuentes de la aeronave accidentada. Por si fuera poco, en 2024 un empleado de Carretero Napolitano, que previamente atendió entre 2017 y 2019 los negocios en Caracas del empresario, fue designado como embajador de Panamá en Cuba, a propuesta del presidente José Raúl Mulino. Cerrado el triángulo.
Un avión, dos destinos
Los movimientos migratorios de Ramón Carretero Napolitano muestran que el empresario panameño a menudo volaba, al menos desde el año 2021, en el Learjet 55 que a la postre se estrellaría en Maiquetía en septiembre pasado. En 2023 usó el mismo jet hasta 18 veces para trasladarse a Venezuela y Cuba, según consta en sus movimientos migratorios.
Quien también volaba en el mismo avión, pero el 30 de octubre de 2023, casi dos años antes del siniestro en Venezuela, era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro a quien se le conoce en la isla como El Cangrejo. Entonces hizo el trayecto desde Cuba a Panamá. Al día siguiente, el 31 de octubre de 2023, regresó en la misma aeronave con siglas venezolanas a La Habana, de acuerdo a los documentos migratorios obtenidos para este reportaje.
Rodríguez Castro, de 41 años de edad y con grado de coronel, fue jefe de escolta de Raúl Castro. En los últimos años, mientras se hacían públicos los privilegios y lujos con los que vive, el nieto del comandante revolucionario acumulaba decenas de visitas en vuelos privados a Panamá, algunas de ellas en fechas importantes para la vida política panameña.
Por ejemplo, el 1 de mayo de 2024, a solo días de las elecciones presidenciales de ese país del 5 de mayo de 2024, en las que Mulino surgiría como ganador, El Cangrejo aterrizó en suelo panameño a bordo de otro avión con matrícula, el YV654T, y una tripulación venezolana, esta de tres pilotos. Del viaje no quedaron registros migratorios en Panamá pero sí el manifiesto de vuelo, al que se obtuvo acceso en esta investigación.
En ese viaje a Panamá antes de los comicios, Rodríguez Castro estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien es diputada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). La militar sucedió en la presidencia del poderoso Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), al general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, padre de Raúl Guillermo, tras la muerte de aquel en 2022. Gaesa, una suerte de holding de negocios controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FARC), experimentó su mayor auge con Raúl Castro en el poder. Aunque Castro Ruz se retiró de manera oficial de la presidencia de Cuba en 2018, sigue siendo el poder detrás del trono que hoy ocupa Miguel Díaz-Canel.
Otro vuelo llamativo de Rodríguez Castro a Panamá ocurrió el 1 de julio de 2024, fecha en la que tomó posesión el actual presidente Mulino. Se desconoce si el cubano asistió a la ceremonia de inauguración del gobierno o a eventos relacionados, pero volvió pronto a Cuba, el 3 de julio, según sus registros de ingresos y salidas de Panamá.
El YV3440 no es el único avión que ha transportado tanto a Ramón Carretero Napolitano como al nieto de Raúl Castro. Ambos han sido pasajeros de la aeronave con matrícula panameña HP-715, modelo Hawker 800XP. El empresario panameño usó el aparato al menos 51 veces para sus traslados desde Panamá hacia Caracas y La Habana entre 2020 y enero del año pasado, de acuerdo con los registros obtenidos para esta investigación.
Por su parte, Rodríguez Castro viajó en el HP-715 hasta en 15 oportunidades para sus trayectos a Ciudad de Panamá desde Cuba entre el 22 de agosto de 2024 y el pasado 7 de julio. Los viajes más recientes para ese mismo trayecto los ha realizado entre mayo y septiembre de este año, pero a bordo del T7-77PR, una aeronave Dassault Falcon 900EX registrada en el pequeño estado europeo de San Marino.
Páginas electrónicas dedicadas al rastreo de vuelos, como FlightRadar24, muestran que el avión HP-715 voló el pasado 10 de noviembre desde Caracas a Panamá y que, cuatro días después, el 14 de noviembre, retornó a la capital venezolana. Sin embargo, al cierre de esta entrega no se había podido confirmar los nombres de los pasajeros.
