Defensores de los afectados por la medida, entre ellos el periodista Ronald Carreño y el defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, acusan al máximo juzgado de provocar retardo procesal determinante y violarles el debido proceso, a la vez que exigen que sean excarcelados
Transparencia Venezuela, 18 de julio de 2023. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó a un juzgado penal de Caracas de sus competencias para conocer los casos relacionados con terrorismo, una decisión que en la práctica ha obligado a reiniciar juicios como los que se le siguen al periodista Ronald Carreño o al director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona.
La noticia la dio el abogado penalista Alonso Medina Roa, representante de algunos de los acusados, quien en declaraciones a Suprema Injusticia culpó al máximo juzgado de provocar un “retardo procesal determinante” y violarles el debido proceso a sus defendidos.
Esta información fue corroborada por el abogado Gonzalo Himiob, representante legal del director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Al entrar en la ecuación otro tribunal, que no ha presenciado el debate y ante el que no se han presentado pruebas, todos los juicios deben básicamente empezar de nuevo”.
Para el periodista Ronald Carreño y el activista Javier Tarazona esta será la tercera vez que su juicio deba comenzar desde cero. Los constantes aplazamientos y suspensiones de audiencias que han afectado a ambos procesos obligaron a declararlos interrumpidos a finales de 2022 y, por ello, debieron retomarse desde el principio.
Sin embargo, en el caso de Ronald Carreño la medida supone un duro golpe, por cuanto este juicio ya se encontraba en la fase de conclusiones; es decir la etapa final del debate público y oral y solo restaban que el juez dictara sentencia.
📍También te puede interesar: Reino Unido impulsaría creación de Tribunal Internacional contra la Gran Corrupción
Himiob exigió que su cliente y los otros afectados por la medida “administrativa” sean excarcelados, pues “mantener la prisión preventiva en estas circunstancias es convertir al proceso penal, que se supone que es una herramienta para la justicia y la determinación de la verdad por las vías jurídicas en una suerte de “castigo” o “pena” anticipada.
Pero Ronald Carreño y Javier Tarazona no son los únicos afectados, sino también los procesados por las llamadas “Operación Boicot” y “Aurora”.
Lee más sobre este caso en:
