Transparencia Venezuela presentó al país el Presupuesto Nacional 2017 aprobado vía decreto por el TSJ
Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela; diputada María Beatriz Martínez, Integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico; diputado José Guerra, Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.
El Poder Ejecutivo manejará 97% del presupuesto y el resto de los poderes únicamente 3%. Al aparato comunicacional del gobierno se le asignó 2,1%, más recursos que para electricidad, agua y transporte juntos. El Tribunal Supremo recibirá 1,29% del Presupuesto de la Nación, la Fiscalía General 0,3%, y la Contraloría 0,06%
Caracas, 23.2.2017. Para 2017 el decreto de presupuesto totaliza 8,48 billones de bolívares, que si bien frente a 5,64 billones de bolívares de 2016 (con créditos adicionales) significaría un incremento de 451%, respecto al ejercicio anterior, con la inflación estimada en 522% (CENDAS) la variación es de -75.85%. Este presupuesto alcanzaría hasta abril.
El precio del barril de petróleo fue estimado en 30 dólares y proyectan que generará 276.388 millones de bolívares que equivale solo a 3,26% del presupuesto, el aporte más bajo que ha hecho el crudo en los últimos años. La ONG pregunta a qué será destinado el dinero que genera PDVSA, si en 2015 reportó dividendos por 48 mil millones de dólares.
Asimismo, los ingresos no petroleros suman 8.034.681 billones de bolívares, lo que representa 96,74% del presupuesto. El impuesto al cigarrillo aportará 412.300 millones de bolívares, es decir 1,5 veces la contribución del petróleo y junto al tributo que deben pagar los licores, 217.000 millones de bolívares, totalizan más de dos veces el aporte de la renta petrolera.Los aportes no petroleros más importantes serán vía Impuesto al Valor agregado, que contribuirá con 3.719 millones de bolívares y el Impuesto Sobre la Renta, con 1.473 millones de bolívares.
Otra materia sobre la cual se levanta una alerta es la cantidad de recursos que se le destinaron al aparato comunicacional del gobierno: 189.620 millones de bolívares, Mientras que para los servicios públicos que incluye electricidad, agua y transporte fueron 156.579 millones de bolívares, es decir se ordenó entregar 21% más recursos para la propaganda gubernamental que para brindar atención a la población a través de servicios de calidad con Hidrocapital, Corpoelec, Metro de Caracas, Metro Los Teques, Metro Valencia y Metro Maracaibo, Trambercar en Barquisimeto, Tromerca en Mérida, Ferrocarriles y Fontur.
Además, la seguridad interna y el orden público siguen sin ser prioridad para el Ejecutivo. Por el contrario, a la defensa del país a cargo de los militares se le asignó 213% más dinero que a la policía. A la seguridad interna y orden público se destinó 158.893 millones de bolívares, lo que representa 83% menos recursos que en 2016. Sin embargo, a la defensa del país, se destinó 497.102 millones de bolívares, que equivale a 213% más recursos en comparación con lo que se destinó a las policías. Además, redujeron en 63% los recursos para la administración de justicia.
A la identificación de los ciudadanos a cargo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y Misión Identidad asignaron 13.980 millones de bolívares. De los cuales, el Saime manejará 7.555 millones de bolívares con 1.621 empleados, mientras que la Misión Identidad contará con 6.425 millones de bolívares y 5.514 trabajadores. Cabe destacar que el organismo central tiene cuatro veces menos trabajadores y actualmente más de un millón de ciudadanos está a la espera de su pasaporte.
En el decreto de Presupuesto 2017 las asignaciones a los sectores sociales disminuyeron entre 74.71% y 78,65%, respecto al año 2016, considerando una inflación de 522%. La educación es la principal preocupación del gobierno puesto que le asignó la mayor cantidad de recursos, 2.063.590 millones de bolívares; le sigue seguridad con 1.465.373; a pesar de la crisis en salud, este sector quedó relegado en tercer lugar con 618.914 millones de bolívares y en última posición vivienda, a la que se destinó 39.635 millones de bolívares.
