Además de las jubilaciones, aquí están las 4 cuatro vacantes que justificarían cambiar el TSJ, por segunda vez en 4 años
Transparencia Venezuela, 27 de abril de 2026.- El proceso de refrescamiento que viene experimentando el Estado luego de la operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúa. Tras los cambios de rostros en el Ministerio Público y la Defensoría, ahora le toca el turno al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La Asamblea Nacional dio el primer paso para adelantar los “cambios” en el TSJ y designó al Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales, instancia que luego debería, de acuerdo al mandato constitucional, escoger a los miembros de la sociedad civil—cuyas postulaciones se recibirán hasta el 1 de mayo— que participarán en el proceso de evaluar las candidaturas de los aspirantes a magistrados y presentar una lista a los diputados para su elección.
¿Pero si hace apenas cuatro años se nombró al actual TSJ, por qué los diputados vuelven a fijar su mirada en el organismo judicial?
“Por distintas circunstancias: o por jubilación, renuncia o por ‘destacamiento’ en otras responsabilidades hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ”, anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Además de las ocho jubilaciones anunciadas este abril de 27 de abril (Elsa Gómez, Maikel Moreno, Edgar Gavidia, Luis Damiani Bustillos, Henry Timaure, Carmen Alves, Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares), Transparencia Venezuela detectó al menos cuatro vacantes claras:
Dos vacantes en la Sala Constitucional
En la sala que se encarga de interpretar la Constitución hay dos vacantes absolutas desde hace más de un año. Se trata de las sillas que ocupaban los magistrados Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega.
Gladys Gutiérrez, quien llegó a ser presidenta de la Sala y del TSJ en dos ocasiones, colgó la toga en abril de 2024, cuando fue designada embajadora en España. En un principio, el máximo juzgado le otorgó una “licencia” para desempeñar sus funciones, según se lee en la sentencia número 208 de mayo de ese año. En octubre de ese mismo año, en otro fallo, el número 213, se le había otorgado el “beneficio de jubilación”, incorporando a la suplente Janette Trinidad Córdova Castro.
Antes de la salida de Gutiérrez se produjo la de su compañero de Sala, Calixto Ortega. Apenas tres meses después de haber sido reelecto como magistrado por la Asamblea Nacional, el funcionario fue designado embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) y también se le otorgó una “licencia”.
Para cubrir la ausencia de Ortega fue convocada la abogada Michel Adriana Velásquez Grillet. Y aunque Ortega dejó su puesto en La Haya (Países Bajos) a principios de 2024, jamás se reincorporó a la Sala Constitucional.
Una vacante en la Sala Político Administrativa
La salida de la magistrada Bárbara César Siero se produjo bajo un manto de opacidad. Pese a ocupar, para inicios de 2024, la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa, la funcionaria de repente desapareció de escena. No se le vio en el acto de apertura judicial de ese año y no volvió a firmar ninguna sentencia.
No fue sino hasta abril de 2024 que la Sala, en una serie de fallos, informó que “el 13 de marzo del presente año se incorpora el magistrado Suplente Emilio Ramos González por la falta absoluta de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero”. No se aclaró si la falta absoluta de César Siero fue producto de su renuncia o jubilación.
La situación de César Siero dentro del TSJ era un misterio desde que, en enero de 2024, se conoció que dos de sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, fueron detenidos a finales de 2023 por su presunta vinculación con las tramas conspirativas que las autoridades aseguraron haber neutralizado.
Los militares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un acto realizado el pasado 23 de enero de 2024 en el complejo militar Fuerte Tiuna, por estar “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, todo lo cual representa actos de traición a la patria”, precisó el entonces Ministerio para la Defensa, Vladimir Padrino López.
Una vacante en la Sala Social
La última vacante registrada es la de Carlos Alexis Castillo, quien el pasado 18 de marzo fue designado ministro del Trabajo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En la sentencia número 158, la instancia anunció que la doctora Eneida Alexandra Moreno Pérez “tomó posesión del cargo de magistrada” para suplir la falta temporal del ahora ministro. Sin embargo, el nombre de Castillo fue incorporado entre los exmiembros del TSJ en la sección de “histórico de magistrados” de la página web del organismo, lo cual deja entrever que su vacante es considerada ausencia absoluta.
