El Gobierno nacional lanzó la Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela para atender a la población más vulnerable, un programa social que constituye una réplica de similares aplicados en Brasil, Colombia y México, con la diferencia de que en el país ha recibido críticas por la entrega de becas a adolescentes embarazadas.

Mientras que en otros países se exige seguimiento y control en la asignación de las ayudas económicas, así como en la rendición de cuentas, en Venezuela se ha demostrado que además de no llevar a cabo un control, la población beneficiada, la que está en pobreza extrema, incluye a: Adolescentes embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 18 años y madres con hijos discapacitados de cualquier edad.

Aunque en principio deben ser los niños los beneficiados, porque es más fácil que ellos salgan del umbral de la pobreza a través del sistema escolar, no hay seguimiento o control sobre si en verdad se cumple este objetivo de la Misión. No se tiene un sistema transparente de rendición de cuentas, criterios de selección que puedan prevenir la corrupción  a futuro.

Al incluir a hijos discapacidad en cualquier edad y no solo los de edad escolar, se pretende en vez de ayudar a los niños, a aligerar la carga a las familias al asignarle una ayuda económica para su manutención. A las madres embarazadas para garantizar que los hijos tengan el desarrollo adecuado durante la gestación, y evitar que arrastre en el futuro problemas de desnutrición.

Precisamente esta disparidad o los múltiples grupos que pretenden ser incluidos en Hijos e Hijas de Venezuela inciden en que la operatividad del programa se complique al abarcar múltiples factores o condiciones de los beneficiarios, porque no es lo mismo brindarle atención a un niño con necesidades especiales o discapacidades específicas, que a una madre embarazada o a un adolescente.

Ha sido precisamente la inclusión de adolescentes embarazadas una de las críticas que más ha recibido esta Misión, debido a que quienes la cuestionan dicen que el gobierno fomenta el embarazo adolescente que representa uno de los índices más altos en América Latina, pues de cada mil embarazos, 101 son de adolescentes.

Cuando se lanzó el programa el aporte era de 430 bolívares mensuales por cada hijo menor de 18 años en aquellos hogares con un ingreso mensuales inferior al salario mínimo que en ese entonces estaba por encima de 1.500 bolívares y representaba el 30 % del salario. A la fecha apenas es un 7%.

El mismo presidente de la República salió en defensa de ayudar a las adolescentes embarazadas y justificó el aporte diciendo que “dicha asignación  debe ser provisional, mientras las mujeres son asistidas para terminar sus estudios y capacitarse en alguna actividad productiva.”

Al no haber un seguimiento, nadie garantiza primero que la adolescente termine sus estudios o se incorpore a la capacitación productiva, y es un tema que a corto plazo no tiene una respuesta o solución, porque solo con una adecuada educación sexual y la creación de conciencia acerca de los peligros y las dificultades que implica un embarazo a edades tan tempranas, podría alejarnos de tan alarmantes cifras.