Las Misiones Sociales del Gobierno nacional en el estado Lara han dejado de responder a las necesidades de los residentes de diferentes municipios como lo demuestran las denuncias de beneficiarios o censados para recibir las ayudas económicas y sociales de estos programas gubernamentales.

En el siguiente reporte del mes de abril de 2015 constatamos con testimonios de beneficiarios, reportes de prensa, denuncias y el reporte del sitio web de la “Vicepresidencia para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones”, en donde ante la falta de un informe actualizado se denota la poca transparencia sobre las misiones.

La Misión Hijos de Venezuela no tiene disponible una base actualizada desde noviembre de 2014, cuando se hablaba de 10 listados, aunque en declaraciones de la coordinadora regional, Daysy Godoy, había ya un listado número 13.

Una beneficiaria en la zona de La Ruezga, destacó que aunque comenzó a recibir 600 bolívares mensuales, sin aviso dejó de percibirla, una situación que viven otras seis personas, de las que tiene conocimiento. En La Piedad Norte, Cabudare, una joven ha sido censada en dos oportunidades pero espera la beca.

La Gran Misión Vivienda Venezuela acusa paralizaciones. En zonas donde se hace el movimiento de tierra para la construcción de las casas, los vecinos de los alrededores ven como a diario llegan materiales como cabillas que son sustraídos.

En el sector La Morenera, municipio Palavecino, por presión de la Comuna Che Guevara, los recursos comenzaron a asignarlos directamente a esta organización en vez de Corpolara, lo que provocó la paralización del movimiento de tierra. La comuna se encargaba de la seguridad, pero colocaron a vigilantes privados, a quienes acusan de vender de noche los materiales de construcción de la obra.

En Cabudare, en la zona de La Piedad-Norte sector La Montaña, los vecinos informan que todas las mañanas observan camiones cargados con cabillas  y otros insumos de una fábrica relacionada con Cavim. Los reportes hablan que pertenecen a alguien relacionado con personeros del alto Gobierno.

La ejecución en Lara es de 20%, de acuerdo con Choy Lau, expresidente de la Cámara Inmobiliaria en la entidad, quien asegura que las cifras oficiales aumentan porque en vez de construcción de casas, se trata de sustitución de ranchos por viviendas en la mayoría de los casos.

Una ingeniera que trabajó en Corpolara denunció el uso proselitista y clientelar para asignar a beneficiarios a través de los consejos comunales, a cuyos representantes pedían incluir nombres de beneficiarios para llevarlos a actos de movilización. El “maquillaje” de cifras y la inclusión de personas a discreción, forman parte de las irregularidades.

En Barrio Adentro el panorama es desalentador. Reactivos vencidos en el CDI de Palavecino son muestra de que no se lleva a cabo una asignación de acuerdo a la demanda real de los pacientes.  También se inflan las cifras de personas atendidas, pero la realidad dice lo contrario. Una paciente del CDI de la Zona Este de Patarata confirma que los médicos entregan medicinas a discreción, porque en su caso iba con un dolor de diente y le dieron un fármaco para la ansiedad y el pánico.

El Programa Alimentación Escolar no escapa a las irregularidades: Comidas que no llegan, distribución precaria y su desaparición de las zonas rurales. El exdirector de FundaEscolar, César Bello, confirmó esta realidad. Bello se quejó de la centralización al contratar los proveedores, lo que provoca opacidad e incumplimiento por la falta de pagos. Las madres procesadoras también se ven afectadas por que no reciben la asignación económica, mientras que al centralizar la entrega de alimentos a través de Mercal y Pdval la distribución no ha mejorado.