Desde febrero de 2014, la urbanización Los Nuevos Teques se había convertido en uno de los principales puntos de manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la zona de los altos mirandinos. Las protestas multitudinarias a menudo recorrían la carretera Panamericana entre los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias, sin que se hubiesen presentado hechos que lamentar.
No obstante, a partir de marzo las marchas fueron reemplazadas por bloqueos de la principal vía de comunicación entre esos municipios y Caracas. Los manifestantes, en su mayoría residentes de la urbanización, colocaban objetos en la vía, quemaban cauchos y levantaban los alcantarillados. En la primera quincena de ese mes, fueron atacados por primera vez por grupos armados o colectivos. Pero no hubo heridos ni lesionados.
El domingo 23 de marzo en la tarde, los vecinos de Los Nuevos Teques y barrios adyacentes salieron nuevamente a protestar. Muchos de ellos tapaban sus rostros con franelas para evitar la identificación por parte de los agentes de la policía política y la Guardia Nacional. Encendieron cauchos y colocaron trozos de madera y metal en la carretera, justo frente a la entrada de la urbanización. El embotellamiento no se hizo esperar.
A tres kilómetros de allí, en el centro comercial La Cascada, la intérprete de señas del noticiero Venevisión Adriana Urquiola y su esposo Alex Ruiz apuraban las compras en el automercado para regresar al apartamento del matrimonio en las residencias El Encanto. Quizá si se apuraban el tránsito no serían tan difícil en una vía que usualmente está colapsada. Tomaron un transporte público, pero a 400 metros del punto donde se encontraban los manifestantes los vehículos se detuvieron.
Urquiola, Ruiz y los demás ocupantes de la buseta sabían que deberían caminar desde allí. Aunque los manifestantes estaban encapuchados, los peatones generalmente no corrían peligro y podrían cruzar a pie la vía bloqueada, para así entrar en la urbanización y continuar hacia el interior de la ciudad.
Urquiola iba con paso apurado delante de su esposo, quien llevaba las bolsas con las compras. Otros peatones estaban alrededor de ellos. La mujer no podía cargar mucho peso, pues tenía casi siete meses de embarazo.
Cuando se aproximaba a la urbanización ocurrió lo peor: desde el lado opuesto de la Panamericana se escucharon varias denotaciones en seguidilla. Los manifestantes corrieron por doquier. Algunos, sin embargo, pudieron precisar el origen de los disparos y se acercaron con cautela para tratar de identificar al atacante. Uno de ellos usó su teléfono celular para fotografiar la camioneta en la que probablemente huía el tirador. Ya estaba oscuro, pero en la gráfica se podía distinguir una camioneta Toyota, azul marino o negra, que iba en sentido Los Teques-Caracas.
Mientras tanto, a pocos metros del lugar Adriana Urquiola yacía sobre el pavimento. La mujer de 28 años de edad estaba moribunda con una herida por proyectil en la frente. Otra bala le rozó el brazo derecho.
En el mismo tiroteo también resultó herida en el brazo derecho Rosalba Pérez Ibáñez, de 32 años de edad, quien como Urquiola caminaba hacia Los Teques luego de bajarse del colectivo.
La foto de la traductora de señas del noticiero, acompañada en sus últimos momentos por un oficial de la Policía del Estado Miranda, recorrió el mundo a través de las redes sociales.
La evidencia gráfica sobre el vehículo del agresor, así como los proyectiles colectados en el lugar del suceso y en la víctima fueron claves para identificar al homicida.
Capitán conocido
El martes los agentes de la División contra Homicidios de CICPC allanaron el apartamento de Jhonny Eduardo Bolívar Jiménez, de 38 años de edad. En el estacionamiento del edificio Ana María de la urbanización El Picacho, en San Antonio de los Altos, encontraron una camioneta con características similares a la utilizada el día del tiroteo.
Bolívar no era un desconocido para los cuerpos policiales. Tenía antecedentes por tráfico de drogas, secuestro y usurpación de identidad. Solía hacerse pasar por un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana con la finalidad de pasar inadvertido. Desde CICPC además se filtró la información de que al momento del registro domiciliario tenía en su poder una credencial del Ministerio para Servicio Penitenciario. La especie nunca fue desmentida, aunque la validez de esa identificación aún está en duda.
Sucedió entonces algo poco usual. Los pesquisas creyeron la versión de Bolívar, según la cual él no usó la camioneta el día del crimen. El hombre supuestamente afirmó que se la había prestado a su hermano, un empleado de Corpoelec.
Bolívar ganó así las horas necesarias para tomar lo esencial y huir de su vivienda. Días después los funcionarios regresarían al inmueble. Pero ya era inútil pues el falso capitán nuevamente había escapado a la ley. Lo que era un caso “policialmente resuelto”, inició el recorrido de la impunidad.
Luego, los cuerpos policiales practicaron allanamientos en varias partes del país, frecuentadas por el supuesto homicida. Pero él siempre parecía llevar un paso adelante.
En abril, el Ministerio Público informó que había solicitado a Interpol una alerta o boleta roja para Jhonny Bolívar. Con esto el hombre se transformaba en un prófugo internacional. Para enero de 2015, diez meses después de la noticia, la información sobre este hombre aún no figura en la página de personas solicitadas. Es posible que la orden de búsqueda y captura exista y no sea de acceso para el público en general. Esa decisión corresponde al gobierno venezolano. En otros casos que involucran a opositores y delincuentes comunes, la información sí se ha hecho pública.
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en el 92% de los homicidios reportados en el país no se produce ninguna detención. Es posible además que algunas personas detenidas queden en libertad por distintas razones. Con lo que la impunidad es aún mayor.
En junio, cuando se cumplían cuatro meses de la muerte de su hija, Manuela Pérez expresó su decepción ante las promesas incumplidas por parte de las autoridades.
“Solo necesito que se haga justicia para conseguir la paz que me fue arrebatada”, declaró.
Esa paz aún no llega.