Esta coincidencia en el uso de aeronaves entre Ramón Carretero Napolitano y el nieto de Raúl Castro no es el único vínculo del empresario panameño con Cuba.
Las relaciones cercanas de Carretero con los jerarcas castristas, quienes lo avalaron para ganarse la confianza de Maduro, se volvieron a poner en evidencia en noviembre de 2024, cuando Edwin Abel Pitty Madrid fue nombrado como embajador de Panamá en La Habana.
Pitty Madrid es un abogado mercantil sin trayectoria diplomática, pero con un historial como empleado leal del Grupo Carretero, tal como él mismo destaca en su perfil profesional en Linkedin.
Cuando se contactó a Marcela Arauz, apoderada legal de Ramón Carretero Napolitano, aquella declinó la petición de entrevista formulada por los reporteros para esta historia. Aprovechó la ocasión, en cambio, para informar que su defendido presentó una querella en Panamá contra Armando.Info. “Todo lo que tenga que ver con el señor Carretero deberá ser solventado entre los abogados o mediante el Ministerio Público”, respondió vía Whatsapp.
El embajador del Grupo Carretero
El 18 de noviembre de 2024, la Cancillería cubana informó que Edwin Pitty había entregado sus cartas credenciales a la Vicecanciller de la isla. Dos días después, el 20 de noviembre, lo hizo ante Miguel Díaz-Canel, según informó la propia embajada de Panamá en la capital cubana y reseñaron medios de comunicación panameños.
Hasta ese momento, su trayectoria había estado ligada a los Carretero Napolitano. Más allá de la propia referencia de Pitty Madrid en su perfil profesional como “director comercial” del Grupo Carretero, aún hoy su nombre aparece en distintos cargos en varias de las sociedades que controla la familia de empresarios.
Uno de los roles más destacados lo cumplió, precisamente, en Corporación Logística del Caribe, una de las empresas con las que Ramón Carretero Napolitano obtuvo contratos millonarios del régimen chavista, y que cuenta con registro para sociedades mercantiles extranjeras en Cuba desde 1996, según revela la Gaceta Oficial cubana del 9 de diciembre de ese año. El ahora diplomático fue apoderado y una suerte de “embajador” de la compañía de Carretero Napolitano en Venezuela, de acuerdo con los documentos del registro mercantil panameño.
El 12 de octubre de 2017, Corporación Logística del Caribe celebró una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se designó a Edwin Pitty Madrid como “apoderado” de la compañía en Venezuela. Entre las funciones que le encomendaron estaban las de “abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes y/o depósitos”, retirar “los fondos que la compañía tuviere depositados en bancos, institutos de créditos, casas de comercio de la República Bolivariana de Venezuela”, así como representar a la empresa ante la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), tal y como quedó asentado en el expediente mercantil de la compañía.
Fue entre 2017 y 2018 cuando la estatal Corpovex asignó, precisamente, a la Corporación Logística del Caribe de Carretero Napolitano tres contratos para el suministro de electrodomésticos, juguetes y neumáticos que sumaron poco más de ocho millones de dólares, por un lado, y 17,3 millones de euros, por otra parte, según documentos internos de la propia Corpovex, el holding creado por Maduro para dirigir las importaciones públicas.
Además, en ese año de 2017, Corpovex entregó a Lanvicorp, la otra compañía de los Carretero Napolitano previamente favorecida por la Fundación Pro-Patria 2000, un contrato por 37,6 millones de dólares para la “adquisición de equipos tecnológicos” destinados a la implementación en Venezuela del llamado Carnet de la Patria. Pocos días antes, el 9 de diciembre de 2016, Lanvicorp había firmado otro acuerdo con Corpovex por 4,5 millones de dólares para la “adquisición de juguetes”.