Situaciones curiosas de las jubilaciones en el TSJ
Las sorpresivas jubilaciones de varios magistrados, conocidas extraoficialmente, han provocado una serie de situaciones inusuales. Por un lado, las vacantes en el TSJ que el Parlamento debe cubrir ascenderían ya a 12, es decir, más de la mitad del organismo judicial.
Además, en las salas Constitucional, Penal, Civil y Social, la mayoría de sus integrantes serán magistrados suplentes (tres de cinco en el caso de la Constitucional y dos de tres en el caso de la Penal, Civil y de la Social).
En la Sala Político-Administrativa, la presidencia ha recaído temporalmente en un suplente, Emilio Ramos González, debido a la jubilación de los hasta ahora principales: Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares.
La Sala Electoral es la única instancia del TSJ donde no se han producido peticiones de retiro, por lo que ha trascendido. Esta instancia fue la que, mediante un cuestionado proceso, avaló la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Recordar es vivir…
El perfil de los magistrados jubilados:
Maikel Moreno. Sala Penal. Tenía 8 años en el TSJ cuando le sumó otros 12 con su reelección en 2022. Ha sido sancionado por 42 países y es investigado por presuntos hechos de corrupción en una causa en el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, país que ofreció USD 5.000.000 de recompensa por él.
Elsa Janeth Gómez Moreno. Sala Penal. Fue reelecta en abril de 2022 por el Parlamento venezolano dominado por el oficialismo. Gómez Moreno es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. En julio de 2013, la Sala Constitucional del TSJ determinó que Elsa Janeth Gómez Moreno cometió un “error inexcusable” en un caso de corrupción que involucraba al excomandante del Ejército, general Víctor Cruz Weffer, y solicitó al Tribunal Disciplinario Judicial que iniciara un procedimiento en su contra por haber actuado “de forma grotesca” en ese proceso, según reseñaron medios nacionales ese entonces.
Más recientemente se le señaló de participar activamente en un esquema de persecución judicial contra los detenidos tras las protestas por los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 anunciados por el CNE.
Luis Fernando Damiani Bustillos. Sala Constitucional. Estuvo en el TSJ desde 2010. Se garantizó al menos 24 años en tribunal tras ser electo en el cuestionado proceso de «renovación» de 2022, por 12 años más. Ahora, 4 años después lo jubilan.
Edgar Gavidia Rodríguez. Sala Social. Se garantizó una permanencia de 20 años en el Tribunal Supremo de Justicia en 2022, pero sale por jubilación en esta “renovación”. Fue muy cercano al poder pues es hermano de Walter Gavidia Rodríguez, expresidente de la Fundación Misión Negra Hipólita y exesposo de Cilia Flores. Militó en el extinto Movimiento Quinta República, partido fundado por el difunto Hugo Chávez, en representación del cual ocupó la vicepresidencia del Cabildo Metropolitano de Caracas.
Henry José Timaure Tapia. Sala Civil. Es un militar de la promoción “Tomás Montilla” de 1987, conocida como “Los Montilleros”, la misma a la cual pertenece Diosdado Cabello y otros militares con destacada participación en el chavismo-madurismo. En 2017 Timaure Tapia era presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, y fue sustituido de manera abrupta. Según la Gaceta Oficial 41305 del 21 de diciembre de 2017, fue designado en su lugar el general de División Edgar José Rojas Borges por decisión del ministro de la Defensa. Se desconocen las razones por la que fue separado de los dos cargos que ocupaba.
Carmen Enedia Alves Navas. Sala Civil. Consiguió ser electa en la «renovación» del TSJ de 2022, y había logrado su permanencia como magistrada al menos por 19 años, si se toma en consideración que ingresó al tribunal al menos desde 2015. Era la suplente de Indira Alfonzo Izaguirre, cuando esta magistrada fue designada por la Sala Constitucional como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en junio de 2020.