En cuanto a las Misiones Alimentación y Vivienda no están desglosadas en el presupuesto, pero si los órganos e instituciones que trabajan para éstas, por ello se tomaron los datos de allí. La alimentación fue la prioridad y se le asignó 82.248 millones de bolívares, sin embargo, esto representa 29% menos dinero que el año anterior. Le sigue Barrio Adentro con 57.390 millones de bolívares, 66% menos. A Toda Vida fue la misión a la que menos recursos destinaron el presupuesto, solo 3.736 millones de bolívares, que representa una contracción de 93%. Mientras que a vivienda con 20.775 millones de bolívares le redujeron el dinero en 75%.
Hay que resaltar que destinaron sólo 339 bolívares para la alimentación diaria por niño de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, antiguo PAE.
El Poder Ejecutivo manejará 97% del presupuesto y el resto de los poderes únicamente 3%. Al poder electoral le asignaron 0,2% a pesar de que este año deberían llevarse a cabo las elecciones de Gobernadores y Alcaldes, al Poder Ciudadano 0,4%, al Legislativo 0,3% y al Judicial 1,4%.
Al pago de 1.323.260 empleados públicos se destinó 291.244 millones de bolívares que equivalen a 15% del presupuesto. Se encontró que aumentó el número de trabajadores a tiempo parcial sumando 84.167 personas más. Sin embargo, se redujo la cantidad de empleados fijos, 319.165 salieron de la nómina. Asimismo le corresponderá a cada uno de los 939 trabajadores de la Controlaría velar por la transparencia en la gestión de 1.409 funcionarios de la administración pública cada uno.
Respecto a la descentralización, se destinó a las gobernaciones y alcaldías 1.823.624 millones de bolívares, lo que equivale a 49% menos recursos que en el ejercicio anterior, y este porcentaje disminuirá con los créditos adicionales.
El número de privados de libertad está ausente del presupuesto, pero destinaron para su alimentación y bebidas 24.033 millones de bolívares y al Ministerio de Servicio Penitenciario 79.088 millones, que equivale a 81% menos recursos que en el año 2016.
Arrojando luz sobre el oscuro manejo gubernamental de las finanzas públicas
Este año fue inédito en la historia del presupuesto de la Nación. El Ejecutivo no presentó el proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional y en su lugar concurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia en busca de su anuencia, la que finalmente consiguió el 15 de diciembre, cuando se emitió la sentencia del decreto ley. Desde entonces, el presupuesto nacional estuvo celosamente resguardado en el máximo tribunal y fuera del alcance del país, a pesar de ser un documento público.
Luego de que el TSJ le negara el acceso al decreto ley,Transparencia Venezuela logró obtener el documento oficial luego de solicitarlo a 31 ministerios. Es así como logra hacer del dominio público, la procedencia de los recursos con los que contará la Nación en 2017 y cómo serán distribuidos por decisión exclusiva del Ejecutivo.
En septiembre de 2016 esta organización hizo sonar la primera alarma sobre la irregularidad en el procedimiento de aprobación del presupuesto nacional, cuando advirtió la no publicación de los supuestos económicos (precio del barril de petróleo, producción petrolera, Productor Interno Bruto, Inflación y Tipo de cambio), los cuales en los últimos años han sido mal estimados por el Gobierno, generando presupuestos insuficientes que luego fueron incrementados sustancialmente con créditos adicionales. Consulte aquí el comunicado de prensa publicado entonces.
El siguiente mes de octubre, cuando el Presidente Maduro asomó la posibilidad de no someter el presupuesto a la aprobación de la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela advirtió la inminente violación de los artículos 187 y 313 de la Constitución Nacional y advirtió que ella profundizaría la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, e impediría la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y promovería la concentración y el abuso de poder. Esta fue nuestra comunicación oficial generada a propósito.