Las querellas presentadas entre agosto y septiembre de 2023, conocidas entre el 12 y 13 de diciembre, corresponden a los casos de los comisarios jubilados de la extinta Disip, Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez; el del activista Jesús Rondón Gallardo y del ciudadano Jorge Rojas Riera
Transparencia Venezuela, 22 de diciembre de 2023-. Los abogados del Estado tendrán mucho trabajo en los próximos meses. Y no sólo por la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) autorice definitivamente a su Fiscalía a reanudar sus averiguaciones respecto a Venezuela, sino porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado tres demandas contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), informó Suprema Injusticia.
Las querellas fueron presentadas entre agosto y septiembre de 2023, pero fue entre el 12 y 13 de diciembre cuando el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) informó sobre ellos. Estos procesos se suman a los otros siete que ya cursan en el juzgado con sede en San José (Costa Rica), de acuerdo con la información disponible en su sitio web.
El primer caso es el relacionado con las irregularidades que rodearon el inicio del proceso judicial contra los comisarios jubilados de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez, informó la CIDH en un comunicado de prensa.
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Entre las medidas que la Comisión pide al juzgado con sede en San José (Costa Rica) que ordene a Venezuela figura “dejar sin efecto las consecuencias de la sentencia condenatoria” en contra de Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez, así como los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales, que existan en su contra a raíz de dicho proceso. Los familiares están esperanzados,
Los otros dos casos son el de Jesús Rondón Gallardo, un defensor de los derechos del colectivo LGBTI, quien desde 2016 sufrió diversos hechos de violencia, hostigamientos y amenazas por parte de motorizados que, según afirmó, eran parte de los “colectivos armados” por denunciar fallas en el suministro de medicamentos.
El tercer y último caso se refiere a la detención ilegal y a las torturas que sufrió Jorge Rojas Riera a manos de agentes de la extinta Disip.
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