Juan Carlos Hidalgo Pandares. Sala Político Administrativa. Un militar que llegó al TSJ en 2022. Egresó de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1984 como integrante de la promoción “General de Brigada Juan Gómez Mireles”, la misma del exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Hidalgo Pandares es un general de Brigada, magíster en Ciencias y Artes Militares y abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santa María (USM). En 2009 se desempeñaba como fiscal general Militar. Antes, en 2005, fue presidente de la fundación Pueblo Soberano, según gaceta oficial N- 38320.
Malaquías Gil Rodríguez. Sala Político Administrativa. Al menos 24 años en el máximo tribunal de Venezuela tenía garantizados Gil Rodríguez al ser favorecido por la Asamblea Nacional electa en 2020, como uno de los magistrados que permanecerá más allá del límite de 12 años que ordena la Constitución Nacional. Fue diputado a la Asamblea Nacional por Trujillo entre 2000 y 2010, pero antes se había desempeñado como contralor municipal durante varios años. Estuvo en el poder judicial desde 2010.Fue sancionado por Canadá el 30 de mayo de 2018 por corrupción y violación de derechos humanos, con congelamiento de bienes en jurisdicción de ese país y prohibición a los ciudadanos de esa nación de establecer algún tipo de negocios con este magistrado.
Ciudadanía y organizaciones impulsan el debate electoral y proponen una ruta democrática en Venezuela
Transparencia Venezuela 24 de abril de 2026. — Organizaciones civiles y activistas venezolanos destacaron la importancia de que la sociedad asuma un rol protagónico en la creación de condiciones para unas elecciones libres, justas y verificables, durante el conversatorio “¿Deben los ciudadanos y las ONG hablar de elecciones?”, realizado en Caracas.
Promovido por iniciativas ciudadanas, el encuentro reafirmó que el debate electoral ya está activo en la sociedad civil y que es momento de avanzar hacia una ruta democrática que garantice justicia, libertades y respeto a los derechos humanos.
El evento contó con las intervenciones de Mercedes De Freitas, Directora de Transparencia Venezuela en el exilio y Deborah Van Berkel, promotora de Ideas por la Democracia, con la moderación de Rafael Uzcátegui co-director de Laboratorio de Paz.
Elecciones con condiciones: cimiento para la estabilidad
Mercedes De Freitas enfatizó que el debate debe trascender la mera convocatoria electoral y enfocarse en reconstruir el sistema institucional que la sostiene:
“No basta con convocar elecciones; es necesario reconstruir el sistema que las organiza”.
De Freitas propuso un Estatuto Electoral Especial, como marco transitorio para reinstitucionalizar el poder electoral, resaltando la necesidad de una transformación integral más allá del simple relevo de autoridades.
“La reinstitucionalización no se limita al Consejo Nacional Electoral; exige desmontar el control partidista y garantizar independencia y apertura”, afirmó.
También insistió en la necesidad de condiciones reales para la competencia electoral:
“Es fundamental eliminar restricciones a candidatos, auditar el registro electoral e incorporar a los venezolanos en el exterior para recuperar la confianza”.
De Freitas agregó que la posibilidad de celebrar elecciones pronto dependerá de decisiones oportunas y de la presión nacional e internacional para lograr acuerdos políticos.
Una oportunidad para el cambio
Deborah Van Berkel alertó sobre el momento crucial que vive Venezuela:
“Venezuela atraviesa una ventana de oportunidad muy pequeña que no debe desaprovecharse”.
Van Berkel recalcó que el proceso de cambio no puede depender solo de acuerdos entre élites:
“La transformación exige un poder ciudadano activo, capaz de exigir derechos y contribuir a una ruta democrática”.
La panelista subrayó el vínculo entre lo político y lo económico:
“No habrá mejoras sostenibles en las condiciones de vida sin un cambio político basado en la democracia”.
En materia electoral, Van Berkel instó a que las elecciones sean construidas bajo condiciones verificables:
“Elecciones creíbles requieren independencia del árbitro electoral, participación sin exclusiones, observación autónoma y garantías para la libertad de expresión”.
Participación ciudadana: motor de la ruta democrática
En el debate, moderado por Rafael Uzcátegui, resaltó la importancia de fortalecer la movilización social y la articulación ciudadana como motores del cambio.
La transformación nacional no depende solo de actores políticos, sino de la capacidad de la ciudadanía —dentro y fuera de Venezuela— para organizarse, proponer y exigir condiciones democráticas.
