Venezolanos pierden espacios independientes para informarse

Acceso a la información, Derechos, Derechos Humanos, Noticias

Durante el más reciente Examen Periódico Universal de la ONU, se presentaron al menos 27 recomendaciones dirigidas a resguardar los derechos informativos de los ciudadanos, y a revertir los efectos perniciosos del cerco que se ha tendido sobre los medios y la persecución a los periodistas en los últimos años 

Transparencia Venezuela, 3 de mayo de 2022.  Luego de dos años de pandemia, en Venezuela se profundizaron aún más las amenazas y la persecución a periodistas, el cierre de medios tradicionales y el bloqueo a plataformas digitales de comunicación. Estas acciones, que cercenan la libertad de prensa y limitan el acceso a la información de los ciudadanos, están bajo la lupa de diferentes organismos internacionales que ven con preocupación como cada día se estrecha más el cerco informativo en el país. 

En enero de 2022, Venezuela rindió el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que evalúa la situación de los derechos humanos en el país. En esa instancia, la Alianza para Libertad de Expresión de Venezuela promovida por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) presentó los reportes sobre las garantías informativas. Sobre este tema, los Estados hicieron a la delegación nacional 27 recomendaciones, ocho más que en la edición anterior de 2016.

Pero, fue justamente en el primer mes del año cuando recrudecieron los ataques a los  comunicadores y a la libertad de informar. La ONG Espacio Público reveló que en 2021 hubo una disminución en la vulneración de los derechos informativos con 246 casos, con respecto al año anterior, cuando documentaron 390 incidentes. No obstante, los informes de la organización mostraron un repunte iniciando 2022, pues solo en enero registró 24 casos en los que se produjeron 57 violaciones de la libertad de expresión.

Los incidentes más frecuentes identificados por la ONG fueron hostigamiento, intimidación y censura. Esto representa un aumento del 90% respecto al mismo mes de 2021. Uno de los casos que destacó, durante los primeros días del año, fue la intimidación a un grupo de periodistas. 

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la misma ONG denunciaron que Esteban Trapiello, empresario vinculado con el oficialismo, intimidó a través de las redes sociales a los comunicadores Gabriel Bastidas, Pedro Pablo Peñaloza, Alberto Rodríguez, Carla Angola, María Teresa Romero, Román Lozinski, Luis Carlos Díaz, Leopoldo Castillo, Alonso Moleiro y a la infociudadana Naky Soto.

Según Espacio Público, a la campaña se sumaron el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, y otras cuentas asociadas a funcionarios del gobierno y simpatizantes.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre los hechos y publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por las declaraciones estigmatizadoras, el cierre de medios de comunicación y los procesos judiciales contra periodistas en el país.

Los incidentes se dispararon en febrero, cuando Espacio Público detectó al menos 31 violaciones del derecho a la libertad en 19 casos distintos, es decir, un promedio de más de uno por día. 

Sin medios

En Venezuela, cada día son menos los espacios para informarse e informar de forma independiente. Según registros de organizaciones civiles, en el país existen alrededor de 960 medios, incluidas las páginas web. La gran mayoría, cerca de 85%, son emisoras de radio y televisoras controladas por el Gobierno. 

En tanto que de los 110 periódicos que existían en el país, apenas subsisten 10, la mayoría en manos de personas afines al chavismo. Pocos salen todos los días y algunos se editan como semanarios. La principal razón es la serie de restricciones impuestas para las autoridades para importar papel, lo que hizo que la mayoría de los medios migraran al formato digital.

Muchos también dejaron de circular como consecuencia de acciones judiciales que favorecieron a figuras del oficialismo, como ocurrió con Tal Cual y el emblemático diario El Nacional, cuyas instalaciones fueron adjudicadas a Cabello, tras un proceso judicial.

Pero la persecución no ha cesado y, por el contrario, cada día se cierra cualquier resquicio que buscan los ciudadanos para informarse. Desde 2014, la censura en Internet ha crecido de forma exponencial. Entre enero y diciembre de 2021, la organización VE Sin Filtro registró el bloqueo de 59 sitios web, 36 de ellos correspondían a páginas de noticias.

En este contexto, sin periódicos físicos, a los que recurría la mayoría de la población sin acceso a Internet, y con medios digitales asediados, los venezolanos tienen cada vez más limitaciones para informar e informarse. Además, las redes sociales, plataformas digitales y cadenas internacionales no son opciones para la mayoría de un país con una enorme brecha digital.

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Muchos periodistas y ciudadanos recurren a la instalación de VPN en dispositivos electrónicos para evadir el bloqueo de portales a través de la estatal de telecomunicaciones Cantv. No obstante, las constantes fallas en el servicio eléctrico y de acceso a la red, especialmente en el interior del país, restringen aún más el derecho a la información y la libertad de prensa.

Y sin miedo

Este Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha instaurada por la Unesco para defender a medios de comunicación y a periodistas de los ataques en el desempeño de su profesión, se hace necesario exigir que el Estado venezolano asuma de forma perentoria las recomendaciones del EPU.

La mayoría de los Estados participantes exhortaron al Gobierno a promover la libertad de prensa, reabrir medios de comunicación cerrados, garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y cesar la persecución, el hostigamiento y la criminalización de los comunicadores. 

Asimismo, algunas delegaciones de manera puntual sugirieron “modificar la Ley Contra el Odio para que no pueda ser utilizada contra periodistas y defensores de derechos humanos”, así como “garantizar que puedan proceder con sus labores sin miedo a la persecución”.  

Para Transparencia Venezuela, la libertad de prensa y el acceso a la información son fundamentales en la lucha anticorrupción.

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