Pitty Madrid estuvo representándolos varias veces en Caracas por esa época. Sus movimientos migratorios revelan que, entre noviembre de 2017, un mes después de quedar como apoderado para representar a Corporación Logística del Caribe, y septiembre de 2019, realizó por lo menos ocho viajes desde Ciudad de Panamá hasta la capital venezolana.
Edwin Pitty Madrid también ha estado vinculado a Corporación Logística Zona Libre de Colón, creada en enero de 2019, en la que otro miembro del Grupo Carretero, Ramón Carretero Marciaq, también fungió como presidente y director. Otras empresas de los Carretero Napolitano en las que Pitty Madrid ha sido su agente residente o directivo son: Carretero International Corp, Grupo Enzo Corp, Lote Clayton Embassy Inc, Aqua Vita Corp y G.W. America Corp, entre otras. Allí la dirección de oficina de Pitty Madrid es el edificio Rali, donde los Carretero Napolitano tienen la sede principal de Bicicletas Rali, el negocio original y marca por la que son más conocidos en Panamá.
En la empresa Parques Lefevre el ahora embajador panameño llegó a coincidir con Juan Carlos López Tovar, el sobrino político de Cilia Flores que recibió pagos de las compañías de Carretero Napolitano.
Además, Pitty Madrid ha sido agente residente de al menos nueve empresas con objeto social amplio en las que ha figurado como directivo Félix Rafael Falabella Napolitano, primo de Ramón Carretero Napolitano y quien también fue socio director en la Lanvicorp de Caracas, según refleja el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Falabella Napolitano es también contratista del Estado panameño. En Panamá, el agente residente es el abogado o la firma legal que constituye la sociedad y actúa como su representante formal ante las autoridades.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, conversa con Félix Rafael Falabella Napolitano, primo de Ramón Carretero Napolitano
El rastro de Pitty Madrid también conduce al avión privado HP-715, usado decenas de veces por Carretero Napolitano y Rodríguez Castro. La aeronave fue adquirida en marzo de 2021 por la sociedad panameña Aircraft Solutions Corp, donde el ahora embajador de Panamá en Cuba se desempeñaba como agente residente, de acuerdo a las actas oficiales consultadas por esta alianza. Hay otra particularidad. En esa operación, tanto la empresa compradora como la firma vendedora, Fuente Holdings SA (Belice), tenían el mismo presidente: Luis Carlos Zambrano.
Ni la embajada panameña en La Habana, ni Pitty Madrid, contestaron las peticiones de entrevista para este reportaje formuladas por correo electrónico.
Con un alfil como representante diplomático ante el gobierno cubano, el empresario panameño completó su particular eje de acción e influencia entre Caracas y La Habana. Pese a los rumores sobre su estado de salud tras el accidente del 24 de septiembre pasado, Carretero Napolitano sigue con sus negocios en Caracas.
El hermetismo del régimen chavista tras el accidente aéreo de septiembre reciente despertó especulaciones que, en algunos casos, se hicieron públicas y apenas se despejaron por parte de medios e individuos de credenciales diversas, como Marshall Billingslea, ex subsecretario de financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el primer gobierno de Donald Trump. “¿Quién está detrás de este accidente?”, se preguntó Billingslea sin ahorrarse ironías en la red social X, antes Twitter. En su publicación se respondía a sí mismo, sugiriendo los nombres de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, o hasta una simple “falla mecánica”, como causantes del siniestro.
Descarga el PDF del reportaje aquí.
Venezuela, violencia institucional con rostro de género
En Venezuela la extorsión sexual y la persecución política configuran un Estado enemigo de los ciudadanos, donde la impunidad institucional se convierte en el cómplice silencioso de la violencia ejercida sobre las mujeres venezolanas.
Transparencia Venezuela, 25 de noviembre de 2025. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la realidad venezolana es un crudo testimonio de la violación sistemática de las garantías fundamentales que sufren las mujeres, pues el Estado, lejos de ser garante de derechos, es el principal victimario.
