Continuando con las últimas medidas emprendidas en torno a las misiones sociales, este informe presenta algunos cuestionamientos a la emisión del Decreto Constituyente mediante el cual se declara instalada la Constituyente para Personas con Discapacidad, que fue publicado en la Gaceta Oficial N° 41.246 del 28 de septiembre de 2017 que forma parte de la arbitraria Asamblea Nacional Constituyente, que busca fortalecer el derecho de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

No obstante, se ha obviado legislaciones anteriores, que se encuentran vigentes, y que abordan la materia de forma integral, como la Ley para Personas con Discapacidad que establece las disposiciones que facilitan el desarrollo integral de las personas con discapacidad dentro de la sociedad venezolana promulgada en enero de 2007 y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social garantiza a las personas comprendidas en el ámbito de acción de esta ley, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que contemple la misma.

A pesar de que en Venezuela existe un régimen jurídico que establece la obligatoriedad de Estado para la generación de condiciones y oportunidades que les permitan ser actores, aún se evidencian diversas formas de discriminación.