Los participantes coincidieron en que las elecciones representan el mecanismo para transformar la estructura actual y avanzar hacia un país que recupere la confianza y proteja a su gente.
“Las elecciones deben ser vistas como un proceso, no solo como un evento, y requieren condiciones previas, durante y posteriores, que solo pueden garantizarse con una ciudadanía activa y organizada”, concluyeron.
La exigencia democrática y la organización ciudadana frente a las dificultades siguen siendo la vía para lograr cambios reales y sostenibles en Venezuela.
“Solo en democracia hay futuro para Venezuela”, sostuvieron los panelistas.
El conversatorio ratificó que la defensa del espacio democrático y la exigencia de elecciones justas se han convertido en una prioridad para la sociedad venezolana. La construcción colectiva de una ruta electoral es el paso necesario para restituir la soberanía popular y avanzar hacia una democracia sostenible.
Leer comunicado de organizaciones civiles sobre “Elecciones y Democracia, una ruta urgente para la reinstitucionalización en Venezuela ”
Para entrevistas, sobre el evento o pronunciamiento pueden escribir a :
- Laboratorio de Paz: [email protected]
- Quiero Elegir : [email protected]
- Ideas por la Democracia: [email protected]
La alineación mediática y narrativa de Venezuela con Rusia, China e Irán
Transparencia Venezuela, 15 de abril de 2026. Un nuevo análisis revela cómo se mostró la alineación mediática de Caracas con Moscú, Pekín y Teherán—entre octubre de 2025 y enero de 2026—, una alianza que ratifica la convergencia sistemática de informaciones con las mismas narrativas y fuentes oficiales, que son amplificadas de manera cruzada entre plataformas informativas de los gobiernos de Venezuela, Rusia, China e Irán, o aliadas a esos países, para reforzar posiciones geopolíticas en común.
En el reporte se presentan las características de esta convergencia discursiva entre nuestro país y cada uno de sus aliados, que solo se expresó en lo mediático en distintos niveles e intensidad, pero que a la larga no se tradujo en el respaldo que Nicolás Maduro anunciaba en caso de una acción militar de Estados Unidos.
Te invitamos a leer el informe aquí.
Las flotas irregulares pierden peso, pero siguen en Venezuela
*Análisis realizado entre febrero y marzo de 2026
Transparencia Venezuela, 9 de abril de 2026. Durante febrero y marzo de 2026 se registró un incremento en el flujo de transporte de petróleo, impulsado por embarcaciones internacionales que operan dentro del marco legal. El volumen de tanqueros superó los niveles observados en los diez meses previos, alcanzando 134 en febrero y 143 en marzo.
Como se detalla en el cuadro siguiente, este conjunto incluye 17 buques con bandera venezolana. Asimismo, se identificaron 25 embarcaciones sancionadas o de operación furtiva en febrero y 29 en marzo. En cuanto a las naves en “modo oscuro”, detectadas mediante imágenes satelitales, se contabilizaron 14 en febrero y 15 en marzo.
El número de embarcaciones con bandera de Venezuela no ha variado en todos los meses de monitoreo, la mayoría hacen cabotaje entre los puertos petroleros domésticos de Petróleos de Venezuela.
¿La flota fantasma está perdiendo fuerza?
Detrás de este incremento también se esconden matices relevantes. Aunque el número absoluto de embarcaciones irregulares (sancionados, furtivos y oscuros) en marzo fue de 44 —6 más que en enero—, su peso relativo dentro del total muestra una tendencia a la baja; representaron un 30% de los tanqueros observados, lo que evidencia una caída frente al 33% de enero y el 47% registrado en diciembre.
El gráfico siguiente permite vislumbrar la presencia sin grandes cambios de los buques irregulares frente al crecimiento de los buques lícitos a partir de enero de 2026.
En cuanto a las banderas de los buques sigue siendo Panamá el país más importante con 28 embarcaciones registradas, seguido de Islas Marshall con 19 y Malta con 10.
El reacomodo en proceso del tráfico petrolero muestra más actividad, sí, pero con una menor proporción de operaciones irregulares, aunque persiste la cantidad de buques de flotas fantasmas. Un dato que, lejos de cerrar el debate, invita a mirar con mayor atención cómo evolucionan las estrategias utilizadas en este entorno vigilado.