Tal como lo hemos denunciado la extorsión en nuestro país se ha convertido en un «paso ineludible» en casi cualquier interacción de los ciudadanos con funcionarios públicos, lo que se acentúa por la debilidad institucional, la opacidad y la impunidad. Esto adopta una dimensión particularmente cruel contra las mujeres a través de la sextorsión, una forma de corrupción que conjuga el abuso de poder con la finalidad de obtener un favor sexual a cambio de prestar algún servicio, y que es perpetrada tanto por redes criminales como, de manera alarmante, por funcionarios públicos.
En su informe del 20 de septiembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció “actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral”, entre ellos “manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención».
La instancia de la ONU incluso denunció que, tras la elección presidencial de julio de 2024, una mujer fue extorsionada sexualmente por un militar a cambio de conseguir mejores condiciones para su familiar preso. Esta práctica criminal tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y afecta desproporcionadamente a las mujeres.
El análisis de esta modalidad de extorsión con perspectiva de género revela una gran desigualdad: mientras que a los hombres se les exigen generalmente pagos en moneda, trabajo o productos, las mujeres son coaccionadas a realizar actividades sexuales para evitar ser penalizadas, castigadas o desatendidas en la situación que les atañe.
Ser mujer en Venezuela se configura como un altísimo factor de vulnerabilidad, pero pese a esta grave realidad, la sextorsión no está tipificada como delito en la legislación venezolana, lo que genera impunidad y dificulta el acceso a la justicia.
Esta coerción se intensifica en contextos de precariedad como el venezolano. La emergencia humanitaria compleja ha incrementado, por ejemplo, el riesgo de que las mujeres recurran al «sexo por supervivencia».
En Venezuela está vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 —reformada luego en 2014 y 2021—, pero existe solo en el papel. En la práctica, instituciones y funcionarios encargados de cumplirla y hacerla cumplir no solo no lo hacen, sino que la violentan flagrantemente.
Presas políticas: La crueldad en el sistema judicial
La persecución política se suma a este panorama de violencia de género. Más de 180 mujeres defensoras de derechos humanos, líderes sociales, abuelas, niñas y periodistas han sido sometidas a detenciones arbitrarias. Tal es el caso de la profesora y dirigente sindical Lourdes Villareal, detenida en mayo de 2025 y cuyo paradero se desconoce, lo que se configura como una presunta desaparición forzada. También la defensora Rocío San Miguel Sosa, directora de la organización Control Ciudadano, fue víctima de desaparición forzada en febrero de 2024, permaneciendo incomunicada por más de 120 horas y aún está tras las rejas.
Las detenidas por motivos políticos sufren una doble condena de abuso y negligencia. Emirlendriz Benítez, detenida en 2018 y condenada injustamente a 30 años, fue sometida a torturas que le provocaron un aborto. Las autoridades penitenciarias le han negado la atención médica urgente que necesita para sus afecciones de salud, lo que pone en peligro su vida.
La crueldad del sistema también tiene una víctima en Marggie Orozco, de 65 años y con antecedentes de dos infartos y depresión crónica, quien fue condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp que criticaba al gobierno. Yosida Vanegas Monasterios, de 67 años y jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), fue detenida en 2023 por ser madre de un preso político, a pesar de que ella misma necesitaba una colonoscopia urgente.
Estos casos de mujeres, perseguidas por su activismo cívico o por sus vínculos familiares, como Nélida Sánchez (coordinadora de organización Súmate) o Angela Lisbeth Expósito Carrillo (docente e investigadora), demuestran que la maquinaria represiva utiliza la detención y el abuso como una táctica abierta de control social y político, sin respetar las garantías constitucionales ni los derechos humanos más básicos.
48 tanqueros irregulares estuvieron en Venezuela en octubre
Un total de 113 tanqueros petroleros: 71 internacionales, 24 no identificados y 17 de Pdvsa estuvieron en aguas territoriales de Venezuela. En octubre aumentaron de 2 a 6 las operaciones sospechosas de trasiego ilegal del petróleo negociado por Pdvsa, además se observaron 9 buques de flotas oscuras y 15 sancionados.
