Transparencia Venezuela, 9 de diciembre de 2025. En el Día Internacional contra la Corrupción, desde Transparencia Venezuela alertamos acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren millones de ciudadanos, como consecuencia del incumplimiento sistemático del respeto al patrimonio colectivo, de la Constitución Nacional y de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). La magnitud de las tramas corruptas transnacionales, con origen en Venezuela y que son investigadas en 30 países, evidencia el incumplimiento casi total de varias medidas preventivas y punitivas clave de la Convención, con un impacto que ha sido devastador para la población.
¿Cuáles son las medidas de la UNCAC no implementadas efectivamente en Venezuela?
El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el tratado multilateral para prevenir y combatir la corrupción política. Venezuela firmó la Convención el 10 de diciembre de 2023 y la ratificó el 23 de mayo de 2005.
1. Incumplimiento en la sanción efectiva del peculado y malversación de fondos públicos
Lo que ha ocurrido en Venezuela
- De acuerdo a nuestras investigaciones registradas en Corruptómetro, estos delitos se cometieron a gran escala en la administración pública venezolana, especialmente en un sector estratégico como el petróleo, que concentra la mayor cantidad de irregularidades. Petróleos de Venezuela -Pdvsa- se convirtió en el centro de los esquemas corruptos multimillonarios.
- La participación de altos funcionarios en redes corruptas—como Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (17 investigaciones), Rafael Darío Ramírez Carreño (13 causas) y Javier Alvarado Ochoa (con 11)— son evidencia de la estructura delictiva forjada durante años desde el poder que vacía de todo contenido cualquier mecanismo interno en Venezuela para prevenir y sancionar estos delitos.
2. Ausencia de mecanismos de transparencia y obligación de rendir cuentas
Lo que exige la UNAC
La UNCAC exige establecer políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la transparencia y la obligación de rendir cuentas, especialmente en la gestión y la contratación pública.
Lo que ha ocurrido en Venezuela
- La incidencia de corrupción en áreas críticas como salud, seguridad y electricidad, de acuerdo a nuestros registros, deja ver que no hay sistemas objetivos, transparentes, en la adjudicación de contratos, en el manejo de riesgos y en controles internos. Los organismos de seguridad están dedicados a la represión y el miedo, muchas veces formando parte de las redes que controlan las economías ilícitas.
- La política del secreto impuesta desde hace 15 años por la vía de los hechos -ni siquiera se publica la Ley de Presupuesto- y la ausencia de rendición de cuentas se “legitimaron” con la Ley Constitucional Antibloqueo aprobada en 2020, que establece el carácter confidencial y reservado de todas las actuaciones públicas.
3. Fracaso en la prevención y detección del blanqueo de capitales
Lo que exige la UNAC
La Convención obliga a establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión para prevenir y detectar el blanqueo de dinero y exige que las instituciones financieras intensifiquen su escrutinio.
Lo que ha ocurrido en Venezuela
- Venezuela fue incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no cumplir con las estrategias básicas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- La corrupción venezolana es trasnacional. Son 172 casos en 30 países. De estos 60 están en Estados Unidos, 25 en Argentina, 15 en España, 13 en Colombia, y 7 casos en cada uno de estos países: Suiza, Ecuador y Brasil. Son cifras que revelan el desvío descomunal de capitales al exterior, que pertenecían al patrimonio de Venezuela. Del total de casos internacionales, de acuerdo a nuestros registros, 112 corresponden a lavado de dinero y conspiración para blanquear.
- Ya en Venezuela se están usando las criptomonedas sin control, lo que significa una gran oportunidad para lavado a través de plataformas digitales que estarían vinculadas al poder.
4. Debilidad extrema en la cooperación Internacional Activa
Lo que exige la UNAC
La UNCAC establece que los Estados Parte deben prestar la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales.
Lo que ha ocurrido
- Los órganos de justicia de América Latina han confirmado a los investigadores de Transparencia Venezuela que no han recibido respuesta a ningún exhorto o rogatoria, ni siquiera en los temas que tienen que ver con las solicitudes de información sobre delincuentes, como es el caso del Tren de Aragua.
5. Ineficacia en la recuperación y restitución de activos
Lo que exige la UNCAC
La restitución de activos es un principio fundamental: los bienes robados deben ser devueltos al país de origen.
Lo que ha ocurrido en Venezuela
- De acuerdo a nuestros registros, al menos, 652 bienes han sido incautados en las naciones que sí investigan. Estados Unidos encabeza la lista de decomisos.
- La recuperación de activos en el extranjero es un proceso muy complejo, que toma matices más graves por el carácter cleptócrata de la cúpula del poder, que dejan en letra muerta cualquier mecanismo interno para prevenir, detectar y repatriar bienes ilícitos.
6. Falta de implementación del delito de enriquecimiento ilícito
Lo que pide la UNCAC
La Convención pide considerar la penalización del incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos.
Lo que ha ocurrido en Venezuela
- Venezuela ha usado las llamadas leyes de desacato, relacionadas con el vilipendio, ataque al honor y ofensas contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones- cuya eliminación ha sido impulsada tanto por la UNCAC como por la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)- para restringir las libertades, como la libertad de expresión, detener, encarcelar y dictar sentencias desproporcionadas a decenas de venezolanos que se atreven a formular críticas al poder.
- Al haber una estructura delictiva desde la élite ninguna legislación es eficaz contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios que ostentan altos cargos.