¿Qué tan estricto es el cerco marítimo?
En febrero llegó el buque Skage, sancionado por Ucrania por actividades de transporte de petróleo ruso y calificado como furtivo, con señal AIS encendida; según Bloomberg está al servicio de North American Blue Energy Partner (Nabep) propiedad de Harry Seargent III, una empresa que firmó contratos de participación productiva (CPP) durante el mandato de Nicolás Maduro al amparo de la “Ley Antibloqueo”.
El Skage cargó unos 960 mil barriles de crudo Merey originalmente destinados al puerto de Qingdao (China), pero Nabep informó que tal vez sería vendido en Bahamas. En febrero también se detectó el arribo de los furtivos Telesto y José Progress. A la par, salió de Venezuela ese mes el furtivo PVT Azura en dirección al puerto de Algeciras – España. En marzo llegaron a Venezuela 5 furtivos, entre ellos el buque Sea Horse proveniente de Rusia con carga, cuyo destino original era Cuba. En marzo además zarparon los tanqueros Baisha, Bandra, José Progress y Nabiin.
El BANDRA (IMO 9296585), ahora renombrado ASTRA y con bandera rusa, sancionado por la OFAC y la OFSI, evadió el cerco naval de Estados Unidos y salió de Amuay el 12 de marzo. Ahora va camino a Puerto Said, en Egipto.
Nos preguntamos:
- ¿Estos buques evadieron la cuarentena impuesta por Estados Unidos o fueron autorizados a pesar de su historial como parte de flotas oscuras y su antigüedad?
En caso de que hayan sido autorizados,
- ¿Existe algún acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos respecto a la movilidad de algunos buques sancionados y furtivos?
- ¿Por qué el buque Sea Horse proveniente de Rusia con hidrocarburos para Cuba arribó a Venezuela?
- ¿El cerco marítimo fue levantado dado el conflicto en el Medio Oriente?
La última incautación de un buque relacionado con Venezuela ocurrió en febrero en el océano Índico.
Del resto de los buques furtivos y sancionados detectados, al menos 12 están en las inmediaciones de los puertos petroleros venezolanos desde noviembre de 2025, 3 desde diciembre y 3 desde enero, haciendo cabotaje o esperando la oportunidad de salir como ya lo hicieron otros.
En lo que respecta a las prácticas de trasiego, en febrero se identificó sólo una operación el día 13, mientras que en marzo se observaron 4 STS (Ship-To-Ship o transferencia de barco a barco) en la zona de Caquetíos, próxima al puerto de Amuay en el estado Falcón, mismo lugar en donde ocurrieron operaciones irregulares en meses previos.
Un doble trasiego furtivo se detectó cerca de la bahía de Amuay el 7 de marzo de 2026
Descargue el PDF del reporte aquí
Una propuesta sobre las elecciones en Venezuela para avanzar hacia la transición política
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2026. Frente al problema estructural que evidencia el sistema electoral venezolano— caracterizado por la debilidad institucional, opacidad y falta de garantías fundamentales—surge la propuesta de crear un Estatuto Electoral Especial de carácter transitorio y con prevalencia expresa sobre la actual legislación electoral para corregir, de manera excepcional, temporal y taxativa, aquellas disposiciones y prácticas que hoy permiten arbitrariedad, exclusión y opacidad.
En nuestro informe “Condiciones para celebrar elecciones en Venezuela. Una propuesta para avanzar en la discusión hacia la transición política” planteamos que un estatuto de este tipo no es una novedad en Venezuela. En el año 2000 se dictó Estatuto Electoral del Poder Público, concebido como régimen transitorio para los primeros comicios bajo la Constitución de 1999. También hay tres experiencias que son especialmente relevantes para el caso venezolano: Chile (1989), México (1996) y Georgia (2011-2013).
El estatuto electoral transitorio se enfocaría en siete áreas esenciales del ciclo electoral venezolano:
En esta primera entrega se abordan las dos primeras áreas: la reinstitucionalización política y del CNE y la actualización del Registro Electoral.
Lee el informe completo aquí.