Transparencia Venezuela, 07 de noviembre de 2025. En octubre se detectó mucha actividad cerca de los puertos petroleros de Venezuela pese al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y –como es notorio– sin temor a las sanciones aplicadas al crudo venezolano. Una gran cantidad de tanqueros petroleros sigue llegando y permanece durante varias semanas en las proximidades de las terminales de los estados Falcón (Amuay) y Anzoátegui (Jose), yendo de un puerto a otro en las costas del país.
El registro indica que 38 tanqueros en su mayoría con banderas de conveniencia de paraísos regulatorios cumplieron en octubre más de 20 días sin tocar puerto, en contraste con los 10 buques de Chevron que arriban a las terminales venezolanas de occidente y oriente, cargan y salen en un máximo de 6 días. La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan.
Al menos dos de ellos, los sancionados PHENIX VI, de estandarte guyanés y propiedad de la naviera china Sky Wealthy Ltd, y APUS, de bandera de Guinea y operado por Julius Capital LLC de Emiratos Árabes Unidos, han estado dejando rastros sospechosos al salir cargados de una terminal venezolana y llegar a media capacidad a la otra, posiblemente tras realizar operaciones oscuras de trasiego en sus trayectos.
El APUS, un supertanquero con prohibiciones impuestas por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, llegó a las cercanías del puerto Amuay (estado Falcón) el 25 de octubre, dio vueltas durante cinco días sin atracar nunca en la terminal y luego se dirigió al área de espera del puerto de Jose (Anzoátegui), a donde llegó el 1 de noviembre. Ha permanecido dos días haciendo los mismos movimientos al este de la isleta Píritu Adentro, una zona donde son frecuentes las operaciones ilegales de STS (ship-to-ship) para el trasiego de crudo.
¿Por qué van de un puerto a otro con carga completa y luego aparecen con media capacidad? ¿Dónde y a quién entregan el crudo o los productos del petróleo sin tocar puerto ni salir de las aguas territoriales del país?
Más buques sancionados transportan petróleo venezolano
En octubre, 71 buques petroleros de procedencia extranjera estuvieron en modo visible en las terminales controladas por Pdvsa. De esos, un total de 15 son barcos sancionados internacionalmente y 9 están vinculados a flotas oscuras.
Buques sancionados y furtivos identificados en Venezuela en octubre de 2025
Además, el análisis de imágenes satelitales reveló que un promedio 24 tanqueros no identificados estuvieron en las áreas de los puertos Amuay y Punta Cardón (Falcón) y Jose (Anzoátegui), sin tener activas sus señales reglamentarias de posicionamiento, siendo el 31 de octubre el día con la mayor concentración diaria de embarcaciones en modo furtivo.
Este mismo método de observación permitió detectar un total de 6 operaciones de STS en octubre, la mayoría en la zona llamada Caquetíos, próxima a los muelles petroleros de la bahía de Amuay. Esto representa un incremento significativo con respecto al mes anterior, cuando solo fue posible confirmar 2 operaciones oscuras de trasiego por medio del rastreo de las señales AIS (sistema de identificación de señales de navíos) y de la detección visual con imágenes satelitales.
Como en los meses anteriores, los paraísos regulatorios dominaron aguas territoriales de Venezuela con la presencia de 29 tanqueros abanderados por Panamá, 6 por las Islas Comoras y 5 por Malta.
Al menos 19 buques que llegaron en octubre a puertos petroleros nacionales no habían visitado el país en más de cuatro meses. Los destinos declarados oficialmente en los manifiestos de los tanqueros son Curazao, República Dominicana, Nigeria, India, Turquía y Estados Unidos.
Medios especializados reportaron en septiembre que más del 80% de las exportaciones de crudo de Venezuela van a China directa o indirectamente. El monitoreo de Transparencia Venezuela en septiembre de 2025 detectó que 3 buques fueron a China, pero 7 no pudieron ser rastreados y 29 navegaron con su señal apagada. Llama la atención que la aduana de China no reporta las importaciones de hidrocarburos de Venezuela desde el mes de marzo de 2025, fecha en la que el valor acumulado (enero, febrero y marzo) de las compras de crudo a Venezuela fue de USD 196,9 millones, según el portal web de la aduana. La retórica de las autoridades asiáticas respecto a la ilegalidad de las sanciones unilaterales no coincide con el ocultamiento de las importaciones petroleras y de los datos respectivos. ¿Llega o no el crudo venezolano a China? Si no obedecen a las sanciones ¿Por qué no lo reporta la aduana?
Los facilitadores de la evasión de sanciones
Las empresas navieras extranjeras con mayores operaciones en las terminales petroleras venezolanas en octubre tienen en común su procedencia: Emiratos Árabes Unidos (EAU), un dato que ya es un patrón de interés para el análisis de los negocios oscuros de PDVSA.
Al menos 16 de los tanqueros procedentes del exterior son propiedad de operadoras marítimas de ese país. Y, por si fuera poco, dos de las 14 embarcaciones sancionadas y uno de los buques furtivos observados en octubre pertenecen a compañías de EAU.
Islas Seychelles, China, Liberia y Vietnam son los países donde tienen sus sedes las compañías que operan la mayoría de los tanqueros sancionados presentes en aguas territoriales de Venezuela. Sorprende el hecho de que España y República Dominicana también estén en este grupo.
La compañía Asia Charm Ltd FZE, basada en Emiratos Árabes Unidos, sigue aportando la mayor flota de barcos que sirven para la salida del crudo y los productos de Pdvsa, operando 12 de los 71 tanqueros internacionales activos en terminales petroleras del país durante el mes de octubre.
En cuanto a Rusia, como facilitador de diluyentes para procesar el crudo extrapesado venezolano, Reuters reportó una disminución en octubre y las recientes sanciones de Estados Unidos sobre Rosneft y Lukoil podrían tener mayor impacto para el mes de noviembre.
Las sanciones sobre el gobierno de Venezuela y la empresa Pdvsa han puesto obstáculos, pero no están impidiendo que ocurran las actividades de comercialización y cobro del petróleo con total opacidad y oportunidades de desvío de los fondos públicos. Claro está que la opacidad y el abuso de poder no iniciaron con las sanciones. Pdvsa es la institución del Estado venezolano con más casos de corrupción abiertos en varios países del mundo y la información de sus ingresos reales se está ocultado desde la creación de los primeros fondos extrapresupuestarios en 2003. Ante la interrogante de si tiene sentido que existan sanciones que en la práctica pueden evadirse, habría que preguntarse también si se deben despenalizar actuaciones delictivas ante el hecho de que sigan ocurriendo.
La cantidad de navieras sancionadas operando en Venezuela no significa que las sanciones sobre los buques y las empresas intermediarias en el tráfico de petróleo sean inocuas. Hay varios casos de empresas y propietarios que han enfrentado pérdidas operativas e incautaciones y en todas estas situaciones los costos financieros y reputacionales se elevan, mientras se restringe el acceso a servicios inherentes. Los desafíos de coordinación internacional y de diseño de políticas para una mayor efectividad son grandes, pero este contexto es mejor que un mar completamente abierto y sin costos para los infractores.
Buques con bandera internacional observados en Venezuela
Descargue el PDF del reporte aquí
Leyes en la que trabaja la comisión
-
Proyecto de Ley de Carrera Militar.
-
Proyecto de Ley de Educación Militar.
-
Reforma del Código Orgánico de Procedimiento de Justicia Militar.
Integrantes
Subcomisiones
Subcomisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Desarrollo Integral de la Nación.
Subcomisión de Fronteras e Integración Territorial
- Avilio Contreras (Coordinador)
- Hernán Alemán
- Gilberto Pinto
Subcomisión de Derechos Humanos y Derecha Internacional Humanitario
- Armando Armas (Coordinador)
- Marco Bozo
- Roger Cordero